Citation
Alegato presentado a nombre de la junta directiva de la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana

Material Information

Title:
Alegato presentado a nombre de la junta directiva de la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana en el pleito promovido por d. Juan Poey sobre remocion e indemnizacion de perjuicios
Alternate Title:
Alegato presentado a nombre de la junta directiva de la Compañía de Caminos de Hierro de La Habana en el pleito promovido por d. Juan Poey sobre remoción é indemnización de perjuicios
Creator:
Compañía de Caminos de Hierro de La Habana
Poey, Juan, -1876
Place of Publication:
Habana
Publisher:
Imp. La Antilla de Cacho-Negrete
Publication Date:
Language:
Spanish
Physical Description:
74 pages : ; 21 cm

Subjects

Subjects / Keywords:
Poey, Juan, -1876 ( fast )
Cuba ( fast )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
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Resource Identifier:
24608206 ( OCLC )
ocm24608206

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THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED BY THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES,%










AL GATO
PREBENTADO

A NOMBRE DE [A JUNTA DIRECTIVA
DE LA

fampaiiia bt gamin-as bet Tirro
DE LA
HABANA,

EN EL PLEITO PPkOMOVIDO
POR


SOBIS R IIOCION I INDlINIZICION DR PBJIIIOIO.


HABANA+
IMP. LA ANTILLA, DE CACHO-NEGRETE
CALLE DE CUBA NUMERO 51.
1875P









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AL ESCRITO DE ALEGACION DEL ACTOR RECAY6 EL AUTO:


Habana y Mayo 2 1 de 1 875.

En lo principal, traslado d los fines dispuestos en 16 de Marzo 6iltimo, y en el otrosi, d su tiempo se proveerd lo que corresponda.-Ainz.-Luis Rodriguez.




















Sr. J. de P. 1.


D. Estanislao Saiz procurador de la Junta Directiva de la la Compafifa de caminos de Hierro de la Habana, en el pleito promovido por . Juan Poey pretendiendo la remocion de los miembros de dicha Junta 6 indemnizacion de supuestos perjuicios; como mejor proceda, evacuando el traslado conferido digo:
Que la prueba no ha cambiado la situacion de las partes en el juicio.-Tan esforzada como ha sido, tan complicada y minuciosa como aparece de autos; ni en un punto siquiera, ha demostrado la procedencia de la reclamacion de D. Juan Poey.
En este momento lo mismo que en el de la demanda, el actor pide sin razon, y el Juez no puede otorgarle contra leyes y principios incontrovertibles.





La pretension de D. Juan ]?oey definida et la demanda y fijada invariablemente en la r.
plica, es absurda en el fondo y destituida dc
fundamento en pus detalles.
Los individuos que componen la Junta Di,
rectiva de la Compaflia de Caminos de Hier de la Habana, no pueden ser removidos de suo cargos por un Juez de primera instancia, en virtud de los cargos que en este pleito formu.
la y ha pretendido justificar el demandante.
Prescindiendo de que esos cargos son creacion
fantdstica del actor y suponidndolos por ahora ciertos; como ninguno constituye delito, la re.
mocion en la forma que se pide, es contraria al C6digo de Comercio, ' la Real cgdula de Oc.
tubre de 1853, al Reglamento de la Compafif, ley del negocio, y a' los principios mras elemen.
tales del procedimiento.
El Presidente y Vocales de la Junta Direc.
tiva de cualquier Empresa 6 Sociedad son mandatarios de los. socios, ejercen un cargo dc confianza en virtud de eleccion libre verificad conforme al Reglamento, por mayoria de voto-, como dice el articulo 28 del que rige la Compafila de Caminos de Hierro de la Habana.
No es posible que de este cardcter se prive,
removiendo de su cargo 4 la Junta Directiva actual de la Compafila de Caminos de Hierr, D.0 A. solo porque un accionista que fu vencido Ce f. 187. la votacion que di6 vida 9 esa Junta, vengo
9 formular contra ella numerosos cargos.-D forzoso que d este juicio de remocion de 10t





mandatarios, hubieran venido los maindantes, la mayoria de la Empresa que vot6 en Junta general de 27 de Octubre de 1871, para con su audiencia sustanciar la pretension del
actor.
lCompronde V. S. que el apoderado sea pri)? u? 2 vado del poder por quien no se io ha conferido, 105. y 9 espaldas, 6 mejor dicho, contra Ia voluntad
expresa del poderdante?
Pues bien claro dice la certificacion del folio
105 que, "la Junta general estg convencida "que (los miembros de la Directiva) han cum"plido bien y fielmente su encargo especial"mente al respetar los acuerdos adoptados por "la mayorfa de los accionistas y las consecuen"cias de esos acuerdos"-"que ni en los pun"tos d que se contraen los procedentes parti"culares, ni en ningunos otros que afecten los "intereses sociales 6 9 su administracion, pue"den consentir en que la voluntad de un solo ac"cionista 6 de varios que se hallen en minoria, "se sobreponga 6 la voluntad de la mayorfa "debidamente constituida conforme 9 las pres"cripciones reglamentarias."
La Junta general de accionistas cuya voluntad expresa la mayoria reglamentaria y que es representacion genuina de ]a Seciedad, se opono como poderdante d que los miembros de su Directiva sean removidos por la voluntad de un solo accionista, cuyas condiciones de inteligencia, energifa y cardcter son innegables; pero han de doblegarse 9 los acuerdos de la mayoria




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siempre avasalladora de toda individualidad
por prepotente que sea.
El mismo actor comprende que no es con la
Junta Directiva con quien debe empefiar la lucha en mala hora iniciada por este pleito, cuando a fojas 108 consta que protest6 "repe"tir contra cuantos infringiesen los claros debe"res que lievaba indicados, los dafos, peijui"cios y menoscabos que puedan resultar a la "Compaflia, al otorgante y 'a los demas recla"mantes que se pronuncien en lo sucesivo."
Los miembros de la Directiva (mis representados) al defenderse, cumplen con e mandato que se les confiri6 en Octubre de 1871, y que habrin de devolver integro - sus comitentes cuando liegue el termino de la eleeion.-Respetan los acuerdos de las Juntas generales que vienen constituyendo desde 1857, el modo de ser de la Compafila y cumplen sobre todo J 105. el de 18 de Febrero de 1873; en que la mayora reconoci6 la necesidad de sostener este pleito y lo acept6 con todas sus consecuencias
para la sociedad que representaba.
Y en este terreno firmisimo d elcual no podrgf desalojarse a mis representados, contestargin hoy como contestaron ayer, las alegaciones
de D. Juan Poey.
La improcedencia de la demanda no necesita mayor demostracion. V. S. no puede, como ningun otro Tribunal tampoco, remover 6 mandar que sean removidos los miembros de una Junta Directiva, porque lo pretenda un solo sQ.





cio contra la manifestacion expresa de los demas que constituyen mayorfa y son los verdaderos mandantes; ni puede suceder que la sentencia en un juicio, como pasarla en el caso de decretarse la remocion, afecte directamente 9 partes que no lo han sido en la sustanciacion.
El apoderado representa al poderdante y la voluntad de dste debe ser siempre reconocida y respetada por el mismo apoderado, y por el tercero que pretenda ejercitar algun derecho con motivo del mandato. La revocacion del mandato es facultad libre, absoluta del mandante.
La indemnizacion de perjuicios que constituye la segunda parte de la demanda, no es
mgnos improcedente.
Ante todo son imaginarios, y la liquidacion
de ellos en que no se pens6 al demandar; ni ha resultado en la prueba, ni la encontrardn los
peritos i que se refiere la replica.
Pero aun suponigndolos y d~ndolos por fijados invariablemente como la ley y la jurispradencia exigen, D. Juan Poey no tiene el derecho de pedir como pide su indemnizacion para la Compafifa; es decir, para los demas s6cios cuyos acuerdos cumple la directiva y cuyo criterio respecto 9 los cargos levantados contra 4sta, 105. consignados estfn en la Junta general de 18
de Febrero de 1873.
D. Juan Poey no tiene la representacion de
la Compafifa de Caminos de Hierro de la Habana cuyo inters siempre sostiene defender en





sus litigios. Como socio podrd pedir para sf; nunca para una colectividad que niega el derecho que ejercita, y qie no lo ha autorizado en forma alguna para sostener sus intereses.
Ha pedido pues mal, cuando solicita indemnizacion de perjuicios para la Compafiia, que no reconoce esos perjuicios, que no quiere esa indemnizacion, que ha aprobado sin reserva los
actos de los que se dicen causantes del dafio.
Y 6sta distincion no es propia de la defensa:
se deriva de la naturaleza de las cosas, y el f. 117 mismo- actor la reconoci6 cuando en Octubre vta. de 1871, protestaba segun hemos indicado ya,' reclamar los daflos, perjuicios y menoscabos que pudieran resultar A la Compaiia, al otorgante y A los demds reclamantes que pudieran
aparecer.
Despues de esto, en la demanda se ha concretado 9 pedir indemnizacion para la Compar'a, y 4l no puede ni debe levar la voz de la Compaffa; 6l no puede ni debe representar la mayoria en oposicion constante 9 todas sus pretensiones. Ha formulado una sifplica sin
personalidad, sin accion para producirla.
La Compafifa no estd con el demandante en
este pleito ni en ningun otro; sostiene Ai su Junta Directiva y se encuentra al lado de los demandados. ICOmo hard V. S. que reciba indemnizacion de perjuicios? Serfa el mayor trastorno de la nocion jurfdica, del daio y la
Areparacion.
Son tan rudimentarias estas teorfas y tanta





Ia fuerza con que se imponen al entendimiento, que el actor sin darse cuenta ha cedido i su
poderoso influjo.
El escrito que contestamos puede decirse que
constituye una demanda nueva. Seguro . Juan Poey de que la remocion de la Junta Directiva no puede decretarse ni imponerse, sabedor de ]a voluntad de la Compafifa en el particular de perjuicios 6 indemnizacion; se ha desviado de la senda escogida, y cambiando el rumbo, violenta el procedimiento, rompe la litis contestacion, para pedir dunica y exclusivamente ahora, que-V. S. disponga se sometan al juicio f. 1131 de amigables componedores las distintas cuess4plica tiones suscitadas en este pleito.
Y A este fin torcido, que revela clara la vacilacion y los temores del' actor tiende el escrito que contestamos. Porque la discusion de los cargos y el exgmen de la prueba sobre ser ddbiles, se dicen superabundantes como detalles
que poco hacen A la esencia de la cuestion.
No entraremos 9 combatir las razones que
el demandante expone para que se Ileve d efecto el compromiso en amigables componedores, haciendo inidtil el tiempo y el dinero gastado en este pleito, por 6l provocado y aceptado: ni diremos que las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil invocadas, las del C6digo de Comercio y las reglamentarias de la Sociedad que cita el actor, por generales las primeras y modificadas las segundas en el mismo Reglamento, han dejado al arbitrio de las par-





tes, la sumision en arbitrios que no se les iu.
pone.
Basta que el demandante pidiera como pidi6
en la demanda, dejara 9 la eleccion de los de.
mandados el compromiso en arbitros para que estos, obtando como tenian derecho y como se les brindaba por la controversia judicial, sal.
vgran toda discusion posterior sobre el arbi.
traje. Basta que hecha la eleccion, aceptado el pleito y creada la obligacion del litigio, in.
sistiera el demandante al replicar en la remo.
cion, indemnizacion y condena de costas; para que la pretension del alegato sea tardia 4 improcedente.
D. Juan Poey pidi6 en la demanda se sir. f. 48 viera V. S. "declarar definitivamente juzgando vta. sA- "1?: que deben ser removidos del cargo que plica. "cada uno viene desempefiando. 2' que son
"responsables de todos los dafios y perjuicios "lue han ocasionado 9 la Compafia que ad"ministran y 3? imponerles todas las costas, 4 "m4nos que al contestar la demanda expresen "su conformidad y las bases de una escritura "de compromiso en amigables componedores."
Habia citado 9 conciliacion 9 cada uno de
los miembros de la Junta Directiva "para que "se sometieran aljuicio de arbitradores amiga"bles componedores por los distintos conceptos "en que se funda para pedir su remocion del "cargo que desempefia" y perjuicios causados 9 la misma Compafifa y al Sr. Poey como socio
de ella.





Y olvidando que por la Ley de procedimiento en la conciliacion debe pretenderse lo mismo que en la demanda que la sigue, formul6 la pretension que queda copiada; no para que se sometieran los demandados al juicio de amigables componedores; sino para que desde luego se declarara en definitiva que debian ser removidos de sus cargos 6 indemnizar 9 la Compaila (no ya 9 Poey tambien) de los perjuicios que se decian causados. El compromiso de arbitradores lo dej6 9 eleccion de los demanda(.47 dos limitando este derecho A la contestavta. cion.
Puede decirse con razon que en este pleito
no se ha cumplido el articulo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No hay conciliacion congruente con la demanda y el Juez debe mandar celebrar el acto subsanando el defecto.
Art. 203, Ley de Enjuiciamiento Civil.
Al elegir los demandados el camino de la
discusion judicial, lo hicieron; porque se les brindaba con ese derecho, porque no tenian prohibicion de hacerlo, y porque la ley del contrato puede alterarla siempre la voluntad de las partes, como la alteraba D. Juan Poey poniendo la demanda y ofreciendo, si se querfa,
el arbitramento.
Ahora invoca, pero en vano, el C6digo de Comercio y el articulo 30 del Reglamento, que determinan que las contiendas entre socios se decidan por arbitradores amigables componedores. Los demandados se apoyan mas s6li-





damente en el artfculo 31 del propio reglamento, por el cual se someten los accionistas g la jurisdiccion de los tribunales de Comercio, para las contiendas que puedan tener relativas A la Empresa, lo que indica que pueden acudir 9 los Tribunales. Y sobre todo; tienen la razon fundamental de su eleccion, en la voluntad del demandante que propuso el pleito y se oblig6
a 6l una vez dada la contestacion.
En la replica que conforme al articulo 256
de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija definitivamente los puntos de discusion y la peticion f. 280 del actor, dice 6ste: "Suplico 'a V. S. se sirva vta. "tener por evacuada la replica y fijados defini"tivamente con los de la demanda los puntos *'de hecho y de derecho, para resolver en defi"nitiva mi demanda como solicito en ella, con "la ampliacion de que el pago de los peijui"cios se hard previa su liquidacion por peritos "en la parte que no resulte liquidada con la
"prueba."
Ni una palabra aquf donde esta el limite de
la peticion, del compromiso en amigables componedores. Se pide que V. S. decrete la remocion y condene al pago de perjuicios. No habigndose optado por el compromiso, el domandante insisti6 en su demanda ratific~ndola y obliggndose mas, si es posible, despues de la contestacion. V. S. no puede ya dejar de fallar el fondo del pleito, desestimando la demanda por las poderosfsimas razones que se han venido consignando en el curso del juicio, 6 im-





poniendo las costas al actor. Sobre el arbitraje no cabe resolucion: estd renunciada por las
partes.
1138. La peticion del alegato copiada fntes, nada
importa. Despues de la replica y difplica no puede ampliarse, modificarse ni corregirse la demanda. El esfuerzo de buena prueba se concreta al exgmen y discusion de esta, y la siplica de los escritos de alegacion debe ser iddntica a la demanda y r6plica 6 A la contestacion y difplica. No puede alterarse asf 4 capricho, por temor del resultado de una gestion infundada, el 6rden del procedimiento.
Sentados estos preliminares que bastan para
la resolucion de fondo que V. S. habrI de dictar, es necesario dar respuesta 'a los cargos que el actor repite y demostrar como la prueba 16jos de confirmarlos, los excluye por completo y
desvanece para siempre.
Bastari'a reproducir con el primer objeto los
escritos de contestacion y duplica donde se encuentran contestados los cargos del actor, razon por la cual en ese punto seremos breves insistiendo principalmente como exige este escrito
en el particular de la prueba.


Los cargos estan divididos en dos clases.1? Cargos por no haber exigido responsabilidad 9 las Juntas Directivas anteriores.2? Cargos particulares de la Junta Directiva
actual.






PRIMERA CLASE.

1.0, 2.., 3.0 y 4.0 Cargos.

1.0-"Jlaberse dado por entregada la Direc"tiva provisional de las propiedades sociales "sin inventario, sin formalidad alguna y hasta "sin una simple n6mina de lo que recibia."
2.0-"lHaber dado por perdido la misma Jun"ta Directiva provisional el Inventario general "que no podia menos de tener la Junta Direc"tiva suspensa, no haberlo reclamado y haber "distraido parte de los fondos sociales en la "formacion de uno nuevo, sin haber solicitado "antes los planos y perfiles de las lineas socia"les sus cuadernos de cotas y borradores exis"tentes en las dependencias de la administra"cion con los cuales podia haberse rehecho el "que se habia extraviado.
3.�-"llaber dado por perdido tambien este
-'nuevo Inventario general y acordado nuevos "fondos para hacer otro sin practicar tampoco "en caso ya tan extraordinario ninguna dili"gencia para encontrarlo ni para solicitarlo "caso de no darse con 61" 1
4.�-"No haber exigido al Sr. D. Juan Bau"tista Cantero la responsabilidad en que habia "incurrido por el hecho de haber dado por ex"traviado el Inventario general de las vias, "terrenos, edificios, obras de arte, etc. que p0"seia la Compafia de Caminos de Hierro de la





"Habana en primero de Octubre de 1871 el "cual se acababa de formar por el General "Clavijo y que le habi'a sido entregado con "sus correspondientes planos y demas expli"cado."

Respuesta.

De fojas 170 vta. 9 181 vta. en la contestatacion y de f. 321 g 326 en la difplica estan destruidos esos cuatro cargos.
Cuando ]a Junta Directiva provisional, entr6 en el desempefio de sus funciones por el decreto de 17 de Agosto de 1869 suspendido por 6rden de la Regencia de 13 de Enero de 1870; se encontr6 sin Inventario de las propiedades de la Compafiia, y obrando prudentemente, como su deber le aconsejaba, dispuso la formacion de uno que concluy6 el.Excmo. Sr. D. Rafael Clavijo administrador nombrado por el Gobierno en el Decreto de Agosto referido.
Este Inventario desapareci6 de las oficinas de la Sociedad, no sabemos c6mo; pero si que D. Juan Poey tenia en su poder una copia tan exacta, que se dirla el mismo original, que ha traido A los autos.
Se practicaron todas las diligencias posibles. para encontrar ese documento y no pudo darse con 41. IC6mno encontrarlo, si estaba, acaso, sacgndose ent6nces la copia de D. Juan Poey?





Y la Junta Directiva actual, ya n brada legalmente por el voto de la mayoria, d'0spuSO ]a formacion de un nuevo Inventario compren. diendo la necesidad que de 61 tiene la Socie. dad. A fojas 642 vta. certifica el Escribano de diligencias que existen en Secretaria dos expedientes, numeros 38 y 82 relativos 9 la forma, cion de Inventario; en el segundo de los cuales consta que d consecuencia del informe de la Comision de cuentas se acord6 ]a formacion de un Inventario, que se encarg5 al actual administrador D. Manuel L. Izquierdo.
De este nuevo Inventario debido al celo de la Junta Directiva se ha dado cuenta g los accionistas en la general de 25 de Octubre de 1874, del mismo modo que en 17 y 18 de Fe. brero de 1873 autorizaron 9 la Directiva para verificar los trabajos que exigia el Inventario general.
ICudl es la -responsabilidad de semejantes actos? ICudl es el dafio sufrido por ]a Sociedad 6 por el accionista demandante?
De la prueba ha resultado que no hay libro de inventario y que las entregas de las propiedades de la Sociedad se han hecho desde 1869 sin n6mina 6 inventario.
La falta de un libro no produce otro efecto que la multa del artfculo 45 del C6digo de Comercio. Y la falta de formalidad en las entregas significa, unas veces precipitacion, como cuando la Directiva provisional tom6 posesion de su cargo, que lo hizo apremiada por el Go





bierno y en un solo dia. Pero nunca serfa razon para pedir la remocion ni la indemnizacion de perjuicios que no se han sufrido, puesto que el capital de la Compaila estg fntegro, sus propiedades conservadas, y su marcha comprobada en las cuentas.

5.0 y 6.0 Cargos.

5.0--"No haber presentado el plan de liqui"dacion de las cuentas sociales ordenado en el "articulo 4.0 del referido Decreto de 17 de "Agosto de 1869 que como ejecutivo por su na"turaleza se habia lievado 9 efecto en cuanto " la suspension de la Junta Directiva."
6.0--"No haber abierto los libros y cuentas "nuevas prevenidos en el articulo 4.0 del Decre"to acabado de mencionar, ni lievado los preve"nidos en los articulos 32 y 36 del C6digo de "Comercio."

Respuesta.

Contestados estgn ampliamente estos cargos de f6jas 156 ' 159 vta. y 326 vta. i 328.
El Decreto de 17 de Agosto de 1869, cuyo origen no es ,necesario repetir, y cuyas condiciones de legalidad son muy discutibles; no obliga i la Junta Directiva que represento, elegida en 1871, cuando el Gobierno no tenia intervencion en las Sociedades an6nimas. Aquel Decreto imponia la obligacion personal




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en su articulo 4.0- de presentar un proyeeto de cQnciliacion entre las dos fracciones de la Em. presa, con el fin de abrir libros nuevos y de re. hacer los de la Contabilidad general, ' la Jun. ta Directiva que creaba por su propio derecho, sin consulta de los s6cios, sin tener en cuenta el C6digo de Comercio y el Reglamento de ]a Compafifa.
En manera alguna podia ni puede alcanzar 9 otra Junta Directiva, creada legalmente, sin ese mandato expreso y con la aquiescencia de la mayorla. El argumento de que el Decreto obliga al ente moral Junta Directiva es inad. misible. A la Junta provisional mandaba el Gobierno, porque 9 ella solo podia mandar, como que le daba vida con determinado objeto, y cardcter interino. Las que han venido despues no tienen ese vinculo; ni siquiera el de estar sujetas d intervencion administrativa despues del Decreto de 19 de Setiembre de 1871.
Pero la provisional cumpli6 su encargo haciendo cuanto pudo para obtener copia de los libros que estaban en los Tribunales, y non brando una comision en Junta general de 20 de Octubre de 1870, para que acercdndose 9 la fraccion disidente, pudiera lIlegar ' formular el proyecto de conciliacion.
Se dice 9 esto, que aquello fud un proyecto de transaccion quo abort6 por las pretensiones exageradas de los contrarios de Poey, y no el plan de liquidacion ordenado en el Decreto. Las mismas palabras del Decreto demuestran




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la importancia del argumento. "Proyecto que "conciliando los intereses de las fracciones en "que estd dividida la Compalfa, 9 ambas dd "las garantias y seguridades convenientes." Esto es una definicion de transaccion.
Y la redaccion del articulo 4.0 que es clara subordina la apertura de libros nuevos y reforma de la contabilidad A este proyecto de conciliacion, d esta transaccion. Sin esta, no podia hacerse aquello; y la transaccion abort6 por Poey 6 por sus contrarios, que para este caso nada importa.
Ya queda consignado que es uno solo el libro que falta 9 la Compalia, contestando los cargos anteriores, y que la pena del C6digo por semejante acto es una multa. No es exacto y ]a prueba lo confirma, que falten todos los libros prevenidos en los articulos 32 y 36 del C6digo.

7.0 Cargo.

"Haber basado los balahces generales que "public6 desde el aflo de 1870 en libros, cuen"tas y balances anulados en razon de sus vi"cios por el articulo 1.0 del Decreto de 19 de "Agosto de 1879."

Respuesta.

Estd escrita de f6jas 328 vta. 9 329 vta. La nulidad en lo administrativo declarada pot el





Decreto de Agosto de 1869, artfculo 1.0, es una declaratoria vaga, indefinida, que significa poco 6 nada. No es por mucho que se diga la nulidad civil de un acto, que concluye sus efectos para siempre y acaba su vida. La nulidad administrativa es arbitraria, discrecional, revocable. La civil, permanente, inalterable, sujeta A las leyes. ICOmo ban de producir idgnticos efectos?
Bien lo prueba el que esos balances declarados nulos administrativamente por f6rmula, y con exceso de celo, se remitieron A los Tribunales para que ellos calificaran y resolvieran en ejecutoria respetable. Cuando esa resolucion se dicte, y no ser' por cierto la nulidad; sino la rectificacion de errores 6 declaracion de fraude, que es lo que cabe respecto i balances; y se continen basando en ellos sin las modificaciones consiguientes, los posteriores; podrA decirse que hay-responsabilidad y defecto.
Midntras tanto, la Junta provisional y ]a actual han obrado en el lleno de sus funciones; y la Junta general aprobando esos balances las exime de responsabilidad, si alguna pudiera haber.
El demandante no puede mdnos que reconocer la fuerza de este raciocinio cuando dice A f6jas 1087: "Los que aprueban son los iinicos "legalmente impotentes para reclamar contra "los actos aprobados por ellos; pero no los que "reprueban."





IY clmo ent6nces reclamar d nombre de los que su aprobacion ha hecho impotentes para reclamar, puesto que D. Juan Poey pide para ]a Compalifa? jNo encuentra V. S. ahora en labios del demandante confesada la improcedencia de la demanda, su incapacidad para representar los intereses de la Compafifa que cubren los suyos particulares? jNo vd V. S. que la mayoria que representa la Sociedad, y para quien dice pedir Poey, no puede pedir contrariando sus propios actos?
Respecto a los defectos que segun la certificacion de f. 748 se notan en los libros ocupados y remitidos A los Tribunales desde 1869 son hechos que tienen su sancion escrita en los articulos 42 y 43 del C6digo de Comercio; y que en nada atai-en 9 la Junta Directiva provisional ni d la que en este pleito represento. Sobre ellos pues, no puede fundarse cargo como el que contestamos.
Esa certificacion dice "sin que del examen "hecho por los peritos aparezca en dicho libro "de balances raspaduras ni' enmiendas." Y los balances son el objeto concreto del cargo.


8.0 y 9.0 Cargos.

8.�-"Haber dado entrada en el pasivo de "dicho balance al importe de propiedades cu"ya adquisicion por la Compai'a se habia "anulado, d crdditos contra personas y socie-





"dades cuya inexactitud conocia, como po "ejemplo los $318,860-69 cents. contra la Em. "presa de la Bahia quejamds acept6 la sociedad, "6 como los $25,442-7l1 cents. contra D. Jos "Antonio Echeverria que sabia exceder en mu. "cho de esta suma, 6 como los $2,440-41 cents, "contra una coipahila disuelta que segun el "mismo ex-presidente D. Gonzalo Alfonso le "habia devuelto por completo, todo cuanto de "Ila Compafil'a de la Habana habia recibido.
9.0-"Haber dado entrada en el pasivo del "balance atribuido i dicha Compafi'a 'a una "supuesta deuda de $ 1.328,305-95 cents. pro. "cedente de un ramal cuyo traspaso habia si. "do anulado en 1869."

Respuesta.

De f6jas 160 a' 164 vta.. y de 329 vta. A 337 vta. hemos contestado ambos cargos.
Ahora cuando alega el demandante, engolfa. do en la relacion de antecedentes y comentando las disposiciones que se ban sucedido en el particular de la compra de los ramales de Gil. nes 9 Matanzas y de Sabana de Robles 9 Ma. druga, que son la razon principal de los cargos 8.0 y 9.0; prescinde de la deuda de D. JoW Antonio Echeverria.
No repetiremos cuanto heinos dicho contes. tando y duplicando, en este punto de los ra. males, y de las deudas legitimas comprendidas en los Balances sociales. Pero en sntesis pue,





de asegurarse que la adquisicion de los ramales de Giiines d Matanzas y de Sabana de Robles 9 Madruga por la Compafifa de Caminos de Hierro de la Habana, es punto litigioso no resuelto; 9 pesar, de las resoluciones administrativas y judiciales que se han dictado en diez y ocho af-os de pleitos: y que por consiguiente para la sociedad que represento, importan acto cierto y positivo que en su vida debe contar.
Se adquirieron 9 consecuencia de los acuerdos de 4 y 14 de Abril de 1857 cuya validez 6 nulidad corresponde declarar A los Tribunales de justicia, donde se encuentra hoy la cuestion concreta, interrumpida por una excepcion dilatoria que el Tribunal Supremo estd llamado 9
decidir.
En la Junta de 9 de Febrero de 1859, convof. 1046 cada con el objeto de llevar adelante los acuer1053. dos de 1857, entonces aprobados por resolucion
del Gobierno Superior de esta Isla del mes anterior, qued6 convenida la adquisicion de los
ramales.
La impugnacion que 9 este acuerdo y a los
anteriores de 1857 de donde venfa, hicieron D.
Juan Poey y algunos otros accionistas, di6 lugar al Decreto sentencia de 1863 que dej5 sin efecto la aprobacion de 1859 y de 11 de Junio de 1861, declarando que la cuestion sobre la eficacia 6 ineficacia de los acuerdos de 1857 y
1859 correspondia 9 los Tribunales.
En esta resolucion se apoya el demandante
en primer tdrmino para sostener que la adqui
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sicion de los ramales es nula, y que estos no deben figurar en el Balance como activo, y la parte de su precio aun no pagada, en el pasivo.
Y sin embargo; cuando en 1863 pretendi5 la
Inspeccion de Sociedades an6nimas de esta Isla interpretar el Real Decreto sentencia en tal sentido y volver las cosas al estado anterior A 1857, devolvi'ndose los ramales ' sus concesionarios, recayeron las Reales 5rdenes de Eney Abril de 1864: que llama Poey confirmatorias del Real Decreto sentencia, mandando la primera: suspender las medidas dictadas por la Inspeccion de Sociedades anonimas; y diciendo la segunda al Gobernador Superior Civil "que "en cumplimiento de lo dispuesto en el referi"do Real Decreto -dispusiera se hiciera saber A los interesados para quLe lo tuvieran entendido "y usaran de sit derecho donde y como proce"diera."
Por consiguiente, no es de aquf de donde
puede inferirse, que la Junta Directiva no debla formar sus Balances como el demandante
pretende en cuanto 'a los ramales.
f.547 d Tampoco de la sentencia de 3 de Mayo ni de 560vtalas Reales 6rdenes de Abril y Junio de 1867.
La de Abril era concreta 9 particulares de
queja producida por el' mismo Poey, determinando el criterio con que debia resolver el Gobernador Superior Civil, y los puntos que comprendia. IUno de esos puntos era el de la adquisicion de los ramales; pero la resolucion que por ent6nces se dict6 no fud la que esperaba





el querellante. La de Junio de 1867 que pronto examinardmos es la deseada y decantada
que estA modificada en sus efectos.
La Real 6rden de Junio de 1867 se dict6 con
motivo de las gestiones de la Compafifa 9 consecuencia de la de Abril, y ha sido dejada sin efecto por la sentencia de 3 de Mayo de 1871, en cuanto suponia ineficaces los acuerdos de 1857, sobre los cuales, dice la misma sentencia, deben resolver los tribunales, conforme al Real
Decreto sentencia de 1863.
La primer resolucion, la ffnica que ha declarado la nulidad del traspaso de los ramales de Giiines A Matanzas y de Sabana de Robles A Madruga, es la que dict6 el Gobernador Superior Politico de Cuba en Junio de 1869. (su fecha principal Mayo).
111 Mas este Decreto fud suspendido en sus efec0?n' 3tos en 5 de Julio de 1869 por la misma autoridad que lo dict6, hasta que por la via contenciosa se decidiera la cuestion entablada. "Y dejado sin efecto en 13 de Agosto de 1870 por la autoridad mas elevada de la Regencia que dispuso, que las cosas volvieran al ser y estado que tenian en Abril de 1869, es decir, Antes de los Decretos del Gobierno Superior Politico, que tanto cambiaron la situacion de la Compafiia de Caminos de Hierro de la Habana.
Mucho se habla, queriendo contrarrestar la
la fuerza de estas disposisiones, de la de 29 de Setiembre de 1867, del Gobernador Superior





de Cuba, y de la de 25 de Marzo de la Regencia que aprob5 los Decretos de 1869. Pero pierde su importancia todo razonamiento, comprendiendo la nulidad 6 ineficacia de la limitacion que se di6 en Setiembre 9 la suspension dictada en Julio 6 sea hasta la resolucion del Regente; cuando como era procedente, se habla fijado en la terminacion de la via contenciosa; y cuando se sabe que la 5rden de 25 de Marzo fu revocada por la de 13 de Agosto de 1870.
Poco hace a' la intencion del demandante y fundamento de los cargos 8.0 y 9.0 que la Compaiia entonces aliada de D. Juan Poey, gestionanara contra la 6rden de 13 de Agosto de 1870, ante la autoridad local por la instancia de f. 748, ante el Gobierno Superior por la de f. 457, y que coadyuvara con el actor ante el Tribunal Supremo, y escribiera d su representante en Madrid la carta de f. 1016 aceptando la orden de 25 de Marzo. Porque d f. 641 consta que el Presidente de la Compafil'a, cuando dsta volvi5 9 su primitiva forma legal, trastornada en 1869, otorg5 poder al Dr. D. Fernando Vida para que se separara da la demanda contra la 6rden de 13 de Agosto de 1870, como se separ5 en efecto, quedando firme y subsistente.
En cuanto . que la 6rden de Agosto se ha cumplido solo en parte 6 sea en lo relativo A los ramales, olvidando la fusion de las Empresas de la Habana y la Bahia que existila en 1869; es evidente, que existiendo la Real 5rden de Enero de 1871 que mand6 se conserva.





ra el statu-quo hasta que por el Tribunal Supremo se resolvieran las cuestiones primordiales pendientes; el statu-quo era el que debfa conservarse y no hacer la fusion ni devolver
los ramales.
Esta Real 6rden de 1871, fu interpelada en f.1047.vfa contenciosa por Poey; pero se separ6 de
la demanda y la dej6 como no impugnada: sancion6 el statu-quo, hasta que el Tribunal Supremo resuelva las cuestiones primordiales
pendientes.
Sin que pueda variar las consecuencias de
ese acto del demandante, la separacion que hicieron de su demanda contenciosa contra la 6rden de 25 de Marzo de 1870, los accionistas
que la impugnaron.
Porque el hecho es, quo todas estas demandas y desistimientos posteriores y casi simultgneos, equivalen g la no interposicion de recursos, 6 la aceptacion de las resoluciones administrativas, que estan todas firmes, subsistentes, modificgndose las unas i las otras, por su propia fuerza, y produciendo el efecto cierto, de derogar los Decretos del Gobierno de la Isla de 1869 y sostener el statu-quo en todo lo que 9 la Compafifa de Caminos de Hierro de
la Habana atafte en estos asuntos.
La Compafiia no ha cometido pues falta alguna incluyendo en su activo, los ramales que compr6 y posee, y en su pasivo el precio que
debe pagar por ellos.
Respecto 9 los crgditos contra la Compafifa





de la Bahia y D. Jos6 Antonio Echeverria que se comprenden en los balances, ya esta consignado que son legitimos y aceptados por la Sociedad, que en la forma de Reglamento tiene aprobados esos balances.
El mayor de $318,860-69 cents. proviene de la liquidacion que hubo de practicarse cuando se disolvi6 la Compaifia de los ferro-carriles de la Habana formada por las de la Bahia y la Habana. Esa fusion fuJ un hecho basado en la Real 6rden de 12 de Junio de 1867, acordado por ambas sociedades, y aprobado en Real Decreto" de 28 de Agosto de 1868 dado en Lequeitio.
Cuando el. Gobierno Superior Politico de esta Isla hizo separar, suponiendo faltas de forma, las dos Empresas que se hablan unido; y con extraordinaria celeridad oblige 9 cumplir el Decreto; la Compafilia de la Habana tom6 sus propiedades, y la mayor parte del dinero existente en la caja comun, dejando d la de la Bahia la cantidad necesaria, para que no interrumpiera su explotacion como disponla el mismo Decreto, conformgndose con el articulo 45 del de Ferro-carriles vigente en esta Isla.
Mas el resto de cantidades que la Compafila de la iabana habla llevado .4 la caja comun, y debla devolver la Empresa de la Bahia era deuda de 6sta con aquella, que importa $ 318,860 69 cents.
No puede ser mas legitimo el crgdito; ni mayor la razon para incluirlo en los Balances.





En cuanto ' no haberlo aceptado nunca la Sociedad, como afirma el demandante, la mayor prueba estA en la aprobacion de los balances donde se encuentra comprendido; aprobacion que no es mas que la consecuencia de actos anteriores que forzosamente tienen que aceptarse.
Poco esfuerzo se necesita para contestar la
peregrina idea de que el Presidente de la Compaila de la Habana D. Gonzalo Alfonso, al realizar acuei'dos de la Sociedad respecto A la fusion poniendo cantidades en la caja comun, infringi5 el articulo 40 de la Real Cddula vigente en el aio de 1869, distrayendo fondos incurriendo en la pena de multa, y contrayendo la obligacion de responder de la suma distraida y de los dafhos que pudieran ocasionarse.
Es una ilusion apreciar asif los hechos cambiando su naturaleza y prescindiendo de los antecedentes del caso. La fusion de las Cornpafifas de la Habana y de Ia'Bahfa fud un pro643 yecto aprobado en Juntas generales de 3 de vta. Abril y 27 de Mayo de 1867, sancionado por 664 Real 6rden de 12 de Junio de 1867 y expresavta. mente por Real Decreto de 28 de Agosto de
1868. IOCmo puede constituir su realizacion el hecho punible del articulo 40 de la Real Cddula? jD6nde estd la distraccion de fondos, su aplicacion A objeto distinto del social; cuando precisamente al llevarlos 9 la comunidad se cumplian los acuerdos de la Compafiia y se
respetaban soberanas disposiciones?




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La nulidad de la fusion declarada luego, por el Gobierno Superior Politico de esta Isla, no puede afectar estos razonamientos ni modificar su esencia. Los fundamentos de esa declaratoria por exactos que sean, no hardn jams que los actos del Presidente D. Gonzalo Alfonso, sean actos propios 4 ilegales; sino hechos sancionados por la Sociedad que representaba, y por el Gobierno, que entonces tenla directa intervencion con las Sociedades an6nimas.
V. S. comprende por consiguiente la impoSibilidad de otorgar al demandante la multa de 1000 d 5000 pesos que pide para los herederos de D. Gonzalo Alfonso.
El segundo crgdito contrala Empresa de la Bahia de 2440 pesos 41 cents. representa los gastos practicados para realizar la fusion los cuales segun informe del Contador deben abonarse la mitad a perdidas y ganancias y la mitad 9 la cuenta de la Bahia. No habla de hacerse la fusion sin gasto alguno; el movimiento que representaba en las Empresas que se unieron, produjo para la Habana el gasto de 2,440 pesos 41 cents. Como se ha deshecho, justo parece quo de esa suma pierda la mitad la Sociedad de la Habana y reciba la otra mitad de Ia Compafifa de la Bahi'a. jHay distraccion de fondos en esto? 4Hay responsabilidad para el Presidente, ni para la Directiva?
El crddito de D. Josd Antonio Echeverria que impugna el actor comprendidndolo en estos cargos 8.P y 9.0 sin discutirlo; aparece por




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f.1022 la cuenta de f. 782 vta. "a 784 importar $24,975
611 cents. Deduciendo $ 22,919-41 cents.
que segun cuenta presentada en comunicacion de 12 de Julio de 1869 y carta de 8 de Noviembre de 1871 invirti5 Echeverrf a como administrador en servicio de la Empresa, y comisiones especiales queda reducido d $2,056-13- cents.
Por la certificacion de f. 1021 vta. y la nota Certifi- que lleva al pid del Contador D. Francisco cacion Jover y Puig f. 1025 vta., se comprueba que 1064 dicha cuenta de inversion fud presentada 4 la Junta Directiva que pidi6 informe a Contaduria, no habidndola aprobado aun para cobrar el saldo. la representacion de D. Josd Antonio Echeverri'a, que tiene hoy el Gobierno por medio de la Junta de la Deuda.
jPor qud razon no habl'a de incluirse en los
balances el crddito de Echeverri'a, que midntras no se aprueba la cuenta producida por dste y mandada informar por la Directiva representa la cantidad que ha salido de la Caja?
Tratando de la impugnacion del crgdito de 780. D. Josd Antonio Echeverria debemos decir al064. go de la que se formula por la recompensa de 8000 pesos que acord5 hacerle la Directiva en sesion de 10 de Octubre de 1868, por sus trabajos extraordinarios; y el cobro de sueldos que percibia midntras se encontraba en Europa, donde juzg6 la Junta conveniente que permaneciera durante cierto tiempo.
Es un hecho que el Administrador General
de la Compafila desempeti comisiones espe-





ciales en la c6rte los afios de 59, 60, 61, 62, 63, 67, y 68; que i su celo, inteligencia y actividad se debieron el gxito de las reclamaciones de la Empresa en muchas de sus cuestiones con D. Juan Poey, y en otros asuntos de interns general. La retribucion de estos servicios no es un acto injusto; y la Junta obr6 dentro de sus atribuciones acordandola en Octubre de 1868, sin que pueda fundarse sobre ella un cargo, ni calificarse de sustraccion de fondos como quiere el actor.
Cargo 10.0

"No haber agregado d las ganancias capita"lizadas los $365,382 14j- cents. expresados "en el articulo 6.0 del mencionado Decreto de "1869."
Respuesta.

De f. 337 vta. 1 340 est dada satisfactoriamente, demostrando la imposibilidad de cumplir el Decreto suspendido en sus efectos, y lo infundado de su disposicion.
Cuanto hemos dicho en los cargos anteriores respecto d los Decretos locales de 1869, d la 5rden de 25 de Marzo de 1870 que los aprob6, 5aLa de 13 de Agosto que suspendio esta y d la de Enero siguiente que sancion6 el statu-quo, puede bien reproducirse en este punto.
Los autos del Tribunal Supremo que dieron por separados d los recurrentes contra Las 6r denes de 25 de Marzo, 13 de Agosto de 1870 y





Enero de 1871, dejindolas subsistentes todas; en nada influyen, ni producen el efecto de dejar vigente solo la que al actor conviene, 6 sea la de 25 de Marzo. Todas estin vigentes: todas producen sus efectos, y en la situacion que crean, desaparece el Decreto de Agosto de 1869, en todo lo que no se refiere ' la causa tan lentanente tramitada, formada por su precepto, contra la que fud en aquel arlo Junta Directiva de la Compafi'a de Caminos de Hierro de la Habana.
Tiene ademas el hecho denunciado en este cargo, su explicacion indestructible consignada en la difplica, y confirmada en el Informe de f. 911, sobre los balances, que ha traido de la causa criminal contra la Directiva el mismo actor.
A f. 959 examinan los peritos ese particular de los $365,382 14t cents. que aparecian en balance anterior A 1865 y no se encuentran en dste. Y explicando que estdn representados en las Obras hechas, con el Emprdstito del Crddito Territorial Cubano y aumentados cuando se pag6 por completo dicho emprdstito en las partidas que correspondian, concluyen en estos tdrminos. "De ello pues resulta que si bien "los $365,382 14-1 cents. aplicados d gastos de "refaccion vinieron A disminuir la cuenta de "ganancias y pdrdidas en 1865; su ausencia 6 "rebajo en los gastos del Balance anteriores "habian beneficiado las que a' ellos correspon"dian, dejando de ese modo compensados los in-





"tereses sociales y aumentada la propiedad en "los $332,688 92- cents. capitalizables." Siendo asli y no podra negarlo, quien trajo al juicio la constancia que hemos copiado; no hay razon para el cargo por ms que segun dicen los peritos f. 960 vta. "- primera vista parezca "razonable la pretension del Sr. Poey tratando "de averiguar en qud consistia la diferencia de "los $ 365,478 618 cents. puesto que en el "Balance publicado en la Memoria de 1862 "aparecia aumentada la propiedad de la Com"pafila en $698,071 71 cents. cuando en reali"dad no debi5 aumentarse rgs que en 332,688 "pesos 92- cents. segun queda demostrado."
El cargo pues razonable 9 primera vista por una cuestion de forma en el Balance desaparece y resulta infundado examinada 9 fondo la cuestion como hacen los peritos y explicada la diferencia de ganancias 4 inversion, de lo que aparecia en 1862 con tal caracter.
Sin que valga decir, que un balance aprobado constituye estipulacion que debe respetarse; porque conformes los s6cios en el empr*stito con el territorial; y aprobando gradualmente su inversion y el pago total; la estipulacion no se alter en 1865, sino revisti6 su forma positiva, present el hecho exacto y la evolucion concluida.
Cargo 11.

"No haber exigido de ]a gerencia suspensa "que al mismo tiempo que se incautase de los





"ramales de Giines 9 Matanzas y 9 Madruga "pagase ' la Compafila los $1.369,005 59 "cents. que resultan de la cuenta que se acom"pafi6 f. 243."
Respuesta.

La sencilla que el cargo exige despues de las anteriores en que la situacion legal de la Compafila se ha definido, escrita se encuentra de f. 340 A 341.
Dadas todas las disposiciones que cita el actor apoyando el cargo, que son el Real Decrecreto sentencia de 1863, la Real 6rden de 12 de Junio de 1867, el Decreto de 18 de Junio de 1869, la 6rden de la Regencia de 25 de Marzo de 1870, la resolucion de la Sala 4 del Supremo Tribunal de 3 de Mayo de 1871, y el auto de la Sala 3" del mismo Tribunal de 22 de Setiembre de 1873; es imposible decimos nosotros volviendo al argumento y como l6gica consecuencia, que pueda defenderse la nulidad de los traspasos de dichos ramales.
Midntras los Tribunales no resuelvan sobre la validez de los acuerdos de 1857 que es lo que de todas esas disposiciones se deduce, el traspaso de los ramales de Gifines y Madruga, es un hecho que debe respetarse como punto litigioso, y dejarse intacto al criterio del Tribunal que definitivamente resolverA sobre su validez
6 ineficacia.
Hubiera sido por lo tanto absurdo, pretender que la gerencia suspensa se incautara de





los ramales, y pagara la suma de $1.369,005 59 cents. que arroja la cuenta de f. 243 muy discutible en sus partidas, y formada por el actor.

Cargo 12.

"No haber exigido de los suspensos gestores
"de la misma Compafifa la indemnizacion de "los gastos, perjuicios, dafios y menoscabos en "que fueron condenados por el artlculo 5.0 del
"Decreto de 17 de Agosto de 1869.


Respuesta.

f. 341 a 342 vta. No le parece buena a los deman..
dados la explicacion del actor, respecto a la intencion y facultades del Gobierno en el articulo 5.0 del Decreto de Agosto.
La autoridad administrativa cuando tenia
intervencion en las Sociedades an6nimas podia suspender los gestores, castigarlos con multa, someterlos 9 los Tribunales de justicia por las faltas que pudieran haber cometido; pero nunca tuvo el derecho de condenarlos "en dafios, "perjuicios, gastos y menoscabos que hubiesen "ocasionado If ocasionasen;" porque estas declaratorias que exigen discusion de hechos, amplia defensa y fijacion de responsabilidad no son, ni pueden ser, ni serin jams del resorte administrativo. ,,Qud culpa tenemos que por ser asi las cosas y estos los principios, la





responsabilidad declarada en el Decreto de 1869 puede ser soberanamente ridfcula como dice el demandante?
Comprendiendo el Gobierno que if pesar de de su celo por los intereses de ]a Compafifa de Caminos de Hierro de la Habana, no podia legar 9 tanto, expres6 en el artfculo 5.0, que 9 reserva de lo que determinasen los Tribunales condenaba 9 los gestores suspensos en la indemnizacion; que por no haberse exigido motiva este cargo. La declaracion de los Tribunales ha de ser prdvia; porque la condenacion es imposible sin ella, ni estd en las facultades del Gobierno dictarla sin audiencia del condenado, ni es fgcil su cumplimiento como pretende D. Juan Poey.
lCudles son los gastos, los dafios, peijuicios y menoscabos causados? jcugles los que siguieron causando los gestores suspensos que ninguna intervencion tenfan en la Sociedad? ZQud cantidad representan? Y si nada de esto puede decirse hecho; si no hay cosa que pedir, ni fundamento de peticion; sino ]a condenacion vaga, extensisima, informal del articulo 5.�, Iqud habia de reclamar ]a Directiva actual? Iqud debi6 pagar la suspensa?
Ya sabemos que el actor seiala millones de pesos como prudente limite t esta indemnizacion; pero los Trl'bunales no pueden otorgar asi A capricho de una parte, ni la contraria pide cuando obra desapasionadamente al antojo de su opositor.





Cargo 13.

"No haberse presentado como partes en el
"juicio criminal, seguido de oficio contra el "Presidente, Consiliarios, Sustitutos, Adminis"trador general, Contador y Accionistas comi"sionados para el eximen de las cuentas, po"niendo 9 mi representado en el compromiso "de dejar en completo abandono los inmensos "intereses sociales que en dicho juicio han de
"debatirse 6 de defenderlos 6l."

Respuesta.

f. 342 9 343. El compromiso no es muy grande para
el actor, que desde 1857 viene defendiendo, segun dice, los inmensos intereses sociales. Un esfuerzo mas de defensa en camino odioso y
por 6l abierto, no es pesada carga.
La Junta Directiva que defiendo, no tenfa
obligacion ninguna de personarse en la causa criminal por fraude y falsedad en los balances.
Denunciado el hecho y sometidos if los Tribunales los supuestos reos, ' estos toca resolver sin excitacion de parte: ellos defendirian solos los intereses sociales, bien guardados, si el actor
no fuera ya parte en el juicio criminal.

Cargo 14.

"No haber solicitado, ora que se devolvieran
"4 dicha Compafhia los libros de la Contaduria





"que estaban embargados, ora que se le diesen "las copias que si bien demasiado tarde, se die"ron por fin i la actual Gerencia."


Respuesta.

f. 343. En Agosto de 1869, se sellaron y remitieron
los libros de que trata el cargo d los Tribunales. Y en Setiembre del mismo aflo, dice el actor f. 1099, solicit6 el Presidente de la Junta provisional D. Pedro Montalvo, que se permitiese al Contador Cantero el exgmen de los libros embargados. Me parece que no pas6 mucho tiempo de Agosto 9 Setiembre. Despues, la Junta actual continu6 sus gestiones y obtuvo las copias que necesitaba la Sociedad y que tanto trabajo cost6 alcanzar. No hay negligencia, contestaremos en la misma forma del actor Icudndo no la hubo tratindose de los actos de la Directiva de la Compafiia de la Habana desde 1857, para su adversario D. Juan
Poey?

Cargo 15.

"Haber permitido que se suspendiera la in"cautacion por los concesionarios Alfonso y "Aldama, de los ramales 9 Matanzas y i Madru"ga y que se llenase la condicion impuesta 9 "dicha suspension por el articulo 2.0 del Decre"to de 17 de Setiembre de 1869."






Respuestm.


El cargo no es justo. Demostrada estd su falta de rrzon ' f. 343 y 344 vta., y'en todo lo que dejamos: escrito contestando el 8.0 y 90 El Decreto de 17 de Setiembre de 1869 se dict6 con incompetencia, y es nulo. La incautaciom dspuest a en. Junio db aquel afio: no tuvo efecto, porqnue se suspendjio en eL mes de. Julio. segiua consta g 1 111.
La Junta provisional no, pudoa ni debi6 insistfr en el particular. Cuando en 1870 se aprobaronm por S. A.. el Regente los Decretos de 1869, la Jumta- exigi6 g los. concesionarios R., Gonzalo; Alfonso, y la 6 Jurta de Ia Deuda, representanbe de D. Domingo Aldama, que se hicieran; cargo de los ramales, negandose A'lfonso- porque habia de establecer como estableci6, recurso contencioso contmra aqxuella 6rden que se qjueria cumplir.
En Agosto de 1870 s suspendieron los efectos de esa 6rden de Marzo, retrotrayendo las cosas al estado que tenfan antes de los Decretos de 1869, y en-Enero de 1871, se dispuso la conservacion del statu-quo, hasta que por el Tribunal Sppremo. se resovieran Lash cuestiones pdimovdiales, pendientes.
No hubier% sido.ent6nces como no es hoy legal, la ihcautacion de los ramales, ni la liquidacion d Debcreto do Setie e e d 1869.






Cargo 16.


"No haber ,exigido de la Junta Directiva,
"que con sus intereses,,devolviese . la Caja so"cial las considerable sumas que en el espa"cio de catorce afilos, fud extrayendo de ella, '!ora para expensar los pleitos:que tuvo con D.
'!Juan Poey y D. Antonio CaTrilo, ora para cu"brir los gastos exfaordinarios que le causa"Iron los mismos, ya para sostener en Madrid "abogados y agentes que corderan -con su de"fensa y con las iDjustas promociones hechas "por ellos, ya para !premiar :servicios hgcholes "en su particular, nun-ca 4 beneficio, sino posi"tivamente ' dafio de la (Gompafil'a."

Respuesta .

.344 vta. a'.345 v'ta. Con tanto afan se -ha buscado
la comprobacion de este cargo, 'cuyo pretexto es un hecho aceptado por mis representados, que en la prueba Telativa ;estgn particulares
que no tienen atingencia alguna con 6l.
Entre las certifieaciones de los pagos hechos
9 los letrados y procuradores que han defendido la Oompafia, las personas quele han prestado valiosos servicios de agencia, 9 su Administrador D. Josd Antonio Echeverria, se encuentran las de f. 850 vta., 1026 vta, y 1031 ,vta., referentes Ig cantidades invertidas en'el pleito con D. Miguel Pianas y en otros negocios





en que la Sociedad ha sido parte ante los Tribunales.
jPretenderd el actor que todos los gastos judiciales de la Sociedad constituyen infraccion de la ley y abuso por parte de los Directores?
Quizas lo piense: pero 9 pesar de esa prue. ba extrafia 6 sus litigios, es en dstos; donde considera mal gastado el dinero que de la Caja social se extrae para pagar legitimos servicios 9 la Sociedad an6nima que administran mis representados. Porque la defensa de los intereses sociales no estd segun el actor, donde la ley la encuentra, en el campo de la mayoria y de su mandataria la Directiva, sino en el lugar de la minora, que guiada por D. Juan Poey, pleitea desde 1857.
Y es tanto lo que esta idea domina al jefe de la minorna, que el cargo 16 lo hace en el otrosl del alegato, delito punible, y pide la formacion de procedimiento criminal; como si las reclamaciones civiles, limitadas 9 su propia esfera, fnicas que se derivan del cargo, pudieran jam.9s variar su naturaleza y producir responsabilidad penal. V. S. se ha reservado proveer respecto 9 este otrosi y en su oportunidad dire lo que la ley y la razon ensefian, como prin. cipio fundamental de derecho; que la accion civil no puede ser la criminal.
Los gastos que la Compaflia de Caminos do Hierro de la Habana, ha hecho y hace en sus pleitos con D. Juan Poey, son gastos legftimos, que A la ociedad corresponden. Es elemental





que en las Sociedades an6nimas, el accionista no compromete mas que el capital que representa; para la Compafifa no tiene mas fortuna, ni otra responsabilidad. jC6mo puede exigirse que de su peculio propio, sobre el cual no tiene derecho la Compafla, costee los pleitos que un s6cio propone y sostiene?
Y que estos pleitos no son con la Compafila, es especie inadmisible y contraria 9 los actos mismos del demandante. La Compafifa es la mayorla, como todo cuerpo colectivo, los acuerdos de 1857, los de 1859, los de 1871, la aprobacion de cuentas y balances, la formacion del Inventario y todo cuanto se discute en este pleito, es obra de la mayorla y por consiguiente de la Sociedad. IQud importa que un s6cio se oponga 9 todo esto? Midntras no obtenga declaratoria concreta 9 su favor en los Tribunales, su lucha serd con todos sus cons6cios, que en nufmero y representacion, constituyen acuerdo obligatorio y eficaz, y los gastos de la lucha, por su parte serdn propios, por la de sus cons6cios de la masa social.
Prueba de esta doctrina y de que los litigios se han sostenido con la Compafi'a de Caminos de Hierro de la Habana; que en las demandas contenciosas contra las Reales 6rdenes de Junio de 1861, Julio de 1867, Marzo y Abril de 1870, Enero de 1871, halla sido admitida como parte la Compaffla. En el pleito que ahora se ha promovido sobre validez de acuerdos y en los autos iniciados para la entrega de los





ramales de Giiines y Madruga y liquidacion de la Sociedad, ,tambien es parte dsta.
Y tal personalidad la ha reconocido siempre �el demandante, aceptando la defensa en los pleitos; hasta ahora que ha tenido la idea nueva de contradecirla. Alguna vez hasta ha coadyuvado con ella, como en la demanda contenciosa sobre la 6rden de 25 de Marzo y 13 de Agosto de 1870, en que la Compafifa cambiado artificialmente su modo de ser, estaba por primera vez al lado de ID. Juan Poey.
Pero suponiendo que todo lo dicho sea ineficaz, y no tenga la importancia que en reali,dad tiene, lpodrfa nunca D. Juan Poey exigir como expresa este cargo 16, que se cobraran todas las cantidades invertidas en sus pleitos y entraran con sus intereses en la Caja social? Tiene 6l acaso la representacion de todos los accionistas que han defendido su derecho en esos litigios? 10 una parte proporcional en esas sumas, dando por cierta su teoria, ulnica 9 que debia haber concretado su peticion?
El cargo por consiguiente es absurdo en su base y exagerado en su forma.

Cargo 17.

"No haber exigido del ex-Presidente D. Gon. "zalo Alfonso, Ila responsabilidad en que incur"ri6, dejando de practicar las diligencias nece"sarias para que en ,virtud de los acuerdos sin "oposicion de 4 y 14 de Abril de -1857 y del es.





"pecial encargo que le fad hecho, se sanciona"se por el poder Real, la prorogacion de la
""Compafifa ' 90 afios."

Respuesta

346 d 347. Los acuerdos de 4 y 14 de Abril
de' 1867, fueron, siempre impugnados por D.
Juan Poey y Los que con 4l estaban. Por eso sus reclamaciones al Gobierno de esta Isla y al Supremo; por eso su demanda contenciosa cuando se dict6 la Real 6rden de 11 de Junio de 1861, terminada con el Real Decreto sentencia de 1863, que resolvi6 respecto A los dos acuerdos de pr6roga y ampliacion del objeto social, declarando que su apreciacion era cuestion judicial.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de
Mayo de 1871, dice terminantemente que tanto un acuerdo como otro, fueron impugnados por la minorfa. Considerando, expresa el 14 "que "el decreto de 1863, al dejar sin efecto la Real "6rden de 11 de Junio de 1861 y el Decreto del "Capitan General Gobernador de la isla de Cu"ba de 18 de Enero de 1859, en cuanto resol"viam acerca de la validez de los expresados "acuerdos, de la Junta general de accionistas, comprendi,6 en una resolucion, asi lo acordado "acerca de ]a, reforma del articulo 2.0 como de "la del 3.0 del Reglamento, lo cual supone que "se estim6: que en la demanda se impugnaban "load extremosi sobre que habfa, recaido la





"aprobacion de la Real 5rden reclamada, dedj. "cidndose tambien que los demandantes no ha"illaron en esto irregularidad de ningun gdnero "una vez que no interpusieron el recurso de "revision que el articulo 228 del Reglameno "de 1846, concede contra las definitivas que hu. "biesen recaido sobre cosas no pedidas."
Si esto es asif: si la impugnacion de la mayo. rna y la declaratoria de 1863 comprendian el acuerdo de proroga y el de ampliacion del ob. jeto social. ICOmo podia D. Gonzalo Alfonso, dar por valido y eficaz el acuerdo de pr6rogay gestionar para que fuera aprobado pon el Gobierno?
El Real Decreto-Sentencia, consider6 que sin resolver por quien estd legalmente autorizado para ello, si es indispensable la unanimidad 6 basta la mayorla para fijar los Estatutos refor. mados 6 adicionales que hayan de aprobarse, no hay Estatutos sobre que recaiga valedera. mente esta aprobacion; y S. M. se reserv6 la fa. cultad discrecional de aprobar en su casoy tiempo lo que creyera conveniente, sobre la re. forma de los Estatutos de la Compaflia.
No era posible, sin chocar con estas decl& ratorias inalterables, suponer primero, adopts do por unanimidad el acuerdo de pr6roga, y luego solicitar su aprobacion sin que sobre s1 validez recayera ejecutoria, que creara Estattos que aprobar.
La Junta provisional, obr6 pues, con tod prudencia, no lanzdndose 9 exigir imaginarl





responsabilidad por este particular de la pr6roga d D. Gonzalo Alfonso.


18 y 19 Cargos.

18.-"No haber exigido del mismo Alfonso y "de la Directiva suspensa la indemnizacion de "los danios y perjuicios que i la misma Compa"Al'a ocasionaron: 1.�--promoviendo en Junta "general extraordinaria, sin autorizacion para "ello, la fusion de dicha Sociedad, con la de la "Bahia, 9 sabiendas de no haber sido convoca"da, sino para tratar de la pr6roga 6 de la diso"lucion de la de la Habana, no para discutir y "votar una fusion con una Empresa arruinada; "2---dando por acordada dicha fusion por parte "de la Compaftia de la Habana, cuando obra"ban contra los acuerdos, los recursos que te"nia interpuestos mi parte, contra la Real 6r"den de 12 de Junio de 1867, en cuanto sefia"laba para la reforma del contrato social un "mgtodo de votacion contrario al Real Decreto"Sentencia de 15 de Junio de 1863, y cuando "pendia tambien que se declarse, como se de"clar6 por la propia ejecutoria, que habiendo "terminado la Sociedad desde el mes de Enero "de 1867, (cuatro meses dntes de haberse acor"dado la fusion) solo por medio de un contrato "libdrrimamente otorgado por todos y por cada "uno de los accionistas y prdvias las solemni"dades que jams se llenaron, podia asociarse





"con otra la Compafila de la Habana; 3.P--pa"sando las propiedades sociales y todos sus ha"beres 9 una Compafl'a mal proyectada y nun"ca legalmente constituida, como la de los Fer"ro-carriles de la Habana."
19.-"No haber reclamado de la misma ge"rencia los dafios y perjuicios que d la Compa"fifa de la Habana ocasion6 por el hecho de ha"ber otorgado en .� de Octubre de 1868, ante "el Escribano D. Luis Rodriguez, la llamada "escritura de fusion. que de falsa califica mi "poderdante, por los hechos y derechos que tie"ne consignados."


Respuesta.

f. 317 d 350 vta. El placer de aumentar cargos ha
hecho separar los anteriores, que forman en realidad uno solo. El acuerdo de fusion tenia que consignarse en escritura piublica y el otorgamiento de dsta, no constituye responsabilidad distinta de aquel, suponiendo que pudiera existir en uno if otro acto.
Todos los argumentos que contra la fusion de
las Compafifas de la Hlabana y la Bahia, se hacen y cnya apreciaion no es del momento, no quitaran un dpice de legalidad d la forma con
que se llev6 d cabo.
Propuesta por la Junta Directiva, con el laudable deseo de concluir la competencia ruinosa qut existia entree las liness de la Habana y 1a





Bahia, fad acordada por los accionistas en 3 f. 643 de Abril y 27 de Mayo de 1867, ratificada 664vtadespues de la Real 6rden de 12 de Junio
de 1867 y aprobada definitivamente por S. M.
en Decreto de 28 de Agosto de 1868.
Esas Juntas generales, que se dicen convocadas sin autorizicion, lo fueron con la expresa y terminante del Gobierno. A f. 646 se lee un oficio certificado de la Direccion de Administracion, su fecha 19 de Marzo de 1867. que dice: "De conformidad con lo que solicita V. S. en su "oficio de esta fecha, no hay inconveniente "por parte de la Direccion, en que se verifiqne "el dia 3 del pr6ximo Abril, la Junta general "extraordinaria que ha de deliberar sobre el "contrato de fusion, proyectado entre esa Em"presa y la del Ferro-carril de la Bahia."
Los acuerdos votados en ella se dieron por
vdlidos con la Real 6rden de 1867 y en el Real Decreto de Agosto de 1868. Los recursos que D. Juan Poey tenia interpuestos contra esas resoluciones, no impedian su cumplimiento porque sabido es que en lo administrativo, la via contenciosa no suspende los efectos de la disposicion impugnada.
Dentro de esta legalidad se otorg6 la escritura de fusion ante D. Luis Rodriguez, que todavia no hemos comprendido, porque califica de falsa el demandante; y se llev6 9 cabo la fusion, acordando las Directivas de ambas Empresas, la forma de concluirla, englobando las propiedades y constituyendo una administra-





clon. 4Qud responsabilidad hay en todos estos hechos?
En 1869 el Gobierno de esta Isla, celoso por el bien comun, declar6 nula por ciertos defectos de formalidad, la fusion realizada, obligando i separarse las Compafiias unidas, que tuvieron que constituirse aparte como dntes de consumarse aquel contrato.
Para esto como disponia el mismo Decreto, se pusieron de acuerdo, las que eran Directivas de la Habana y la Bahia, antes de la fusion; y comunicaron las 6rdenes necesarias para Ilevar t efecto aquella apremiante disposicion administrativa. Y g fin de que el servicio publico no se interrumpiera, la Compafiia de la Habana que habl'a aportado al fondo comun una gruesa cantidad de pesos, tom6 el efectivo existente, dejando solo en poder de la Empresa de la Bahia $50,000, para atender 9 los gastos urgentes de refaccion que eran indispensables para sostener el movimiento y vida de suslineas.
Hasta en esto se quiere encontrar responsabilidad; cuando fud medio necesario de cumplir la parte del Decreto que recordaba el articulo 45 de la ley de ferro-carriles vigente en esta Isla.
La razon de estos hechos y su apreciacion legal no se desvirtua; porque en 25 de Mayo de 1869, ID. Gonzalo Alfonso dijera por oficio 9 la Direccion General de Administracion, que 1a Compafli'a de la Habana se habla incautado por completo de todo lo que habla traspasado





la de los Ferro-carriles de la Habana, no habigndolo comunicado Antes al Gobierno, porque el dia anterior se habia realizado el ifitimo acto de incautacion respecto al dinero existente en Inglaterra.
La incautacion de las propiedades, su separacion de las de la Bahia, con que formaban la Compafifa de los Ferro-carriles de lalHabana, se realiz6. La incautacion del dinero existente en Tesoreria tambien se realize, teniendo en cuenta la necesidad de que no se interrumpiera el servicio de la Bahia, que no podia dejarse sin un peso en Caja. La incautacion del dinero de Inglaterra tambien se consum6 como podia serlo. en el tdrmino de tercer dia, que el mismo Gobierno habia sefialado al cumplimiento de su Decreto, comunicando la 6rden para que esos fondos se pusieran I disposicion de ]a Compafiia de la Habana. Los actos posteriores, extraffos 4 la Sociedad y contra los cuales viene luchando para obtener esas sumas, no son por cierto culpa de D. Gonzalo Alfonso, ni las Directivas que le sucedieron. El y dstas cumplieron en todo con su deber, sin necesidad de vivir como D. Quijote, por sus premdticas, por su voluntad; sino respetando la ley, obedeciendo las disposiciones del Gobierno y los acuerdos de sus comitentes.


Entremos ahora d contestar los cargos que hace el demandante 'a la Junta Directiva que





represento, por actos de su exolusiva respon.
sabilidad.

1.er y 2. Cargos.

1?-"No haber exigido de la Junta. Directiva
"suspensa, las responsabilidades 9 que qued6 "sujeta y ademks los consiguientes intereses,
"dafos y perjuicios."
2�-"No haber reelamado de la Junta Direc"tiva provisional, los dafios, perjuicios y menos.
"cabos que ' la Compafifa de la Habana, infiri6 "la suspensa en fuerza de las infracciones y de las
"omisiones arriba expresadas."


Respuesta.

f. 350 vta. 9 351 vta. Estos cargos levan por lo contrario que piensa el actor en si mismos, la d'e mostracion de su improcedencia 4 injusticia, eonocido el valor de los anteriores. No siendo ciertas las infracciones y omisiones de que se acusa i las Directivas suspensa y provisio.
nal, no habiendo regponsabilidad alguna que exigirles, la actual gerencia ha hecho bien, mo promoviendo las reclamaciones que el deman.
dante quisiera haber visto formular.
jQud pleitos tan hermosos aquellos en que so
pidieran dafios, perjuicios, intereses, menosca bos, por heehos no probados, por supuests
faltas!






3. r Cargo.

"No haber promovido la devolucion por la "Compafifa, de los ramales de Giiines A Matan"zas y Ai Madruga, d sus concesionarios D. Gon"zalo Alfonso y D. Domingo de Aldama, ni su "incautacion por parte de dstos, no obstante es"tar asi prevenido."

Respuesta.

Despues de lo que hemos escrito, refutando el 8? cargo, nada tenemos que decir para rechazar este.
El estado de la cuestion de los ramales de Gifines 9 Matanzas y de Sabana de Robles .4 Madruga, queda alli explicado. La declaratoria de nulidad, dictada por el Gobierno de esta Isla no puede invocarse; porque estd sin efecto, 9 virtud de la 6rden de la Regencia de 13 do Agosto de 1870. Y la cuestion primordial, la de validez del acucrdo que sirvi6 de base A la adquisicion de estos ramales, se encuentra en los Tribunales, pendiente de resolucion, la excepcion dilatoria, propuesta por los demandados en aquel pleito, uno de los cuales es actor en dste.
No es pues, el interds personal, ni el parentesco con los coneesionarios de algunos de sus miembros, La causa "que ha impedido d la Junta que represento promover la devolucion 4 incau-





tacion de los ramales. Es el conocimiento que tiene de la cuestion, es la seguridad y conciencia de todos sus actos, lo que oblig6 . la Directiva actual 4 obrar como ha obrado hasta hoy; 9 pesar de todas las exigencias y de la gran perti.
nacia de D. Juan Poey en este punto de la
devolucion de los ramales.

4.0 Cargo.

"No haber reclamado de la Directiva provi"sional los $1.396,005 59 cents. 9 que con sus "intereses ilega lo desembolsado por la Com.
"pafia, para la construccion de los ramales "hasta la fecha de la cuenta que se acompaia; "siendo incuestionable que por el hecho de no "haber dado la actual gerencia un solo paso "para la reclamacion de una acreencia, que co"mo deducida de las cuentas anualmente pu.
"blicadas por la Junta suspensa, son intacha"bles por su parte y tienen el carActer de liqui"das, hicieron suyos los expresados $1.396,006 "59 cents., bien que con la precisa obligacion
"de satisfacerlos 9 la Sociedad."

Respuesta.

f. 135. vta. 9 354. iPodria reproducirse en la de este
cargo las dadas al 8.0 y 9.0 contra la Junta pro.
visional y 9 los dos anteriores, como que trae su origen de la misma cuestion de los ramaes.
Si cuanto se diga hoy respecto 4 ella es iP1





procedente y extempordneo. ICOmo habia de reclamar la Junta actual 6, la provisional esa cantidad de $1.396.005-59 cents. que arroja la
cuenta de f. 243?
jDe d6nde deduce el actor que la Junta provisional aprob5 esa cuenta, haciendo suya la responsabilidad del saldo y 1a obligacion de
pagarlo 'a la Sociedad?
Con el Real Decreto-Sentencia de 1863, con
Ia sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Mayo de 1871, invocadas por D. Juan Poey, rechaza la Directiva el cargo y confirma suasercion de que es infundado 6 improcedente.

Cargo 5.0

"No haberse opuesto al acuerdo de la Junta
"general, que la autoriz5 para expensar con "fondos procomunales el pleito que individua"mente les ha puesto mi representado, en razon "de infracciones y omisiones que son obra de "su exclusiva voluntad y por tanto, de su sola
"y unica responsabilidad."

Respuesta.

f. 353 vta. A 354 vta. En el cargo 16 hemos tratado este
particular, demostrando plenamente que los gastos hechos de los fondos procomunales en estos pleitos, con autorizacion de la Junta general, no constitufan responsabilidad civil para los Administradores, y mucho mdnos crimi8





nal. Los derechos de Poey, no tienen la extension que (41 supone; y la naturaleza an6nima de la Sociedad que forma, lo sujeta t esas conse. cuencias por dolorosas que sean para 41.
La prueba que se ha traido ' los autos de hechos no negados por los demandados, ni por' las personas que en ellos han intervenido; 9 nada conduce, sino d aumentar las costas. Reproduzco cuanto he escrito en los cargos ante. riores respecto 9 pagos con los fondos sociales de gastos necesarios, para defender la Sociedad de los ataques del s6cio disidente.
La Junta Directiva que represento, al dar cuenta 9 la general de 18 de Febrero de 1873, del pleito que se iniciaba por D. Juan Poey, pretendiendo su remocion y la indemnizacion de los dafios y perjuicios, se sinti6 satisfecha por el acuerdo que consta en el documento de f. 105, encontrando su conducta aprobada y defendida por la Sociedad, cuya gestion le habla sido encomendada desde 1871. La Sociedad hizo suyo el pleito, acept6 sus consecuencias, de las cuales es la primera la erogacion de expensas. jPor qud debi6 oponerse la Directiva
9 este acuerdo?
Por mucho que diga . Juan Poey, en esas sumas que ha obligado 9 invertir en los litigios, que desde 1857 sostiene con la Compaf'ia, cuya personalidad siempre ha admitido en frente de ]a suya, solo podr6a tener un derecho proporcional i su representacion en la Compafila, Y ese derecho lo renuncia, desde el momento





que crea un gasto nuevo, que disminuye las utilidades.

Cargo 6.0

"Haber constituido la Junta Directiva de la "Companifa, con un Presidente y cinco Conci"liarios efectivos, en lugar de un Presidente y "dos Conciliarios efectivos, como lo previene el "articulo 10 del Reglamento, desentendidndose "de las reclamaciones que le dirigi6 mi poder"dante con este motivo 6 infringiendo al efecto.
"l?-Los articulos 284, 289, 292 y 293 del "C6digo, segun los cuales la reforma dntes exa"minada, debi6 hacerse por escritura pdublica, "libdrrimamente consentida por todos los ac"cionistas, prdvia la aprobacion de los Tribu"nales y de S. M., anotaindose y publicgndose "tel forma."
"2.0-El Real Decreto-Sentencia de 15 de Ju"nio de 1863, que defiri6 9 los Tribunales la "cuestion prdvia, de si en la Compaia de Ca"iminos de ilierro de la Habana, bastaba 6 no el "voto de la mayoria, para la reforma del Regla"inento social."
"3.0-La sentencia ejecutoria de 3 de Mayo "de 1871, que habiendo ordenado el cumpli"miento del Real Decreto-Sentencia menciona"do, exigia con nueva razon, que 6 4l se atu"vieran las partes demandadas."
"4.0-La regla de derecho que a nadie per"mite tomarse ]a justicia pot su mano."






Respuesta.

Maximus in minignis.-Una confirmacion de las prgcticas de la Sociedad, que no constituy modificacion verdadera del Reglamento, y que el mismo dernandante habla sancionado, en otro tiempo; es el fundamento de este cargo, tan trascendental, que infringe leyes escritas, principios de derecho, cuya aplicacion es violenta, Reales Decretos y ejecutorias del Supremo.
Se trataba de que los conciliarios sustitutos, asistiesen y votasen en las sesiones de la Directiva, como desde 1848 estaba acordado, y ayudasen con sus luces y experiencia al Presidente en la gestion de la Compaiia.
Este acuerdo se fundaba en el artlculo 11 del Reglamento, que dice: "Se entenderd consti"tuida la Junta Directiva, con la asistencia 8 "lo mdnos del Presidente y dos rags de los in. "dividuos que la compongan;" conforme al eual como minimun, el Presidente y dos miembros de la Junta, la constitui'an; y como m;ximun, el Presidende y todos los demgs miembros,6 sean el Administrador general y los conciliarios sustitutos.
Porque es un principio reconocido de dere' cho, que se permite todo lo que no esta' prohi. bido. Y los conciliarios sustitutos, cuya prin cipal funcion es suplir los efectivos, no tienev impedimento de asistir cuando quieran, A Ia





Juntas por mas que no tengan obligacion de hacerlo.
La Junta general, comprendidndolo asi, al ser consultada por ]a Directiva sobre este particular, acord6 por unanimidad, que los sustitutos asistiesen a las sesiones de la Directiva, deliberasen y votasen.
Por consiguiente, el cargo y las infracciones que sefiala, no pueden dirigirse contra la Junta Directiva, sino contra la general que acord6 por unanimidad la asistencia y votacion de los sustitutos.
El demandante pretende explicar el documento nfum. 1 f. 317, en que consta un acuerdo de la Directiva presidida por 6l, respecto al particular de este cargo, de un- modo ingenioso pero inadmisible. "Quinto, dice ese acuerdo: "La Junta acord6 que aunque conforme al Re"glamento basta la reunion de tres conciliarios "(no eran dos como dice ahora el actor invocan"do el articulo 10 del Reglamento) para consti"tuirla, por lo cual ha sido costumbre mencionar "solo este nmumero hasta ahora; ni el espiritu ni "la letra del Reglamento se oponen 6 la mencion "de m~s, y que asi en lo sucesivo se pongan-al, "mirgen del acta los nombres de todos los con"ciliarios que asistan 9 la junta; expresindose "los que son suplentes."
Se deduce de este acuerdo: 1.0, que los conciliarios sustitutos tenfan derecho de asistir y asistian 9 las sesiones de la Directiva; 2., que solo se mencionaban en el acta los tres que se





crefan suficientes d formar Junta, los cuales deliberaban y votaban; 3.0, que en adelante se mencionarl'an los que ademas de esos tres, asistieran, deliberaran y votaran.
Porque no se concibe que la prifiera idea de mencion aplicada ' asistentes votantes, se aplicara tambien 9 simples asistentes espectadores, como dice D. Juan Poey; ni es verosimil que personas ocupadas como los sustitutos de una Compafifa, que son siempre hombres de negocios, por el placer de presenciar una junta Directiva, asistieran d ella sin voz ni voto. Asistfan y votaban porque eso no se opone al espiritu ni 9 la letra del Reglamento.
Siendo asi, ni el Cldigo de Comercio, ni el Real Decreto-Sentencia de 1863, ni la Sentencia de Mayo de 1871, ni el principio que prohibe tomarse la justicia por su mano, han sido infringidos por la Directiva, 6 mejor dicho, por ]a General de la Compa~iia de Caminos de Hierro de la Habana, al acordar la asistencia y votacion de los conciliarios sustitutos de la ComCarqo 17.
"laberse desentendido de las gestiones de "mi representado, dirigidas i la disolucion de "la Compafia y que quedase en estado de li"quidacion."
Respuesta.

La Junta Directiva no se ha desentendido de las gestiones de D. Juan Poey para poner





en liquidacion ]a CompanJa, A no ser que por esto se entienda haber desestimado ]as pretensiones del disidente.
Instada para la liquidacion cuando se dict6 la sentencia de 3 de Mayo de 1871, se ocup6 del particular, constilt6 tres letrados y di6 cuenta 9 la General que acord6 por unanimidad: "se "contestara 9 D. Juan Poey que no debia hoy "liquidarse la Compafifa, cuya situacion era la "misma que tenia al dictarse el Real Decreto"Sentencia de 1863."
Pedida despues ]a misma liquidacion promovida por D. Juan Poey, ante el Juez del Cerro, se defendi6 la Compaifaa y obtuvo que se suspendiera la junta que con tal objeto habia sido convocada, confirmando esa resolucion la Sala la de esta Audiencia. Y solicitada luego por el accionista . Josd Luna y Parra, del Juez de Guadalupe; se opuso tambien la Compafia, accediendo el Juez 6 su pretension que la misma Sala 1a ha denegado y resolver* en casacion el Tribunal Supremo de Justicia.-INo es esto sostener su derecho defendidndolo contra toda agresion ilegitima?
La Compafila de Caminos de Hierro de ]a Habana por mas que se diga, no se encuentra en estado de liquidacion. La Real 6rden de 12 de Junio de 1867 que di6 por terminado el plazo social corrido desde 1842 9 1867, se dej6 sin efecto en cuanto se oponia al Real DecretoSentencia de 1863, que se declar6 en la sentencia de 3 de Mayo de 1871 era la ejecutoria que





debi6 ser guardada. Y ]a misma sentencia, aunque en algunos de sus considerandos exprese que la Sociedad carece de existencia legal, en su parte dispositiva iinica que representa el fallo y debe respetarse se la concede, cuando le reserva su derecho para gestionar lo que 9 sus intereses convenga, y declara que mientras no se resuelva por los Tribunales si son validos 6 ineficaces los acuerdos de 4 y 14 de Abril de 1857, la Real 6rden de Junio de 1863 mandando convocar Junta general pare tratar de la pr6roga es contraria al Real Decreto-Sentencia de 1863.
Luego, el punto de pr6roga no esta' decidido. Los Tribunales al fallar el pleito de los acuerdos de 1857 lo decidirdn: mientras tanto, no puede decirse que ha trascurrido el plazo social y la Compafifa se encuentra en estado de liquidacion.
,Qud importa al caso que cuando no se habia dictado la sentencia de 1871, instara el Presidente al Letrado de Ia Compafi'a en Madrid, Excmo. Sr. D. Antonio Cdnovas del Castillo, para que activara el pleito de proroga, 6 sea el contencioso sobre Ia Real 6rden de Junio de 1867? ,Que significa que en el propio intermedio dijera el Presidente, que no se sabra si la Compaiifa tenfa existencia legal, pues la decision del Supremo no habla aun recaido?
Mas cuando 6sta se dict6"en el sentido quo conoce V. S. y mas de una vez hemos sefialado, cesaron las dudas y se afirm6 Ia conviccion de




65


que el Real Decreto-Sentencia de 1863 era la ejecutoria que debi'a respetarse en estos asuntos, segun el cual la decision sobre los acuerdos de 1857 deben dictarla los Tribunales y ser prdvia 4 la aprobacion del Gobierno, que le estd forzosamente subordinada.
A f, 1055 obra la certificacion de una Junta general en que D. Juan Poey propone la construccion de un ramal de la Union 9 Alacranes, al cual se opuso la General por varias razones que allif consigna el Presidente, entre las cuales, ninguna es que para aquel acuerdo se necesitara la unanimidad como afirma el actor. Este fud el que asl lo dijo cuando encontr6 oposicion y desisti6 de su pretension. No hay en esta prueba mas argumento que oponer al criterio de los demandados, que el de S. M. en Real Decreto-Sentencia de 1863, y el del Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de Mayo de 1871.

Cargo 89.

"Haber convenido en aceptar el acuerdo de la "Junta general, referente 9 diversas copias que "pidi6 mi representado para el examen del balan"ce de 1872, haberle manifestado por escrito es"tar acordado por ella la dacion de dichas co"pias y haber ordenado no obstante d la Admi"nistracion general y g la Contaduria que no se "le dieran."






]espuesta.


f. 357 1 358 vta. Los acuerdos de la Junta Directiva
y General, en materias de 6rden interior, son esencialmente revocables; no constituyen estipulacion, como supone el actor y su naturaleza administrativa les hace participar del propio cardcter discrecional de la Administracion.
Lo que hoy conviene, puede maflana no ser
iftil.
Eso sucedi6 con las copias que pedia D.
Juan Poey. La Directiva y la General, toda.
via no atacadas en este pleito, accedieron, y posteriormente en 26 de Octubre de 1873, acQrdaron la primera y segunda, que no debian darse al Sr. Poey dichas copias, sino en virtud de mandato judicial. ID qud se queja? IEn qu6 funda el cargo? Las facultades de la Ad.
ministracion y las de los s6cios, no pueden es.
tar d su capricho y atadas if su voluntad. Cuando se abre la lucha, las concesiones son inoportunas; la ley y las formas, son las que predo.
minan en la contienda.
La cita que se hace del articulo 310 del C6digo de Comercio, es una invocacion mifs de la ley, en caso no aplicable 6 completamente con.
trario. Fijese V. S. en los documentos que se piden, por la nota de f. 205 y encontrarg: adueldos de Directivas, comunicaciones del Presi.
dente " empleados de la Compafila, asientos de libros que han enido en la prueba, y no sopi





ciertamente los documentos comprobantes de balances, cuyo exgmen segun el artfculo 310 del C6digo de Comercio, no puede rehusarse 9
ninguno de los s6cios.

Cargo 9?
"Desentenderse de las falsedades que les
"manifest6 mi representado, haberse cometido "en un Inventario general que por acuerdo de "la Junta Directiva provisional, debi5 some"terse d la General de los accionistas, no haber "cumplido con tal acuerdo, contentindose con
"declarar la nulidad del falso Inventario."

Respuesta.

f. 358 vta. 6 359 vta. Destruyendo los cargos 1, 2, 3
y 4 de la sdrie relativa 9 la Junta provisional hemos tratado extensamente este punto del Inventario.
PNrdido el que form el General Clavijo, del
cual tiene una copia el actor, form6se otro que examinado por la Comision de cuentas, propuso: "se desechara por inexacto y se formara otro, aprevechando el plano del Camino." La Junta general en sesion de 17 de Febrero de 1873, como consta 9 f. 143, aprob6 esta proposicion y se form6 el Inventario que ya estd concluido y sometido al juicio de los Sres. accionistas.
Todos los errores, todas las inexactitudes que





sefiala Poey en el Inventario da D. Juan Bau.
tista Cantero, son molinos do viento que quiere hacer gigantes por darse el placer de combatirlos. jQuidn se ha perjudicado con ese Inventario? jQud consecuencia positiva, prictica ha tenido? ICua'l es el daho que con 61 ha sufrido la Sociedad y el beneficio que han reportado los concesionarios?
Comprendidos y sefialados sus defectos, se
ha desechado y formado otro nuevo, exacto y completo. jPara qud hablar ns del Inventario general?

Cargo 10.0

"iHaber permitido que en los asuntos refe"rentes 9 este pleito y . los que viene siguien"do mi representado contra las familias de los "Sres. que se acaban de nombrar, votaran per"sonas tan ligadas con ellos, con vinculos de "afinidad 6 consanguinidad, como los Sres Mar.
"quds de Montelo, Las Casas y Mestre.

Respuesta.

f. 360 - 360 vta. No hay articulo alguno en el Reglamento, que prohiba d los miembros de la Junta Directiva tomar parte en las votaciones en que estdn interesados sus afines 6 consangui.
neos. Y cuando este interns estd ligado con los de la Compafifa que administran, el deber, de intervenir, es mas imprescindible. Este es





Ia criterlo que ha guiado al Presidente y conclliarios de ]a Directiva en este particular que
funda el cargo 10?
Nombrados por la Junta general en 1871 el
]Presidente y los conciliarios, Las Casas y Mestres, d pesar de cuanto hizo . Juan Poey para impedir su eleccion; tenfan ellos que tomar parte en todas las cuestiones que se sometieran d la Directiva, si habi'an de cumplir el mandato.
Los demds miembros de la Directiva, SUB
compafieros, no podian oponerse d gsto; aceptaron el encargo y mancomunadamente lo han
cumplido y cumplen.

Cargo 11.

"Haber infringido en su misma esencia el
"Imandato que les confirieron los s6cios para la "gerencia, el cual exigiendo como en toda clase "de contratos, dualidad de personas 6 sea una "que proponga y otra quo acepte, no permitifa "al Sr. Marquds de Montelo, que se diera sus "propios votos en la Junta general de eleccio"nes, de donde se sigue la nulidad de lo acor"dado con su intervencion por la Junta Direc"tiva y le necesidad de separarlo de ella."

Respuesta.

f. 350 9 361. Esa dualidad de personas que exige
todo contrato, se encuentra en La votacion de La Junta general quo elig6 Presidente de La,





Sociedad al Sr. Marquis de Montelo, f D. Juan Clemente de Las Casas y g D. Francisco J. Mestre. No hay ley que prohiba f los miembros de un cueypo colectivo, votar para eleccio. nes, y votar ' su favor. Como accionistas se dan 'a sus votos y los de los otros vienen 9 for. mar la mayorla y 6 confirmarlo en el cargo.
Cuando D. Juan Poey y su falange, que no es numerosa, votan sus protestas y apoyan sus reclamaciones Ino se dd 9 si mismo sus votos? Ino se apoya con la fuerza de que dispone?
Pues ese es el mecanismo de las Sociedades an6nimas, que se rigen por un Reglamento como el de la Compafila de Caminos de Hierro de la Habana, en que los votos se cuentan por ac. ciones. El capital decide en la Compafifa y organiza su gerencia.
En cuanto al cargo particular que se hace 9 D. J. C. de las Casas, por haber comprado 9 su esposa 35 acciones que le dieron derecho A ser elegido Director, entre una sesion y otra de ]a Junta general; como el Reglamento no sefiala tiempo de posesion para el derecho de elegir y ser elegido, Casas pudo comprar el mis mo dia de la Junta, votar y ser nombrado conciliario en ella.

Cargo 12.

"Haber sustentado una ruinosa rebaja en 18 "1tarifa, de los ramales de Gafines . Matanzas y " Madruga."






IRespuesta.

f. 361 9 361 vta. Cuando replicaba el actor, fij5 la
rebaja en 50 p. . No tema . Juan PoeyLa Junta Directiva que ha obtenido autorizacion de la General en 28 de Octubre de 1860, para rebajar la tarifa de los ramales de Giiines y Madruga, I fin de contrarrestar la competencia de la linea de la Bahia, no llegarg . reducir g cero la tarifa, ni obsequiard los pasajeros con mufsicas y festines, Obran siempre dentro de los limites que la prudencia y el bien de ]a Compafila le seflalen, ifnicos que tienen las autorizaciones como la concedida por la Junta
General.
No es un delirio suponer que cabe el ejercicio de un mandato en forma absoluta. La conflanza del poderdante, es la que determina ese ejercicio; y los accionistas, la tenian grande en su Directiva cuando la autorizacion para rebajar indefinidamente la tarifa de los ramales; como la tienen boy, que aprueban sus actos y la sostienen endrgica y dignamente en
este pleito..
Cargo 13 y 4ltimo.
"No haber cumplido con los deberes de ins"peccion y vigilancia, con que pudieron evitar "los multiplicados y costosos abusos que se "acusan en el informe que con fecha 21 de Di,
"ciembre de 1872, pr~sentO 4ua comision,"






Respuesta.
f. 362 vta. a 363. La Junta Directiva conoce los artlculos del Reglamento que cita Poey, y los cumple como corresponde, sin que por esto se eviten completamente ciertos abusos y se corrijan todos los defectos que pueda haber en la marcha de la Sociedad. La perfeccion no es
patrimonio humano.
Las reformas que el informe de la comision
de 1872 exige, se han tornado en consideracion y algunas estfn ya en planta. Pero advierta V. S. que esa misma comision, propone la aprobacion de las cuentas que examinaba, habidndola otorgado la Junta General.
fPuede decirse, fundado el cargo, que tan djbil fundamento reconoce?
4Qu6 deberes de inspeccion ha excusado la
Directiva?
El robo que se realize en el almacen de ultiles, no estuvo en su mano evitarlo. Y realizado cumpli6, persongndose en la causa y sosteniendo la acusacion hasta ejecutoria.


Destruidos los cargos, batido en detalle el actor, como lo fue en inasa, respecto a la procedencia de la demanda; no volveremos, siguiendo su ejemplo, a' tratar la cuestion de arbitramento, que es su refugio de hoy, cuando se siente perdido en el inmenso campo de sus
pretensiones.





V. S. habrfi llegado 9 este punto de nuestra
alegacion, fatigado como nosotros con tanto detalle, con tanta pequeiez, con cargos tan numerosos y sin fundamento alguno. Habr1 pasado sin sufrir su influjo por el delirio del demandante. No parece justo que repitamos,
dilatando el tdrmino 9 la fatiga.
Baste sentar, condensando lo que hemos escrito; que la demanda que va ' fallarse, es improcedente 4 ilegal, en su fondo, en su forma y en sus detalles; que ni el arbitramento puede decretarse, ni la remocion disponerse, ni declararse la responsabilidad de dafios y pejuicios, y mucho mdnos, condenarse en las costas 9 mis
representados.
Y cuando se falle como procede y como V. S.
habrd de hacerlo, se sabrA, no como dice el actor, quienes son los Judas, y cual la victima que no se ha dejado sacrificar en la Compafifa de Caminos de Hierro de la Habana; sino, que en ]a Compafila de Caminos de Hierro de la Habana, hay un solo Judas como entre los Ap6stoles, y muchas victimas que se quieren halagar en el sacrificio con la supuesta defensa-de
su dereeho.



En tal concepto:

A V. S. suplico se sirva, dando por devueltos los autos, evacu ado el trgmite, resolver como he soli-











costas perp'tuo silencio al actor.-Justicia p do, jro, &c.-Habana, Julio 30 de 1875.Ldo, Jose Eaqenio Bcrnal.-Estanislao Saiz.

































ERR/TAS.


dice lase
pNgina 7 linea 17 procedentes prvcedentes
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THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED BY THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES. ii

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ALEGATO PRESENTADO A NOMBRE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA Snmparia e aminaz5 ar jier DEHLA HABANA, EL PLEITO PPOMOVJDO POR 8 0 1 K B R R E O C I O N t I N B EM N I Z A C I O N D E P B R J I I I V I O S H{ABANA. IMP. LA ANTILLA, DE CACHO-NEGRETE CALLE DE CUBA NUMERO 51. 1875, E

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3tY 7/251) a 9 1'>Y{d J Is* lAw-

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AL ESCRITO DE ALEGACION DEL ACTOR RECAYO EL AUTO: Habana y Mayo 21 de 1875En lo principal, traslado d los fines dispuestos en 16 de Marzo ultimo, otrosi, i su tiempo se proveeri lo responda.-Ainz.-Luis Rodriguez. y en el que cor-

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s 4 6

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i Sr. J. de P. I. D. Estanislao Saiz procurador de la Junta Directiva de la la Compailfa de caminos de Hierro de la Habana, en el pleito promovido por D. Juan Poey pretendiendo la remocion de los miembros de dicha Junta d indemnizacion de supuestos perjuicios; como mejor procoda, evacuando el traslado conferido digo: Que la prueba no ha cambiado la situation de las partes en el juicio.-Tan esforzada como ha sido, tan complicada y minuciosa como aparece de autos; ni en un punto siquiera, ha demostrado la procedencia de la reclamation de D. Juan Poey. En este momento lo mismo queo en el de la demanda, el actor pide sin razon, y el Juez no puede otorgarle contra eyes y principios incontrovertibles.

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6 D.0 A. f. 187. La pretension de D. Juan Poey definida en la demanda y fijada invariablemente en la r6. plica, es absurda en el fondo y destituida de fundamento en sus detalles. Los individuos que componen la Junta Di. rectiva de la Compahia de Caminos de Hierro de la Habana, no pueden ser removidos de sus cargos por un Juez de primera instancia, en virtud de los cargos que en este pleito formula y ha pretendido justificar el demandante. Prescindiendo de que esos cargos son creacion fantastica del actor y suponiendolos por ahora ciertos; como ninguno constituye delito, la remocion en la forma que se pide, es contraria al C6digo de Comercio, i la Real cddula de Octubre de 1853, al Reglamento de la Compaifa ley del negocio, y a los principios mas elementales del procedimiento. El President y Vocales de la Junta Direetiva de cualquier Empresa 6 Sociedad son mandatarios de los, socios, ejercen un cargo de confianza en virtud de election libre verificada conform al Reglamento, por mayorfa de votos como dice el articulo 28 del que rige la Comnpafia de Caminos de Hierro de la Habana. No es posible que de este caracter se prive removiendo de su cargo J la Junta Directiva actual de la Compailfa de Caminos de Hierro,' solo porque un accionista que fuJ vencido en la votacion que di6 vida a esa Junta, venga a formular contra ella numerosos cargos.--Es forzoso que S este juicio de remocion de los

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7 mandatarios, hubieran venido los mandantes, la mayoria de la Empresa que vot6 en Junta general de 27 de Octubre de 1871, para con su audiencia sustanciar la pretension del actor. 1Comprende V. S. que el apoderado sea pri(tmU2 vado del poder por quien no se lo ha conferido, .105. y a espaldas, 6 mejor dicho, contra la voluntad expresa del poderdante? Pues bien claro dice la certification del folio 105 que, "la Junta general esta convencida "que (los miembros de la Directiva) han cun"plido bien y fielmente su encargo especial"mente al respetar los acuerdos adoptados por "la mayoria de los accionistas y las consecuen"cias de esos acuerdos"-"que ni en los pun"tos S que se contraen los procedentes parti"culares, ni en ningunos otros que afecten los "intereses socials 6 d su administration, pue"den consentir en que la voluntad de un solo ac"cionista 6 de varios que se hallen en minoria, "se sobreponga a la voluntad de la mayoria "debidamente constituida conforme 9 las pres"cripciones reglamentarias." La Junta general de accionistas cuya voluntad expresa la mayoria reglamentaria y que es representation genuina de la Sociedad, se opone como poderdante 9 que los miembros de su Directiva sean removidos por la voluntad de un solo accionista, cuyas condiciones de inteligencia, energia y carfeter son innegables; pero han de doblegarse S los acuerdos de la mayoria

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8 siempre avasalladora de toda individualidad por prepotente que sea. El misino actor comprende que no es con la Junta Directiva con quien debe empehar la lucha en mala hora iniciada por este pleito, cuando a fojas 108 consta que protest "repe"tir contra cuantos infringiesen los claros debe"res que llevaba indicados, los dafos, perjui"cios y menoscabos que puedan resultar a la "Compauia, al otorgante y i los demas recla"mantes que se pronuncien en lo sucesivo." Los miembros de la Directiva (mis representados) al defenderse, cumplen con el mandato que se les confiri6 en Octubre de 1871, y que habrin de devolver integro a sus comitentes cuando ilegue el termino de la eleccion.--Res petan los acuerdos de las Juntas generales que vienen constituyendo desde 1857, el modo de ser de la Compaulfa y cumplen sobre todo f. 105. el de 18 de Febrero de 1873; en que la mayoria reconoci6 la necesidad de sostener este pleito y lo acept6 con todas sus consecuencias Para la sociedad que representaba. Y en este terreno firmisimo del cual no podra desalojarse a mis representados, contestaran hoy como contestaron ayer, las alegaciones de D. Juan Poey. La improcedencia de la demanda no necesita mayor demostracion. V. S. no puede, como ningun otro Tribunal tampoco, remover 6 mandar que sean removidos los miembros de una Junta Directiva, porque lo pretenda un solo so

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9 cio contra la manifestacion expresa de los demas que constituyen mayoria y son los verdaderos mandantes; ni puede suceder que la sentencia en un juicio, como pasaria en el caso de decretarse la remocion, afecte directamente A partes que no lo han sido en la sustanciacion. El apoderado representa al poderdante y la voluntad de dste debe ser siempre reconocida y respetada por el mismo apoderado, y por el tercero que pretenda ejercitar algun derecho con motivo del mandato. La revocacion del mandato es facultad libre, absoluta del mandante. La indemnizacion de perjuicios que constituye la segunda parte de la demanda, no es mdnos improcedente. Ante todo son imaginarios, y la liquidacion de ellos en quo no se pens6 al demandar; ni ha resultado en la prueba, ni la encontrardn los peritos S que se refiere la replica. Pero aun suponidndolos y dandolos por fijados invariablemente como la ley y la jurispradencia exigen, D. Juan Poey no tiene el derecho de pedir como pide su indemnizacion para la Compafia; es decir, para los demas socios cuyos acuerdos cumple la directive y cuyo criterio respecto 9 los cargos levantados contra dsta, f. 105. consignados estan en la Junta general de 18 de Febrero de 1873. D. Juan Poey no tiene la representacion de la Compania de Caminos de Hierro de la Habana cuyo intends siempre sostiene defender en

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10 sus litigios. Como socio podrS pedir para si; nunca para una colectividad que niega el derecho que ejercita, y que no lo ha autorizado en forma alguna para sostener sus intereses. Ha pedido pues mal, cuando solicita indemnizacion de perjuicios para la Compania, que no reconoce esos perjuicios, que no quiere esa indemnizacion, que ha aprobado sin reserva los actos de los que se dicen causantes del dano. Y esta distincion no es propia de la defense: se deriva de la naturaleza de las cosas, y el f. 117 mismo actor la reconoci6 cuando en Octubre vta. de 1871, protestaba segun hemos indicado ya, reclamar los dauos, perjuicios y menoscabos que pudieran resultar a la Compaia, al otorgante y S los demds reclamantes que pudieran aparecer. Despues de esto, en la demanda se ha concretado a pedir indemnizacion para la Compania, y 41 no puede ni debe llevar la voz de la Compania; 61 no puede ni debe representar la mayoria en oposicion constant a todas sus pretensiones. Ha formulado una siplica sin personalidad, sin accion para producirla. La Compania no estS con el demandante en este pleito ni en ningun otro; sostiene 4 su Junta Directiva y se encuentra al lado de los demandados. 1C6mo hard V. S. que reciba indemnizacion de perjuicios? Seria el mayor trastorno de la nocion juridica, del dano y la reparacion. Son tan rudimentarias estas teorias y tanta

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11 la fuerza con que se imponen al entendimiento, que el actor sin darse cuenta ha cedido d su poderoso influjo. El escrito que contestamos puede decirse que constituye una demanda nueva. Seguro D. Juan Poey de que la remocion de la Junta Directiva no puede decretarse ni imponerse, sabedor de la voluntad de la Compania en el particular de perjuicios 6 indemnizacion; se ha desviado de la senda escogida, y cambiando el rumbo, violenta el procedimiento, romped la litis contestacion, para pedir unica y exclusivamente ahora, que V. S. disponga se sometan al juicio f.1131 de amigables componedores las distintas cuessiplict tiones suscitadas en este pleito. Y A este fin torcido, que revela clara la vacilacion y los temores del actor tiende el escrito que contestamos. Porque la discusion de los cargos y el exfmen de la prueba sobre ser ddbiles, se dicen superabundantes como detalles que poco hacen 9 la esencia de la question. No entraremos f combatir las razones que el demandante expone para que se lleve d efecto el compromiso en amigables componedores, haciendo inutil el tiempo y el dinero gastado en este pleito, por 61 provocado y aceptado: ni diremos que las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil invocadas, las del Codigo de Comercio y las reglamentarias de la Sociedad que cita el actor, por generals las primeras y modificadas las segundas en el mismo Reglamento, han dejado al arbitrio de las par-

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12 f. 48 vta. suplica. tes, la sumision en arbitrios que no se les im. pone. Basta que el demandante pidiera como pidi6 en la demanda, dejara d la eleccion de los de mandados el compromiso en arbitros para que estos, obtando como tenian derecho y como se les brindaba por la controversial judicial, salvdran toda discusion posterior sobre el arbitraje. Basta que hecha la eleccion, aceptado el pleito y creada la obligacion del litigio, insistiera el demandante al replicar en la remocion, indemnizacion y condena de costas; para que la pretension del alegato sea tardfa 6 improcedente. D. Juan Poey pidio en la demanda se sirviera V. S. "declarar definitivamente juzgando "1?: que deben ser removidos del cargo que "cada uno viene desempenando. 2? que son "responsables de todos los dafos y perjuicios "que han ocasionado d la Compahia que ad"ministran y 3? imponerles todas las costas, 6 "mgnos que al contestar la demanda expresen "sU conformidad y las bases de una escritura "de compromiso en amigables componedores." Habia citado d conciliacion 9 cada uno de los miembros de la Junta Directiva "para que "se sometieran al juicio de arbitradores amiga"bles componedores por los distintos conceptos "en que se funda para pedir su remocion del "cargo que desempefia" y perjuicios causados a la misma Companfa y al Sr. Poey como socio de ella.

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Y olvidando que por la Ley de procedimiento en la conciliacion debe pretenderse lo mismo que en la demanda que la sigue, formul6 la pretension que queda copiada; no para que se sometieran los demandados al juicio de amigables componedores; sino para que desde luego se declarara en definitiva que debian ser removidos de sus cargos 6 indemnizar i la Compaufa (no ya a Poey tambien) de los perjuicios que se decian causados. El compromiso de arbitradores lo dej6 9 eleccion de los demandados limitando este derecho a la contestacion. Puede decirse con razon que en este pleito no se ha cumplido el articulo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No hay conciliacion congruente con la demanda y el Juez debe mandar celebrar el acto subsanando el defecto. Art. 203, Ley de Enjuiciamiento Civil. Al elegir los demandados el camino de la discusion judicial, lo hicieron; porque se les brindaba con ese derecho, porque no tenian prohibicion de bacerlo, y porque la lcy del contrato puede alterarla siempre la voluntad de las partes, como la alteraba D. Juan Poey poniendo la demanda y ofreciendo, si se queria, el arbitramento. Ahora invoca, pero en vano, el C6digo de Comercio y el articulo 30 del Reglamento, que determinan que las contiendas entre socios se decidan por arbitradores amigables componedores. Los demandados se apoyan mas s6li-

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14 damente en el articulo 31 del propio reglamento, por el cual se someten los accionistas a la jurisdiccion de los tribunales de Comercio, para las contiendas quo puedan tener relatives 4 la Empresa, to quo indica que pueden acudir a los Tribunales. Y sobre todo; tienen la razon fundamental de su eleccion, en la voluntad del demandante que propuso el pleito y se oblige a 41 una vez dada la contestacion. En la replica que conform al articulo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fija definitivamente los puntos de discusion y la peticion del actor, dice dste: "Suplico a V. S. se sirva "tener por evacuada la replica y fijados defini"tivamente con los de la demanda los puntos "de hecho y de derecho, para resolver en defi"nitiva mi demanda como solicito en ella, con "la ampliacion de que el pago de los perjui"cios se haru previa su liquidacion por peritos "en la part que no resulted liquidada con la "prueba." Ni una palabra aqui donde esta el limite de la peticion, del compromiso en amigables componedores. Se pide que V. S. decrete la remocion y condone al pago de perjuicios. No habindose optado por el compromiso, el demandante insistio on su demanda ratifictndola y obligcndose mas, si es possible, despues de ]a contestacion. V. S. no puede ya dejar de faliar el fondo del pleito, desestimando la demanda por las poderosisimas razones que se han venido consignando en el curso del juicio, e imf. 280 via.

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15 poniendo las costas al actor. Sobre el arbitraje no cabe resolucion: estf renunciada por las parts. 11138. La peticion del alegato copiada antes, nada importa. Despues de la replica y duplica no puede ampliarse, modificarse ni corregirse la demanda. El esfuerzo de buena prueba se concreta al extmen y discusion de esta, y la siplica de los escritos de alegacion debe ser iddntica a la demanda y rdplica 6 a la contestacion y duplica. No puede alterarse asi .capricho, por temor del resultado de una gestion infundada, el Orden del procedimiento. Sentados estos preliminaries que bastan para la resolucion de fondo que V. S. habrd de dictar, es necesario dar respuesta a los cargos que el actor repite y demostrar como la prueba 16jos de confirmarlos, los excluye por completo y desvanece para siempre. Bastaria reproducir con el primer objeto los escritos de contestacion y duplica donde se encuentran contestados los cargos del actor, razon por la cual en ese punto seremos breves insistiendo principalmente como exige este escrito en el particular de la prueba. Los cargos estan divididos en dos clases.1? Cargos por no haber exigido responsabilidad d las Juntas Directivas anteriores.2? Cargos particulares de la Junta Directiva actual.

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16 PRIMERA CLASE. 1.0, 2.?, 3.0 y 4.0 Cargos. 1.--"Haberse dado por entregada la Direc"tiva provisional de las propiedades sociales "sin inventario, sin formalidad alguna y hasta "sin una simple n6mina de To que recibia." 2.2-"Haber dado por perdido la misma Jun"ta Directiva provisional el Inventario general "que no podia menos de tener la Junta Direc"tiva suspensa, no haberlo reclamado y haber "distraido parte de los fondos sociales en la "formacion de uno nuevo, sin haber solicitado "antes los planos y perfiles de las lineas socia"les sus cuadernos de cotas y borradores exis"tentes en las dependencias de la administra"cion con los cuales podia haberse rehecho el "que se habia extraviado. 3.o--"Haber dado por perdido tambien este "nuevo Inventario general y acordado nuevos "fondos para hacer otro sin practicar tampoco "en caso ya tan extraordinario ninguna dili"gencia para encontrarlo ni para solicitarlo "caso de no darse con el." 4.2-"No haber exigido al Sr. D. Juan Bau"tista Cantero la responsabilidad en que habia "incurrido por el hecho de haber dado por ex"traviado el Inventario general de las vias, "terrenos, edificios, obras de arte, etc. que po"sefi la Compafia de Caminos de Hierro de la

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17 "Habana en primero de Octubre de 1871 el "cual se acababa de formar por el General "Clavijo y que le habia sido entregado con "sus correspondientes pianos y demas expli''cado." Respuesta. De fojas 170 vta. a 181 vta. en la contestatacion y de f. 321 9 326 en la diplica estan destruidos esos cuatro cargos. Cuando la Junta Directiva provisional, entr6 en el desempefo de sus funciones por el decreto de 17 de Agosto de 1869 suspendido por 6rden de la Regencia de 13 de Enero de 1870; se encontr6 sin Inventario de las propiedades de la Compaia, y obrando prudentemente, como su deber le aconsejaba, dispuso la formacion de uno que concluy6 el Excmo. Sr. D. Rafael Clavijo administrador nombrado por el Gobierno en el Decreto de Agosto referido. Este Inventario desapareci6 de las oficinas de la Sociedad, no sabemos c6mo; pero si que D. Juan Poey tenia en su poder una copia tan exacta, que se diria el mismo original, que ha traido d los autos. Se practicaron todas las diligencias posibles para encontrar ese documento y no pudo darse con d1. C6imo encontrarlo, si estaba, acaso, sacadndose ent6nces ]a copia de D. Juan Poey?

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18 Y la Junta Directiva actual, ya nombrada legalmente por el voto de la mayoria, dispuso la formacion de un nuevo Inventario comprendiendo la necesidad que de 61 tiene la Sociedad. A fojas 642 vta. certifica el Escribano de diligencias que existen en Secretaria dos expe. dientes, numeros 38 y 82 relativos A la forma. cion de Inventario; en el segundo de los cuales consta que d consecuencia del informe de la Comision de cuentas se acord6 la formacion de un Inventario, que se encarg6 al actual administrador D. Manuel L. Izquierdo. De este nuevo Inventario debido al celo de la Junta Directiva se ha dado cuenta S los ac cionistas en la general de 25 de Octubre de 1874, del mismo modo que en 17 y 18 de Febrero de 1873 autorizaron S la Directiva para verificar los trabajos que exigia el Inventario general. aCudl es la .responsabilidad de semejantes actos? jCudl es el dailo sufrido por la Sociedad 6 por el accionista demandante? De la prueba ha resultado que no hay libro de inventario y que las entregas de las propiedades de la Sociedad se han hecho desde 1869 sin n6mina 6 inventario. La falta de un libro no produce otro efecto que la multa del articulo 45 del C6digo de Comercio. Y la falta de formalidad en las entregas significa, unas veces precipitacion, como cuando la Directiva provisional tom6 posesion de su cargo, que lo hizo apremiada por el Go,

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19 bierno y en un solo dia. Pero nunca seria razon para pedir la remocion ni la indemnizacion de perjuicios que no se han sufrido, puesto que el capital de la Compafifa estg integro, sus propiedades conservadas, y su marcha comprobada en las cuentas. 5.0 y 6." Cargyos. 5.--"No haber presentado el "dacion de las cuentas sociales plan de liquiordenado en el "articulo 4.2 del referido Decreto de 17 de "Agosto de 1869 que como ejecutivo por su na"turaleza se habia llevado d efecto en cuanto "A la suspension de la Junta Directiva." 6.--"No haber abierto los libros y cuentas "nuevas prevenidos en el articulo 4.o del Decre"to acabado de mencionar, ni llevado los preve"nidos en los articulos 32 y 36 del C6digo de "Comercio." Respuesta. Contestados estdn ampliamente estos cargos de f6jas 156 6 159 vta. y 326 vta. A 328. El Decreto de 17 de Agosto de 1869, cuyo origen no es .necesario repetir, y cuyas condiciones de legalidad son muy discutibles; no obliga 'S la Junta Directiva que represento, elegida en 1871, cuando el Gobierno no tenia intervention en las Sociedades an6nimas. Aquel Decreto imponia la obligation personal

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20 en su articulo 4.o de presentar un proyecto de conciliation entre las dos fracciones de la Em. presa, con el fin de abrir libros nuevos y de rehacer los de la Contabilidad general, a la Junta Directiva quo creaba por su propio derecho, sin consulta de los s6cios, sin toner en cuenta el C6digo de Comercio y el Reglamento de la Compaifa. En manera alguna podia ni puede alcanzar tf otra Junta Directiva, creada legalmente, sin ese mandato expreso y con la aquiescencia de la mayorfa. El argument de que el Decreto obliga al ente moral Junta Directiva es inad misible. A la Junta provisional mandaba el Gobierno, porque a ella solo podia mandar, como que le daba vida con determinado objeto, y caracter interino. Las que han venido despues no tienen ese vinculo; ni siquiera el de star sujetas f intervention administrativa despues del Decreto de 19 de Setiembre de 1871. Pero la provisional cumpli6 su encargo haciendo cuanto pudo para obtener copia de los libros que estaban en los Tribunales, y nombrando una comision en Junta general de 20 de Octubre de 1870, para que acercandose a la fraction disidente, pudiera llegar a formular el proyecto de conciliation. Se dice a esto, que aquello fud un proyecto de transaction que abort6 por las pretensiones exageradas de los contrarios de Poey, y no el plan de liquidation ordenado en el Decreto. Las mismas palabras del Decreto demuestran

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01 la importancia del argumento. "Proyecto que "conciliando los intereses de las fracciones en "que est dividida la Compania, d ambas d& "las garantfas y seguridades convenientes." Esto es una definicion de transaccion. Y la redaccion del articulo 4.2 que es clara subordina la apertura de libros nuevos y reforma de la contabilidad d este proyecto de conciliacion, d esta transaccion. Sin esta, no podia hacerse aquello; y la transaccion abort6 por Poey 6 por sus contrarios, que para este caso nada importa. Ya queda consignado que es uno solo el libro que falta i la Compafia, contestando los cargos anteriores, y que la pena del C6digo por semejante acto es una multa. No es exacto y la prueba lo confirma, que falten todos los libros prevenidos en los articulos 32 y 36 del C6digo. 7." Cargo. "Haber basado los balances generales que public6 desde el afo de 1870 en libros, cuen"tas y balances anulados en razon de sus vi"cios por el articulo 1.0 del Decreto de 19 de "Agosto de 1879." Respuesta. Este escrita de fojas 328 vta. d 329 vta. La nulidad en lo administrativo declarada por el

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22 Decreto de Agosto de 1869, articulo 1.0, es una declaratoria vaga, indefinida, que significa poco 6 nada. No es por mucho que se diga la nulidad civil de un acto, que concluye sus efectos para siempre y acaba su vida. La nulidad administrativa es arbitraria, discrecional, revocable. La civil, permanent, inalterable, sujeta a las eyes. ,C6mo han de producir identicos efectos? Bien lo prueba el que esos balances declarados nulos administrativamente por formula, y con exceso de celo, se remitieron a los Tribunales para que ellos calificaran y resolvieran en ejecutoria respetable. Cuando esa resolucion se dicte, y no sera por cierto la nulidad; sino la rectificacion de errores 6 declaracion de fraud, que es lo que cabe respecto A balances; y se continfen basando en ellos sin las modificaciones consiguientes, los posteriores; podrs decirse que hay responsabilidad y defecto. Midntras tanto, la Junta provisional y la actual han obrado en el leno de sus funciones; y la Junta general aprobando esos balances las exime de responsabilidad, si alguna pudiera haber. El demandante no puede mdnos que reconocer la fuerza de este raciocinio cuando dice t f6jas 1087: "Los que aprueban son los tfnicos "legalmente impotentes para reclamar contra "los actos aprobados por ellos; pero no los que "reprueban."

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23 4Y c6mo ent6nces reclamar a nombre de los que su aprobacion ha hecho impotentes para reclamar, puesto que D. Juan Poey pide para la Compania? aNo encuentra V. S. ahora en labios del demandante confesada la improcedencia de la demanda, su incapacidad para representar los intereses de la Compania que cubren los suyc que la mayoria para quien dice contrariando sus Respecto i o cacion de f. 748 dos y remitidos son hechos que los arti y que culos en n 42 ada s particulares? que representa aNo vd V. S. la Sociedad, y pedir Poey, no puede pedir propios actors? s defectos que segun la certifise notan en los libros ocupai los Tribunales desde 1869 tienen su sancion escrita en y 43 del C6digo de Comercio; atafen t la Junta Directiva provisional ni i la que en este pleito represento. Sobre ellos pues, no puede fundarse cargo como el que contestamos. Esa certificacion dice "sin que del eximen echoo por los peritos aparezca en dicho libro "de balances raspaduras ni enmiendas." Y los balances son el objeto concreto del cargo. 8.* y 9.0 Cargos. 8."-"Haber dado entrada en el pasivo de "dicho balance al importe de propiedades cu"ya adquisicion por la Compania se habia "anulado, t crdditos contra personas y socie-

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24 "dades cuya inexactitud conocia, como por "ejemplo los $318,860-69 cents. contra la Em. "presa de la Bahia que jams acept6 la sociedad "6 como los $25,442-711 cents. contra D. Jos4 "Antonio Echeverria que sabia exceder en mu. "cho de esta suma, 6 como los $2,440-41 cents. "contra una compaffa disuelta que segun el "mismo ex-presidente D. Gonzalo Alfonso le "habia devuelto por completo, todo cuanto de "la Compafia de la Habana habia recibido. 9.2-"Haber dado entrada en el pasivo del "balance atribuido 4 dicha Compafia a una "supuesta deuda de $ 1.328,305-95 cents. pro. "cedente de un ramal cuyo traspaso habia si"do anulado en 1869." Resp uesta. De f6jas 160 a 164 vta. y de 329 vta. a 337 vta. homes contestado ambos cargos. Ahora cuando alega el demandante, engolfado en la relacion de antecedents y comentando las disposiciones que se han sucedido en el particular de la compra de los ramales de Giiines a Matanzas y de Sabana de Robles a Madruga, que son la razon principal de los cargos 8. y 9.0; prescinde de la deuda de D. Josh Antonio Echeverria. No repetiremos cuanto hemos dicho contes. tando y duplicando, en este punto de los ramales, y de las deudas legitimas comprendidas en los Balances sociales. Pero en sintesis pue,

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25 de asegurarse que la adquisicion de los ramales de Giines 9 Matanzas y de Sabana de Robles 9 Madruga por la Compafia de Caminos de Hierro de la Habana, es punto litigioso no resuelto; d pesar, de las resoluciones administrativas y judiciales que se han dictado en diez y ocho aios de pleitos: y que por consiguiente para la sociedad que represent, importan acto cierto y positivo que en su vida debe contar. Se adquirieron d consecuencia de los acuerdos de 4 y 14 de Abril de 1857 cuya validez 6 nulidad corresponde declarar d los Tribunales de justicia, donde se encuentra hoy la cuestion concreta, interrumpida por una excepcion dilatoria que el Tribunal Supremo estd llamado a decidir. En la Junta de 9 de Febrero de 1859, convof.1046 cada con el objeto de llevar adelante los acuer1053. dos de 1857, ent6nces aprobados por resolucion del Gobierno Superior de esta Isla del mes anterior, qued6 convenida la adquisicion de los ramales. La impugnacion que .este acuerdo y a los anteriores de 1857 de donde venia, hicieron D. Juan Poey y algunos otros accionistas, dio lugar al Decreto sentencia de 1863 que dej6 sin efecto la aprobacion de 1859 y de 11 de Junio de 1861, declarando que la cuestion sobre la eficacia 6 ineficacia de los acuerdos de 1857 y 1859 correspondia d los Tribunales. En esta resolucion se apoya el demandante en primer tdrmino para sostener que la adqui4

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2 6 sicion de los ramales es nula; y que estos no deben figurar en el Balance como activo, y la part de su precio aun no pagada, en el pasivo. Y sin embargo; cuando en 1863 pretendi6 la Inspeccion de Sociedades anonimas de esta Isla interpreter el Real Decreto sentencia on tal sentido y volver las cosas al estado anterior a 1857, devolvindose los tamales a sus concesionarios, recayeron las Reales 6rdenes de Eney Abril de 1864 que llama Poey confirmatorias del Real Decreto sentencia, mandando la primera: suspender las medidas dictadas por la Inspeccion de Sociedades an6nimas; y diciendo la segunda al Gobernador Superior Civil "que "en cumplimiento de To dispuesto en el referi"do Real Decreto dispusiera se hiciera saber los interesados para que To tuvieran entendido "y usaran de si derecho donde y como proce"diera." Por consiguiente, no es de aqui de donde puede inferirse, que la Junta Directiva no debia formar sus Balances como el demandante f.547 a 560vta pretend en cuanto a los ramales. Tampoco de la sentencia de 3 de Mayo ni de las Reales 6rdenes de Abril y Junio de 1867. La de Abril era concrete a particulars de queja producida por el' mismo Pocy, determinando el criterio con que debia resolver el Gobernador Superior Civil, y los puntos que comprendia. Uno de esos puntos era el de la adquisicion de los ramales; pero la resolution que por ent6nces se dict6 no fud la que esperaba

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27 el querellante. La de Junio de 1867 que pronto examinardmos es la deseada y decantada que esUf modificada en sus efectos. La Real 6rden de Junio de 1867 se dict6 con motivo de las gestiones de la Compafia d consecuencia de la de Abril, y ha sido dejada sin efecto por la sentencia de 3 de Mayo de 1871, en cuanto suponia ineficaces los acuerdos de 1857, sobre los cuales, dice la misma sentencia, deben resolver los tribunales, conforme al Real Decreto sentencia de 1863. La primer resolution, la ifnica que ha declarado la nulidad del traspaso de los ramales de Giines d Matanzas y de Sabana de Robles 6 Madruga, es la que dict6 el Gobernador Superior Politico de Cuba en Junio de 1869. (su fecha principal Mayo). Mas este Decreto fud suspendido en sus efec3tos en 5 de Julio de 1869 por la misma autoridad que lo dict6, hasta que por la via contenciosa se decidiera la cuestion entablada. 'Y dejado sin efecto en 13 de Agosto de 1870 por la autoridad mas elevada de la Regencia que dispuso, que las cosas volvieran al ser y estado que tenian en Abril de 1869, es decir, Jntes de los Decretos del Gobierno Superior Politico, quo tanto cambiaron la situation de la Compafia de Caminos de Hierro de la Habana. Mucho se habla, queriendo contrarrestar la la fuerza de estas disposisiones, de la de 29 de Setiembre de 1867, del Gobernador Superior

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28 de Cuba, y de la de 25 de Marzo de la Regencia que aprob6 los Decretos de 1869. Pero pierde su importancia todo razonamiento, comprendiendo la nulidad 6 ineficacia de la limitacion que se di6 en Setiembre a la suspension dictada en Julio 6 sea hasta la resolution del Regente; cuando como era procedente, se habia fijado en la termination de la via contenciosa; y cuando se sabe que la 6rden de 25 de Marzo fud revocada por la de 13 de Agosto de 1870. Poco hace a la intention del demandante y fundamento de los cargos 8.0 y 9.0 que la Compaufa ent6nces aliada de D. Juan Poey, gestionanara contra la 6rden de 13 de Agosto de 1870, ante la autoridad local por la instancia de f. 748, ante el Gobierno Superior por la de f. 457, y que coadyuvara con el actor ante el Tribunal Supremo, y escribiera a su representante en Madrid la carta de f. 1016 aceptando la 6rden de 25 de Marzo. Porque S f. 641 consta que el Presidente de la Compania, cuando esta volvi6 a su primitiva forma legal, trastornada en 1869, otorg6 poder al Dr. D. Fernando Vida para que se separara da la demanda contra la Orden de 13 de Agosto de 1870, como se separ6 en efecto, quedando firm y subsistente. En cuanto a que la 6rden de Agosto se ha cumplido solo en parte 6 sea en To relativo a los ramales, olvidando la fusion de las Empresas de la Habana y la Bahia que existia en 1869; es evident, que existiendo la Real 6rden de Enero de 1871 que mand6 se conserva-

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29 ra el statu-quo hasta que por el Tribunal Supremo se resolvieran las cuestiones primordiales pendientes; el statu-quo era el que debia conservarse y no hacer la fusion ni devolver los ramales. Esta Real 6rden de 1871, fud interpelada en f.1047.via contenciosa por Poey; pero se separ6 de la demanda y la dej6 como no impugnada: sancion6 el statu-quo, hasta que el Tribunal Supremo resuelva las cuestiones primordiales pendientes. Sin que pueda variar las consecuencias de ese acto del demandante, la separation que hicieron de su demanda contenciosa contra la 6rden de 25 de Marzo de 1870, los accionistas que la impugnaron. Porque el hecho es, quo todas estas demandas y desistimientos posteriores y casi simult neos, equivalen S la no interposition de recursos, S la aceptacion de las resoluciones administrativas, que estan todas firmes, subsistentes, modifioandose las unas S las otras, por su propia fuerza, y produciendo el efecto cierto, de derogar los Decretos del Gobierno de la Isla de 1869 y sostener el statu-qao en todo lo que S la Compania de Caminos de Hierro de la Habana atafe en estos asuntos. La Compania no ha cometido pues falta alguna incluyendo en su activo, los ramales que compr6 y pose, y en su pasivo el precio que debe pagar por ellos. Respecto S los crdditos contra la Compaia

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de la Bahia y D. Jos6 Antonio Echeverria que se comprenden en los balances, ya esta consignado que son legitimos y aceptados por la Sociedad, quo en la forma de Reglamento tiene aprobados esos balances. El mayor de $318,860-69 cents. proviene de la liquidacion que hubo de practicarse cuando se disolvi6 la Compafia de los ferro-carriles de la Habana formada por las de la Bahia y la Habana. Esa fusion fue un hecho basado en la Real 6rden de 12 de Junio de 1867, acordado por ambas sociedades, y aprobado en Real Decreto de 28 de Agosto de 1868 dado en Lequeitio. Cuando el. Gobierno Superior Politico de esta Isla hizo separar, suponiendo faltas de forma, las dos Empresas que se habian unido; y con extraordinaria celeridad oblige a cumplir el Decreto; la Compahia de la Habana tom6 sus propiedades, y la mayor parte del dinero existent en la caja comun, dejando a la de la Bahia la cantidad necesaria, para quo no interrumpiera su explotacion como disponia el mismo Decreto, conformandose con el articulo 45 del de Ferro-carriles vigente en esta Isla. Mas el resto de cantidades que la Compaifa de la Habana habia llevado d la caja comun, y debia devolver la Empresa de la Bahia era deuda de esta con aquella, que importa $ 318,860 69 cents. No puede ser mas legitimo el credito; ni mayor la razon para incluirlo en los Balances.

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31 En cuanto f no haberlo aceptado nunca la Sociedad, como afirma el demandante, la mayor prueba estf en la aprobacion de los balances donde se encuentra comprendido; aprobacion que no es mas que la consecuencia de actos anteriores que forzosamente tienen que aceptarse. Poco esfuerzo se necesita para contestar la peregrina idea de que el Presidente de la Compauia de la Habana D. Gonzalo Alfonso, al realizar acuerdos de la Sociedad respect a la fusion poniendo cantidades en la caja comun, infringi6 el articulo 40 de la Real Cddula vigente en el aiio de 1869, distrayendo fondos incurriendo en la pena de multa, y contrayendo la obligacion de responder de la suma distraida y de los dafos que pudieran ocasionarse. Es una ilusion apreciar asi los hechos cambiando su naturaleza y prescindiendo de los antecedents del caso. La fusion de las Compafias de la Habana y de ]a Bahia fud un proyecto aprobado en Juntas generales de 3 de Abril y 27 de Mayo de 1867, sancionado por Real Orden de 12 de Junio de 1867 y expresamente por Real Decreto de 28 de Agosto de 1868. tComo puede constituir su realizacion el hecho punible del articulo 40 de la Real Cddula? 1D6nde est la distraccion de fondos, su aplicacion a objeto distinto del social; cuando precisamente al llevarlos 9 la comunidad se cumplian los acuerdos de la Compaiia y se respetaban soberanas disposiciones?

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32 La nulidad de la fusion declarada luego, por el Gobierno Superior Politico de esta Isla, no puede afectar estos razonamientos ni modificar su esencia. Los fundamentos de esa declaratoria por exactos quo sean, no haran jamuis que los actors del Presidente D. Gonzalo Alfonso, sean actors propios e ilegales; sino hechos sancionados por la Sociedad que representaba, y por el Gobierno, que ent6nces tenia directa intervencion con las Sociedades an6nimas. V. S. comprende por consiguiente la imposibilidad de otorgar al demandante la multa de 1000 f 5000 pesos que pide para los herederos de D. Gonzalo Alfonso. El segundo credito contra la Empresa de la Bahia de 2440 pesos 41 cents. representa los gastos practicados para realizar la fusion los cuales segun informe del Contador deben abonarse la mitad a perdidas y ganancias y la mitad a la cuenta de la Bahia. No habia de hacerse la fusion sin gasto alguno; el movimiento que representaba en las Empresas que se unieron, produjo para la Habana el gasto de 2,440 pesos 41 cents. Como se ha deshecho, justo parece que de esa suma pierda la mitad la Sociedad de la Habana y reciba la otra mitad de la Compaiia de la Bahia. ,Hay distraccion de fondos en esto? 4Hay responsabilidad para el Presidente, ni para la Directiva? El credito de D. Jos6 Antonio Echeverria que impugna el actor comprendiendolo en estos cargos 8.0 y 9.* sin discutirlo; aparece por

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33 f.1022 la cuenta de f. 782 vta. a 784 importar $24,975 61} cents. Deduciendo $ 22,919-41 cents. que segun cuenta presentada en comunicacion de 12 de Julio de 1869 y carta de 8 de Noviembre de 1871 invirti6 Echeverria como administrador en servicio de la Empresa, y comisiones especiales queda reducido 1 $2,056-13{ cents. Por la certificacion de 1021 vta. y la nota Certiftque lleva al pid del Contador D. Francisco cacion Jover y Puig f. 1025 vta., se comprueba que .1064 dicha cuenta de inversion fud presentada 9 la Junta Directiva que pidio informe a Contaduria, no habidndola aprobado aun para cobrar el saldo-d la representation de D. Josd Antonio Echeverria, que tiene hoy el Gobierno por medio de la Junta de la Deuda. iPor qud razon no habia de incluirse en los balances el crddito de Echeverria, que midntras no se aprueba la cuenta producida por 4sto y mandada informar por la Directiva representa la cantidad que ha salido de la Caja? Tratando de la impugnacion del crddito de 780. D. Josd Antonio Echeverria debemos decir al064. go de la que se formula por la recompensa de 8000 pesos quo acord6 hacerle la Directiva en session de 10 de Octubre de 1868, por sus trabajos extraordinarios; y el cobro de sueldos que percibia midntras se encontraba en Europa, donde juzg6 la Junta convenient que permaneciera durante cierto tiempo. Es un hecho que el Administrador General de la Compatiia desempeui6 comisiones espe5

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34 ciales en la c6rte los anos de 59, 60, 61, 62, 63, 67, y 68; que a su colo, inteligencia y actividad se debieron el dxito de las reclamaciones de la Empresa en muchas Juan Poey, y de sus en otros asuntos estiones con D. de interes general. La retribucion de estos servicios no es un acto injusto; y la Junta obr6 dentro de sus atribuciones acordfndola en Octubre de 1868, sin que pueda fundarse sobre ella un cargo, ni calificarse de sustraccion de fondos como quire el actor. Cargo 10.0 "No haber agregado a las ganancias capitalos $365,382 144 "en el articulo "1869." cents. expresados 6.0 del mencionado Decreto de Respuesta. De f. 337 vta. a 340 mente, demostrando la esta dada satisfactoriaimposibilidad de cumplir el Decreto suspendido en sus efectos, y 1o infundado de su disposicion. Cuanto hemos dicho en los respect a los Decretos local cargos anteriores es de 1869, a la 6rden de 25 de Marzo i la de ]3 de Agosto q de Enero siguiente de 1870 que los aprob6, ue suspendi6 esta y a la que sancion6 el statu-quo, puede bien reproducirse en este punto. Los autos del Tribunal Supremo que dieron por separados a los recurrentes contra las 6r25 de Marzo, 13 de Agosto de 1870 y "lizadas denes de

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85 Enero de 1871, dejdndolas subsistentes todas; en nada influyen, ni producen el efecto de dejar vigente solo la que al actor conviene, 6 sea la de 25 de Marzo. Todas estin vigentes: todas producen sus efectos, y en la situacion que crean, desaparece el Decreto de Agosto de 1869, en todo lo que no se refiere a la causa tan lentanente tramitada, formada por su precepto, contra la que fu6 en aquel aio Junta Directiva de la Compania de Caminos de Hierro de la Habana. Tiene ademas el hecho denunciado en este cargo, su explicacion indestructible consignada en la difplica, y confirmada en el Informe de f. 911, sobre los balances, que ha traido de la causa criminal contra la Directiva el mismo actor. A f. 959 examinan los peritos ese particular de los $365,382 144 cents. que aparecian en balance anterior A 1865 y no se encuentran en dste. Y explicando que estfn representados en las Obras hechas, con el Emprdstito del Crddito Territorial Cubano y aumentados cuando se pag6 por completo dicho emprdstito en las partidas que correspondian, concluyen en estos tdrminos. "De ello pues resulta que si bien "los $365,382 144 cents. aplicados A gastos de "refaccion vinieron a disminuir la cuenta de "ganancias y pdrdidas en 1865; su ausencia 6 "rebajo en los gastos del Balance anteriores "habian beneficiado las que i ellos correspon"dian, dejando de ese modo compensados los in-

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"tereses sociales y aumentada la propiedad en "los $332,688 924 cents. capitalizables." Siendo asi y no podrs negarlo, quien trajo al juicio la constancia que hemos copiado; no hay razon para el cargo por mas que segun dicen los peritos f. 960 vta. "a primera vista parezca "razonable la pretension del Sr. Poey tratando "de averiguar en qu6 consistia la diferencia de 'los $ 365,478 618 cents. puesto que en el "Balance publicado en la Memoria de 1862 "aparecia aumentada la propiedad de la Com"parna en $698,071 72 cents. cuando en reali"dad no debi6 aumentarse mas que en 332,688 "pesos 924 cents. segun queda demostrado." El cargo pues razonable i primera vista por una cuestion de forma en el Balance desaparece y resulta infundado examinada a fondo la cuestion como hacen los peritos y explicada la diferencia de ganancias e inversion, de lo que aparecia en 1862 con tal caracter. Sin quo valga decir, que un balance aprobado constituye estipulacion que debe respetarse; porque conforms los s6cios en el emprestito con el territorial; y aprobando gradualmente su inversion y el pago total; la estipulacion no se alter en 1865, sino revisti6 su forma positiva, present el hecho exacto y la evolucion concluida. Cargo 11. "No haber exigido de la gerencia suspensa "que al mismo tiempo que se incautase de los

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tamaless de Guines d Matanzas y d Madruga "pagase a la Compaifa los $1.369,005 59 "cents. que resultan de la cuenta que se acom"pau6 f. 243." .Respuesta. La sencilla que el cargo exige despues de las anteriores en que la situation legal de la Compafia se ha definido, escrita se encuentra de f. 340 d 341. Dadas todas las disposiciones que cita el actor apoyando el cargo, que son el Real Decrecreto sentencia de 1863, la Real 6rden de 12 de Junio de 1867, el Decreto de 18 de Junio de 1869, la Orden de la Regencia de 25 de Marzo de 1870, la resolution de la Sala 4? del Supremo Tribunal de 3 de Mayo de 1871, y el auto de la Sala 3? del mismo Tribunal de 22 de Setiembre de 1873; es impossible decimos nosotros volviendo al argumento y como l6gica consecuencia, que pueda defenders la nulidad de los traspasos de dichos tamales. Midntras los Tribunales no resuelvan sobre la validez de los acuerdos de 1857 que es lo que de todas esas disposiciones se deduce, el traspaso de los ramales de Gnines y Madruga, es tin hecho que debe respetarse como punto litigioso, y dejarse intacto al criterio del Tribunal que definitivamente resolverA sobre su validez 6 ineficacia. Hubiera sido por lo tanto absurdo, pretender que la gerencia suspensa se incautara de

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8s los tamales, y pagara la suma de $1.369,005 59 cents. que arroja la cuenta de f. 243 muy discutible en sus partidas, y formada por el actor. Cargo 12. "No haber exigido de los suspensos gestores "de la misma Compauia la indemnizacion de "los gastos, perjuicios, dauos y menoscabos on "que fueron condenados por el articulo 5.? del 'Decreto de 17 de Agosto de 1869. Respuesta. f. 341 a 342 vta. No le parece buena a los demandados la explication intention y facultades del actor, respecto a la del Gobierno en el artlculo 5.1 del Decreto de Agosto. La autoridad administrativa cuando intervention en las Sociedades anonimas podia suspender los gestores, castigarlos con multa, someterlos a los Tribunales de justicia por las faltas que pudieran haber cometido; pero nunca tuvo el derecho de condenarlos "en dahos, "perjuicios, gastos y menoscabos que hubiesen "ocasionado claratorias amplia if ocasionasen;" porque estas deque exigen discusion fijacion de de hechos, responsabilidad no son, ni pueden ser, ni seran jamas del resorto administrativo. 4Que culpa las cosas y estos los tenemos quo principios, la tenia defensa y por ser asi

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39 responsabilidad declarada en el Decreto de 1869 puede ser soberanamente ridicula como dice el demandante? Comprendiendo el Gobierno que d pesar de de su celo por los intereses de Ia Compahia de Casinos de Hierro de la Habana, no podia liegar tanto, expres6 en el articulo 5.0, que A reserva de lo que determinasen los Tribunales condenaba i los gestores suspensos en la indemnizacion; que por no haberse exigido motiva este cargo. La declaracion de los Tribunales ha de ser prdvia; porque la condenacion es imposible sin ella, ni estt en las facultades del Gobierno dictarla sin audiencia del condenado, ni es fMcil su cumplimiento como pretende D. Juan Poey. 1Cudles son los gastos, los dahos, perjuicios y menoscabos causados? Icuiles los que siguieron causando los gestores suspensos que ninguna intervencion tenian en la Sociedad? aQu6 cantidad representan? Y si nada de esto puede decirse hecho; si no hay cosa que pedir, ni fundamento de peticion; sino la condenacion vaga, extensisima, informal del articulo 5.0, 4qud habia de reclamar la Directiva actual? 4qud debi6 pagar la suspensa? Ya sabemos que el actor seflala millones de pesos como prudente limite d esta indemnizacion; pero los Tribunales no pueden otorgar asi 9 capricho de una parte, ni la contraria pide cuando obra desapasionadamente al antojo de su opositor.

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40 Cargo 13. "No haberse presentado como parts en el "juicio criminal, seguido de oficio contra el "Presidente, Consiliarios, Sustitutos, Adminis"trador general, Contador y Accionistas comi"sionados para el exfmen de las cuentas, po"niendo S mi representado en el compromiso "de dejar en completo abandono los inmensos "intereses sociales que en dicho juicio han de "debatirse 6 de defenderlos 61." Respuesta. a 343. El compromiso no es muy grande para el actor, que desde 1857 viene defendiendo, segun dice, los inmensos intereses sociales. Un esfuerzo mas de defensa en camino odioso y por 61 abierto, no es pesada carga. La Junta Directiva que defiendo, no tenia obligation ninguna de personarse en la causa criminal por fraude y falsedad en los balances. Denunciado el hecho y sometidos S los Tribunales los supuestos reos, a estos toca resolver sin excitacion de parte: ellos defendirian solos los intereses sociales, bien guardados, si el actor no fuera ya parte en el juicio criminal. Cargo 14. "No haber solicitado, ora que se devolvieran "d dicha Compaifa los libros de la Contaduria f. 342

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41 "que estaban embargados, ora que se le diesen "las copias que si bien demasiado tarde, se die"ron por fin a la actual Gerencia." Respuesta. f. 343. En Agosto de 1869, se sellaron y remitieron los libros de que trata el cargo a los Tribunales. Y en Setiembre del mismo ano, dice el actor f. 1099, solicit6 el Presidente de la Junta provisional D. Pedro Montalvo, que se permitiese al Contador Cantero el examen de los libros embargados. Me parece que no pas6 mucho tiempo de Agosto a Setiembre. Despues, la Junta actual continue sus gestiones y obtuvo las copias que necesitaba la Sociedad y que tanto trabajo cost6 alcanzar. No hay negligencia, contestaremos en la misma forma del actor 4cudndo no la hubo tratandose de los actos de la Directiva de la Compania de la Habana desde 1857, para su adversario D. Juan Poey? Cargo 15. 'Haber permitido que se suspendiera la in"cautacion por los concesionarios Alfonso y "Aldama, de los ramales d Matanzas y S Madru"ga y que se llenase la condicion impuesta a "dicha suspension por el articulo 2.0 del Decre"to de 17 de Setiembre de 1869." 6

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42 Respuestat. El cargo no es justo. Demostrada esta su falta de rrzon a f. 343 y 344 vta., y en todo lo que dejamos escrito, contestando el 8.0 y 90 El Decreto de 17 de Setiembre de 1869 se dict6 con incompetencia, y es nulo. La incautacion dispuesta en Junio de aquel afo no tuvo efecto, porque se suspendi6 en el mes de Julio. segun consta .f. 111. La Junta. provisional no pudo ni debi6 insistir en el particular. Cuando en 1870 se aprobaron por S. A. el Regente, los Decretos de 1869; la Junta exigi6 t los concesionarios At Gonzalo Alfonso y a la Junta de la Deuda, representante de .Domingo Aldama, que se hicieran cargo de los ramales, negandose Alfonso, porque habia de establecer como estableci6, recurso contencioso contra aquella Orden que se queria cumplir. En Agosto de 1870 se suspendieron los efectos de esa 6rden de Marzo, retrotrayendo las cosas al estado que tenian antes de los Decretos de 1869, y en.Enero de 1871, se dispuso la conservacion del statu-quo, hasta que por el Tribunal Supremo: se resolvieran las cuestiones primordiales: pendientes. No hubiera sido ent6nces como no es hoy legal, la incautacion de los ramales, ni:la liquidacion del Decreto de Setiembr de 1869.

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Cargo 16. "No haber exigido de la Junta Directiva, "que con sus intereses,devolviese d la Caja so"cial las considerables sumas que en el espa"cio de catorce auos, fud extrayendo de ella, "ora para expensar los pleitos que tuvo con D. "Juan Poey y D. Antonio Carrillo, ora para cu"brir los gastos extraordinarios que le causa"ron los mismos, ya para sostener en Madrid "abogados y agentes que corrieran con su de"fensa y con las injustas promociones hechas "por ellos, ya para premiar servicios hdcholes "en su particular, nunca A beneficio, sino posi"tivamente 6 dauo de la 'ompaufa." Respuesta. (,344 vta. a 345 vta. Con tanto afan se ha buscado la comprobacion de este cargo, cuyo pretexto es un echo aceptado por mis representados, quo en la prueba relativa estn particulares que no tienen atingencia alguna con 61. Entre las certificaciones de los pagos hechos S los letrados y procuradores que han defendido la Compaifa, 9 las personas que le han prestado valiosos servicios de agencia, 9 su Administrador D. Josd Antonio Echeverria, se encuentran las de f. 850 vta., 1026 vta, y 1031 vta., references 9 cantidades invertidas en el pleito con D, Miguel Planas y en otros negocios

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44 en que la Sociedad ha sido parte ante los Tribunales. Pretender6 el actor que todos los gastos judiciales de la Sociedad constituyen infraction de la ley y abuso por parte de los Directores? Quizas lo piense: pero a pesar de esa prueba extrafa sus litigios, es en dstos; donde considera mal gastado el dinero que de la Caja social se extrae para pagar legitimos servicios 9 la Sociedad an6nima que administran mis representados. Porque la defensa de los intereses sociales no estg segun el actor, donde la ley la encuentra, en el campo de la mayoria y de su mandataria la Directiva, sino en el lugar de la minoria, que guiada por D. Juan Poey, pleitea desde 1857. Y es tanto lo que esta idea domina al jefe de la minoria, que el cargo 16 Lo hace en el otrosi del alegato, delito punible, y pide la formacion de procedimiento criminal; como si las reclamaciones civiles, limitadas 9 su propia esfera, inicas que se derivan del cargo, pudieran jams variar su naturaleza y producir responsabilidad penal. V. S. se ha reservado proveer respecto d este otrosi y en su oportunidad dire Lo que la ley y la razon ensefan, como principio fundamental de derecho; que la action cik vil no puede ser la criminal. Los gastos que la Compafia de Caminos de Hierro de la Habana, ha hecho y hace en sus pleitos con D. Juan Poey, son gastos legitimos, que a la ociedad corresponden. Es elemental

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45 que en las Sociedades an6nimas, el accionista no compromete mas que el capital que representa; para la Compania no tiene mas fortuna, ni otra responsabilidad. aC6mo puede exigirse que de su peculio propio, sobre el cual no tiene derecho la Compafia, costee los pleitos que un socio propone y sostiene? Y que estos pleitos no son con la Compania, es especie inadmisible y contraria A los actos mismos del demandante. La Compania es la mayoria, como todo cuerpo colectivo, los acuerdos de 1857, los de 1859, los de 1871, la aprobacion de cuentas y balances, la formacion del Inventario y todo cuanto se discute en este pleito, es obra de la mayoria y por consiguiente de la Sociedad. AQud importa que un s6cio se oponga 9 todo esto? Midntras no obtenga declaratoria concreta 9 su favor en los Tribunales, su lucha ser con todos sus cons6cios, que en nfmero y representacion, constituyen acuerdo obligatorio y eficaz, y los gastos de la lucha, por su part sern propios, por la de sus cons6cios de la masa social. Prueba de esta doctrina y de que los litigios se han sostenido con la Compania de Caminos de Hierro de la Habana; que en las demandas contenciosas contra las Reales ordenes de Junio de 1861, Julio de 1867, Marzo y Abril de 1870, Enero de 1871, halla sido admitida como parte la Compania. En el pleito que ahora se ha promovido sobre validez de acuerdos y en los autos iniciados para la entrega de los

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46 ramales de Giiines y Madruga y liquidacion de la Sociedad, tambien es parte dsta. Y tal personalidad la ha reconocido siempre el demandante, aceptando la defensa en los pleitos; hasta ahora quo ha tenido la idea nueva de contradecirla. Alguna vez hasta ha coadyuvado con ella, como en la demanda contenciosa sobre la 6rden de 25 de Marzo y 13 de Agosto de 1870, en que la Compauifa cambiado artificialmente su modo de ser, estaba por primera vez al lado de D. Juan Poey. Pero suponiendo que todo lo dicho sea ineficaz, y no tenga la importancia que en realidad tiene, 4podria nunca D. Juan Poey exigir como expresa este cargo 16, que se cobraran todas las cantidades invertidas en sus pleitos y entraran con sus intereses en la Caja social? aTiene l acaso la representacion de todos los accionistas quo han defendido su derecho en esos litigios? 4O una parte proporcional en esas sumas, dando por cierta su teoria, ufnica a' que debia haber concretado su peticion? El cargo por consiguiente es absurdo en su base y exagerado en su forma. Cargo 17. "No haber exigido del ex-Presidente D. Gon "zalo Alfonso, la responsabilidad en quo incur "ri6, dejando de practicer las diligencias nece "sarias para que en virtud de los acuerdos sin "oposicion de 4 y 14 de Abril de 1857 y del es-

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47 "pecial encargo que le fu4 hecho, se sanciona"se por el poder Real, la prorogacion de la "Compania i 90 anos." Respuesta. f. 346 dt 347. Los acuerdos de 4 y 14 de Abril de 1857, fueron siempre impugnados por D. Juan Poey y los que con dl estaban. Por eso sus reclamaciones al Gobierno de esta Isla y al Supremo; por eso su demanda contenciosa cuando se dicto la Real Orden de 11 de Junio de 1861, terminada con el Real Decreto sentencia de 1863, que resolvi6 respecto a los dos acuerdos de pr6roga y ampliacion del objeto social, declarando que su apreciacion era cuestion judicial. El Tribunal Supremo, en sentencia de 3 de Mayo de 1871, dice terminantemente que tanto un acuerdo como otro, fueron impugnados por la minoria. Considerando, expresa el 14 "que "el decreto de 1863, al dejar sin efecto la Real "6rden de 11 de Junio de 1861 y el Decreto del "Capitan General Gobernador de la isla de Cu"ba de 18 de Enero de 1859, en cuanto resol"vian acerca de la validez de los expresados "acuerdos de la Junta general de accionistas, "comprendi6 en una resolucion, asi To acordado "acerca de la reforma del articulo 2.0 como de "la del 3.? del Reglamento, To cual supone que "se estim6: que en la demanda se impugnaban "lofs dos extremos, sobre que habia, recaido la

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48 "aprobacion de la Real Orden reclamada, dedu"cigndose tambien que los demandantes no ha'llaron en esto irregularidad de ningun gdnero "una vez que no interpusieron el recurso de "revision que el articulo 228 del Reglamento "de 1846, concede contra las definitivas que hu"biesen recaido sobre cosas no pedidas." Si esto es asi: si la impugnacion de la mayoria y la declaratoria de 1863 comprendian el acuerdo de pr6roga y el de ampliacion del ob. jeto social. AC6mo podfa D. Gonzalo Alfonso, dar por va'lido y eficaz el acuerdo de pr6rogay gestionar para que fuera aprobado por el Gobierno? El Real Decreto-Sentencia, consider que sin resolver por quien estd legalmente autorizado para ello, si es indispensable la unanimidad 6 basta la mayoria para fijar los Estatutos refor mados 6 adicionales que hayan de aprobarse, no hay Estatutos sobre que recaiga valederamente esta aprobacion; y S. M. se reserv6 la facultad discrecional de aprobar en su casoy tiempo lo que creyera conveniente, sobre la reforma de los Estatutos de la Compaufa. No era posible, sin chocar con estas declaratorias inalterables, suponer primero, adopt do por unanimidad el acuerdo de pr6roga, Y luego solicitar su aprobacion sin que sobre sD validez recayera ejecutoria, que creara Estat tos que aprobar. La Junta provisional, obr6 pues, con tod prudencia, no lanzdndose d exigir imaginary

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49 responsabilidad por este particular de la pr6roga A D. Gonzalo Alfonso. 18 y 19 Cargos. 18.-"No haber exigido del mismo Alfonso y "de la Directiva suspensa la indemnizacion de "los da5os y perjuicios que 9 la misma Compa"5ia ocasionaron: 1."-promoviendo en Junta "general extraordinaria, sin autorizacion para "ello, la fusion de dicha Sociedad, con la de la "Bahia, a sabiendas de no haber sido convoca"da, sino para tratar de la pr6roga 6 de la diso"lucion de la de la Habana, no para discutir y "votar una fusion con una Empresa arruinada; "120-dando por acordada dicha fusion por part "de la Compalia de la Habana, cuando obra"ban contra los acuerdos, los recursos que te"nia interpnestos mi parte, contra la Real 6r"den de 12 de Junio de 1867, en cuanto sea"laba para la reforma del contrato social un "mdtodo de votacion contrario al Real Decreto"Sentencia de 15 de Junio de 1863, y cuando "pendia tambien que se declarase, como se de"clar6 por la propia ejecutoria, que habiendo "terminado la Sociedad desde el mes de Enero "de 1867, (cuatro meses dntes de haberse acor"dado la fusion) solo por medio de un contrato "libdrrimamente otorgado por todos y por cada "uno de los accionistas y prdvias las solemni"dades que jams se llenaron, podia asociarse 7

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50 "con otra la Compania de la Habana; 3.--pa"sando las propiedades sociales y todos sus ha"beres a una Compania mal proyectada y nun"ca legalmente constituida, como la de los Fer"ro-carriles de la Habana." 19.-"No haber reclamado de la misma ge"rencia los dauos y perjuicios que S la Compa"ia de la Habana ocasion6 por el hecho de ha"ber otorgado en 1. de Octubre de 1868, ante "el Escribano D. Luis Rodriguez, la llamada "escritura de fusion. que de falsa califica mi "poderdante, por los hechos y derechos que tie"ne consignados." Respuesta. f. 347 a 350 vta. El placer de aumentar cargos ha hecho separar los anteriores, que forman en realidad uno solo. El acuerdo de fusion tenia que consignarse en escritura pifblica y el otorgamiento de dsta, no constituye responsabilidad distinta de aquel, suponiendo que pudiera existir en uno if otro acto. Todos los argumentos que contra la fusion de las Compauas de la Habana y la Bahia, se hacen y cuya apreciacion no es del momento, no quitaran un Spice de legalidad S la forma con que se llevo a cabo. Propuesta por la Junta Directiva, con el laudable deseo de concluir la competencia ruinosa que existia entre las lineas de la Habana y la

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51 Bahia, fad acordada por los accionistas en 3 f. 643 de Abril y 27 de Mayo de 1867, ratificada 664vta despues de la Real 6rden de 12 de Junio de 1867 y aprobada definitivamente por S. M. en Decreto de 28 de Agosto de 1868. Esas Juntas generales, que se dicen convocadas sin autorizicion, lo fueron con la expresa y terminante del Gobierno. A f. 646 se lee un oficio certificado de la Direccion de Administracion, su fecha 19 de Marzo de 1867. que dice: 'De conformidad con lo que solicita V. S. en su "oficio de esta fecha, no hay inconveniente "por parte de la Direccion, en que se verifique "el dia 3 del proximo Abril, la Junta general "extraordinaria que ha de deliberar sobre el "contrato de fusion, proyeetado entre esa Em"presa y la del Ferro-carril de la Bahia." Los acuerdos votados en ella se dieron por vwlidos con la Real 6rden de 1867 y en el Real Decreto de Agosto de 1868. Los recursos que D. Juan Poey tenia interpuestos contra esas resoluciones, no impedian su cumplimiento porque sabido es que en lo administrativo, la via contenciosa no suspende los efectos de la disposicion impugnada. Dentro de esta legalidad se otorg6 Ia escritura de fusion ante D. Luis Rodriguez, que todavia no hemos comprendido, porque califica de falsa el demandante; y se llevo 6 cabo la fusion, acordando las Directivas de ambas Empresas, la forma de concluirla, englobando las propiedades y constituyendo una administra-

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52 cion. 4Qu4 responsabilidad hay en todos estos hechos? En 1869 el Gobierno de esta Isla, celoso por el bien comun, declare nula por ciertos defectos de formalidad, la fusion realizada, obligando a separarse las Compaufas unidas, que tuvieron que constituirse aparte como Sntes de consumarse aquel contrato. Para esto como disponia el mismo Decreto, se pusieron de acuerdo, las que eran Directivas de la Habana y la Bahia, intes de la fusion; y comunicaron las 6rdenes necesarias para llevar S efecto aquella apremiante disposicion administrativa. Y S fin de que el servicio piublico no se interrumpiera, la Compaifa de la Habana que habia aportado al fondo comun una gruesa cantidad de pesos, tom6 el efectivo existente, dejando solo en poder de la Empresa de la Bahia $50,000, para atender d los gastos urgentes de refaccion que eran indispensables para sostener el movimiento y vida de suslineas. Hasta en esto se quiere encontrar responsabilidad; cuando fud medio necesario de cumplir la parte del Decreto que recordaba el articulo 45 de la ley de ferro-carriles vigente en esta Isla. La razon de estos hechos y su apreciacion legal no se desvirtua; porque en 25 de Mayo de 1869, D. Gonzalo Alfonso dijera por oficio a la Direccion General de Administracion, que la Compafia de la Habana se habia incautado por complete de todo lo que habia traspasado L

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la de los Ferro-carriles de la Habana, no habidndolo comunicado antes al Gobierno, porque el dia anterior se habia realizado el 4ltimo acto de incautacion respecto al dinero existente en Inglaterra. La incautacion de las propiedades, su separacion de las de la Bahia, con que formaban la Compania de los Ferro-carriles de la Habana, se realize. La incautacion del dinero existente en Tesoreria tambien se realize, teniendo en cuenta la necesidad de que no se interrumpiera el servicio de la Bahia, que no podia dejarse sin un peso en Caja. La incautacion del dinero de Inglaterra tambien se consume como podia serlo en el tdrmino de tercer dia, que el mismo Gobierno habia seualado al cumplimiento de su Decreto, comunicando la 6rden para que esos fondos se pusieran 6. disposition de la Compauia de la Habana. Los actos posteriores, extrafnos A la Sociedad y contra los cuales viene luchando para obtener esas sumas, no son por cierto culpa de D. Gonzalo Alfonso, ni las Directivas que le sucedieron. El y dstas cumplieron en todo con su deber, sin necesidad de vivir como D. Quijote, por sus premgticas, por su voluntad; sino respetando la ley, obedeciendo las disposiciones del Gobierno y los acuerdos de sus comitentes. Entremos ahora A contestar los cargos que hace el demandante a la Junta Directiva que

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54 represento, por actos de su exclusive responsabilidad. 1.er y 2? Cargos. 1?-"No haberexigido de la Junta Directiva "suspensa, las responsabilidades d que qued6 "sujeta y ademAs los consiguientes intereses, "daflos y perjuicios." 2?--"No haber reclamado de la Junta Direc"tiva provisional, los dabos, perjuicios y menos"cabos que a la Companfa de la Habana, infiri6 "Ila suspensa en fuerza de las infracciones y de las "omisiones arriba expresadas." Respuesta. vta. 9 351 vta. Estos cargos llevan por lo con. trario que piensa el actor en si mismos, la demostracion de su improcedencia 6 injusticia, conocido el valor de los anteriores. No siendo ciertas las infracciones y omisiones de que se acusa 9 las Directivas suspensa y provisional, no habiendo responsabilidad alguna que exigirles, la actual gerencia ha hecho bien, no promoviendo las reclamaciones que el demandante quisiera haber visto formular. ;Qud pleitos tan hermosos aquellos en que se pidieran daftos, perjuicios, intereses, menoscabos, por hechos no probados, por supuestas faltas! f. 350

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55 3.r Cargo. "No haber promovido la devolucion por la "Compafia, de los ramales de Gaines a Matan"zas y a Madruga, a sus concesionarios D. Gon"zalo Alfonso y D. Domingo de Aldama, ni su "incautacion por pare do dstos, no obstante es"tar asi prevenido." Respuesta. Despues de lo que hemos escrito, refutando el 8? cargo, nada tenemos que decir para rechazar este. El estado de la cuestion de los ramales de Gilines A Matanzas y de Sabana de Robles i Madruga, queda alli explicado. La declaratoria de nulidad, dictada por el Gobierno de esta Isla no puede invocarse; porque estg sin efecto, 9 virtud de la 6rden de la Regencia de 13 de Agosto de 1870. Y la question primordial, la de validez del acuerdo que sirvi6 de base 9 la adquisicion de estos ramales, se encuentra en los Tribunales, pendiente de resolucion, la excepcion dilatoria, propuesta por los demandados en aquel pleito, uno de los cuales es actor en dste. No es pues, el interds personal, ni el parentesco con los concesionarios de algunos de sus miembros, la causa que ha impedido 9 la Junta que represento promover la devolucion 6 incau-

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56 f. 135. tacion de los ramales. Es el conocimiento que tiene de la cuestion, es la seguridad y conciencia de todos sus actos, lo que oblig6 4 la Directiva actual 9 obrar como ha obrado hasta hoy; d pesar de todas las exigencias y de la gran pertinacia de D. Juan Poey en este punto de la devolucion de los ramales. 4.0 Cargo. "No haber reclamado de la Directiva provi "sional los $1.396,005 59 cents. a que con sus "intereses llega lo desembolsado por la Com"paria, para la construccion de los ramales "hasta la fecha de la cuenta que se acompana; "siendo incuestionable que por el hecho de no "haber dado la actual gerencia un solo paso "para la reclamacion de una acreencia, que co"mo deducida de las cuentas anualmente pu"blicadas por la Junta suspensa, son intacha"bles por su parte y tienen el carfcter de liqui"das, hicieron suyos los expresados $1.396,006 "59 cents., bien que con la precisa obligacion "de satisfacerlos t la Sociedad." Respuesta. vta. .354. Podria reproducirse en la de este cargo las dadas al 8.0 y 9.0 contra la Junta provisional y d los dos anteriores, como que trae su origen de la misma cuestion de los ramales Si cuanto se diga hoy respecto A ella es im

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57 .procedente y extempordneo. ZC6mo habia de reclamar la Junta actual 9 la provisional esa cantidad de $1.396.005-59 cents. que arroja la cuenta de f. 243? jDe d6nde deduce el actor que la Junta provisional aprobo esa cuenta, haciendo suya la responsabilidad del saldo y la obligacion de pagarlo Ai la Sociedad? Con el Real Decreto-Sentencia de 1863, con la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de Mayo de 1871, invocadas por D. Juan Poey, rechaza la Directiva el cargo y confirma su-asercion de que es infundado 4 improcedente. Cargo 5. "No haberse opuesto al acuerdo de la Junta "general, que la autoriz6 para expensar con "fondos procomunales el pleito que individua"mente les ha puesto mi representado, en razon "de infracciones y omisiones que son obra de "su exclusive voluntad y por tanto, de su sola "y ifnica responsabilidad." Respuesta. f 353 vta. 9 354 vta. En elcargo l6 hemos tratado este particular, demostrando plenamente que los gastos hechos de los fondos procomunales en estos pleitos, con autorizacion de la Junta general, no constitufan responsabilidad civil para los Administradores, y mucho mdnos crimi8

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58 nal. Los derechos de Poey, no tienen la extension que 4l supone; y la naturaleza an6nima de la Sociedad que forma, 1o sujeta t esas consecuencias por dolorosas que sean para 41. La prueba que se ha traido a los autos de hechos no negados por los demandados, ni por las personas que en ellos han intervenido; A nada conduce, sino a aumentar las costas. Reproduzco cuanto he escrito en los cargos anteriores respecto a pagos con los fondos sociales de gastos necesarios, para defender la Sociedad de los ataques del socio disidente. La Junta Directiva que represento, al dar cuenta a la general de 18 de Febrero de 1873, del pleito que se iniciaba por D. Juan Poey, pretendiendo su remocion y la indemnizacion de los dafos y perjuicios, se sinti6 satisfecha por el acuerdo que consta en el documento de f. 105, encontrando su conducta aprobada y defendida por la Sociedad, cuya gestion le habia sido encomendada desde 1871. La Sociedad hizo suyo el pleito, acept6 sus consecuencias, de las cuales es la primera la erogacion de expensas. 4Por qud debi6 oponerse la Directiva a este acuerdo? Por mucho que diga D. Juan Poey, en esas sumas que ha obligado t invertir en los litigios, que desde 1857 sostiene con la Compaifa, cuya personalidad siempre ha admitido en frente de la suya, solo podrs tener un derecho proporcional t su representacion en la Compafa, Y ese derecho To renuncia, desde el momento

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59 que crea un gasto nuevo, que disminuye las utilidades. Cargo 6.0 "iHaber constituido la Junta Directiva de la "Compaufa, con un Presidente y cinco Conci"liarios efectivos, en lugar de un Presidente y "dos Conciliarios efectivos, como lo previene el "articulo 10 del Reglamento, desentendiendose "de las reclamaciones que le dirigi6 mi poder"dante con este motivo d infringiendo al efecto. "2l-Los articulos 284, 289, 292 y 293 del "C6digo, segun los cuales la reforma fntes exa"minada, debi6 hacerse por escritura pifblica, 'liberrimamente consentida por todos los ac"cionistas, prdvia la aprobacion de los Tribu"nales y de S. M., anotindose y publicndose "eli forma," "2."-El Real Decreto-Sentencia de 15 de Ju"nio de 1863, que defiri6 a' los Tribunales la "cuestion prdvia, de si en la Compailfa de Ca"minos de Hierro de la Habana, bastaba 6 no el "voto de la mayoria, para la reforma del Regla"mento social." "3.-La sentencia ejecutoria de 3 de Mayo "de 1871, que habiendo ordenado el cumpli"miento del Real Decreto-Sentencia menciona"do, exigia con nueva razon, que 1 (1 se atu"vieran las parts demandadas." "4.2-La regla de derecho que a nadie per"mite tomarse la justicia por su mano."

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60 Respuesta. Maximus in minimis.-Una confirmation de las prfcticas de la Sociedad, que no constituyc modification verdadera del Reglamento, y que el mismo deitandante habia sancionado, en otro tiempo; es el fundamento de este cargo, tan trascendental, que infringe eyes escritas, principios de derecho, cuya aplicacion es violenta, Reales Decretos y ejecutorias del Supremo. Se trataba de quo los conciliarios sustitutos, asistiesen y votasen en las sesiones de la Directiva, como desde 1848 estaba acordado, y ayudasen con sus lues y experiencia al Presidente en la gestion de la Compaiia. Este acuerdo se fundaba en el articulo 11 del Reglamento, que dice: "Se entender consti"tuida la Junta Directiva, con la asistencia d "lo mdnos del Presidente y dos mas de los in"dividuos que la compongan;" conform al cual como minimun, el Presidente y dos miembros de la Junta, la constituian; y como mfximin, el Presidende y todos los demds miembros, 6 sean el Administrador general y los conciliarios sustitutos. Porque es un principio reconocido de derecho, que se permite todo bo que no estai prohibido. Y los conciliarios sustitutos, cuya prim cipal funcion es suplir los efectivos, no tienen impedimento de asistir cuando quieran, t tU

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61 Juntas por mas que no tengan obligation de hacerlo. La Junta general, comprendidndolo asi, al ser consultada por la Directiva sobre este particular, acord6 por unanimidad, que los sustitutos asistiesen a las sesiones de la Directiva, deliberasen y votasen. Por consiguiente, el cargo y las infracciones que selala, no pueden dirigirse contra la Junta Directiva, sino contra la general que acordo por unanimidad la asistencia y votacion de los sustitutos. El demandante pretende explicar el documento nim. 1 f. 317, en que consta un acuerdo de la Directiva presidida por dl, respect al particular de este cargo, de un modo ingenioso pero inadmisible. "Quinto, dice ese acuerdo: "La Junta acord6 que aunque conforme al Re"glamento basta la reunion de tres conciliarios "(no eran dos como dice ahora el actor invocan"do el articulo 10 del Reglamento) para consti"tuirla, por lo cual ha sido costumbre mencionar "solo este numero hasta ahora; mi el espiritu ni "la letra del Reglamento se oponen a la mencion "de mas, y que asi en lo sucesivo se pongan al "mrgen del acta los nombres de todos los con"ciliarios que asistan 6 la junta; expresandose "los que son suplentes." Se deduce de este acuerdo: 1.0, que los conciliarios sustitutos tenian derecho de asistir y asistfan a las sesiones de la Directiva; 2. que solo se mencionaban en el acta los tres que se

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62 creian suficientes S formar Junta, los cuales deliberaban y votaban; 3., que en adelante se mencionarian los que ademas de esos tres, asistieran, deliberaran y votaran. Porque no se concibe que la primera idea de mencion aplicada a asistentes votantes, se aplicara tambien a simples asistentes espectadores, como dice D. Juan Poey; ni es verosimil que personas ocupadas como los sustitutos de una Compania, que son siempre hombres de negocios, por el placer de presenciar una junta Directiva, asistieran a ella sin voz ni voto. Asistian y votaban porque eso no se opone al espiritu ni a la letra del Reglamento. Siendo asi, ni el C6digo de Comercio, ni el Real Decreto-Sentencia de 1863, ni la Sentencia de Mayo de 1871, ni el principio que prohibe tomarse la justicia por su mano, han sido infringidos por la Directiva, 6 mejor dicho, por la General de la Companfa de Caminos de Hierro de la Habana, al acordar la asistencia y votacion de los conciliarios sustitutos de la Compaifa. Car qo 17. "Haberse desentendido de las gestiones de "mi representado, dirigidas a la disolucion de "la Compafia y a que quedase en estado de li"quidacion." Respuesta. La Junta Directiva no se ha desentendido de las gestiones de D. Juan Poey para poner

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63 en liquidation ]a Compania, 4 no ser que por esto se entienda haber desestimado las pretensiones del disidente. Instada para la liquidacion cuando se dict6 la sentencia de 3 de Mayo de 1871, se ocup6 del particular, consult6 tres letrados y dio cuenta 9 la General que acord6 por unanimidad: "se "contestara d D. Juan Poey que no debia hoy "liquidarse la Compania, cuya situation era la "misma que tenia al dictarse el Real Decreto"Sentencia de 1863." Pedida despues la misma liquidacion promovida por D. Juan Poey, ante el Juez del Cerro, se defendi6 la Compafia y obtuvo que se suspendiera la junta que con tal objeto habia sido convocada, confirmando esa resolution la Sala 1? de esta Audiencia. Y solicitada luego por el accionista D. Jos6 Luna y Parra, del Juez de Guadalupe; se opuso tambien la Compafia, accediendo el Juez if su pretension que la misma Sala 1.a ha denegado y resolved en casacion el Tribunal Supremo de Justicia.-INo es esto sostener su derecho defendidndolo contra toda agresion ilegitima? La Compania de Caminos de Hierro de ]a Habana por mas que se diga, no se encuentra en estado de liquidacion. La Real 6rden de 12 de Junio de 1867 que di6 por terminado el plazo social corrido desde 1842 91867, se dej6 sin efecto en cuanto se oponia al Real DecretoSentencia de 1863, que se declare en la sentencia de 3 de Mayo de 1871 era la ejecutoria que

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64 debi6 ser guardada. Y la misma sentencia, aunque en algunos de sus considerandos exprese que la Sociedad carece de existencia legal, en su parte dispositiva inica que representa el fallo y debe respetarse se la concede, cuando le reserva su derecho para gestionar lo que S sus intereses convenga, y declara que mientras no se resuelva por los Tribunales si son vSlidos 6 ineficaces los acuerdos de 4 y 14 de Abril de 1857, la Real 6rden de Junio de 1863 mandando convocar Junta general para tratar de la pr6roga es contraria al Real Decreto-Sentencia de 1863. Luego, el punto de pr6roga no est6 decidido. Los Tribunales al fallar el pleito de los acuerdos de 1857 To decidiran: mientras tanto, no puede decirse que ha trascurrido el plazo social y la Companfa se encuentra en estado de liquidacion. 1QuS importa al caso que cuando no se habia dictado la sentencia de 1871, instara el Presidente al Letrado de la Compaia en Madrid, Excmo. Sr. D. Antonio Canovas del Castillo, para que activara el pleito de pr6roga, 6 sea el contencioso sobre la Real Orden de Junio de 1867? aQu6 significa que en el propio intermedio dijera el Presidente, quo no se sabia si la Companfa tenia existencia legal, pues la decision del Supremo no habia aun recaido? Mas cuando esta se dict6 en el sentido que conoce V. S. y mas de una vez hemos seflalado, cesaron las dudas y se afirm6 la conviccion de

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65 que el Real Decreto-Sentencia de 1863 era la ejecutoria que debia respetarse en estos asuntos, segun el cual la decision sobre los acuerdos de 1857 deben dictarla los Tribunales y ser previa a la aprobacion del Gobierno, que le esti forzosamente subordinada. A f. 1055 obra la certificacion de una Junta general en que D. Juan Poey propone la construccion de un ramal de la Union a Alacranes, al cual se opuso la General por varias razones que alli consigna el Presidente, entree las cuales, ninguna es que para aquel acuerdo se necesitara la unanimidad como afirma el actor. Este fu6 el que asf lo dijo cuando encontro oposicion y desisti6 de su pretension. No hay en esta prueba mas argumento que oponer al criterio de los demandados, que el de S. M. en Real Decreto-Sentencia de 1863, y el del Tribunal Supremo en la sentencia de 3 de Mayo de 1871. Cargo 8?. "Haber convenido en aceptar el acuerdo de la "Junta general, referente S diversas copias que "pidi6 mi representado para el examen del balan"ce de 1872, haberle manifestado por escrito es"tar acordado por ella la dacion de dichas co"pias y haber ordenado no obstante A la Admi"nistracion general y 9 la Contadurfa que no se "le dieran." 9

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66 Riespuesta. f. 357 a 358 vta. Los acuerdos de la Junta Directiva y General, en materias de 6rden interior, son esencialmente revocables; no constituyen estipulacion, como supone el actor y su naturaleza administrative les hace participar del propio caracter discrecional de la Administracion. Lo que hoy conviene, puede mafana no ser ftil. Eso sucedi6 con las copias que pedia I. Juan Poey. La Directiva y la General, todavia no atacadas en este pleito, accedieron, y posteriormente en 26 de Octubre de 1873, acordaron la primera y segunda, que no debian darse al Sr. Poey dichas copias, sino en virtud de mandato judicial. ZDe qud se queja? aEn qud funda el cargo? Las facultades de la Administracion y las de los s6eios, no pueden estar a su capricho y atadas a su voluntad. Cuando se abre la lucha, las concesiones son inoportunas; la ley y las formas, son las que predo. minan en la contienda. La cita que se hace del articulo 310 del 06digo de Comercio, es una invocation mas de la ley, en caso no aplicable 6 completamente contrario. Fijese V. S. en los documentos que so piden, por la nota de f. 205 y encontrara: acerdos de Directivas, comunicaciones del Presidente a empleados de la Compania, asientos do libros que han venido en la prueba, y no sol

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67 ciertamente los documentos comprobantes de balances, cuyo exdmen segun el articulo 310 del C6digo de Comercio, no puede rehusarse A ninguno de los s6cios. Cargo 9? "Desentenderse de las falsedades que les manifesto6 mi representado, haberse cometido "en un Inventario general que por acuerdo de "la Junta Directiva provisional, debi6 some"terse d la General de los accionistas, no haber "cumplido con tal acuerdo, contentSndose con "declarar la nulidad del falso Inventario." Respuesta. f. 358 vta. d 359 vta. Destruyendo los cargos 1, 2, 3 y 4 de la sdrie relativa 9 la Junta provisional hemos tratado extensamente este punto del Inventario. Perdido el que form el General Clavijo, del cual tiene una copia el actor, form6se otro que examinado por la Comision de cuentas, propuso: "se desechara por inexacto y se formara otro, aprevechando el plano del Camino." La Junta general en sesion de 17 de Febrero de 1873, como consta S f. 143, aprob6 esta proposicion y se form el Inventario que ya estS concluido y sometido al juicio de los Sres. accionistas. Todos los errores, todas las inexactitudes que

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sefala Poey en el Inventario de D. Juan Bautista Cantero, son molinos de viento que quiere hacer gigantes por darse el placer de combatirlos. 4Quidn se ha perjudicado con ese Inventario? ,Qu6 consecuencia positiva, practica ha tenido? aCual es el dailo que con el ha sufrido la Sociedad y el beneficio que han reportado los concesionarios? Comprendidos y sefalados sus defectos, se ha desechado y formado otro nuevo, exacto y completo. ,Para que hablar mis del Inventario general? Cargo 10. "Haber permitido quo en los asuntos refe"rentes a este pleito y f los que viene siguien"do mi representado contra las families de los "Sres. que se acaban de nombrar, votaran per"sonas tan ligadas con ellos, con vinculos de "afinidad 6 consanguinidad, como los Sres Mar"ques de Montelo, Las Casas y Mestre. Respuesta. a 360 vta. No hay articulo alguno en el Reglamento, que prohiba a los miembros de la Junta Directiva tomar parte en las votaciones en que esten interesados sus afines 6 consanguineos. Y cuando este interns esta ligado con los de la Compafia quo administran, el deber de intervenir, es mas imprescindible. Este es f. 360

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69 el criterlo que ha guiado al Presidente y conciliarios de la Directiva en este particular que funda el cargo 10? Nombrados por la Junta general en 1871 el Presidente y los conciliarios, Las Casas y Mestres, 9 pesar de cuanto hizo D. Juan Poey para impedir su eleccion; tenian ellos que tomar parte en todas las cuestiones que se sometieran 9 la Directiva, si habfan de cumplir el mandato. Los demtfs miembros de la Directiva, sus companeros, no podian oponerse A dsto; aceptaron el encargo y mancomunadamente lo han cumplido y cumplen. Cargo 11. "Haber infringido en su misma esencia el "mandato que les confirieron los s6cios para la "gerencia, el cual exigiendo como en toda clase "de contratos, dualidad de personas 6 sea una "que proponga y otra que acepte, no permitfa "al Sr. Marquds de Montelo, que se diera sus "propios votos en la Junta general de eleccio"nes, de donde se sigue la nulidad de lo acor"dado con su intervencion por la Junta Direc"tiva y le necesidad de separarlo de ella." Respuesta. f. 350 9 361. Esa dualidad de personas que exige todo contrato, se encuentra en la votacion de la Junta general que eligi6 Presidente de la

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70 Sociedad al Sr. Marquds de Montelo, S D. Juan Clemente de Las Casas y a D. Francisco J. Mestre. No hay ley que prohiba a los miembros de un cuerpo colectivo, votar para elecciones, y votar 6 su favor. Como accionistas se dan 6 sus votos y los de los otros vienen a formar la mayoria y a confirmarlo en el cargo. Cuando D. Juan Poey y su falange, que no es numerosa, votan sus protestas y apoyan sus reclamaciones Zno se dS S si mismo sus votos? ano se apoya con la fuerza de que dispone? Pues ese es el mecanismo de las Sociedades anonimas, que se rigen por un Reglamento Como el de la Compafia de Caminos de Hierro de la Habana, en que los votos se cuentan por acciones. El capital decide en la Compafia y organiza su gerencia. En cuanto al cargo particular que se hace 6 D. J. C. de las Casas, por haber comprado 9 su esposa 35 acciones que le dieron derecho f ser elegido Director, entre una sesion y otra de la Junta general; como el Reglamento no sefiala tiempo de posesion para el derecho de elegir y ser elegido, Casas pudo comprar el mismo dia de la Junta, votar y ser nombrado conciliario en ella. Cargo 12. "Haber sustentado una ruinosa rebaja en la "tarifa, de los ramales de Ginines S Matanzas y "d Madruga."

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71 Respuesta. f. 361 d 361 vta. Cuando replicaba el actor, fij6 la rebaja en 50 p.g. No tema D. Juan PoeyLa Junta Directiva que ha obtenido autorizacion de la General en 28 de Octubre de 1860, para rebajar la tarifa de los tamales de Guines y Madruga, d fin de contrarrestar la competencia de la linea de la Bahia, no llegarg 9 reducir d cero la tarifa, ni obsequiar los pasajeros con misicas y festines, Obrar siempre dentro de los limits que la prudencia y el bien de la Compaflia le senalen, inicos que tienen las autorizaciones como la concedida por la Junta General. No es un delirio suponer que cable el ejercicio de un mandato en forma absoluta. La confianza del poderdante, es la que determine ese ejercicio; y los accionistas, la tenian grande en su Directiva cuando la autorizacion para rebajar indefinidamente la tarifa de los ramales; como la tienen hoy, que aprueban sus actos y la sostienen endrgica y dignamente en este pleito., Cargo 13 y iltino. "No haber cumplido con los deberes de ins"peccion y vigilancia, con que pudieron evitar "los multiplicados y costosos abusos que se "acusan en el informe que con fecha 21 de Di. "cienmbre de 1872, present ina cornision,"

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72 Respuesta. f. 362 vta. a 363. La Junta Directiva conoce los articulos del Reglamento que cita Poey, y los cumple como corresponde, sin que por esto se eviten completamente ciertos abusos y se corrijan todos los defectos que pueda haber en la marcha de la Sociedad. La perfeccion no es patrimonio humano. Las reformas que el informe de la comision de 1872 exige, se han tomado en consideracion y algunas estan ya en planta. Pero advierta V. S. que esa misma comision, propone la aprobacion de las cuentas que examinaba, habidndola otorgado la Junta General. GPuede decirse, fundado el cargo, que tan dbil fundamento reconoce? jQue deberes de inspeccion ha excusado la Directiva? El robo que se realize en el almacen de uftiles, no estuvo en su mano evitarlo. Y realizado cumpli6, personfndose en la causa y sosteniendo la acusacion hasta ejecutoria. Destruidos los cargos, batido en detalle el actor, como To fue en masa, respecto a la procedencia de la demanda; no volveremos, siguiendo su ejemplo, a tratar la cuestion de arbitramento, que es su refugio de hoy, cuando se siente perdido en el inmenso campo de sus pretensiones.

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73 V. S. habra llegado a este punto de nuestra alegacion, fatigado como nosotros con tanto detalle, con tanta pequeuiez, con cargos tan numerosos y sin fundamento alguno. Habra pasado sin sufrir su influjo por el delirio del demandante. No parece justo que repitamos, dilatando el tdrmino a la fatiga. Baste sentar, condensando lo que hemos escrito; que la demanda que va a fallarse, es improcedente 6 ilegal, en su fondo, en su forma y en sus detalles; que ni el arbitramento puede decretarse, ni la remocion disponerse, ni declararse la responsabilidad de daios y perjuicios, y mucho mdnos, condenarse en las costas mis representados. Y cuando se falle como procede y como V. S. habra de hacerlo, se sabr, no como dice el actor, quienes son los Judas, y cual la victima que no se ha dejado sacrificar en la Compaffa de Caminos de Hierro de la Habana; sino, que en la Compaufa de Caminos de Hierro de la Habana, hay un solo Judas como entre los Ap6stoles, y muchas victimas que se quieren halagar en el sacrificio con la supuesta defensa de su derecho. En tal concepto: A V. S. suplico se sirva, dando por devueltos los autos, evacu ado el trfmite, resolver como he soli10

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74 citado en mi contestacion y diplica, declarando sin lugar la demanda d imponiendo con las costas perpetuo si do, juro, &c.-Ha Ldo. Jos4 Eugenlo lencio al actor.-Justicia pibana, Julio 30 de 1875.-Bernal.-Estaislao Srix. ERRATAS dire procedentes arbitrios ilhse precedentes Arbitros PWgina 7 ,, 12 lInea 17 ,, 14

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