Citation
Boletin del Tribunal Supremo Popular

Material Information

Title:
Boletin del Tribunal Supremo Popular
Cover title:
Boletín
Alternate title:
Boletín del Tribunal Supremo Popular
Creator:
Cuba -- Tribunal Supremo Popular
Frequency:
Annual[<2001-2002>]
Frequency varies[ FORMER ]
annual
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
1 online resource ( volumes) : ;

Subjects

Subjects / Keywords:
Law reports, digests, etc -- Cuba ( lcsh )
Jurisprudencia -- Cuba ( bidex )
Law reports, digests, etc ( fast )
Cuba ( fast )
Genre:
serial ( sobekcm )
law report or digest ( marcgt )
legislation ( marcgt )
federal government publication ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Online version of the print publication.
Dates or Sequential Designation:
Año 1, núm. 1 (1974)-
Numbering Peculiarities:
Vols. for 1974-1977, <1997/1998-2002> called "Edición extraordinaria"; 1978- called "Edición ordinaria".
Numbering Peculiarities:
Issues for <1997/1998-2002> lack volume numbering.

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Source Institution:
University of Michigan Law Library
Holding Location:
University of Michigan Law Library
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Resource Identifier:
757676119 ( OCLC )
0864-2222 ( ISSN )
ocn757676119
33069 ( LLMC )
Classification:
KGN70.2 .C83 ( lcc )

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Boletín del Tribunal Supremo

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BOLETIN DEL
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR




























EDICI6N EXTRAORDINARIA 1974
AF4O I. NUM. I




















CONSEJO DE REDACCION


REDACTOR JEFE
REDACTOR RESPONSABLE COLABORADOR TECNICO


Rogelio Buznego Varas Ernesto L6pez Aparicio Antonio Viera Machado


San Rafael No. 3, La Habana



La Habana, Cuba, 1976 "AN4O DEL XX ANIVERSARIO DEL GRANMAI" Edici6n Extraordinaria. AI4O I. NUM. 1
















Editado por la Secci6n de Divulgaci6n del Departamento de Capacitaci6n y Evaluaci6n del Tribunal Supremo Popular.

Impreso en el Departamento de Reproducci6n de los Tribunales Populares.

San Rafael No. 3, La Habana.



















IND ICE GENERAL

Phgina

Pr6logo ................................................. 5

Acuerdos del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. ................................................. 7

Instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. ................................................. 19
Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular:
Sentencias en Materia Civil .............................. 54
Sentencias en. Materia Administrativa ...................... 86

Sala de to Criminal del Tribunal Supremo Popular:
Sentencias en Materia Criminal ........................... 135

Informaci6n General:
Leglslaci6n 1974......................................... 244
Resoluciones 1974 ...................................... 256

Indice Temftico ............................................. 260
















ED ITORIAL


A MANERA DE PROLOGO








El auge cada vez mayor que la Revoluci6n viene imprimiendo a la necesidad de cimentar s6l idamente [a legal idad social ista para el mejor y progresivo desarrollo social, impone a los que nos dedicamos como tarea cotidiana alas funciones jurdicas, contribuir de la manera mas eficaz posible al estudio y divulgaci6n de los conocimientos en lo que respecta a este importante factor de [a cultura general, en especial, en orden prictico, en lo qua concierne a nuestra patria.. Con esa idea por divisa se inicia con este n6mero la publicaci6n del Boletrn del Tribunal Supremo Popular, dedicado a los que tienen por mlsi6n alegar o aplicar el derecho ante o en los tribunales o sea, a aquellos a quienes especificamente importa conocer, tanto en el orden doctrinal o te6rico como en el meramente prhctico, el sentido y alcance de nuestra legalidad a los fines de su aplicaci6n inmediata en las causas y asuntos comprendidos en el mbito de la actividad judicial.
La publicaci6n de las resoluciones de los tribunales-Iimese jurisprudencia, doctrina legal o, simplemente, precedentes judiciales-, resulta siempre de inapreciable utilidad tanto para los jdieces, Ilamados a aplicar la Ley, como para los que, ya como acusadores y defensores, o directores jurrdicos del demandante o del demandado, tienen por misi6n Intervenir en el proceso; pero cobra relevancia adn mayor en los momentos actuales en qua nos hallamos an piano perodo de trfinsito de un sistema social, felizmente abrogado, a otro enteramente nuevo y esencialmente distinto instituido por la Revoluci6n, en el qua por virtud de la instauraci6n de un sistema judicial de nuevo tipo y la vigencia de nuevas leyes de procedimiento con innovaciones sustanciales, se inicia para todos una nueva era que en orden a la interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley requiere [a construcci6n de su jurisdicci6n propia.
De ahr la singular trascendencia que adqulere la publicaci6n no solamente de las sentenclas que se dictan por los tribunales, sino las formulaciones que emanen del Consejo de Goblerno del Tribunal Supremo Popular, al que la nueva ley organizando el sistema judicial confiere otras prerrogativas como son, evacuar consultas sobre






conflictos entre leyes y otras disposiciones de rango inferior que formulen los tribunales para la decisi6n de casos que les han. sido sometidos; recoger la experiencia judicial afin de dictar instrucciones que establezcan una politica judicial uniforme en la interpretaci6n y aplicaci6n de la Ley; y dictar instrucciones para la ejecuci6n y cumplimiento de las disposiciones relativas alos procedimientos y normas que deben observarse en el desenvolvimiento de las actividades judiciales, directivas 6stas de tan alttsimo valor legal que, el nuevo ordenamiento procesal en materia civil, erige su infracci6n en un motivo expreso de casaci6n de eficacia similar a la que se atribuye a la propia Ley en los t6rminos interpretativos de 6sta declarados por el Consejo.
En tal sentido, el programa que el Boletln se propone -como idea central-, consiste en difundir en la esfera de los trabajadores jurdicos y, de modo principal, en la esfera de los trabajadores pertenecientes a los tribunales, las orientaciones que en forma de instrucciones, acuerdos, sentencias etc., emanen del Consejo de '3obierno y salas de justicia del Tribunal Supremo Popular y de los dem&s tribunales en cuanto resulten de conocimiento 6tl para el trabajador judicial y para los que, aun sin tener ese carhcter intervengan en los actos y resoluciones judiciales bajo la inspiraci6n de [a concepci6n marxista del derecho, que es postulado implfcito en un pals en camino del comunismo como meta ulterior de nuestra presente edificaci6n de la sociedad socialista. Podemos pues, anunciar en abreviada stntesls, que la tarea que emprendemos se desarrollarf con independencia de otros t6picos que sobre la marcha ser, dable abordar, mediante las secciones permanentes dedicadas a la publicaci6n de los acuerdos, instrucciones generales, reglamentos y dictfmenes sobre consultas que emanen del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular; de las sentencias que se pronuncien por las salas de justicia del propio Tribunal que, por su importancia o novedad, asr Io requieran y, tambi6n de aquellas sentencias de los demos tribunales que re~inan esas mismas caracterrsticas.
Contendr& asimismo el Bolettn, informaci6n compendiada de las actividades especiales que se desarrollen en los tribunales; se insertar&n tambi(n aquellas disposiciones y leyes de caricter general cuyo cumplimiento incumba o interese a la Administracibn de Justicia en materia laboral u otra que reclame atenci6n especial por parte de los jueces o del personal judicial tomado en su conjunto, para el mejor desempeio del cometido que a ellos corresponde. De esa suerte, esperamos que el Boletfn sirva, en su carcteresencialmente informativo, de util idad prfctica inmediata para resolver las cuestiones que se ofrezcan, y que pueda conservarse para ser utilizado en el momento oportuno, a cuyo objeto se editarn indices anuales por materias, para su mfs f&cil manejo.











CONSEJO DE GOBIERNO
DEL
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR





ACUERDOS

ACUERDO NUM. 5, de 5 de enero de 1974.

Sobre las salas de Io civil de los Tribunales Regionales Populares que continuarn la tramitaci6n de los
asuntos pendientes de los Juzgados de Primera
Instancia de la Habana.

En cumplimiento de [a disposici6n transitoria 3ra. . letra A, de
la ley 1250 de 1973, el Consejo de Gobierno adopt6 el acuerdo de considerar como continuadores de los actuales Juzgados de Primera Instancia de la Habana a las salas de lo civil de los tribunales regionales populares que a continuaci6n se consignan: La Sala de Io Civil del Tribunal Regional Popular Centro-Habana
conocerP de los asuntos pendientes ante el Juzgado de Primera Instancia Centro-Almendares; en el Tribunal Regional Popular
Plaza de la Revoluci6n, la sala correspondiente conocerfi de. los asuntos pendientes ante el Juzgao de Primera Instancia NorteSur, y [a Sala de lo Civil del Tribunal Regional Popular 10 de
Octubre conocerfi de los asuntos pendientes ante el Juzgado de
Primera Instancia Este-Oeste.

ACUERDO NUM. 6, de 5 de enero de 1 974.

Sobre la celebraci6n de las audiencias verbales por los nuevos Tribunales Populares, cuando no sean los
competentes para conocer de los hechos.

Para dar exacto cumplimiento a 1o dispuesto en [a Ley de Procedimiento Penal en su artfculo 244, con relaci6n al 17, el
Consejo de Gobierno acuerda circular a los Tribunales Regionales Populares que no deberin declinar en ningin caso la competencia para resolver sobre [a situacl6n de los detenidos que les sean
presentados, de modo de no dilatar las detenciones por t6rmino mayor de 72 horas, cualqulera que sea el tribunal en definitiva
que deba conocer de los hechos, al cual dar&n cuenta una vez
resuelta dicha cuestl6n.






ACLERDO NUM. 9, de 7 de enero de 1974.

Sobre el horarlo de trabajo de los Triibunales Populares, y horas de audlencla en el Tribunal Supremo
Popular.

A virtud de lo dispuesto en el artfculo 86 del Reglamento General de los Tribunales Populares para el desenvolvimiento de sus funciones, el Consejo de Goblerno acuerda que a partir del martes 8 de enero de 1974, el horarlo de trabajo en el Tribunal serfi de 8am. a 12m. y de 1pm. a 5pm., de lunes a viernes, y de 8am. a 12m., los sfbedos.
Asimismo, se acuerda que las audlenclas se celebren en el Tribunal Supremo en horas comprendidas entre 8am. y 12m. de lunes a shbados, sin perjuiclo de lo dispuesto en las disposiclones legales que rigen al respecto.

ACUERDO NUM. 34, de 24 de enero de 1974.

Sobre la aprobaci6n del Reglamento de los Bufetes Colectivos y del C6digo de E'tica Profesional (Gaceta
Oficial nCImero 8 de 7 de marzo de 1974.)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artrculo 172 de la Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, el Consejo de Gobierno acuerda aprobar el Reglamento de los Bufetes Colectivos y su C6digo de Etica Profesional, sometidos a su consideracl6n, y comunicarlo a la Junta Nacional de los Bufetes Colectivos a los efectos procedentes.

ACLIERDO NUM. 35, de 24 de enero de 1974.

Sobre la autorizaci6n concedida a los Tribunales
Populares para celebrar los juicios en horas de la
noche.

El Consejo de Goblerno tom6 el siguiente acuerdo:
Los consejos de goblerno de los Tribunales Regionales Populares, el regular la oportunidad y durac16n de las horas laborables de los Tribunales de Base, podrfin autorizar conforme a las circunstancias, la celebraci6n de los julcios en horas de la noche, ajustfindose a lo que previene el artfculo 89 del Reglamento General de los Tribunales Populares con relac16n a los artrculos 33 y 102 de las leyes de procedimiento penal y civil respectivamente.

ACUERDO NUM. 96, de 15 de febrero de 1974.

Sobre,la creaci6n de [a Sala Segunda de lo Criminal en el Tribunal Provincial Popular de Orlente con
sede en Holguin.

El Consejo de Gobierno acuerda dictar la siguiente resoluc16n:






Primero: Crear en el Tribunal Provincial Popular de Orlente la Sala Segunda de lo Criminal, con sede en la cludad de Holguin,
Se*undo: El Consejo de Goblerno del Tribunal Provincial Popular de Oriente previa las coordinaciones necesarlas fijari la demarcaci6n territorial que le corresponda a dicha Sala.
Tercera: Particfpese al referido Tribunal Provincial y comunfquese al Secretariado del Comlt6 Central del PCC a fin de que se disponga Io procedente para la convocatoria de la Asamblea Especial que elegiri a los jueces que deberin ser asignados a la Sala de referencia.

ACUERDO NUM.137, de 5 de marzo de 1974.

Sobre la celebrac16n de los Consejos de Direcci6n:

Cumplimentando la orientaci6n del XIII Congreso de la CTC, el Consejo de Goblerno adopt6 el acuerdo de que los Consejos de Direcci6n interesados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administraci6n P~blica, se celebren trimestralmente con la participaci6n del Departamento de 6rganos Estatales y Judiciales del Comit6 Central del PCC, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administraci6n P~blica y otros interesados.

AOUERDO NUM. 139, de 5 de marzo de 1974.

Sobre la separaci6n de los Tribunales Populares de
Base, Lawton-Luyan6 y Vfbora-Santos Suhrez.

Recibida la comunicaci6n del Presidente del Tribunal Provincial Popular de la Habana, informando sobre la conveniencia de separar los Tribunales Populares de Base Lawton-Luyan6 y VfboraSantos Sufirez, el Consejo de Gobierno acord6 disponer dicha separaci6n formando cuatro tribunales independientes e interesar del Tribunal Regional Popular 10 de Octubre que remita la relaci6n de los jueces elegidos para proceder a las asignaclones qua corresponda a cada uno de dichos tribunales, lo que se comunicarh al Departamento de 6rganos Estatales del Comit& Central del PCC.

ACUERDO NUM. 151, de 14 de marzo de 1974.

Sobre las visltas que efectuarhn los miembros del Consejo de Gobierno a los Tribunales Populares de
Base de la Habana Metropolitana.

Con el prop6sito de obtener la mayor cantidad posible de informaci6n de los Tribunales Populares de Base, a fin de sentar las bases para el estudio ulterior de las plantillas del personal auxiliar y determinar la situaci6n de los presidentes de dichos tribunales en cuanto a simultanear sus funclones de juez con las del cargo procedente, el Consejo de Gobierno dispuso que el corTparlero Presidente del Tribunal Supremo PopularDr.Enrique Hart, visite los Tribunales de Base del Regional Marianao; el






Cro. Fiscal General Dr. Santiago Cuba, los del Regional Guanabacoa; y los Ores. Jos6 Garcia Alvarez, Fernando Alvarez Tablo, H6ctor Canciano y Everildo Dominguez los Regionales Centro-Habana, Boyeros, Plaza y 10 de Octubre, respectivamente.

ACUERDO NUM. 161, de 20 de marzo de 1974.

Sobre la impresi6n de modelos para los Tribunales
Populares.

Teniendo en cuenta que los modelos utilizados por los Tribunales Populares estfn casi totalmente agotados, el Consejo de Gobierno acord6 gestionar con la Empresa de Artes Gr&ficas la impresi6n de veinte millones de esos modelos.
Al respecto, el compaero Gustavo Arango, Viceministro Primero del Ministerio de la Industria Ligera visit6 la sede del Tribunal Supremo Popular para tratar sobre la impresi6n de esos modelos, manifestando que la Junta Central de Planificaci6n habia aprobado la cantidad de 20 millones de modelos, cuya impresi6n correr& a cargo de la Empresa de Artes Grfficas.

ACUERDONUM. 202, de 17 de abril de 1974.

Sobre los Tribunales Populares de Base que conocer&n de las contravenciones del Tr&nsito.

Recibidas las propuestas sobre los Tribunales Populares de Base que poseen condiciones para la instalaci6n.de mfquinas recaludadoras de multas, el Consejo de Gobierno decidi6 atribuir el conocimiento de las contravenciones del trfnsito a los siguientes tribunales de la provincia de la Habana:
Tribunal Popular de base de Dragones
it "1 It 1 Vedado It II II I tI Vfbora
t t ' I i t Ceiba S " " I it Villa
S " I t It Santiago de las Vegas
Al mismo tiempo, las agencias bancarias comenzar&n a recibir los ingresos de los Tribunales Populares por concepto de cobro de multas por la clave 293 asignada segin informe del Banco Nacional.
A esos efectos, se repararon dos mfquinas recaudadoras de las adquiridas por el Organismo, las que el Consejo dispuso enviar al Tribunal Provincial de Oriente y al Tribunal Provincial de Las Villas para que fuesen destinadas a los respectivos tribunales de base de las capitales de provincia con la finalidad de efectuar el cobro de las multas por infracciones del trfnsito.

ACUERDO NUM. 226, de 3 de marzo de 1974.
Sobre la jubilaci6n de Juez de la Sala de lo Civil y de
Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular.






Por resoluci6n dictada por el Director de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, se le concedi6 al Dr. Antonio Viera Machado, Juez profesional de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular la jubilaci6n promovida por el interesado, con efecto a partir del 30 de abril de 1974.

ACUERDO NUM. 237, de 3 de mayo de 1974.

Sobre las consultas formuladas por el Tribunal Provincial Popular de Matanzas acerca del Libro de Sentencias, los Autos definitivos originales y el impulso procesal de oficio en los asuntos provenientes de la extinguida jurisdicci6n ordinaria.

1. El Consejo de Gobierno acord6 decir al consultante que, las sentencias y autos definitivos originales se encuadernarfn en tomos foliados y con indices, para integrar la colecci6n de vol6menes que se conservarfn en la Secretaria correspondiente o en el archivo del Tribunal, uni6ndose al expediente respectivo una copia certificada, y las dem~s se utilizarfn para la notificaci6n de las partes. Las ulteriores certificaciones que se expidan a instancia'de parte, se librarfn por el Secretario con vista a los originales del Libro correspondiente.
2. En cuanto a aquellos asuntos recibidos de las extinguidas Audiencias y Juzgados de Primera Instancia y Municipales que por inactividad de las partes se encuentren paralizados sin raz6n que Io excuse, el Consejo de Gobierno acord6 decir al consultante que la Sala que corresponda deberA asumir de oficio el impulso del proceso y ordenar el paso al trfmite siguiente.

ACUERDO NUM. 238, de 3 de mayo de 1974.

Sobre [a consulta del Tribunal Provincial Popular de Oriente relativa a si debe o no consignarse en el 1timo considerando de las sentencias dictadas en asuntos de casaci6n, las infracciones procesales
observadas en la tramitaci6n.

El Consejo de Gobierno acord6 decir al consultante que, conforme a lo dispuesto en el articulo 154 con relaci6n al 152 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, habrfn de consignarse en el 6ltimo considerando los defectos u omisiones o cualquier otra infracci6n que merezca correcci6n en Ia sustanciaci6n del proceso, exponiendo en su caso los fundamentos que conduzcan a Ia recta inteligencia y aplicaci6n de esta Ley.

ACUERDO NUM. 321, de 10 de junio de 1974.

Sobre las coordinaciones que deben establecer los
Tribunales Regionales Populares con los organismos.

El Consejo de Gobierno acuerda dictar la siguiente Directiva de trabajo:
Primero: Los consejos de gobierno de los tribunales a los distintos niveles, celebrar nbimestralmente reuniones de coordinaci6n






del trabajo con la participaci6n del PCC, fa Fiscalra, los Bufetes Colectivos, la Policia Nacional Revolucionaria, la Direcci6n de Establecimientos Penitenciarios y la de Operaciones de la Seguridad del Estado.
Segundo: La Secretarla del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular elaborarfi el proyecto de metodologia para la celebraci6n de estas reuniones.
Tercero: El Presidente del Tribunal Supremo Popular se dirigir5 a los jefes nacionales de las mencionadas entidades recabando de ellos la cooperaci6n necesaria con vista al cumplimiento de esta direct iva.

ACUERDO NUM. 362, de I de julio de 1974.

Sobre [a ausencia del demandado de ignorado domicilio. Fallecimiento de persona poseedora de bienes de
importancia y que no deje convivientes.

El Consejo de Gobierno acord6 dictar lo siguiente:
Primero: Que se recabe de la Direcci6n Nacional de los Comit~s de Defensa de la Revoluci6n, la cooperaci6n de esa organizaci6n de masa a nivel de cuadra u otro, con los Tribunales Populares en caso de que el Tribunal solicite que se investigue el paradero de alguna persona demandada de ignorado domicilio, que haya residido en la cuadra y, asimismo, que informen acerca de los presuntos herederos que conozcan o familiares que puedan tener interPs en el asunto, con vista a emplazar a esas personas o notificarles sobre resoluciones judiciales dictadas, al efecto,o hacerles conocer de la interpo-sici6n del proceso (arts. 170 y 449 de la L.P.C.A.).
Segundo: Que se recabe igual cooperaci6n en cuanto a las citaciones y los emplazamientos de las partes, conforme al artrculo 164 de la propia ley, en caso de que el Secretario o auxiliar del Tribunal no pueda efectuar la citaci6n o el emplazamiento. Tercero: Cuando ocurra el deceso de persona que haya residido en la demarcaci6n de un Comit6 de Defensa de la Revoluci6n, y el valor de los bienes que deje lo amerite y no tuviere conviviente en su domicilio al tiempo del deceso, con el que le hubieranunido lazos de parentesco o relaciones matrimoniales, debers poner el fallecimiento en conocimiento del tribunal popular de base correspondiente al domicklio del finado, si no lo hace alguna de las referidas personas (art. 538, L.P.C.A.).
Cuarto: Que se recabe cualquier otra diligencia que requieran los tribunales y en la que sea necesaria la cooperaci6n de los comit6s de defensa de la revoluci6n.
Asimismo, el Consejo de Gobierno acuerda que se celebre una reuni6n con la Direcci6n Nacional de los Comit6s de Defensa de la Revoluci6n a fin de instrumentar la forma en que habr& de prestar su cooperaci6n a los tribunales populares esa importante organizaci6n de masas.






ACUERDO NUM. 364, de 1 de julio de 1974.

Sobre resarcimiento pecuniario a los testigos y peritos
que asisten a los juicios que han sido suspendidos.

El Consejo de Gobierno acuerda dictar la siguiente Directiva de Trabajo n6mero 3:
Primero: La Direcci6n General de Administraci6n, previa informaci6n necesaria, realizar& un estudio de los gastos en que incurran las personas que comparecen ante los Tribunales con la finalidad de concretar el perjuicio causado a su economia. Segundo: Para la ejecuci6n de esta actividad la referida Direcci6n General, se asesorar con el 6rgano correspondiente del Ministerio del Trabajo.
Tercero: La Direcci6n General de Administraci6n habr, de elaborar la metodologia para la ejecuci6n deesta directiva detrabajo y la presentarS para su aprobaci6n.

ACUERDO NUM. 414, de 5 de agosto de 1974.

Sobre Ia aprobaci6n de tareas que viabilicen el trabajo en los tribunales que posean elevado nQmero de
asuntos radicados.

Considerando que en algunos tribunales populares el total de asuntos radicados en el primer semestre del aPio 1974 ha sido muy alto con relaci6n a las salas y tribunales populares de base organizados y, con el fin de alcanzar la meta propuesta de saludar el XVI Aniversario del Triunfo de la Revoluci6n con el trabajo al dia, el Consejo de Gobierno ha acordado Io siguiente: Primero: Adoptar durante el segundo semestre del aho en curso las medidas organizativas que a.continuaci6n se expresan. Segundo: Autorizar al Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial de Oriente a crear una Seccibn de Io Civil en el Tribunal Regional de Santiago de Cuba; una de Io Penal, y otra de Io Civil en el Tribunal Regional Popular de Guantfnamo, y una Secci6n de Io Civil en el Tribunal Regional Popular de Holguin. Tercero: Autorizar al Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular deCamagaeya crearuna Seccibnde loCivil yotrade loPenal en el Tribunal Regional Popular de Camagaey-Vertientes. Cuarto: Autorizar al Consejo de Gobiernodel Tribunal Provincial Popular de Las Villas a crear una Secci6n de Io Civil y otra de Io Penal en el Tribunal Regional Popular de Santa Clara. Quinto: Autorizar al Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular de Matanzas a crear una Secci6n de Io Civil en el Tribunal Regional Popular de Col6n y otra, tambi6n de Io Civil, en el Tribunal Regional Popular de Crdenas. Sexto: Autorizar al ConsejodeGobiernodel Tribunal Provincial Popular de la Habana a crear:
Una Secci6n de loCivil yotra de Io Penal enel Tribunal Regional Popular de Centro Habana.






Una Secci6n de IoCivil yotrade Io Penal enel Tribunal Regional Popular de Marianao.
Una Secci6n delo Civil en el Tribunal Regional Popular de 10 de Octubre.
Una Secci6nde lo Civil yotrade 1oPenal en el Tribunal Regional Popular de Guanabacoa.
Una Secci6nde lo Civil yotrade loPenal enel Tribunal Regional Popular de Plaza de la Revoluci6n. S6otimo: Autorizar a los consejos de gobierno de los tribunales provinciales a que, durante el segyndo semestre, habiliten las salas de lo civil de los tribunales regionales a fin de que funcionen como secciones de la sala de lo criminal.

ACUERDO NUM. 415, de 5 de agosto de 1974.

Sobre el Plan de Desarrol lo Perspectivo (quinquenal).

El Consejo de Gobierno acuerda aprobar la metodologla confeccionada por la Comisi6n encargada de elaborar el Plan de Desarrol lo Perspectivo (quinquenal) del Tribunal Supremo Popular para-el perrodo 1976-1980, como n6cleo del trabajo a realizar y que, por consiguiente, podrf sufrir las modificaciones futurasque el desarrollo de [a actividad aconseje adoptar.

ACUERDO NUM. 423, de 12 de agosto de 1974.

Sobre consulta del Tribunal Regional Popular de Santiago de Cuba relativa a [a facultad del Tribunal
para abrir el testamento cerrado.

El Consejo de Gobierno acuerda decir al Tribunal consultante lo siguiente:
Primero: Que al haber sido derogada la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben tenerse en cuenta las disposiciones del Libro Quinto Titulo I de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo. Segundo: Que si al abrir el testamento cerrado existiera incompatibilidad con otro otorgado anteriormentet deberf observarse, en primer lugar, lo dispuesto en el C6digo Civil en su artrculo 739; y si se tratare de cuesti6n relativa a la validez o eficacia del testamento, habrh de observarse lo dispuesto en el artfcqlo 580 sin que proceda paralizar de oficio un procedimiento seguido en forma legal por supuestas apreciaciones que no hayan sido planteadas en la vra y forma correspondientes.

ACUERDO NUM. 426, de 12 de agosto de 1974.

Sobre la creaci6n de bibliotecas en los Tribunales
Regionales y Populares de Base.

El Consejo de Gobierno acord6 aprobar el proyecto del Departamento de Capacitaci6n y Evaluaci6n del Tribunal Supremo Popular, relativo a la creaci6n y normaci6n de bibliotecas a






nivel de tribunales de base y regionales, asf como difundirlo a los interesados para su cumplimiento.

ACUERDO NUM. 465, de 9 de septiembre de 1974.

Sobre la factibilidad de ejercer el cargo de Juez lego
conjuntamente con el de Del egado del Poder Popular.

El Consejo de Gobierno acuerda decir al consultante -Presidente del Tribunal Regional Popular de Col6n- que, de conformidad con la legislaci6n vigente, no existe incompatibilidad entre el cargo de Delegado del Poder Popular (miembro del Comit6 Ejecutivo de 6ste) y el de Juez lego, para el cual fue elegido el compaiero Julio Hernfndez Martinez; por Io que carece de fundamento legal eximirlo de 6stas Oltimas, debiendo el mencionado compa~iero continuar en el desempefio de sus funciones judiciales mientras no concurra alguna de las causas Onicas que la Ley autoriza, a saber: revocaci6n del mandato por el 6rgano elector, renuncia aceptada por este Consejo de Gobierno y separaci6n por alguno de los motivos taxativamente sehalados en la ley.

ACUERDO NUM. 470, de 16 de septiembre de 1974.

Sobre [a solicitud de los antecedentes penales desde
el momento en que se inicien las actuaciones en launidad de la Policia Nacional Revolucionaria.

El Consejo de Gobierno acuerda dirigirse al Jefe de la Policia Nacional Revolucionaria solicit&ndole se sirva circular alas unidades a su mando que se hallan en el deber de Ilevar a las actuaciones, durante la fase preparatoria del juicio oral, constancia de los antecedentes penales de los acusados, conforme a Io establecido en el articulo 155 de la Ley de Procedimiento Penal.

ACUERDO NUM. .486, de 30 de septiembre de 1974.

Sobre el tr&mite oficial a seguir por los tribunales en cuanto a los despachos dirigidos a las misiones diplomfticas.

El Consejo de Gobierno acord6 recordar a los Tr4bunales Populares que, de acuerdo a Io estipulado en los convenios internacionales y en las leyes vigentes, los despachos a las misiones diplomticas deberfn ser cursados oficialmenteatravs del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que es prfctica incorrecta de los tribunales dirigir esos despachos directamente a las misiones diplomfticas.

ACUERDO NUM. 506, de 21 de octubre de 1974.

Sobre la escala salarial ampliada aplicada a los
dirigentes de [a Administraci6n de Justicia.

Cumpliendo el acuerdo del Bur6 Politico del PCC que autoriza a implantar en los Tribunales Populares la escala salarial am-






pliada a los dirigentes erifuncibn de la Administrac16n de Justicia, el Consejo de Gobierno acordb implantar los salarios mensuales siguientes:
Tribunal Supremo Popular
Presidente del Tribunal $ 525.00 Presidente de Sala .450.00 Juez 425.00 Tribunal Provincial Popular
Presidente del Tribunal $ 425.00 Presidente de Sala 400.00 Juez 375.00 Tribunal Regional Popular
Presidente del Tribunal $ 375.00 Presidente de Sala 350.00

ACUERDO NUM. 525, de 4 de noviembre de 1974.

Sobre [a propuesta del Consejo de Goblerno del Tribunal Provincial Popular de Camagley relativa a la supresi6n de los tribunales populares de base de los
municipales Sanguily y La Cuba.

Valorando las dificultades existentes en esas regiones, el Consejo de Gobierno, amparado en el inciso G del- artfculo 42 de la Ley de Organizacl6n del Sistema Judicial, acord6 transferir las funciones de los tribunales populares de base de los municipales Sanguily y La Cuba a los tribunales populares de base Gaspar y Venezuela, respectivamente, por ser los m&s cercanos y tener las unidades de la Policra Nacional Revolucionaria en sus propias localidades.

ACUERDO NUM. 560, de 25 de noviembre de 1974..

Sobre consulta del Tribunal Regional Popular de Cienfuegos relativa a la adveraci6n de testamento
cerrado.

Recibida la consulta de la Presidenta de la Sala de o- Civil del Tribunal Regional Popular de Cienfuegos en cuanto a si procede la adveraci6n de testamento cuando concurran las circunstancias que seh'ala el arttculo 581 en su segundo p, rrafo, de la Ley de ProcedimientoCivil y Administrativo, el Consejo acuerda participar al consultante que, dicho artfculo hace referenca a testamentos otorgados sin la intervenci6n notarial, cuyo caso no es el de la consulta, pues en los testamentos cerrados intervienen notarios pCjblicos que han de autorizarlos con las solemnidades que se establecen en el art'culo 707 del C6digo Civil; por lo que dicho precepto no rige para la apertura y protocollzaci6n de los testamentos cerrados.
El procedimiento para la apertura y protocolizaci6n del testamento cerrado puede hacerse, bien ante un notario pblico, o por asr convenir al que lo tenga en su poder, presentarlo ante el Tribunal Regional Popular correspondiente mediante el procedi-






miento de jurlsdicci6n voluntaria a que se contrae el artfculo 588 y siguientes de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo.

ACUERDO NUM. 570, de 2 de diciembre de 1974.

Sobre la expedici6n del carn6 de los trallajadores judiclales (ampliando acuerdo 438 de 1974).

Por la necesidad de establecer un carn6 que sirva para identificar plenamente a los trabajadores judiciales, el Consejo dispone adicionar al acuerdo 438, las siguientes reglas: Primero: El Presidente del Tribunal Supremo Popular~autorizarA con su firma los carn6s expedidos al personal de este Tribunal y a los Presidentes de los Tribunales Provinciales y Regionales Populares; y 6stos a sus respectivos jueces t6cnicos y trabajadores.
Segundo: Se Ilevarf un registro nacional de carn6s en el Departamento de Personal de la Direcci6n General de [a Administraci6n de este Tribunal Supremo Popular, asf como en los Tribunales Provinciales y Regionales.
Tercero: En el carnY, adem~s de consignarse los datos que se solicitan, se estamparf el sello del Tribunal que 1o expida.

ACUERDO NUM. 582, de 9 de diciembre de 1974.

Sobre la conmemoraci6n del 133 aniversario del natalicio de Ignacio Agramonte Loynaz, y el primero de
la constituci6n del Tribunal Supremo Popular.

Debido a que el dra 23 de diciembre de 1974 coinciden acontecimientos de tal relevante importancia como son el 133 aniversario del natalicio de Ignacio Agramonte Loynaz y el primer aniversario de la constituci6n del Tribunal Supremo Popular, el Consejo acord6 autorizar a todos los 6rganos judiciales a que organicen actividades culturales y festivas en el dia sehalado, en las que procederin a leer el mensaje que el Presidente del Tribunal Supremo Popular habrA de dirigir a los trabajadoresdel organismo.

ACUERDO NUM. 588, de 16 de diciembre de 1974.

Sobre la edici6n del Boletfn del Tribunal Supremo
Popular.

Dada cuenta las distintas propuestas elevadas por el Jefe del Departamento de Capacitaci6n y Evaluaci6n sobre [a edici6n del Boletin del Tribunal Supremo Popular, el Consejo acuerda aprobar dicha publicaci6n, designar al Dr. Mario Ugidos Rivero como asesor t~cnico del Boletrn y sehalar al Jefe del Departamento de Capacitaci6n y Evaluaci6n del Organismo que el n6mero extraordinario del Boletrn deberh ser publicado antes del 30 de marzo pr6ximo.






ACUERDO NUM. 601, de 25 de diciembre de 1974.


Sobre las medidas relativas a los informes de Emulaci6n de Fechas Hist6ricas.

A fin de orientar a los niveles intermedios de direcci6n del organismo, el Consejo de Gobierno dicta el presente acuerdo, con [a finalidad de que los tribunales faciliter a las secciones sindicales los documentos metodol6gicos establecidos por la Junta Central de Planificaci6n respecto a los controles econ6micos, asi como para esciarecer Io referente a los plazos de liquidaci6n de causas de las extinguidas jurisdicciones a fin de que se puedan elaborar los informes relativos a los planes de emulaci6n de Fechas Hist6ricas del pr6ximo aio.

ACUERDO NUM. 606, de 25 de diciembre de 1974.

Sobre consulta del Tribunal Provincial Popularde
Oriente relativa a Ia caducidad del derecho a promover incidentes de liquidaci6n de bienes comunes del matrimonio a virtud de sentencias de divorcio dictadas a
tenor de Ia legislaci6n anterior.

El Consejo de Gobierno ha acordado decir al Tribunal consultante que, en los juicios de divorcio iniciados al amparo de Ia Iey anterior, en los que habla decursado mfs de un aho desdeque se dict6 sentencia en los mismos y sin que se haya iniciado su ejecuci6n para liquidar la sociedad legal de gananciales, caducarh el derecho a promoverla, quedando los bienes en propiedad de quien los tenga seg6n establece el articulo 400 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo. Que, asimismo, no cabe argair que el plazo de caducidad debe comenzar a contarse a partir de Ia fecha de vigencia de la nueva ley, pues en el conflicto de normas de que se trata, al decidir Ia Sala que Ia nueva ley es la que resulta de aplicaci6n al caso, esta decisi6nimplica que las normas de aquella deberfin aplicarse literalmente, pues de otra suerte se establecerra una interpretaci6n contradictoria con el claro texto del artfculo 400, segJn el cual el t6rmino comenzar&, a decursar a partir de la firmeza de la sentencia.

ACUERDO NUM. 615, de 30 de diciembre de 1974.

Sobre el plan de estudio del material contenido en el
folleto "El Estado Socialista".

Habiendo sido editado por este Tribunal el folleto "EI Estado Socialista" donde se reproduce el cap'tulo I de la obra "EI Estado y el erecho Sovi6ticos", de los profesores, Na{,m Farverov y Ale;nder Kositsyn, el Consejo de Gobierno acuerda que el Jefe del Departamento de Capacitaci6n y Evaluaci6n del organismo elabore un plan para el estudio del material contenido en dicho folleto~que contemple la celebraci6n de ctrculos de estudio mensuales por las distintas salas de los Tribunales Provinciales, con la participaci6n de los jueces profeslonales y legos, y que este estudio tenga carficter opcional a nivel de los Tribunales Regionales Populares y Tribunales Populares de Base.






INSTRUCCIONES

INSTRUCCION NUM. 3, de 14 de enero de 1974

Sobre Ia informaci6n que deberfn remitir los Tribunales Populares al Consejo de Gobierno.

En atenci6n a los trabajos organizativos a desarrollar en los
Tribunales Populares, en cuanto a la informaci6n que deber& recibir este Consejo de Gobierno acerca de las actividades de los tribunales a nivel nacional, resulta imprescindible que se
envfe Ia informaci6n aquf descrita, a reserva del sistema de informaci6n que se elabore posteriormente.
1. Los presidentes de los Tribunales Provinciales Populares
enviarfn al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, copia de las actas de las reuniones efectuadas en los respectivos consejos de gobierno de esos tribunales dentro de los 5
dias siguientes a partir de Ia fecha de celebraci6n de la reuni6n.
Dicho envio comprenderfi las actas de las sesiones celebradas
a partir del dra 7 del mes en curso.
2. Los presidentes de los Tribunales Provinciales Populares enviarfn al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular copia de todos los informes que a solicitud del Partido emitan
con relaci6n al trabajo y funcionamiento de los tribunales.
3. Iguales obligaciones tendrfn los presidentes de los Tribunales
Regionales con relaci6n al Tribunal Provincial.
4. Hasta tanto se implants el sistema de informaci6n integral de
los Tribunales Populares, 6stos no podrAn emitir los informes que soliciten los organismos estatales sin Ia previa autorizaci6n de este Consejo de Gobierno.

INSTRUCCI6N NUM. 6, de 25 de enero de 1974.

Sobre [a competencia de las Salas de Delitos contra
Ia Seguridad del Estado en los casos de delito de
estragos.

El delito de Estragos previsto y sancionado en el artfculo 468
del C6digo de Defensa Social, tal y como qued6 modificado por Ia
Ley 923 de 4 de enero de 1961, compete conocerlo a [a Sala de
Delitos contra Ia Seguridad del Estado de los Tribunales Provinciales Populares y, en su caso, a Ia de este Tribunal Supremo
Popular.

INSTRUCCION NUM. 7, de 28 de enero de 1974.

Sobre Ia planificaci6n del trabajo en los Tribunales
Provinciales y Regionales Populares.

La direcci6n, supervisi6n e inspecci6n del trabajo de los tribunales populares corresponde, de acuerdo a la Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, a los presidentes y consejos en sus
distintas instancias.






A fin de lievar a cabo esas tareas es necesario la previa planificaci6n del trabajo en la medida de lo posible en todos y cada uno de los tribunales provinciales y regionales populares, raz6n por la cual se dicta [a siguiente instrucci6n:
1. En las condiciones actuales deben ser planificadas las tareas
principales que se ejecutarfin en los Tribunales Provinciales
y Regionales Populares, contemplhndose en dichos planes las
actividades que se relacionan a continuaci6n:
En los Tribunales Provinciales Populares:
a) Reuniones del consejo de gobierno (una al mes por Io menos).
b) Despachos del presidente del Tribunal Provincial Popular
con el jefe de la Secci6n de Asuntos Judiciales del Comit6 Provincial del PCC que atiende los organismos judiciales y
estatales (con la periodicidad que se determine por el
Partido).
c) Visitas de control y ayuda del Tribunal Provincial Popular
a los Tribunales Regionales Populares, las que se planificarAn de acuerdo a las necesidades del trabajo (2 al aho).
d) Reuniones de los presidentes de los Tribunales Regionales
Populares con los consejos de gobierno de los Tribunales
Regionales Populares y con los consejos de obierno de los
Tribunales Provinciales (una al mes).
e) Despachos de los presidentes de los Tribunales Regionales
Populates cop los presidentes de los Tribunales Provinciales Populares (uno por lo menos en el trimestre).
f) Visitas de control y ayuda de las salas de lo criminal de los
Tribunales Provinciales Populares a las salas de lo criminal de los Tribunales Regionales Populares (una al aio).
9),Visitas de control y ayuda de las salas de lo civil de los
Tribunales Prbvinciales a las salas de lo civildelos Tribunales Regionales Populares (una al afio).
h) Reuniones de los presidentes de salas de lo criminal de los
Tr-ibunales Regionales Populares con las salas de lo criminal de los Tribunales Provinciales Populares (dos al argo).
i) Reuniones de los presidentes de salas de lo criminal de los
Tribunales Regionales Populares con los presidentes de
salas de lo criminal de los Tribunales Provinciales Populares (una cada 4 meses).
j) Despachos de los presidentes de salas de Io civil de los
Tribunales Regionales Populares con los presidentes de
salas de lo criminal de los Tribunales Provinciales (una
cada 4 meses).
k) Despachos de los presidentes de salas de lo civil de los
Tribunales Regionales Populares con los presidentes de salas de lo civil de los Tribunales ProvincialesPopulares
(una cada 4 meses).
1) Actividades que programe el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para plenaria judicial.






m) Rendici6n de cuentas (preparaci6n).
n) Plan de Trabajo del ato 1975.
h') Actividades preparatorias para la elaboraci6n del plan
quinquenal 1976-1980.
En los Tribunales Regionales Populares:
a) Despachos del presidente del Tribunal Regional Popular
con el secretario del Comit6 Regional del PCC que atiende
los organismos judiciales y estatales (con la peridiocidad
que se determine por el Partido).
b) Visitas de control y ayuda del tribunal Regional Popular a
los Tribunales Populares de base.
c) Reuniones de los presidentes de los Tribunales Populares
de Base con los consejos de gobierno de los Tribunales
Regionales Populares (una al mes).
d) Despachbs de los presidentes de los Tribunales Populares
de Base con los presidente de los Tribunales Regionales
Populares (uno cada 4 meses).
e) Actividades que programe el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular para Plenaria Judicial.
f) Rendici6n de cuentas (preparaci6n).
g) Plan de Trabajo ailo 1975.
h) Actividades preparatorias para la elaboraci6n plan quinquenal aFio 1976-1980.

INSTRUCCI6N NUM. 8, de 4 de febrero de 1974.

Sobre la personeria de abogados de los Bufetes Colectivos ante los tribunales.

1) Circular con carfcter general a los Tribunales Populares de
la Rep6blica la solicitud que se ha hecho m6rito en cuantoobliga a los abogados pertenecientes a los Bufetes Colectivos a
presentar, conjuntamente con el escrito promoviendounproceso civil o administrativo o personhndose en un proceso penal, una copia del convenio de asuntos jurfdicos conforme al modelo en uso en dichos Bufetes, autorizado con la firma del director- del
mismo y el sello del bufete.
2) Como consecuencia de lo dispuesto en el apartado precedente,
siempre que en un proceso judicial, cualquiera que sea su
clase y el carfcter con que lo haga, intervenga un abogado de los expresados, al personarse o concurrir a algtin acto, autorizar por primera vez algin escrito o actuaci6n, deberi presentar la copia autorizada del convenio a que hace referencia
el apartado precedente.
3) La omisi6n del cumplimiento por parte de dichos abogados del
requisito mencionado impone al tribunal la obligaci6n de sepialarun-plazo de cinco dfaspara su oportuna subsanaci6n, transcurrido el cual sin haberse realizado 6ste, pondr& de inmediato
el hecho en conocimiento del respectivo bufete col ectivo med iante






oficio; todo ello sin perjuicio de dar el curso que legalmente corresponda al asunto, causa o recurso conforme a Io que en
cada caso sea procedente, hepho siempre abstracci6n del defecto mencionado.
4) Se exceptja especialmente de las disposiciones que anteceden
a los abogados de los ministerios, organismos y empresas del Estado cuando actsen en representaci6n de 6stos o con autorizaci6n expresa de los mismos en los casos especfficos comprendidos en el artfculo 171 de la Ley de Organizaci6n del
Sistema Judicial.
5) Las reglas expresadas tampocQ serAn de aplicaci6n a los abogados que hayan venido interviniendo en los asuntos, causas y recursos a6n pendientes al mismo tiempo en que comenzaron a funcionar los nuevos Tribunales Populares el 7 de enero actual, respecto a los cuales se estarA a Io que previene la
disposici6n transitoria 1 1a de la mencionada Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial.
6) Para el exacto cumplimiento de la mencionada transitoria 11a
de la Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, Ilegado el
caso de tener el tribunal que hacer oficio la designaci6n de
abogado, a que dicho precepto se refiere, verificarh, la desigrnaci6n previo acuerdo en consulta con la Directiva del Bufete Colectivo que corresponda entre los abogados pertenecientes
a 6ste.
La designaci6n hecha de oficio en estos casos no dispensa necesariamente de [a obligaci6n de satisfacer los emolumentos
correspondientes a la intervenci6n de abogado, exigibles en la oportunidad y modo que regulan las respectivas leyes de procedimiento.
7) Esta instrucci6n deberi publicarse en la Gaceta Oficial de la
Repblica para general conocimiento.

INSTRUCCI6N NUM. 10, de 4 de febrero de 1974.

Sobre [a forma en que se pondr, n de manifiesto las actuaciones a los abogados, en causas por delitos
contra la seguridad del Estado o de [a competenciade
la Sala de Io Militar del Tribunal SupremoPopular.

Aclarar que cuando se trate de causas por delitos contra la seguridad del Estado, o de Ia competencia en primera instancia de la Sala de Io Militar del Tribunal Supremo Popular, el tr, mite de traslado de actuaciones a que se refiere el Artfculo 286 de la Ley de Procedimiento Penal, se cumplimentar, poniendo de manifiesto las actuaciones en el local de Ia Secretara de la.Sala, por todo el t6rmino que fija la Ley, sin que puedan ser extrafdas del referido local.






INSTRUCCION NUM. 12, de 4 de febrero de 1974.

Sobre la forma en que debe procederse en los casos en que algin miembro del tribunal hubiera votado en
sala y no pudiera firmar la resoluci6n.

En el supuesto de que algGn miembro del tribunal, cualquiera que sea el grado de &ste, haya VOTADO y despu6s no pudiere firmar, el que presida firmar& por el impedido y hark constar al pie de la resoluci6n que vot6 y no pudo firmar.

INSTRUCCION NUM. 13, de 4 de febrero de 1974.

Sobre el cobro de multas por contravenciones del
Trfinsito.

1) En las regiones de Centro-Habana, Diez de Octubre, Plaza de
la Revoluci6n, Marianao, Guanabacoa y Boyeros, de la Habana Metropolitana, se atribuir& a un solo tribunal popular de base
el conocimiento de las contravenciones del trfnsito. En los
demfs municipios de la Rep~blica corresponder, igualmente,
a un solo tribunal popular de base, el conocimiento de las mencionadas contravenciones.
2) Por el momento, los seis tribunales que funcionarfin en La
Habana Metropolitana serfn provistos de mfquinas registradoras para el cobro de las multas que se impongan a los infractores de las regulaciones del trAnsito, y tambi~n los de las
cinco capitales provinciales restantes y de la ciudaddeHolguin.
Sucesivamente, y en la medida en que puedan adquirirsenuevas
mfquinas registradoras. se irfin instalando en los tribunales
cuyo volumen de actividad de esta clase siga en orden a la de
los anteriores.
3) La metodologta para la operaci6n de estas mhquinas ser& la que
ha estado hasta ahora en vigor, pero de inmediato se iniciarAn estudios para determinar si es conveniente introducir modificaciones o sustituirlas por otras.
4) A los tribunales populares de base de mayor actividad de esta
clase se les dotar de dos auxiliares mfs, aparte de los correspondientes a su plantilla ordinaria. En aquellos en que la actividad no sea tan intensa, el personal adicional loconstituir
un auxiliar mfs.
5) Los consejos de gobierno de los tribunales regionales populares de Centro-Habana, 10 de Octubre, Plaza de la Revoluci6n,
Marianao, Guanabacoa, Boyeros, Stgo. de Cuba, Holguin, Camag0ey, Sta. Clara, Sancti-Sprritus, Matanzas y Pinar del Rro,
propondrfn a este Consejo cufil, entre los tribunales populares de base de las zonas urbanas de sus demarcaciones, re~ne mejores condiciones por su ubicaci6n y estado del local, para
atribuirles el conocimiento de las contravenciones del trAnsito
que corresponden a dichos tribunales de base.
6) La competencia especial que por la presente instrucci6n se
establece entrarf, en vigor una vez queden instaladas en los






indicados tribunales populares de base mfquinas registradoras
para el cobro de multas.

INSTRUCCI(tN NUM. 14, de 19 de febrero de 1974.

Sobre el uso de boletas oficiales de pasaje en ocasi6n del desempeho de funciones judiciales yasistencia
a los actos de esta clase por los particulares.

a) Tendrn derecho a obtener beletas oficiales de pasaje por
ferrocarril y 6mnibus:
1) Los jueces, auxiliares y, en general, el personal de la
Administraci6n de Justicia cuando deban viajar en comisi6n
de servicios o para el desempeho de las funciones propias de su cargo, siempre que se alejen a lugares situados fuera del
perimetro urbano en que tenga su sede el tribunal.
2) Los acusados, peritos, testigos y custodios de los primeros,
de estar privados de libertad, que deban comparecer ante la autoridad para [a celebraci6n de actos en materia criminal, expedientes de seguridad y de carcter gubernativo, previa [a citaci6n a actos que requieran su comparecencia en los
S.casos en que haya sido dispuesta.
3) Los r-eos de delitos o contravenciones y personasdeclaradas
peligrosas, una vez impuesta la sanci6n o medida de seguridad, para su traslado a lugares que r-e6nen los requisitos expuestos, en que deben ingresar para cumplir la sanci6n o
medida cautelar privativa de libertad.
4) En lo que se r-efiere a los menores y enajenados sujetos a
medida de seguridad, dichas boletas s6lo se expedirin en los mismos casos previa solicitud del centro o autoridad encargada de verificar el tr-aslado, de no disponer de cr6dito
presupuestado para atender ese servicio.
b) Tendr5n derecho a utilizar boleta oficial por avi6n:
1) Los jueces y auxiliares de los Tribunales Populares cuando
deban viajar entre las provincias de Las Villas, Camag~ley y Oriente a La Habana y videversa, y de regreso a los lugares de origen en cumplimiento del prgrama de trabajo
elabol-ado por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, o cuando sean citados por 6ste o el Presidente de este Tribunal para tratar asuntos relacionados con la actividad judicial.
2) Los jueces y auxiliares de dichos tribunales cuando deban
trasladarse a [a Isla de Pinos a r-equerimiento o por disposici6n de los consejos de gobierno, los respectivos presidentes del Tribunal Supr-emo Popular o del Provincial de
La Habana, en los mismos casos a que se r-efiere el pfrrafo
anterior.
3)-Se autoriza la creaci6n de una caja chica para sufragar los
gastos de pasaje en que incurran los alguaciles, ordenanzas o cualquier auxiliar que deba trasladar-se a lugares situados
en la migma poblaci6n, de la jurisdicci6n del respectivo






tribunal, en ocasi6n de las diligencias que se les encomienden.
4) Esos gastos ser~n autorizados por el Oresidentedel tribunal
correspondiente, el que designar un responsable de la caja chica, quien serp el encargado de facilitar el efectivo para
gastas con cargo a la caja expresada.

INSTRUCCI6N NUM. 16, de 19 de febrero de 1974.

Sobre ingreso en el Banco Nacional del importe de
las contravenciones del trfnsito.

1) Los Tribunales Populares de Base ingresarpn en el Banco
Nacional de Cuba el importe de multas que impusieren a los
acusados de cometer alguna contravenci6n, a mfs tardar dentro del dfa siguiente al de haber sido abonadas las multas, debiendo consignarlo en el modelo oficial en la parte correspondiente a la casilla destinada a fijar. el conceptode impuesto
las palabras "MULTAS POR CONTRAVENCIONES DEL
TRANSITOII y en la correspondiente a la clave y bajo la
denominaci6n de impuesto, se pondrf el n6mero 112931.
2) Los ingresos de las demfs multas por cualquier otroconcepto
se consignarfnen la casilla anteriormente referida la expresi6n "OTRAS MULTAS", y en la papte correspondiente a la clave
se expresar6 el n6mero 1129411.
3) Mensualmente los tribunales populares de base remitirfn a la
sala de Io criminal del tribunal regional popular correspondiente, relaci6n de ingresos verificados por el BancoNacional de Cuba por concepto de MULTAS POR CONTRAVENCIONES, consignando nombre del sancionado, el n6mero de causa y el
imp rte y los datos referentes al ingreso verificado.
4) Las salas de Io criminal de los Tribunales Regionales y
Provinciales Populares consolidarPn, a sus respectivos niveles,
los ingresos globales por esos conceptos, y los elevarPn a [a
Sala de 1o Criminal del Tribunal Supremo Popular.

INSTRUCCION NUM. 17, de 19 de febrero de 1974.

Sobre las causas radicadas pO" delitos cometidos con
anterioridad a la vigencia de la Ley 1262.

1) En las causas radicadas por delitos cometidos con anterioridad
a la vigencia de la Ley No. 1262, de 5 de enero de 1974, enlas
que la calificaci6n jurfdica inicial de los hechos justificables se hubiere subsumido los mismos en algin precepto del C6digo de Defensa Social cuya tipicidad haya sido concretada por la
citada Ley 1262, se mantendr6 por la sala la calificaci6n
hecha y se estarf a Io que el fiscal haga en sus conclusiones
si as{ procediere.
2) En el supuesto de que el fiscal, al evacuar dicho trfmite procesal mantenga [a calificaci6n inicialmente adoptada, la sala,
en la sentencia, deberf hacer Io que corpresponda en cuantoal precepto aplicable de acuerdo a la Ley 1262 de 1974, siempre






que [a nueva calificaci6n redunde en beneficio del acusado en
virtud de la sanci6n que determine la norma a aplicar.
3) Al radicar las causas correspondientes a hechos ejecutados
contra la seguridad del Estado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1262, la cal ificacl6n inrcial de los mismos se har, al amparo de los preceptos legales vigentes al tiempo
de su comisi6n, y en la tr-amitaci6n ulterior de la causa se
proceder,& de acuerdo a lo establecido en los apartados anteriores de la presente Instrucci6n.
4) Circdlese esta Instrucci6n a los presidentes de los Tribunales
Provinciales Populares o a los presidentesde Sala de Delitos
contra la Seguridad del Estado.

INSTRUCCI6N NUM. 18, de 27 de febrero de 1974.

Sobre el procedimiento para la obtenci6n de la ejecutoria de rectificaci6n, adici6n o enmienda de errores u omisiones sustanciales a que se refiere el Artfculo 9 de la Ley del Registro del Estado Civil.

El procedimiento para la obtenci6n dela ejecutoriade rectificaci6n, adici6n o enmienda de errores u omisiones sustanciales a que se refiere el artfculo 9 de la Ley del Registro del Estado Civil, se acomodarh a los trfmites del juicio ordinario y ser& competente para conocer de esos asuntos la sala de lo civil del tribunal regional correspondiente.

INSTRUCCI6N NUM. 19, de 27 de febrero de 1974.

Sobre archivo de las actuaciones en que se hubiere
dictado auto de no haber lugar a proceder o de sobreseimiento.

En los casos en que se dicte el auto de no haber lugar a proceder a que se refiere el artfculo 122 de la Ley de Procedimiento Penal, y en las causas en las que recaiga auto de sobreseimiento libre o provisional, las actuaciones se archivarfn en la sala que hubiere acordado la resoluci6n.

INSTRUCCION NUM. 20, de 12 de marzo de 1974.

Sobre la uniformidad del regimen de mo-didas cautelares aplicables a los acusados de delitodecualquier
clase, incluso los de robo yhurto.

1) El r6gimen de medidas cautelar-es .aplicable, a los acusados de
delitos de cualquier clase, incluso los de robo y hurto, ser, el establecido en el Capftulo II, Trtulo IV, del Libro II de la Ley No. 1251 de 26 de junlo de 1973. (Ley de Procedimiento
Penal.)
2) Los Tribunales Provinciales y Regionales Populares revisar&n
todas las resoluciones en que se haya acordado prisi6n provisional respecto a acusados de delitos'de robo o hurto, a los






que se haya aplicado la Ley 1098 en el extremo tficitamente derogado y confirmarfin esta medida o la modificarin de conformidad con las normas de la Ley No. 1251, de 26 de junio
de 1973.

INSTRUCCI6N NUM. 21, de 25 de marzo de 1974.

Sobre la autorizaci6n papa el ejercicio de la profesi6n
por los abogados que laboran en ministerios, organismos y empresas no inscritos en Bufetes ColectivOs.

1) La autorizaci6n requerida por el artfculo 171 de la Ley de
Organizaci6n del Sistema Judicial para el ejercicioen ciertos casos de la profesi6n por los abogados no incorporados a los
bufetes colectivos, corresponder& otorgarla a la autoridad,
jefe o responsable superior del ministerio, organismooempresa
del Estado de quien dependa directamente la prestaci6n de los servicios oficiales a tenor de la regulaci6n interna de dichos ministerios, organismos y empresas a los respectivosniveles nacionales, provinciales o regionales; y estarA en todo caso
limitada a los abogados que presten servicios en ellos en calidad precisamente de graduados en Ciencias Jurrdicas.
2) Dicha autorizaci6n se justificarfi con el primer escrito del
abogado personfndose en ct proceso autorizando escritos que
requieran la direcci6n profesional, o asistiendo a una parte en
cualquier acto judicial.
No ser necesaria dicha autorizaci6n cuando se trate de personarse por su propio derecho o realizar para st gestiones en el proceso o intervenir en actos que no requieran la direcci6n
profesional.
3) Del mismo modo los instructores y profesores de Derecho, habran de acreditar en los mismos c;asos, ademfs de estas condidiciones que concurran en ellos, que estfn autorizados a
ejercer la profesi6n en la pr, ctica coordinada con losbufetes
colectivos en la forma que la Direcci6n General de estos haya
determinado.

INSTRUCCI6N NUM. 22, de 25 de marzo de 1974.

Sobre los tribunales populares de La Habana Metropolitana que recibirfin y cumplirfn despachos que libren
tribunales de las demfs provincias y del resto de la
provincia de la Habana.

1) Para el diligenciamiento de los despachos que se libren por los
tribunales regionales de todo el territorio nacional qua deban
cumplirse en el que corresponde a los regionales de Centro Habana, Plaza de la Revoluci6n y 10 de Octubre del distrito
metropolitano de la Habana, se observarfn las reglas siguientes:
Corresponderfi al tribunal regional de Centro-Habana el diligenciamiento de dichos despachos qua se expidan por los
tribunales de esa clase de las provincias de Oriente y Pinar
del Rfo.






Corresponder&n al tribunal de Plaza de la Revoluci6n, los que se expidan por las regiones de las provincias de Camagaey y
Matanzas.
Corresponderin al tribunal regional de 10 de Octubre los que
provengan de los Tribunales Regionales de Las Villas y la Habana incluyendo los de Isla de Pinos, hecha exclusi6n los
del propio distrito metropolitano de La Habana.
2) El cumplimiento de los despachos que deban cumplirse en la
circunscripci6n de los tribunales regionales de Marianao,
Guanabacoa y Boyeros, ser&n librados a 6stos directamente
cualquiera que sea el tribunal regional que interese un diligenciamiento, exclusi6n hecha los "del propiodistrito metropolitano
de La Habana.
3) Los tribunales regionales del distrito metropolitano de La
Habana practicarin cada uno por st las diligencias que deben
Ilevarse a cabo en las actuaciones judiciales cualquiera que
sea el lugar que, dentro del distrito metropo!itano, deban
efectuarse 6stas.
Esta regla se observarh .asimismo, en las demfs poblaciones
en que tengan su -sede dos o mfis tribunales regionales.
) Rara el diligenciamiento de los despachos que se libren porlas
salas de lo criminal de los tribunales provinciales de todo el
territorio nacional que deban cumplirse por las salas de igual denominaci6n del tribunal Provincial Popular de La Habana, se
observar&n las reglas siguientes:
La Sala Primera de Io Criminal de dicho Tribunal serfi la encargada de cumplir los despachos librados por la del Tribunal
Provincial Popular de Oriente.
Ca Sala Segunda de lo Criminal diligenciari los despachos de
las de Camagaey y Matanzas.
La Sala Tercera de Io Criminal diligenciarg los despachos
que se libren por las de Las Villas y Pinar del Rio.

INSTRUCCI6N NUM. 23, de 25 de marzo de 1974.

'Sobrer la forma en que deben celebrarse las audiencias verbales'instituidas por el Artrculo 244 de [a
Ley de Procedimiento Penal.

1) A tenor de Io que previene el Art. 244 de la Ley de Procedimiento Penal, la policra no podrh mantener detenida a una
persona por mfs de 24 horas sin ponerla antes a disposici6n
del tribunal respectivo.
2) Para el cumplimiento de la exigencia a que se refiere el
pfrrafo anterior, la policta, previa aprobaci6n del fiscal, elevarf, directamente al tribunal las actuaciones originales
que hasta el momento hubiere practicado.
3) La policra elevarA al mismo tiempo un informe contentivo de
las conclusiones a que haya Ilegado, expresando las razones que, con referencia a los Arts. 241, 242, 249, 250 y 256 de la






Ley de Procedimionto Penal, acreditan legalmente cada caso,
asf como la necesidad o conveniencia de decretar la prisi6n
provisional o la adopci6n de algunas de las medidas cautelares que la Ley establece. Uno de dichos ejemplares quedari unido a las actuaclones y el otro al expediente de la audiencia verbal.
En el informe se consignarin de modo preciso, ademfis de los
datos necesarios pare la debida identificaci6n del detenido, el
lugar en qua haya quedado a la disposici6n del tribunal.
4) La entrega de las actuaciones e informes expresados se harg,
tratfndose de horas laborables, al secretario del tribunal en la sede de 6ste: o, fuera de esas horas, en su propio domiciIto o paradero, o en el del presidente de la sala, de no poder
verificarse en el del secretario; y siempre antes del transcurso
de las 24 hotas de haberse verificado la detenci6n. En todo
caso se dejar&. constancia del dfa y hora en que se verifica la entrega, autorizada con las firmas de las personas que intervengan en ella.
5) Recibidas las actuaciones con el informe de referencia, el tribunal procederf, a dictar providencia radicando la causa correspondiente si se trata de hecho de su competencia, yseilalarg el dfa y hora en que haya de tener lugar la celebraci6n de
la audiencia verbal, notific~ndolo al fiscal y a un abogado de oficio del tribunal; y ordenar, al mismo tiempo, lapresentaci6n del detenido en la oportunidad sehialada para dicha celebraci6n, a menos que, tratfindose de delito contra la seguridad del Estado, la sala decida prescindir de la asistencia personal del mismo en los casos de excepci6n que la ley prev6.
6) Las actuaciones estar&n a la disposici6n de las partes en la
secretarl'a del tribunal, donde podrf&n ser examinadas por
6stas. Si fueren varias las que solicitaren ese derecho, se
selalar&, un t6rmino prudencial a cada una.
7) La audiencia verbal se celebrarg con la inexcusable intervenci6n del fiscal, del abogado defensor y del propio detenido, a
menos, en cuanto al Ciltimo, qua el tribunal haya decidido
expresamente prescindir de su asistencia personal en los casos
de excepci6n que la ley autoriza.
8) La audiencia verbal, dado su car&cter de actuaci6n referida
a la fase preparatoria del proceso penal y, como tal, de mera investigaci6n al solo efecto de resolver la sltuaci6n procesal preventiva de una persona detenida, deberfi celebrarse privadamente. Por consiguiente, no se admitir& el acceso al local
en q e se realize [a audiencia, de otras personas queaquellas
que por su condici6n oficial, deben intervenir en ella, como
miembros del tribunal o como fiscal y abogado defensor; y, en su caso, el propio detenido y sus custodios, 6stos Caltimos en
cuanto fuere indispensable.
9) El detenido podrfi designar su abogado defensor hasta al instante mismo de la celebraci6n de la audiencia; pero ser& indispensable que al abogado defensor se hallare presente en el momento an qua se deba comenzar. En otro caso el detenido
serf& asistido del abogado de oficio designado.






10) La policta procurarfi siempre dar cuenta de las actuaciones y
poner el detenido a la disposici6n del tribunal que conforme a
la ley sea competente para conocer de los hechos. No obstante, para el m&s estricto cumplimiento de Io que dispone el arttculo 244 de la Ley de Procedimiento Penal, los tribunales en ningCjn caso deberfn declinar la competencia para resolver
sobre la situaci6n de los detenidos que sean puestos a su
disposici6n y estar. n, por lo tanto, en el deber de resolver lo que proceda cualquiera que sea el tribunal que deba conocer en definitiva de los hechos, de modo de no dilatar las
detenciones por t6rmino mayor de setenta y dos horas; todo
ello sin perjuicio de que, una vez resuelta y ejecutada en su caso [a cuesti6n en la forma decidida, cumpla lasdisposiciones a que se refieren los arts. 15 y siguientes de la Ley.
Esta regla no admite mhs excepciones que las referidas a
tribunales con sede dentro del distrito metropolitano de
La Habana u otra poblaci6n en que radique m, s de untribunal.
En tales supuestos seri forzoso dar cuenta precisamente al
tribunal competente, sea por raz6n de la mayor o menor gravedad del delito, sea por raz6n del territorio, sin que en
ningCjn caso resulte Itcito ponerlo a disposici6n de otro distinto situado en la misma poblaci6n o distrito metropolitano.
11) La audiencia verbal se celebrarh, con sujeci6n a Io que
dispone el art. 245 de la Ley de Procedimiento Penal, al solo
efecto de resolver la situaci6n Provisional preventiva del
acusado, sin que, por tanto, sea admisible promover cuestiones que habrfin de ser objeto de la resoluci6n definitiva del proceso. Por consiguiente, se tendrhn en cuenta durante ella Cnicamente aquellos antecedentes que hasta el momento de su
celebraci6n consten en las propias actuaciones elevadas.
12) A los fines que establece el apartado precedente, el presidente, como primera medida, al darse inicio el acto hark
constar que la finalidad exclusiva de la audiencia verbal estfi 6nicamente referida a la procedencia del aseguramiento de la
persona del acusado para la celebraci6n del juicio y cumplimiento de la ejecutoria que Ilegue a dictarse y que, portanto, la decisi6n que se adopte no produzca en modo alguno [a resoluci6n definitiva del proceso en el cual podr, n ventilarse
posteriormente con toda amplitud cuantas cuestiones sean
(itiles en relaci6n a la responsabilidad o no de la persona a
que la audiencia se refiere.
13) Por disposici6n del presidente, el secretario darfi lectura a
la exposici6n razonada elevada por la policfa. A esa lectura podrA adicionarse la de aquellos particulares de las investigaciones que el tribunal acuerde por st o a instancla de las
partes seguidamente se conceder& la palabra al fiscal y al
defensor para que, por su orden, expongan concretamente Io que entienden conveniente en relaci6n a los hechos y participaci6n del detenido; y posteriormente se invitarh al propio
acusado, instruy6ndolo antes del derecho que Io asiste, a
hacer las adiciones y rectificaciones que estime necesarias
a Io expuesto por su defensor.






El fiscal y el defensor, podrfn finalmente solicitar la palabra
al solo objeto de aclarar o rectificar conceptos.
14) Terminados los informes el tribunal discutiri y votarf& reservadamente la resoluci6n, que habri de dictarse en forma de auto, con los requisitos exigidos por el Art. 44 de la Ley de
Procedimiento Penal.
Formalizada la resoluci6n, el presidente la anunciari verbalmente a las partes, sin perjuicio de su ulterior notificaci6n
con las formalidades de la ley. Esta notificaci6n deberh verificarse, precisamente, dentro del plazo de 72 horascontadas a partir del momento en que el detenido o detenidos hayan sido
puestos a la disposici6n del tribunal.
De todo Io actuado durante Ia celebraci6n de la audiencia verbal se extenderfi acta.
15) Cuando a resultas de un mismo expediente de investigaci6n
iniciado de conformidad con el art. 109 de la Ley de Procedimiento Penal, fueren puestos a dispsici6n del tribunal varios detenidos, la situaci6n procesal provisional de todos ellos se resolverfi en una sola audiencia verbal, siempre que hubiesen
sido puestos conjuntamente a la disposici6n del tribunal.
La misma regla se observarfi, de ser posible, cuando a resultas de un mismo expediente se hubieren puesto a disposici6n
del tribunal, sucesivamente, varios detenidos, siempre que Io
hayan sido dentro de las setenta y dos'horas siguientes a
aquella en que se hubiere puesto a disposici6n del tribunal
alguno de ellos.
16) Cuando habiendo sido celebrada [a audiencia verbal respect a
uno o varios detenidos en una misma causa, se practicaren en el propio expediente nuevas detenciones, las actuaciones de las audiencias verbales que se celebren para resolver la situaci6n
procesal de esos nuevos detenidos se unirfin a las ya
existentes.
17) Corresponderfi al tribunal la ejecuci6n de lo acordado y librar
de inmediato cuantos despachos sean menester tanto para poner en libertad al detenido, como para su traslado e ingreso en el
establecimiento en que deba sufrir [a prisi6n provisional, seg6n Io que en cada caso proceda.
De igual modo serh de su competencia adoptar y ejecutar todas
las medidas consecuentes para hacer efectivas y dejar constituidas las medidas cautelares que el tribunal haya decidido. 18) En los casos en que, conforme al apartado 110, el tribunal a
cuya disposici6n se hubiere dejado el detenido no fuere el competente para conocer del delito, una vez resuelto y ejecutado Io
dispuesto, quedarf expedita la facultad del mismo para proceder en la forma que, respecto a las cuestiones de competencia,
regulan los arts. 15 y siguientes de la Ley.
19) Una vez que el tribunal haya resuelto Io pertinente a Ia situac!6n procesal preventiva del acusado, pasarAi las actuaciones al fiscal para que formule las pretensiones que en cada caso
autorice la Ley (art. 251) a menos que decida por su parte







hacer la designaci6n de un instructor especial, conforme a las
facultades de que estA investido por los arts. 262 y 263 de la Ley. A dicho objeto agregar& a las mismas copia certificada
de 1o resuelto con relaci6n a la audiencia verbal.
20) Todas las actuaciones referentes a las sucesivas audiencias
verbales que se celebren con relaci6n a una misma causa, se tramitarhn en un solo expediente, que se conservar en poder
del tribunal y al cual se agregarfn en su dfa las actuaciones
originales en las oportunidades a que hacen menci6n los
arts. 260 y 267.
21) El auto por el que se acuerde cualquier medida cautelar podr
ser modificado en todo el tiempo, de oficio o a instancia de
parte, si hubiesen variado los motivos que dieron lugar a [a
adopci6n de la misma.
El Tribunal reclamarA las actuaciones de la autoridad que las
-tuviere si Io estima necesario, al solo efecto de resolver'
acerca de la solicitud de modificaci6n de la medida cautelar
acordada originalmente.
Dicha autoridad las remitir y el tribunal las tendrh por el
tiempo mis breve posible y, adoptada decisi6n, las devolver nuevamente a la autoridad que las remiti6 con certificaci6n de
Io resuelto.

INSTRUCCI6N NUM. 24, de 29 de marzo de 1974.

Sobre la sistematizaci6n y periodicidad del anflisisde la actividad funcional de los jueces profesionales y legos hasta el nivel regional.

1) La actividad observada en el desempeho de las funciones de los
jueces, asi profesionales como legos, de los Tribunales Populares, hasta el nivel regional inclusive, seri objetodeanAlisis
peri6dico.
2) El an, lisis de la actividad de cada juez se Ilevar a efecto por
la sala a que pertenezca, mediante reuniones que habrin de
celebrarse en las oportunidades y en la forma que mfs adelante
se sealan.
3) En Io que se refiere a los jueces legos, las reuniones de anAlisis tendrAn lugar a Ia terminaci6n o, a mfs tardar, dentro de
Ia semana siguiente a la terminaci6n de cada uno de los perfodos
mensuales en que hayan prestado servicios efectivos durante el aho; y en Io que respecta a los profesionales, a la terminaci6n o dentro de la quincena siguiente a Ia terminaci6n de cada semestre calendario del t6rmino para el que hayan sido designados. Se except6an de estas reglas los perlodos finales del
t6rmino de la elecci6n, en que las reuniones se celebrartn
dentro de la 6ltima quincena del referido tbrmino, a cuyoefecto se programarAn de modo que pueda real izarse el anAlisis antes
de que expire dicho t(rmino.
4) Las reuniones a que se refieren los articulos anteriores serfn
presididas por el presidente de la respectiva sala o por su





sustituto legal, y el quorum para la celebraci6n de las mismas
quedar& integrado en [a forma siguiente:
a) En cuanto a los jueces legos, por los jueces profesionales y
los propios jueces legos que, conforme al turno establecido,
hayan prestado servicios efectivos en el correspondiente
perl'odo mensual y cuya actividad es objeto de anflisis.
b) En cuanto a los jueces profesionales, por los jueces profesionales adscritos a [a sala y dos jueces legos de la propia sala, seleccionados por el consejo de gobierno del tribunal respectivo entre los que hayan prestado servicios efectivos
durante el semestre correspondiente.
En ambos casos, cuando un juez profesional o lego haya compartido la funci6n con un sustituto legal, concurrirf a integrar
el quorum el que mayor tiempo de servicios efectivos haya
prestado en el respectivo perfodo, si bien serb el otroinvitado
a la reuni6n y tendrf, en ella voz, pero no voto.
5) El anflisis de la activFdad de cada juez profesional se realizarA exclusivamente por la sala a que se halle adscrito permanentemente, pero 6sta deberA obtener la informaci6n necesaria de las otras en que se haya prestado servicics por sustituci6n legal de manera continuada por un tiempo apreciable durante el
perfodo a que el analisis se refiere.
6) A toda reuni6n de anflisis preceder un informe comprensivo
del pre-anflisis realizado por el presidente de la sala, que
ser discutido en [a reuni6n pudiendo ser aprobado o modificado
en todo o en parte, de acuerdo al criterio mayoritario de los
jueces que integran el quorum, exceptuando el analizado, cuyo
parecer ser ofdo, y el que deberA expresar al final de cada
punto en discusi6n, su acuerdo o inconformidad con la .onclusi6n a que se haya arribado y con su redacci6n.
7) El anflisis de la actividad de los jueces adscritos a las salasde
los Tribunales Populares se harh tomando como fundamentales
los indices referidos a:
a) Actitud ante el trabajo.
b) Actitud ante la capacitaci6n o la superaci6n t6cnico-jurfdica,
seg~n se trate de jueces legos o profesionales.
8) En relaci6n con la actitud ante el trabajo se tomarfn en consideraci6n los siguientes aspectos:
a) Iniciativa
b) Cumplimiento, calidad, prontitud, responsabilidad y eficiencia.
c) Relaciones con los compa~eros: cooperaci6n y trato.
d) Disciplina laboral.
e) Resultados efectivos del trabajo.
9) En cuanto a la capacitaci6n tcnico-jurfdica de los jueces legos,
se tendrhn en cuenta los siguientes aspectos:
a) Colectiva: asistencia y participaci6n en los seminarios o cursos de capacitaci6n y aprovechamiento de los mismos, tanto






por sus intervenciones en esas actividades docentes como por su incidencia en el trabajo apreciado a trav6s de sus resultados.
b) Individual: autopreparaci6n, estudio individual de leyes y de
materiales o textos que se le orienten y aprovechamiento
apreciado a trav6s de su trabajo.
10) Respecto a la superaci6n t6cnico-jurfdica de los jueces profesionales, se tomarfn en consideraci6n como fndices de la misma::
la participaci6n en conferencias, cursos o seminarios sobre temas jurrdicos ofrecidos por el organismo, [a Academia de Ciencias, por alguna de las universidades nacionales u otros organismos oficiales; [a redaccitn de artrculos en revistas de ciencias jurrdicas nacionales o extranjeras; la preparaci6n de
ponencias o informes para eventos nacionales o internacionales de orden jurfdico; los trabajos legales, dictfimenes, ponencias,
informes presentados a ministerios u organismos estatales,
elaboraci6n de textos de estudio o cualquier otra actividad similar que represente un esfuerzo de ampliaci6n o profundizaci6n de los conocimientos.
11) De los anflisis que se dispone en el arttculo 3, se elevarA un
ejemplar al consejo de gobierno del tribunal popular respectivo pAha su consideraci6n y una vez aprobado por este 6rgano, en el caso de los jueces legos, se remitirfi copias autorizadas a la organizaci6n polftica y a la direcci6n del centro de trabajo
de donde proceda el juez.
En todos los casos quedarg archivado en la sala un ejemplar.
12) Se abrir& un expediente para cada juez, que estarh a cargo del
presidente de -la respectiva sala en cuyo poder se mantendrA, y en el cual se recoger, n los datos biogrfficos y personales mfs importantes del compafhero y en el que, ademfis, seacumularfn
los resultados de los sucesivos anflisis y demfsdocumentaci6n,
asi como cuanto otro dato se considere de inter6s respecto al
desempeho de sus funciones como juez de la sala.
13) La documentaci6n de esos expedientes, salvo clasificaci6n distinta que pueda determinarse para casos concretos, tendrA categorra de documentos "Para uso del servicio".
En el caso de la Sala de Io Militar dicha documentaci6n tendr
la clasificaci6n de "Limitadalt.
14) Para el anflisis de la actividad de los jueces legos adscritos a
los Tribunales Regionales Populares, se observarn las reglas establecidas en los artrculos precedentes pero el informe comprensivo del pre-anfilisis Io efectuarh el presidente de la sala
en [a que preste servicios el juez objeto del mismo, en una reuni6n celebrada al efecto en la que participarfn el presidente y los jueces legos de la sala de que trate, -completada
con el presidente del tribunal y los de las otras salas.
Esa reuni6n se desarrollarh en [a forma establecida en el artlculo 6 de este reglamento.
El expediente a que se refiere el artfculo 12 estarA a cargo del
presidente del tribunal regional popular correspondiente.






INSTRUCCION NUM. 25, de 5 de abril de 1974.

Sobre la celebraci6n sistemftica de despachos entre los presidentes de las salas de las distintas especialidades con sus hom6logos en todas las instancias y
normando el desarrollo de dicha actividad.

1) Como parte del sistema para la realizaci6n de las funciones de
direcci6n, asesoramiento y control de la actividad judicial que corresponde a las salas de las distintas especialidadesdel Tribunal Supremo Popular, respecto a las de los provinciales y de
6stas respecto a los regionales, se celebrarAn despachos peri6dicos de los presidentes de dichas salas conforme a las reglas que a continuaci6n se expresan.
2) Los despachos tendrfn como objetivo fundamental recibir informaci6n directa acerca de [a situaci6n y desarrollo del trabajo en las salas de las distintas especialidades, evacuar las consultas que sobre dichos trabajos se formulen y ofrecer
orientaciones e instrucciones que se requieran para el major
desenvolvimiento de los mismos.
3) Los despachos de los presidentes de salas de las distintas especialidades de los respectivos tribunales con sus hom6logos provinciales y regionales, se efectuarfn en los dias y horas
programadas en los respectivos planes de trabajo aprobados por
los correspondientes Consejos de Gobierno.
4) Cuando situaciones imprevistas determinen la necesidad de
efectuar un despacho en oportunidad no programada, si la solicitud fuere formulada por cualquiera de los presidentesdesalas
de cada tribunal, este Io plantearA al de la sala provincial o
regional correspondiente, con la suficiente antelaci6n, expresando en la citaci6n los asuntos que habrfn de ser tratados en
el despacho.
5) Cuando el presidente de sala del Tribunal Supremo Popular o
provincial tenga despacho programado, remitirA la agenda de
los aspectos o asuntos a tratar al respectivo presidente desala
del tribunal subordinado, y se asegurarg de que dicha agenda
est6 en su poder con no menos de cinco dias de antelaci6n a la
fecha programada.
6) El presidente de sala del tribunal provincial popular o regional,
segn el caso, al recibir la agenda podrAi solicitar la inclusi6n
en la misma de aquellas cuestiones o asuntos que resulten de su inter6s tratar con el 6rgano superior. En tales supuestos deberA comunicar esos aspectos al presidente de la sala que corresponda con no menos de 48 horas de antelaci6n a la fecha
programada para el despacho de aquellos asuntos que por haber
surgido ya decursado ese t6rmino, no pudieransercomunicados
con anticipaci6n.
7) Las distintas salas del Tribunal Supremo y provinciales populares deberfn incluir en las agendas de los despachos puntos
permanentes, tales como:
1) movimientos de asuntos.







a) asuntos radicados
b) casos pendientes
En los casos de salas que conozcan de materia penal se incluirfn
ademfs los siguientes aspectos:
c) audiencias verbales
d) acusados con medida cautelar impuesta.
8) La agenda para los despachos se confeccionar de acuerdo con el modelo que par.a su distribuci6n se apruebe como complemento
de esta Instrucci6n.
9) La agenda se confeccionar& POR DUPLICADO. El ejemplar No. I quedarA en poder del presidente de la sala que efect~e el despacho y el No.2 en el del presidente de sala que concurre a
6ste.
10) En la columna del modelo referido a OBSERVACIONES, seharA
constar una s'ntesis de lo informado y en su caso, de la orientaci6n que se produzca.
11) Los asuntos de [a competencia del presidente de sala del Tribunal Supremo Popular, o provincial tratados y resueltos en el
despacho, serfn de obligatorio cumplimiento para los presidentes de salas del tribunal provincial popular o del regional
correspondiente, salvo que se trate de cuestiones estrictamente judiciales o que deban ser decididas por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular o provincial en cuyo caso el presidente de sala del Tribunal Supremo Popular o provincial esth en la obligaci6n de trasladarla a dicho 6rgano para que 6ste se
pronuncie al respecto.
12) CorresponderA a los presidentes de las distintas salas a que
esta Instrucci6n se refiere, velar por el cumplimiento de los
acuerdos u orientaciones que resulten de los referidos despachos.

INSTRUCCI6N NUM. 26, de 8 de abril de 1974.
Sobre la oportunidad en que se debe librar la requisitoria a que se refiere el caso primero del art. 454
de la Ley de Procedimiento Penal.

La requisitoria a que se refiere el caso primero del art. 454 y cualquier otro en que sea conocido el paradero del acusado se librarA s6lo cuando no sea posible proceder a su captura mediante orden directamente librada a la Policla Nacional Revolucionaria.

INSTRUCCION NUM. 27, de 10 de abril de 1974.

Sobre la normaci6n de las visitas de control y ayuda de las salas del Tribunal Supremo Popular a las salas de la especialidad de los tribunales provinciales
populares.

1) La actividad de control y ayuda estari dirigida a realizar un
anflisis profundo del desarrollo del trabajo realizado por la






sala visitada, de modo que permita Ilegar a conclusiones acertadas sobre la situaci6n de la misma, determinando no s6lo las deficiencias existentes sino sus causas, a fin de ofrecer medidas concretas a poner en prfctica para superarlas. Asimismo,
se encaminarfi a conocer las iniciativas y logros obtenidos en el
trabajo para generalizarlos como experiencias positivas.
2) Las salas de las distintas especialidades del Tribunal Supremo
Popular, realizarfin visitas de control y ayuda a las respectivas
salas de los tribunales provinciales populares en las fechas
programadas en el correspondiente plan de trabajo.
Las salas de Io Criminal y de Io Civil y Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular podrfn, por via de muestreo, hacer
extensiva la visita a salas de sus respectivas especialidades de tribunales regionales populares y a tribunales populares debase
de la provincia visitada.
3) Las visitas de control y ayuda a las salas de las distintas especialidades de los tribunales provinciales populares serfin dirigidas por el presidente de sala de cada especialidad del
Tribunal Supremo Popular. Cuando por algCin motivo no pueda
dirigirlas, designarfi a uno de los jueces profesionales de la
propia sala para que Io sustituya en tal funci6n.
4) En la oportunidad programada para la visita de control y ayuda,
el presidente de cada sala de la especialidad correspondiente
del tribunal provincial popular confeccionari un informe escrito
contentivo de los particulares siguientes:
a) Estado del cumplimiento del plan de trabajo de la sala, explicando la situaci6n de los asuntos pendientes, causas de los
retrasos e incumplimientos.
b) Desarrollo del trabajo de capacitaci6n t6cnico-jurfdica a
jueces y personal auxiliar.
c) Dificultades qus confronta'la sala, relativas a:
1) Personal
2) Medios materiales
3) Estado de los locales de oficina y sala de juicios.
4) Aspectos en las que se requiere ayuda.
5) En cuanto a las salas de Io criminal y delitos contra la seguridad del Estado, se incluir. ademfis, resumen de las relaciones de la sala con:
a) Unidades de operaciones y de la Policra Nacional Revolucionaria.
b) El PCC Provincial.
c) La Fiscalra y otras salas del tribunal provincial popular.
d) Delegaciones provinciales de ministerios y organismos estatales (Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, etc.). 6) El presidente de la sala que ha de ser objeto de la visita, adoptar&i las oportunas medidas a fin de asegurar que el informe a que se refiere el artfculo anterior sea reclbido por la sala vi-






sitadora con no menos de diez dias de antelaci6n a la fecha
programada para [a ejecuci6n de la actividad.
7) Recibido el informe, la sala correspondiente del Tribunal Supremo Popular celebrarfi una reuni6n preparatoria de la visita,
que serfi dirigida por su presidente y a la que asistirn los
jueces profesionales de la misma y los dos jueces legos que en
ese momento se encuentren en funciones.
8) En dicha reuni6n preparatoria, se tratarfn los siguientes asuntos:
a) Breve exposici6n hecha por el presidente, sobre la situaci6n
de la sala que ha de ser objeto de la visita.
b) Anfilisis del informe remitido y de los que con anterioridad
se hayan recibido sobre la sala que se ha de visitar.
c) Examen sobre la base de esos anlisis, de los objetivos concretos de la visita.
d) Designaci6n del personal que participarS en la visita.
e) Salas de tribunales regionales populares y tribunales de
base en su caso objeto de muestreo que se proponga
realizar.
9) Se elaborari por el personal designado para participar en la visita, el correspondiente programa de trabajo, en el que se
expresarfi:
a) Las diferentes cuestiones que serfin objeto de control.
b) Actividades que se realizarfn cada dfa, con expresi6n de la
hora y duraci6n de cada una de aquellas.
10) El programa de la visita serb remitido al presidente del tribunal provincial popular y al de la sala de la especialidad que
procede del expresado tribunal, con antelaci6n suficiente a la
fecha programada para [a visita.
El presidente de la sala del tribunal provincial impartirf a su
vez las instrucciones necesarias al de la sala regional o del tribunal de base, en sus casos, en lo que a estos se refiera,
a los fines de la visita.
11) Recibido el programa de la visita por el presidente de la sala
de la especialidad del tribunal provincial popular afectada,
prepararfi las condiciones necesarias para la realizaci6n de la
actividad en la forma prevista dentro del plazo fijado.
12) Previamente al inicio de la visita, la comisi6n se entrevistar&
con el presidente del tribunal objeto de la visita, a fin de informarle sobre el objeto de ella y recibir de su parte los
informes y sugerencias que puedan contribuir al mejor desenvolvimiento de la actividad y a la consecuci6n de los objetivos
propues tos.
13) La visita se desarrollarS de acuerdo con Ia programaci6n establecida en el plan de trabajo elaborado al efecto, sin perjuicio
de los ajustes que sea necesario introducir, de acuerdo a lo
dispuesto en el prrafo anterior.






14) Concluldas las actividades programadas en el plan de trabajo
de la visita, la comisi6n visitadora se reunirh con el presidente del 6rgano visitado para analizar con 61 las deficiencias observadas y las medidas que deben adoptarse para superarlas. Se recoger&n las opinlones que al efecto exponga el presidente de
dicha sala y los resultados del anflisis realizado.
15) Celebrada la actividad a que se refiere el artrculo anterior, se
procedr6 a efectuar una reuni6n de informe de los resultados
de la visita, a la que asistirfn el presidente, los jueces profesionales, los *jueces legos que se encuentren en el desempeio efectivo de sus cargos y el personal auxiliar que se designe de
la sala visitada, asr como los integrantes de la Comisi6n de
Control.
La comisi6n expondrh los resultados de la visita con expresi6n de los aspectos positivos apreciados, ast como de las deficiencies advertidas, y sefialarS las medidas concretas que deben
adoptarse para superar estas Gltimas. A esta reuni6n asistir,
de serle posible, el presidente del tribunal provincial y serfn
invitados el fiscal jefe de la provincia y el fiscal que atiende
dicha sala de la especialidad del propio tribunal.
16) La Comisi6n de Control, por conducto del presidente de la sala
de la especialidad del Tribunal Supremo Popular, elevar al Consejo de Gobierno de dicho Tribunal un informe detallado de
la actividad realizada, en el que se propondrfn las medidas
concretes a adoptar que competa decidir a dicho Consejo para
superar las deficiencias y dificultades apreciadas conexpresi6n
de los plazos necesarios para [a ejecuci6n de dichas medidas.
17) Las reglas que anteceden comenzar~n a regir a partir del primero de mayo pr6ximo.
Estas reglas serfn aplicables, en cuanto resulten pertinentes,
a las visitas dispuestas por las salas de los tribunales populares a las de sus especialidades de los tribunales regionales
populares.

INSTRUCCI6N NUM. 29, de 11 de mayo de 1974.

Sobre el impulso procesal de oficio a los asuntos civiles recibidos de las extinguidas Audiencias y Juzgados de Primera Instancia y Municipalesv que por inactividad de las partes se encuentren paralizados.

En aquellos asuntos recibidos de las extinguidas Audiencias y juzgados de Primera Instancia y Municipales que, por inactividad se encuentren paralizados, sin raz6n atendible alguna que excuse esa situaci6n, la sala que corresponde deberA asumir ladirecci6n o impulso del proceso y orientar de oficio, al vencer el t6rminoo plazo sehialado para [a actuaci6n de que se trate, el paso al tr&mite siguiente, excepto en el caso en que un precepto de la Ley subordine el impulso a la instancia de los interesados.
Asimismo, la sala correspondiente acordar6 de oficlo las medidas necesarias para mantener la igualdad de las partes en el






proceso y evitarA demoras innecesarias, imponiendo la lealtad y probidad en el debate judicial.
Cualquier conducta contraria al estricto respeto a estos principios, de aplicaci6n inmediata, deber ser corregida disciplinariamente.

INSTRUCCION NUM. 30, de 13 de mayo de 1974.

Sobre la creaci6n de Libro Registro deSancionados.

Los Tribunales Provinciales y Regionales Populares Ilevar,�n un Libro fndice de acusados sancionados a privaci6n de I ibertad, en el que anotarfn, ademhs de las fechas del comienzo y de [a terminaci6n de la ejecuci6n de la sanci6n, los traslados de establecimientos penitenciarios que se efect6en, de modo que conste siempre el lugar de cumplimiento de la sanci6n.

INSTRUCCI(6N NUM. 31, de 16 de mayo de 1974.

Sobre las medidas para obtener la mhs rfipida celebraci6n de los juicios por infracciones de la
"Ley 1255 de 1973.

1) Todos los juicios que se inicien o est~n en trAmite actualmente
por cualquiera de las infracciones de [a Ley 1255 de2deAgosto
de 1973, del Servicio Militar General, serfin celebrados con
preferencia a todo otro juicio, asf como los recursos que se
establezcan contra las sentencias que en los mismos se dicten. 2) La Sala de Io Criminal del Tribunal Supremo Popular dictarfi
y harfi Ilegar a los Tribunales Provinciales y Regionales Populares las circulares que fueren necesarias para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente instrucci6n.

INSTRUCCION NUM. 33, de 22 de mayo de 1974.

Sobre la forma enquedeberfi dirigirse al Presidente
del Tribunal Supremo Popular informaci6n relativa
a jueces profesionales y legos.

1) Toda informaci6n relativa a jueces, as" profesionales como
legos de todos los Tribunales Pepulares, que se traslade o envfe al Presidente del Tribunal Supremo Popular, deberfi
dirigirse en sobre cerrado en el que, de modo obligado, en su parte superior central se consignari con la debida claridad la
palabra "Personal ".
2) Lo dispuesto en el apartado anterior es aplicable sin perjuicio
de que, por raz6n de [a fndole de la informaci6n de quesetrate, se asigne a la documentaci6h la clasificaci6n que le correspondi de conformidad con la Ley del Secreto Estatal y su
Reglamento.






3) Las anteriores normas ser-,n aplicables en cualquier movimiento que se realice con documento del tipo indicado en el
pfrrafo primero.

INSTRUCCI N NUM. 35, de 27 de mayo de 1974.

Sobre las medidas reglamentarias para la toma de inventarlo de medios bfsicos de los Tribunales Populares.

1) Los Tribunales Provinciales, Regionales y Populares de Base,
procederAn de inmediato a efectuar una toma de inventario de
medios bfsicos, en el cual se relacionarAn todos los medios de
que se disponga fisicamente al efectuarse el mismo.
2) Una vez tomadas las existencias reales, no se podrA etectuar
ning~n tipo de movimi-'.nto sin la aprobaci6n previa del Consejo
de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
3) El inventario ser confeccionado en el Modelo "Inventario Frsico
de Bienes Muebles", en original y tres copias por los Tr-ibunales de Base, dos, por los Tribunales Regionales y una por
los Tribunales Provinciales; el original se destinarh a la
Direcci6n General de Administraci6n de los Tribunales Populares, quedando una copia en el Tribunal ejecutante y las
restantes destinadas a los Tribunales inmediatos superiores.
4) Los Tribunales Regionales Populares recopilarAn los inventarios originales de sus respectivos Tribunales de Base y el
suyo propio y lo remitirAn al Tribunal Provincial Popular, el cual los remitir& con el correspondiente a ese Tribunal a la
Direcci6n General de Administracibn.
5) El plazo para finalizar la toma de inventario ser& antes del dra
30 de junio de 1974.
6) Los Tribunales informarAn en oficios anexos al inventario, los
movimientos de medios bfsicos efectuados a partir del inventario realizado en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado s~ptimo de la Instrucci6n aprobada por este Consejo mediante
el Acuerdo No. 38 de 15 de Agosto de 1973.
7) Los presidentes de los Tribunales Provinciales Populares informarAn del cumplimiento de la presente al Consejo deGobierno
del Tribunal Supremo Popular en los primeros 5 dfas del mes de julio, y el Director General de Administraci6n de los Tribunales, el consolidado de la toma de medios bfsicos antes del
26 de Julio del afio en curso.

INSTRUCCI1N NUM. 37, de 10 de junio de 1974.

Sobre el modo de informar, sistemftica y peri6dicamente acerca de los acuerdos, instrucciones y circulares del Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular.

1) Como punto permanente del orden del dra de las reuniones de
los consejos de gobierno de los Tribunales Provinciales y






Regionales Populares, se incluir la informaci6n a los
miembros de dichos consejos de los acuerdos, instrucciones y
circulares del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular que, en los pertodos entre reunionesq se hayan recibido. 2) Esta informaci6n se brindarhi por los presidentes de los
consejos de gobierno de los Tribunales Provinciales y Regionales Popular-es, mediante la lectura en [a reuni6n, de las
partes dispositivas de dichos acuerdos, instrucciones y circulares; o deunasintesis de esos documentos, segjn su naturaleza
o inters.
3) Despu~s de conocidos esos documentos en los expresados consejos, se les circularfi a los presidentes de salas de dichos
tribunales a fin de que ofrezcan similar informaci6n a los respectivos jueces t6cnicos y legos de cada sala.
4) Los Tribunales Regionales Populares darn a conocer a los
Tribunales Populares de Base aquellos acuerdos, instrucciones y circulares que, por su naturaleza y contenido, lescorresponda conocer.
5) En cada tribunal pueden organizarse otras formas adicionales
de conocimiento y estudio por los jueces profesionalesylegosde
los expresados documentos.
6) Se except(Jan de lo dispuesto anteriormente, aquellos documentos que por su carficter clasificado deben ser s6lodeconocimiento de las personas cuyo acceso a los mismos est6
autorizado de conformidad con las regulaciones de [a Ley del
Secreto Estatal y su Reglamento.

INSTRUCCI6N NUM. 38, de 10 de junio de 1974.

Sobre [a informaci6n que deberfi suministrarse a los consejos de gobierno del Tribunal Supremo y Provinciales Populares relativa a las reuniones a las que por los organismos estatales se inivita a participar a
miembros de los Tribunales Populares.

1) De toda reuni6n a la que, por organismos estatales, se invite a
participar a los presidentes, presidentes de salas o jueces de los Tribunales Pr-ovinciales Populares o las que por bstos se
organicen sin estar contenidas en el respectivo plan de trabajo
aprobado por el 6rgano superior correspondiente, se darh
cuenta previa al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
Popular.
2) Cuando se trate de Tribunales Regionales, se dar6f cuenta al
consejo de gobierno del tribunal provincial popular.
3) Los consejos de gobierno del Tribunal Supremo y de los Tribunales Provinciales Populares designarfn en los casos que
estimen procedentes a uno de sus mlembros o del Tribunal para que asistan a los expresados eventos de coordinac16n. 4) Dentro de los cinco dtas siguientes a [a celebraci6n de la
reuni6n se informar& de su resultado al consejo de gobierno





del tribunal popular respectivo, por 6ste al consejo de gobierno del tribunal popular inmediato superior.

INSTRUCCI6N NUM. 39, de 10 de junio de 1974.

Sobre designaci6n de asesores de los Tribunales Regionales Populares que no cuentan con jueces t6cnicos.

1) Los consejos de gobierno de los Tribunales Provinciales
Populares designarfn a sus jueces tcnicos como asesores de los tribunales regionales populares de sus respectivas demarcaciones que se hallen en la situaci6n antes expuesta. Un
mismo juez tcnico no podrh ser asesor de mfs de un tribunal.
Cuando por cualquier causa no fuere posible designar asesores
a dichos jueces, el nombramiento podr& recaer en jueces t6cnicos de otros tribunales regionales cercanos al que deba ser
objeto de [a asistencia, que se hallen en condiciones de desempefiar esta funci6n.
2) Corresponderf a los jueces tcnicos asesores:
a) Auxiliar a los consejos de gobierno y presidentes de los
Tribunales Regionales Populares en el cumplimiento de los
deberes que les vienen impuestos por [a Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, las leyes de procedimiento y los acuerdos e instrucciones del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular y del respectivo tribunal provincial popular, ofreci~ndoles explicaciones y proporcionfindoles
cuantos datos se requieran a esas efectos.
b) Asistir al presidente de los tribunales regionales populares
a fin de mantener una eficiente coordinaci6n entre 6stos y
[a Fiscalta, Bufetes Colectivos y Ministerio del Interior
para el mejor cumplimiento de las tareas.
c) Cooperar con los presidentes de los tribunales regionales
populares a fin de mantener una constante relaci6n con
instancias regionales y municipales del PCC, de conformidad con las instrucciones del consejo de gobierno del
respectivo tribunal provincial popular y del presidente del
mismo.
d) Colaborar en la preparaci6n y ejecuci6n de los planes de
capacitaci6n de los jueces y auxiliares de los tribunales
regionales populares y de los tribunales populares debase.
e) Aclarar las dudas que por los integrantes de las distintas
salas de los Tribunales Regionales Populares se sometan a
su consideraci6n relativas a aplicaci6n de preceptos legales de carfcter penal o civil, sin intervenir en ning(in caso en
la resoluci6n de los asuntos.
f) Ayudar al consejo de gobierno y a los presidentes de los
Tribunales Regionales Populares en las tareas de direcc!6n
y control del trabajo en los tribunales populares de base. 3) El juez asesor visitarf el tribunal regional popular con la mayor frecuencia que fuese posible, atendidas la distancia entre
aquel y su centro de trabajo y los deberes que le impone el






ejercicio de su cargo titular; pero las visitas no serhn en
ningin caso menos de una al mes.
4) Los jueces asesores rendirfn mensualmente un informe de su
labor a los consejos de gobierno de los tribunales provinciales populares que los nombraron, los que examinarfn los diversos aspectos de la actividad de los tribunales y evaluarfn la calldad del trabajo judicial.
Ademfs, en cada tribunal regional popular se habilitar una libreta por el presidente, donde se anotarin las fechas en que
los asesores los visiten y las incidencias de cada visita expuestas de modo sucinto, as qomo las consultas formuladas y las orientaciones impartidas por aquellos. Esa libreta serh
examinada en las visitas de control y ayuda que se practiquen
y en los despachos que se efectjen con sus presidentes.
El trabajo de los jueces t~cnicos como asesores se considerar
como un m6rito en [a oportunidad de su evaluaci6n.

INSTRUCCION,NUM. 40, de 1 de julio de 1974.

Sobre el cuidado, conservaci6n y control de las piezas de convicci6n.

a) Las piezas de convicci6n se conservarfn y cuidarfin en los
tribunales que conozcan de las causas a que las mismas correspondan.
b) La responsabilidad de la identificaci6n, del cuidado yconservaci6n de las piezas de convicci6n recae sobre los secretarios de los tribunales, pero se designarf, a otro auxiliar para apoyarlo en esa tarea cuando ello fuere posible y el volumen de esta actividad Io justifique. El alguacil deberA tambi6n cooperar en esta tarea.
c) En cada tribunal popular de base y en las salas de Io criminal
de los tribunales provinciales y regionales popularessellevar un Libro Registro de Piezas de Convicci6n en el que, por orden
cronol6gico de ingreso, se anotarA [a recepci6n de las piezas
de convicci6n; el cual contendr los siguientes indicadores:
1) n~mero de orden; 2) fecha de la recepci6n; 3) n~mero de la causa; 4) delito; 5) procedencia del envfo; 6) descripci6n de Ias
piezas; 7) ubicaci6n (local, armario, estante, caja, etc.);
8) destino final (devoluci6n, entrega, traspaso).
d) Cada pieza de convicci6n se identificarf, colocfindole o adhiri6ndole marbetes o etiquetas, con indicaci6n del nmero de
la causa a que pertenecen y el del asiento correspondiente del
Libro Registro de Piezas de Convicci6n.
e) En cada tribunal se destinari un local o parte de un local o
muebles determinados para guardar las piezas de convicci6n en condiciones de absoluta seguridad. Las piezas de convicci6n se conservarfn en estantes, armarios, dentro de cajas o
envueltas o empaquetadas a fin de que queden perfectamente organizadas y resguardadas. Si por las caracterl'sticas del objeto esto no fuere posible, se proceder del modo mis con-






veniente a su cuidado y conservaci6n protegiendo en todo caso sus partes mfs importantes y vulnerables. Igualmente se cuidar& que [a suciedad, el polvo o la humedad no las destruyan
o deterioren.
f) En los juicios o rollos se unir,n los documentos relativos al
recibo, entrega o traspaso de las piezas de convicci6n. Se
comprobar siempre la exactitud de los envfosyseexigirhacer
las rectificaciones que procedan por parte de los remitentes.
Igualmente se acusarh recibo del envro.
g) Respecto a las piezas de convicci6n con caracterfsticas especiales, los consejos de gobierno de los tribunales provinciales y regionales popular-es adoptarAn las medidas mfs convenientes para su cuidado y conservaci6n. Corresponderfi a los consejos
de gobierno de los tribunales regionales populares resolver
tales cuestiones con relaci6n a los tribunales populares debase
de sus demarcaciones respectivas.
h) Durante las visitas de control y ayuda se tomar nota de [a
organizaci6n de esa actividad y del estado de conservaci6n de
las piezas.
Enel plazode45dras se proceder-adesactivarel Departamentode Piezas deConvicci6nexistente enel Tribunal Provincial Popular de . La Habana. Las piezas de convicci6n existentes en dicha unidad 5e remitirAn a los tribunales que conozcan de las causas a que las mismas pertenecen o se les darS el destino legal correspondiente. El Responsable de aquella unidad confeccionar, a estos efectos, relaciones por duplicado de las piezas, que firmarA conjuntamente con el presidente de cada sala, tribunal o responsable del organismo receptor. Uno de los ejemplares de esta relaci6n se conservarA en cada sala o tribunal y el otro se elevarA al Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial de La Habana para su archivo. Los tribunales procederAn a inventariar las piezas de convicci6n bajo su custodia. Aquellas que no est~n debidamente identificadas se entregarAn al Poder Local previa las coordinaciones correspondientes. Las que est~n debidamente identificadas quedarAn a las resultas del proceso de que se trate.
El inventario y la remisi6n de las piezas de convicci6n no identificadas al Poder Local, debern quedar concluidos antes del 15 de octubre del presente afio.

INSTRUCCI6N NUM. 41, de 8 de julio de 1974.

Sobre el mtodo para el sefalamiento de juiciosorales y de vistas de apelaci6n los mismos dfas de la semana.

1) Las salas de lo criminal de los Tribunales Provinciales Populares sei~alarAn los juicios orales correspondientes a causas de una misma regi6n o a varias, si la actividad es escasa en
dias fijos de la semana, previamente determinados.
2) Los consejos de gobierno comunicarn la distribuci6n de los
dias de la semana quo hayan hecho a esos efectos al Consejode Gobierno del Tribunal Supr-emo Popular y a los tribunales regionales y de base de sus territorios respectivos, a la Direcci6n de Establecimientos Penitenciarios y de la Policia


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Nacional Revolucionaria en los niveles correspondientes, as(
como a los demfs 6rganos del Estado interesados.
3) Para facilitar el orden de los sehalamientos antes indicados
se antepondrA al n6mero de radicaci6n de las causas criminales una letra mayCiscula indicadora de la regi6n de su procedencia separada de aquel por un gui6n.
4) Cada sala de Io criminal de los Tribunales Regionales Populares serialarfi un mismo dia de la semana para las vistas de los recursos de apelaci6n establecidos contra las sentencias
dictadas por los Tribunales Populares de Base.
5) Los consejos de gobierno de los Tribunales Regionales comunicar'n el dia de la semana que hayan escogido a tal efecto al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, al tribunal provincial popular del que dependan y a los tribunales populares de base de sus territorios respectivos.

INSTRUCCION NUM. 43, de 5 de agosto de 1974.

Sobre aclaratoria de la Instrucci6n Num. 21.

1) Aclarar la Instrucci6n No. 21 de 1974 en los t6rminos que se
expresan a continuaci6n:
I. S61o podr~n ejercer la abogacra ante los tribunales sin
necesidad de pertenecer a un bufete colectivo los abogados
que se hallen en los siguientes casos:
a. Los adscritos a departamentos legales de ministerios,
organismos y empresas del Estado cuando act{ien en
representaci6n de 6stos.
b. Los abogados a que se refiere el apartado que antecede,
cuando sean expresamente autorizados por el jefe o
responsable superior del ministerio, organismo o empresa del Estado a que pertenezcan para gestionar en
favor de un tercero o en beneficio propio.
II. En el caso del inciso a) del nCimero que antecede, deberfin
justificar, con el primer escrito que presenten, sucondici6n de abogado adscrito al departamento legal del ministerio, organismo o empresa estatal directamente
afectada por el proceso de que se trate, asi como la
designaci6n expresa del jefe del departamento legal para
asumir la direcci6n o representaci6n en dicho proceso.
Ill. En el inciso b), la autorizaci6n serS justificada precisamente con el primer escrito de personeria, y dicha autorizaci6n serfi exigida en todo caso, aunque se trate de un
proceso en que no se requiera la direcci6n de letrado.
IV. Los instructores y profesores de derecho deberfin de
acreditar, adem~s de su condici6n de tales, que estkn
autorizados para ejercer la profesi6n en la prS&cticacoordinada con los bufetes colectivos.
2) Los abogados a que se refiere esta Instrucci6n, si contratasen
sus honorarios, en los casos en que proceda, debern






ajustarse a las disposiciones que se apliquen en los bufetes
colect ivos.

INSTRUCC1ON NUM. 44, de 5 de agosto de 1974.

Sobre aplicact6n de medidas de seguridad a menores
infractores.

1) Los Tribunales Provinciales y Regionales Populares, at Imponer a un menor, como medida cautelar, su reclusl6n en un
centro de reeducaci6n, dispondr~n at propio tiempo su evaluaci6n socio-psico-pedag6gica pop la institucl6n estatal especiatizada que corresponda.
2) Respecto a menores que no se hallen sujetos a medidacautelar
detentiva, si el tribunal, luego de declararlos responsables acuerda su reclusi6n en un centro de reeducaci6n, dtspondrA igualmente en la propia sentencia, su eveluaci6n socio-pstcopedag6gica por la instituci6n estatal especializada qua corresponda.
3) En aquellos casos en que se Imponga a menores infractores
medidas cautelares distintas a la de Peclusi6n en un cerntro de
reeducaci6n, el tribunal, si to estima conveniente y existen condiclones para ello, podr& disponer a [a vez su evaluaci6n
socio-psico-podag6gica por la institucl6n estatat especlatizada que corresponda, la qua se lievar4 a tabo necesariameote sin
internamlento.
4) Los Tribunales Populares de Base, cuando, luego de declarar
responsable a un menor acuerdensureclusi6nen un centro de reeducaci6n, dispondrfin a ia vez en [a propia sentencla, su
evaluaci6n socio-psico-pedag6gica por la Instituci6n especializada que corresponda.
5) En todos los casos antes expuestos, la evatuaci6n del manor
se Ilevar& a cabo dentro del plazo mfximo de veinte dias y
los tribunales, con vistas a su resultado y a las proposiclones y sugerencias que se formulen, ratificarhn, dejar/in sinefecto o sustituirhn por otra la medida Impuesta, bien sea de car&cter provisional (medida cautetar) o definitiva.
6) Cuando el Fiscal presente una cause en que figure como acusado un menor respecto at cual no sehaya celebrado audiencla verbal ni conste haber sido evaluado durante la fase preparatoria, sl la petici6n que formula es la de apertura a juicio
oral y si procede 6sta, el tribunal dispondr dicha evaluac6n,
la quo deber, efectuarse en un plazo que no exceda de veinte
dras y sin internamiento.
En este caso, el proceso continuar& su curso legal, pero el acto del juiclo oral no se inlciar&f sino despufis de haberse
recibido las resultas de la referida diligencia o de haber decursado el mencionado plazo de veinte dras sincumplirla. 7) Los juicios orales de causas en quo figuren como acusados
menores de edad se celebrar&n a puertas cerradas si el
tribunal estima, en atenci6n a la fndole del hecho y a las ca-







racteristicas personales de aquellos, que la publicidad podrra
causarles algqn perjuicio.
8) Los juicios orales correspondientes a causas en que figuren
como acusados menores de edad, no podr&n celebrarse sin la
presencia de sus padres o de los familiares que los tengan
bajo su guarda y de la trabajadora social que los hubiere atendido.
9) Para disponer la modificaci6n de las medidas de seguridad impuestas a menores los tribunales previamente oirfn la opini6n de la direcci6n de los centros de reeducaci6n en que se hallen
internados.
10) Los tribunales cuidar~n que las medidas de seguridad impuestas a menores se cumplan, en su caso, en centros de reeducaci6n de menores.
11) Las salas de lo criminal de los Tribunales Provinciales y
Regionales Populares, previa coordinaci6n con los departamentos correspondientes del Ministerio del Interior efectuada a trav6s de sus consejos de gobiernos respectivos, visitarfn peri6dicamente los centros de reeducaci6n de menores ubicados en la demarcaci6n en que ejerzan sus funciones o los lugares en que 6stos se encontraren albergados, a fin de
conocer los progresos de su reeducaci6n y la disciplina individual y colectiva que observan.

INSTRUCCION NUM. 46, de 12 de agosto de 1974.

Sobre la creaci6n de bibliotecas de trabajo en los
tribunales regionales y populares de base y normando
su funcionamiento.

I. Objetivos
Los tribunales regionales y populares de base deber~n
tener una biblioteca minima de textos juridicos y politicos
que faciliten su trabajo judicial.
Con frecuencia y, en especial, en los tribunales populares
de base, no se cuenta con todos los textos legales que los jueces necesitan conocer y aplicar en el desempe~io de sus
funciones. Algo similar sucede en cuanto al personal auxiliar.
Por ello se hace indispensable crear en cada uno de los
referidos tribunales una biblioteca minima de trabajo y consulta y dictar asimismo las normas que garanticen sucorrecto
funcionamiento.
II. Creaci6n y Desarrollo
Las bibliotecas de los tribunales regionales y de los tribunales populares debase se formar~n a partir de los textos con
que cuentan actualmente, a tal efecto, se recoger~n y agrupar~n todos los ejemplares que pertenecen a los mismos.
Posteriormente las bibliotecas se iran enriqueciendo en la medida que adquieran o reciban nuevos libros, folletos, etc.
Todo ese nuevo material pertenecerA al tribunal y pasarS a





engrosar el inventario de la biblioteca, salvo que especificamente se disponga otra cosa. III. Contenido
Por el carficter eminentemente prctico y funcional de las
bibliotecas de los tribunales regionales y de base, los ejemplares que las integren deberfin estar Intimamente relacionados con el trabajo de los jueces y del personal judicial y
con su superaci6n t6cnica, polrtica y cultural.
A esos efectos, dichos ejemplares podrAn clasificarse en
la siguiente forma:
a) De consulta y trabajo, que comprendern los c6digos,
las leyes y demis publicaciones relacionadas directamente con el trabajo judicial.
b) De capacitaci6n, que abarcarfn las publicaciones relacionadas con [a capacitaci6n de los jueces y de los empleados del tribunal.
c) Otros, qua acompaharin los ejemplos de contenido politico, econ6mico, literatura, etc.; dirigidos a elevar el
nivel cultural y de conocimientos nojurfdicos engeneral.

Eiemplares de consulta y trabaio que deberhn poseer
1. C6digo de Defensa Social (actualizado MINJUS 1973)
2. Ley de Procedimiento Penal
3. C6digo Civil
4. Ley de Procedimiento Civil y Administrativo
5. C6digo de Trfnsito (actualizado)
6. Ley 1238
7. Ley 1255 (Ley del Servicio Militar Genera)
8. Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial
9. Reglamento General de los Tribunales Popularcs
10. Constituci6n de la Rep6blica de Cuba
11. Gaceta Oficial
12. Boletrn del Tribunal Supremo
13. Informaci6n de Tribunales

Eiemplares de capacitaci6n
14. Cartilla para los jueces de los Tribunales Populares de
Base: Derecho Civil: Alimentos entre parientes y obligaciones y contratos.
15. Cartilla para los jueces de los Tribunales Populares de
Base: Derecho Penal: Parte General del C6digo de Defensa Social.
16. Programa de Procedimiento Civil. Notas sobre los
procesos civiles.






17. Nociones sobre el Estado y la dlctadura del Proletarlado.
Las bibliotecas de los Tribunales Reglonales Poputares deberfin tener come mtnlmo todos los ejemplares antes relacionados para los tribunales populares de base, y adem~s,
[os sigulentes:

Eiemlares de consulta v trabaio
1. Ley 1231 (Ley contra [a vagancla)
2; Ley del Secreto estatal y su Reglamento.(MINJUS 1974)
3. Seis [eyes de [a Revolucik6n
4. Tercerfas de Domlnio de Manuel Martinez Escobar
5. Tercerfas deMejor Derecho de Manuel Mart tnez Escobar
6. Juiclos verbales de Manuel Martinez Escobar
7' C6digo de Comercio
8. Recurso de Ampara de Andr~s M. Lazcano

EJemlares de capacitaci6n
� 9. Folleto sobre la Ley de Procedimiento Penal
10. Programa de Derecho Civil
11. Programa de Derecho Penal
12. Programa de Procedlmiento Penal
13. Nociones de Derecho Civil
14. Gufa para el estudlo de los delitos que corresponda
conocer a los Tribunales Regionales Popular-es.
Las relacionadas listas podrfin set- ampliadasde acuerdo a
las orientaciones que se emitan.
Se-A responsabilidad de lostrJbunales hacer las gestlones
pertlnentes pata completer este Inventario minimo de las bibliotecas.

IV. Normas de funclonamiento V control
Con el fin de lograr un control co-recto del funcionamiento
de las referidas bibliotecas, los tribunales regionales y los de
base deberfin observar las directivas siguientes:
a) Nombrar al compa'iero responsable de [a biblioteca, entre los jueces o empleados administtativos del tribunal, quien se encargarA, de su cuidado y correcto funclonamiento, asi coma del cumplimiento de Io dispuesto en
estas reglas.
b) Recoger y agrupar los libros perttenecientes al tribunal coma medio fundamental para la creacl6n de la nueva
bibl ioteca.
Los libros deben se sltuados en tugar protegido y tesguatdado, donde se garantice su usa controlado y se
conserven adecuadamente.






c) Hacer un inventario de los libros y crear el "Registro
Inventario de Libros de la Bibliotecal y el "Control de
Salida y Entrada de Libros".
d) Promulgar y hacer cumplir el "Reglamento de [a Bibliotecall.
Aparte de la responsabilidad especifica del encargado de
la Biblioteca, el consejo de gobierno o el presidente del
tribunal en su caso, velarfn porque se implante y cumpla Io
sefialado en estas reglas.

V. Registro inventario de libros de la giblioteca El inventario de todos los l ibros, fol letos, publ icaciones, etc.,
pertenecientes al tribunal, se anotarf por el responsable en
el "Registro Inventario de Libros de la Bibliotecaluyal efecto podrf utilizar una libreta rayada en la que anotar todos los
ejemplares inventariados. Los distintos tomos de una obra
tendrfn el mismo nCmero de inventario y al mismo se ahadir
el n6mero del tomo.
La libreta rayada deberf ser preparada de acuerdo con el
modelo mostrado en el anexo "A".
Cada ejemplar Ilevari una etiqueta con un nimero consecutivo a partir del I y en el registro se anotarA 6ste, el trtulo
de la obra y el autor, o el editor cuando no conste aqu6l.

VI. Control de entrada y salida de libros
El funcionamiento normal de Ia biblioteca exige el control
del movimiento de ejemplares y a tal efecto, el responsable deberA Ilevar un "Control de Entrada y Salida de Libros", para lo cual podri usar una libreta rayada, que serf preparada de acuerdo con el modelo mostrado en el anexo ",B".
Cada vez que un usuario solicite un ejemplar de la biblioteca, el responsable deberA anotar la salida antes de
entregarlo, asi como su entrada al ser devuelto.
Para la salida se anotarf el n~mero que el ejemplar tiene
conforme al inventario, el titulo de Ia obra, el nombre del solicitante y la fecha en que se entrega; ademAs el usuario
firmarA al pie de la anotaci6n al recibir el ejemplar.
Cuando se devuelve el ejemplar, se anotarf la fecha de
devoluci6n.

VII. Reglamento de la Biblioteca
El responsable de la biblioteca velarf por la aplicaci6n
del Reglamento de Ia biblioteca.
Dicho reglamento deber.k ser mecanografiado y se dark a
conocer a todos los usuarios.

Recilamento de la Biblioteca
1. Todos los ejemplares que pertenezcan a la biblioteca deberfn estar inventariados.







2. Todo ejemplar que salga o reingrese a la biblioteca, ya sea
por pr~stamo o para consulta, deberg ser anotado debidamente
en el libro Control de Salida y Entrada de Libros.
3. Esti terminantemente prohibido hacer anotaciones en los libros,, doblar sus hojas o causarles cualquier deterioro.
4. La persona que estropee o extravie un libro est& obligada a
reemplazarlo.
5. El que al recibir un libro note que estf deterioradoomutilado
deberi poner el hecho en conocimiento del responsable de ]a
biblioteca para salvar su responsabilidad.
6. Podr, n hacer uso de la biblioteca los compaheros siguientes:
jueces y empleados administrativos del tribunal, los fiscales, los abogados del bufete colectivo correspondiente, asf como las personas que sean autorizadas expresamente por el consejo de gobierno o por el presidente del tribunal.
7. Los ejemplares que est~n clasificados como de consulta y de
trabajo, s6lo podrin ser utilizados dentro del local del tribunal.
Los ejemplares que est6n clasificados como de capacitaci6n, podrin ser prestados para tal fin fuera del local del tribunal
y s6lo durante el tiempo que dure la capacitaci6n.
Los ejemplares clasificados como "Otros" podrfn ser prestados para ser usados fuera del tribunal, pero por un t~rmino
no mayor de 15 dias.
S61o podrA alterarse esta regla mediante autorizaci6n expresa
del consejo de gobierno o del presidente del tribunal.
8. lo se podrA extraer de la biblioteca mfs de un volumen y no se
facilitarA otro sin la devoluci6n previa del anterior.
9. El responsable de [a biblioteca velarA por el cumplimiento de
este reglamento y comunicarfi cualquier infracci6n del mismo
al consejo de gobierno o al presidente del tribunal.

INSTRUCCION NUM. 48, de 4 de noviembre de 1974.

Sobre reuniones de presidentes de Trbunales Populares.

1) Tanto en la instancia superior como en la subordinada, los que
hayan de participar en el evento, prestarfn [a atenci6n debida a los materiales que se examinarfn. Al respecto, cada presidente de tribunal, deberi tener conocimiento integral de todas las actividades correspondientes al trabajo especffico, a los aseguramientos, asf como a las propias de capacitaci6n e informaci6n.
2) Una parte del tiempo de duraci6n programada para la reuni6n,
debe ser empleada en la lectura de los informes elaborados
por los presidentes. Otra debe destinarse a la informaci6n por
las especiatidadeso Esta COltima informaci6n debe haber sido aprobada previamente en el respectivo consejo de gobierno.






Otra parte del tiempo debe emplearse en ofrecer a los participantes una explicaci6n esclarecedora de las tareas principales a realizar.
3) El resumen del acto, que siempre estar5 acargodel presidente
del consejo de gobierno del tribunal superior, debe servir
para dar las orientaciones generales acerca del trabajo inmediato a realizar, aprobadas previamente por el consejo de
gobierno.
Copia de estas orientaciones deben darse a cada uno de los
asistentes, dentro de los tres dfas siguientes de efectuada la
reuni6n.
4) El informe comprender los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento del plan de trabajo para el perrodo correspondiente.
b. Datos estadisticos de las actividades de capacitaci6n.
c. Datos estadfsticos de las actividades del tribunal.
d. Anflisis de las condiciones existentes para cumplir el plan
de trabajo en el perfodo siguiente.
e. Anlisis del ausentismo y cumplimiento del plan vacacional.
f. Cualquier cuesti6n que se considere conveniente y quehaya
sido sometida a consideraci6n por escrito, con no menos de
cinco dfas de antelaci6n.
Del anterior informe quedar~n excluidos aquellos datos que por su carficter secreto no fuere procedente ofrecer en dicho evento, como en el caso de determinadas actividades relacionadas con las salas de delitos contra la seguridad del Estado y unidades de operaciones de Seguridad.
5) Cuando se trate de reuniones en los tribunales provinciales
populares y en el Tribunal Supremo Popular, el informe aque se refiere el apartado anterior contendrf, ademfs de los datos referentes al tribunal regional popular y al tribunal provincial popular, un resumen de los correspondientes a los tribunales
que les estfn subordinados.
6) De cada reuni6n se extenders acta en la que se consignarfn
las cuestiones mfis importantes tratadas dbrante su desarrollo. 7) Esas reuniones se efectuarSn trimestralmente y el Consejo de
Gobierno del Tribunal Supremo Popular fijar& el mes en el
cual deben celebrarse por los tribunales de cada nivel.
Al respecto, en los Tribunales Regionales Populares se Ilevarfin a efecto del 1 al 5 del mes que corresponda.
En los Tribunales Provinciales Populares se efectuarfn del
10 al 15 del mes correspondiente.
En el Tribunal Supremo Popular, se efectuarfn del 20 en
adelante del mes que corresponda.













SALA DE LO CIVIL Y DE LO ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPREMO POPULAR






SENTENCIAS SOBRE MATERIA CIVIL

CASACION. SENTENCIA NUM. 2, de 29 de ener-o de 1974.

INCIDENTE SOBRE AUMENTO DE PENSI6N ALIMENTICIA
FIJADA PARA HIJOS EN SENTENCIA DE DIVORCIO

No demostrado que se hayan incrementado los ingresos
del alimentante ni las necesidades de los alimentistas, no es dable el aumento de las pensiones alimenticias, sin que [a ley fije al efecto un porcentaje de los ingresos del alimentante, sino que [a graduaci6n de su cuantfa estf regida por la regla de proporcionalidad entre el caudal
y medios econ6micos del quo est6 obligado a prestarlos y las necesidades dequien los reciba, seg6n el articulo 146
del C6digo Civil.

B.U.R.A. estableci6 ante el extinguido .Juzgado de Primera
Instancia de San Jos6 de las Lajas, incidente sobre aumento de pensi6nalimenticia para sus hijos, contra C.C.P., en la ejecuci6n de la sentencia que los divorci6. Admitido y sustanciado el
proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugar la
demanda, absolviendo al demandado.
Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n la
demandante, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida
audiencia de La Habana, rechazgndolo y confirmando la sentencia.
Contra [a 6ltima sentencia la referida apelante estableci6 el
recurso de casaci6n que consta de un motivo en la siguiente forma: amparado en el ordinal 10 del artfculo 1690 de [a Ley de
Enjuiciamiento Civil, acusando la infracci6n del artfculo 146 del
C6digo Civil, con relaci6n al artrculo 15 del Decreto-Ley n6mero 206 dv 10 de mayo de 1934.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo
Popular resuelve lo que sigue:
Considerando: que, no incurre la Sala de Audiencia, que hace
suyos los fundamentos de la sentencia dictada en primera instancia para confirmarla, en [a infracci6n del artfculocientocuarenta






y seis del C6digo Civil, como se aduce en el 6nico motivo del recurso, pues no se ha demostrado que se hayan incrementado los ingresos del alimentante con posterioridad a la fijaci6n de [a pensi6n que abona el padre a sus menores hijos, reconacida por sentencia firme de divorcio en la ejecutoria de la misma, ast como tampoco se ha probado que las necesidades de dichos menores hayan aumentado; sin que sea dable alegar que dicha pensi6n debi6 ser de 40 pesos mensuales, cantidad manor de Ia tercera parte de los ingresos mensuales del alimentante, ya que la ley no fija porcentaje con relaci6n a los ingresos en la fijaci6n de su cuantfa, sino que 6sta sert proporcionada al caudal y medios del que est6 obligado a prestarla y a las necesidades de quien la reciba, como resulta an el presente caso; aparte de qua la recurrente para razonar el concepto de infracci6n se desentiende del hecho y contrarfa los supuestos de Ia sentencia, qua en tal caso venra obligada a aceptar sin contrariarlos ni alterarlos.
Considerando: que por las expuestas razones procede declarar el recurso sin lugar, sin declaraci6n de costas por no haberse causado.
Fallamos: no haber lugar el presente recurso de casaci6n, sin especial imposici6n de costas.
Fernando Alvarez Tabo (Presidente), Antonio M. Viera, Luis M. Buch (Ponente), Mario L. Garcia, Blanca R. Prieto (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 4, de 31 de enero de 1974.

REGULACI6N EN LA SENTENCIA DE DIVORCIO DE LA COMUNICACION DE PADRE CON EL HIJO iQUE QUEDA BAJO LA GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADRE

Revelada en el proceso de divorcio una situaci6n conflictiva tirante entre los c6nyuges en cuanto se refiere a las relaciones con pl hijo procreado en Ia uni6ndisuelta,
no debi6 el tribunal de instancia limitarse a regular la comunicaci6n del padre con el manor en forma general, sino hacerlo en forma pormenorizada en beneficio de Ia formaci6n de la personalidad del hijo, evitando las discrepancias entre los padres; al no realizarlo asi incurre en una infracci6n de Io dispuesto en el inciso h) del artrculo 24 de Ia Ley 206 de 1934, regulador del juicio de
divorcio.

C.R.F.A. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primea Instancia de CamagQey, juicio de divorcio contra N.D. D. G. Admitido y sustanciado el proceso, dict6 sentencia dicho Juzgado declarando con lugar la demanda de divorclo establecida por C.R.F.A., contra N.D.D. G. por la causal 15a, del articulo 30de1 Decreto Lay nimero 206 de 10 de mayo de 1934, y en su consecuencia disuelve el vinculo matrimonial entre ambos existentes. Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n la demanda, el que sustanciado fue resuelto por Ia extinguida audiencia de Camagaey declar~ndolo con lugar revocando la sentencia apelada en cuanto al discernimiento de la guarda y cuidado del







menor, disponiendo que quede al abrigo y cuidado de la madre la que conserva-, la patria potestad.
Contra [a (ltima sentencia, el ector C.'R.F.A. estableci6 recurso de casaci6n que consta de un motivo original y cuatro motivos en via de ampliaci6n, a mparado el primero original en el inciso 70 del artrculo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como infringidos los artrculos 1218 y 1216 del C6digo Civil relacionados con el inciso 3, articulo 595 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el primer motivo establecido en via de ampliaci6n se ampara en el inciso 10 del art'culo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como infringido el articulo 24 apartado A, del Decreto-Ley 2061de 1934; el segundo motivo en via de ampliaci6n se ampara en el inciso 10 del articulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como infringido el articulo 24-A de la Ley de Divorcio con relaci6n a los articulos 39 y 41 del proplo cuerpo legal; el tercer motivo de ampliaci6n se ampere en el inciso 10 del articulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando las infracciones del artrculo 24-A en relaci6n con los achpites b) y c) del propio articulo, de la Ley de divorcio en vigor; y el cuarto motivo de ampliaci6n se ampara en el nfjmero I del articulo 1690 de la Leyde Enjuiciamiento Civil y acusa como infringido el apartado H del articulo 24, DecretoLdp 206 de 1934.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo que sigue:
Considerando: que, la documental consistente en un hago constar expedido por una enfermera de un centro hospitalario, en cuanto asevera que una determinada persona no ha asistido a un enfermo, no jstifica este hecho, respecto al cual constituye una testifical extrajudicial que, en este caso, ni siquiera ha sido adverada judicialmente, acreditando en todo caso, solamente su fecha y expedici6n, sin que tenga relevancia, por tanto, que la sentencia recurrida no se haya detenido a examinarlo, por lo que procede rechazar el primer motivo del recurso original en que se denuncia su errbnea valoracibn.
Considerando: que, los motivos de ampliaci6n primero, segundo y tercero deben declararse improcedentes, ya que no es cierto que la sentencia recurrida al confiar la guarda del hijo varbn del matrimonio, de poco m&s de un aPho de edad, a [a madre, hasta que arribe a los cinco areos en que pa-arh al padre recurrente, fundada la disoluci6n del vrnculo matrimonial en [a incompatibilidad de caracteres entre los c6nyuges y las reiteradas desavenencias entre ellos, infrinje lo preceptuado en el inciso a) del art'culo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934, ya que de los supuestos de hecho de la sentencia no aparece, ni en el recurso se demuestra, que exista causa que imposibilite a la madre ostentar dicha guarda y, menos, como estima el recurrente, que lo haya desatendido.
Considerando: que, revelada nrtidamente una controversia entre los-progenitores en cuanto se refiere alas -felaciones con el hijo, no debi6 el juzgador de instancia limitarse a regular la comunicaci6n del padre con aqu61 en t6rminos generales, o sea, que no se le privara de comunicaci6n con 61, sino que debi6 pormenorizarla






en beneficio de Ia formaci6n de la personalidad del propio menor, evitando discrepancias entre los padres al respecto y al no hacerIo asr, como se aduce en el 40 motivo de ampliaci6n del recurso, infringi6 Io dispuesto en el inciso h) del artlculo 24 del ya mencionado becreto-Ley 206 de 1934, y debe acogerse dicho motivo. Considerando: que, en consecuencia, procede estimar parcialmente el recurso y casar y anular Ia sentencia recurrida solamente en el extremo en que regula la referida comunicacibn, sin hacer especial condenaci6n de costas.
Fallamos: con lugar el presente recurso y casamos y anulamos parcialmente Ia sentencia recurrida, solamente en el extremo relativo a Ia regulaci6n de Ia comunicaci6n del recurrente con el hijo, sin costas.
Fernado Alvarez Tabfo (Presidente),- Antonio M. Viera, Luis M. Buch (Ponente), Mario L. Garcra, Blanca Rosa Prieto (Jueces). Dando por reproducidos, en to pertinente, los considerandos de la sentencia de casaci6n.
Considerando: que, por consiguiente, con reproducci6n de Ia sentencla casada en todo 1o no afectado por lade casaci6n, regulamos Ia comunicaci6n del hijo con ei padre, en el sentido de que 6ste podr& visitarlo en el domicilio de Ia madre, comunicAndose con 61 de palabra, los mibrcoles, sfbados y domingos de cada semana de cinco a siete p.m.o oque deber&factlitar la madre, sin perjuicio de realizarlo en otras oportunidades si se encontrare enfermo.
Considerando: que, en tel particular, procede acoger el recurso de apelaci6n y revocando Ia sentencia recurrida, disponer 1o antes expuesto, sin especial condenaci6n de costas en ninguna de las instancias.
Fallamos: con reproduccibn de Ia sentencia casada en todo 1o no afectado por la de casaci6n, acoglendo ci recurso de apelaci6n de la demandada solamente en el extremo concerniente a la comunicacl6n del padre con c[ menor hijo del matrimonio que se disuelve y con revocaci6n de Ia misma en el repetido extremo, disponiendo que mientras el referido menor permanezca bajo Ia guarda de Ia madre, ci padre podr6 comunicarse de palabra con 61 en c[ domicilio de la madre todos los mi6rcoles, s&bados y domingos de cada semana de cinco a siete p.m., sin perjuicio de realizarlo otros dias cuando se encuentre enfermo, Io qua facilitarki [a madre; no se hace especial condenaci6n de costas en ninguna de las instancias.

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 10, de 8 de febrero de 1974.

LIQUIDACION DE SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES EN EJECUCI6N DE SENTENCIA DE DIVORCIO

La sentencia dictada en la ejecuci6n de sentencia de
divorcio que, pare la liquidaci6n de la sociedad de gananciales que existi6 entre los ex-c6nyuges, dispone la venta del (inico bien que integra su patrimonio y que su precio se reparte por mitad entre ambos, no adolece del viclo de incongruencia que se le imputa, pues cumple el






fin perseguido en el proceso, aunque se aspira por cada c6nyuge a que se le adjudique exclusivamente; ni infringe
Io preceptuado en el prrafo 20 del articulo 1062 del C6digo Civil, al fundarse para resolver en lo ordenado en el
artrculo 404 del propio cuerpo legal, porque aunque el primero era el aplicable, ambos esencialmente son de
id6ntico contenido; subrayfndose que ante el desacuerdo
de las partes en cuanto a la adjudicaci6n del bien no existia otra soluci6n justa y adecuada que equiparar la situaci6n a la de que las partes preferfan su venta y ser pagados con [a mitad de su precio, contemplada en ambos
preceptos citados.

J.R.M.M. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancii del Este-Oeste, juicio declarativo de mayor cuantfa sobre impugnaci6n de las cuentas del contador partidor en [a liquidaci6n de sociedad legal de gananciales, seguido por el referido recurrente contra S.M. R. P. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando con lugar la demanda y consecuentemente adjudica al actor el autom6vil marca Buick a calidad de abonar a la demandada la suma de 900.00 pesos moneda nacional, importe del 50 por ciento que en el valor de aquel le corresponde como integrante de la sociedad legal de gananciales. Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n [a demandada, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de La Habana declar~ndolo con lugar en parte y disponiendo que se proceda a la venta del autom6vil objeto del pleito y se reparta a partes iguales su importe entre las partes..
Contra la 6ltima sentencia el demandante estableci6 recurso de casaci6n que consta de dos motivos en la siguiente forma: amparadoel primeroen el inciso20 delarticulo 1690 de laLeydeEnjuciamiento Civil, acusando la infracci6n del artrculo 358 de la Ley Procesal; y el segundo motivo al amparo del inciso 10 del articulo 1690 de la referida Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como infringido el articulo 1062 del C6digo Civil por aplicaci6n indebida.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, no adolece la sentencia recurrida del vicio de incongruenciaquese le imputaen el primer motivo del recurso, por resolver pretensi6n no deducida por las partes en el juicio, disponiendo la venta del 6nico bien que integra el patrimonio de la sociedad legal de gananciales y que los ex-c6nyuges se repartan por mitad su importe y no [a adjudicaci6n a uno solamente deellos, que abonar6 en dinero al otro que le corresponde, pues lo que [a referida sentencia ordena es liquidar la sociedad legal de gananciales, que es en definitiva el fin perseguido en el proceso en cuesti6n, aunque se aspire por el recurrente a que se realice adjudicfindoselo a 61.t
Considerando: que, aun cuando la sentencia recurrida se funda pare ordenar la venta del bien de la sociedad antes mencionada en lo que dispone el artIculo 404 del C6digo Civil con relaci6n a la disoluci6n de una comunidad de bienes, no infringe, como se






postula en el segundo motivo, lo preceptuado en el pfhrrafo segundo del artrculo 1062 del propio cuerpo legal, que era realmente el aplicable al caso, porque ante el desacuerdo de las partes en cuanto a la adjudicaci6n del aludido Onico bien, reciam&ndolo ambos para sf exclusivamente, no existia otra soluci6n justa y adecuada qua equiparar [a situaci6n a la de que ambos prefieren su venta y ser pagados con la entrega de la mitad del precio.
Considerando: que, consecuentemente, procede rechazar el recurso, sin especial condenaci6n de costas por no haberse causado.
Fallamos: sin lugar el presente recurso, sin costes.
Fernando ,Alvarez Tabo (Presidente), Antonio M. Viera, Jos6 Fern&ndez Piloto (Ponente), Jorge Martinez, Joaqurn Hernfndez (Jueces).

CASACIC5N. SENTENCIA NUM. 11, dee de febrero de 1974.

INCIDENTES SOBRE AUMENTO DE PENSION ALIMENTICIA FIJADA PARA HIJA EN EJECUTORIA DE DIVORCIO

La pensi6n alimenticia que abona el padre divorciado para atender la alimentacl6n de una hija habida en su
un16n matrimonial disuelta, no debe ser aumentada aunqua se Incrementen sus ingresos, pues la suma de 45
pesos mensuales fijada as suficlente para satisfacer las necesidades de dicha alimentista, considerando que los servicios m6dicos, hospitalarios, educacionales y recreativos son gratuitos en nuestra sociedad, y qua la
madre, que la tiene a su abrigo, es mujer joven en aptitud de trabajar y que debe contribuir tambien al mantenimiento de la menov hija, sin que, por tanto, se infrinja el artrculo 147, en relacl6n con el 146, del
C6digo Civil.

Z.L.F. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia del Este-Oeste, juicio declarativo de mayor cuantia sobre aumento de pensi6n alimenticla para la menor hija, contra G. T. A.S. Admitido y sustanciado el proceso dlct6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugar [a demanda sin hacer especial imposici6n do costas sin declaraci6n de tamer-idad o mala fe.
Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n Z.L.F., el qua sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de La Habana rechazando la apelacibn de la incidentista y confirmando la sentencia recurrida, sin especial imposicibn de costas.
Contra Ia Gltima sentencla, Z. L.F. estableci6 recurso de
casaci6n qua consta de un motivo original y tres en ampllaci6n, en [a siguiente forma: el prnimero amparado en el inciso 10 del artrculo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como Infringidos los artrculos 146 y 147 del C6digo Civil, el primer motivo en via de ampliaci6n se ampara en el inciso 70 del ar-






ticulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se acusa como infringidos los artrculos 1231, 1232 y 1235 del Cbdigo Civil y 579 de la Ley de Trfmites; el segundo y tercer motivo se amparan ambos en el propio precepto que el motivo anterior y se acusa como infringidos los articulos 1218 del C6digo Civil y 595 de la Ley de Tr~mites respectivamente.
La Sala de Io Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo que sigue:
Considerando: que, los tres motivos interpuestos por via do ampliaci6n al amparo del inciso s6ptimo del artrculo 1690 de la Ley Procesal Civil, en los que se imputan errores de derecho en la apreciaci6n de las pruebas de'confesi6n judicial y documental p6blica, deben declararse improcedentes, porque la Sala de Audiencia no desconoce el valor en juicio de la confesi6n prestada por el demandado, ni la validez, fuerza y eficacia de la documental practicada, en cuanto est, n referidas al hecho de haber incrementado sus medios econ6micos el alimentante por virtud del aumento de salario que ha obtenido, sino que descansa principalmente en el fundamento de que la proporcionalidad a que se contrae el articulo 146 del C6digo Civil, para determinar equitativamente la cuantla de los alimentos debidos por raz6n de p,rentesco, no se relaciona exclusivamente al caudal o medios de quien los da, sino que hay necesidad de vincular dicha situaci6n econ6mica a las obligaciones a su cargo y las necesidades del alimentista; problema 6ste que no cabe discutir sobre la base de un error de derecho en la apreciaci6n de las pruebas de que se trata .sino al amparo de otra causal, como en efecto hace la recurrente en el motivo de fondo que a continuaci6n se analiza.
Considerando: que la sentencia impugnada al mantener lacuantra de la pensi6n alimenticia de 45 pesos mensuales a la 6nica hija de once ahios de edad, que acordaron ambos padres y se dispuso por la ejecutoria del juicio de divorcio, no infringe la regla de proporcionalidad que establece el articulo 147 del C6digo Civil, con relaci6n al 146 del propio texto legal, entre la ascendencia de la pensi6n asignada y el caudal o medios econ6micos del alimentante, pues en forma racional ha tenido en cuenta los elementos del juicio, en primer lugar que, aunque el padre obligado a pagarla ha acrecentado sus entradas mensuales, la cantidad fijada como pensi6n as suficiente para atender a cabalidad las necesidades de la manor, porque los servicios m6dicos, hospitalarios, educacionales y recreativos son gratultos y que la madre es mujer joven en aptitud de trabajar que debe tambi6n contribuir al mantenimiento de su menor hija; no habi6ndose en consecuencia cometido la infracci6n alegada en oi motivo original del recurso.
Considerando: que, en virtud de lo expuesto debe desestimarse este recurso, sin costas por no haberse causado.
Fallamos: no haber lugar el presente recurso sin especial imposici6n de costas.
Fernando Alvarez Tabro (Presidente), Antonio M.Viera, Jos6 Fernfndez Piloto (Ponente), Jorge Martinez, Joaqurn Hernfndez (Jueces).







CASACI6N. SENTENCIA NUM. 13, de 14 de febrero de 1974.

DIVORCIO. GUARDA DE HIJOS

Deben respetarse las convenciones de las partes en
cuantoal c6nyuge al que seconfiarh la guarda y cuidado de los menores hijos, siempre que no envuelvan perjuicio para los 6ltimos; sin que el desistimiento posterior de uno de ellos en cuanto a dichas convenciones, por st
solo, sea suficiente para descartarlas.

S. S. L. L. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Sagua la Grande juicio de divorcio contra M.M. A.S. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando con lugar la demanda de divorcio por [a causal 15a del articulo 30 del Decreto-Ley 206 de 1934, y en su consecuencia disuelto el vrnculo matrimonial entre ambos existente. Contra [a referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandante, limitfndolo al punto de los pronunciamientos sobre la guarda y cuidado del menor hijo, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de Las Villas, declar~ndolo sin lugar confirmando la sentencia en todas sus partes por los propios fundamentos.
Contra la (ltima sentencia el apelante S.S.L.L., estableci6 recurso de casaci6n que consta de un solo motivo en la forma siguiente: amparado en el inciso primero del articulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusando como infringido el articulo 24 del Decreto Ley 206 de mayo de 1934. La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, el (inico motivo del recurso, en el que se acusa la infracci6n del inciso b) del articulo 24 del Decreto Ley nimero 206 de 1934, al amparo del phrrafo primero del articulo 1690 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil, debe desestimarse, pues la sentencia interpelada, al aceptar los fundamentos de la apelada para confirmarla, no vulnera el mencionado arttcuIo 24, ya que para partarse del r6gimen legal establecido se basa en las convenciones de ambos progenitores en que manifiestan sus deseos de que el menor hijo de ambos, no obstante susexo, quede al abrigo y cuidado'de [a madre, y si bien es cierto que el juzgador no queda obligado a sujetarse a las reglas establecidas en las mismas, no es menos cierto que nada Io impide, aunque se trate de un vrnculo matrimonial que se disuelve por causal que no conlleva declaraci6n de culpabilidad de ninguno de los c6nyuges, dado el carhcter tuitivo de esta cuesti6n, y disponer Io que considere m6s favorable a los intereses del menor, que en el casoes, sin duda, Io convenido por sus progenitores, aunque posteriormente el padre reaccionara pretendiendo o contrario, alegando que las convenciones alcanzaban solamente el perrodo correspondiente al juicio, ya que claramente se deduce Io contrario, sin haber demostrado que haya variado la situaci6n. Considerando: que, por las expuestas razones el recurso debe ser declarado sin lugar, sin costas por no haberse causado.







Fallamos: sin lugar el recurso, sin especial imposici6n do costas.
Fernando Alvarez, Tabro (Presidente) Jos6 Piloto, Luis M.Buch (Ponente), Jorge Martrnez, Joaquin Hernhndez (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 18, de 26 de febrero de 1974.

MAYOR CUANTIA. SOBRE NULIDAD DE JUICIO DE FILIACION Y OTROS PRONUNCIAMIENTOS

No agotados por los demandantes los recursos que la
derogada Ley de Enjuiciamiento Civil franqueaba contra
la sentencia dictada en juicio declarativo de mayorcuantra sobre reconocimiento de filiaci6n que se seguia a su causante, po no haber usado los mismos de la audiencla
en rebeldla que esa ley procesal autorizaba, interponiendo [a demanda de nulidad del juicio durante el t6rmino
que tenra para establecerla, oper6, en consecuencia, lo
preceptuado an el artrculo 407 del citado cuerpo legal,
pasando a la autoridad de cosa juzgada la sentencia que lo decidi6, sin necesidad de declaracl6n expresa; eimplicando toda la infraccln por la sentencia quo decret6
la nulidad del refertdo julcio do filiaci6n, del p&rrafo
primero del artculo 4 del C6digo Civil, puesto que, legalmente, el juicio con su sentencia era -vhldo,, sin que sea lfcito convertir como lo realiza la parte demandante, en acci6n 1oque constituye un recurso, acudiendo a un nuevo pleito, porque de tal manera 46stos se reproduci-i rran indefinidamente y carecerian de firmeza y estabilidad las resoluclones judiciales.

T. S, C. R, y M.Y. todos de apellidos G.A., establecieronante el extinguido JuZgado de Primera Instancia de Holgutn julcio declarativo de mayor cuantia sobre nulidad de juicio de filiaci6n contra T.R, 0.S, S.E, X.R, A.J, todos de aplIidos G.D. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugar la excepci6n de falta de acci6n interpuesta por los G. D. y con lugar la demanda declarativa de mayor cuantra promovida por los G.A.
Contra la referida sentencla los demandados GD. establecieron recurso de apelaci6n, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de Holgurn declarfindolo sin lugar y en su virtud confirmada la sentencia apelada por sus propios fundamentos.
Contra la Ciltima sentencia los referldos apelantes establecieron recurso de casaci6n que consta de 5 motivos, en la siguiente forma: of primer motivo se ampara en el inciso 10 del artfculo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y acusa la infracci6n del artitculo 24 del C6dlgo Civil; el segundo motivo so ampera en el inciso 10 del arti'culo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y acusa la infracci6n del arttculo 137 del C6digo Civil; el tercer motivo se ampara en el inciso 10 del articulo 1690 del referido cuerpo legal y Lcusa Ia infracci6n del articulo 132 del Cbdlgo








Civil, el cuarto motivo se ampara en el inciso 50 del articulo 1690 de dicha Ley y acusa la infracci6n del articulo 407 tambi6n de la misma ley; y el quinto motivo se ampara en el inciso 10 del artf'culo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y acusa fa infracci6n del artlculo 541 de la misma ley.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: en cuanto al primer motivo del recurso, es fcilmente comprobable que la pretensi6n de nulidad del juicio de filiaci6n, principal que se formula y guarda estrecha relaci6n con las dos restantes peticiones, la misma fue establecida sin agotar los demandantes los recursos que la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil les franqueaba contra la sentencia dictada en el juicio, concretamente el uso de fa audiencia en rebeldla para rescindir la referida sentencia, accionando precisamente [a citada nulidad dentro del perrodo en que pudieron establecerla y permitiendo que operara respecto a ella lo preceptuado en el artlculo 407 del cuerpo legal citado, pasando a la autoridad de cosa juzgada, sin necesidad de declaraci6n expresa e implicando todo, en consecuencia, la infracci6n por la sentencia del p&rrafo 10 del artfculo 4 del C6digo Civil, por indebida aplicaci6n, puesto que legalmente el juicio con su sentencia anulado es vilido, no siendo Ircito convertir, como lo realiza la parte demandante, en acci6n lo que constituye un recurso, acudiendo de nuevo a un pleito porque de tal manera 6stos se reproducirran indefinidamente y carecerran de firmeza y estabilidad las resoluciones judiciales.
Considerando: que, por lo expuesto, sin examinar los demas motivos por innecesario, procede acoger el recurso y casar y anular la sentencia recurrida, sin especial condenaci6n de costas.
Fallamos: con lugar el presente recurso, y casamos y anulamos la sentencia recurrida, sin costas.
Fernando A lvarez Tabro (Presidente), Jos& Fernandez Piloto, Luis M. Buch (Ponente), Jorge Martinez, Joaquin Hernhndez (Jueces).
Dando por reproducidos, en lo pertinente, los considerandos de fa sentencia de casaci6n.
Considerando: en atenci6n a lo consignado en las consideraciones reproducidas, procede acoger el recurso de apelaci6n en relaci6n con la pretensi6n de nulidad del juicio de filiaci6n cuestionado, que procede desestimarse.
Considerando: sin embargo, que no acontece lo mismo en cuanto a la nulidad de la declaratoria de herederos reclamada, porque si las certificaciones de las inscripciones de nacimiento de los demandados concretamente no tienen el car.cter de nulas por la revelaci6n del nombre del padre que contienen, susceptibles (inicamente de tacharse por el Encargado del Registro Civil que las practic6, con la imposicibn de la correspondiente correcci6n disciplinaria, la circunstancia demostrada de que anteriormente a instancias de parte legitima se habra acordado una declaratoria del mismo causante en favor de los que en aquel momento disfrutaban del concepto de herederos, no autorizaba a los referidos







demandados, aunque desconocieran la misma y tuvieran a su disposicibn certificaci6n acreditativa de que ninguna se habia realizado, para solicitar una nueva, pues una vez acordada tal declaraci6n, no puede Ilevarse a cabo una segunda aunque se incluya en ella a los reconocidos en la primera, si no que debe acudirse al juicio contradictorio correspondiente para que se adicionen a los ya declarados, como se desprende de los artIculos 980, con relaci6n al 996, ambos de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil, resultando nula la segunda.
Considerando: que la demanda reconvencional de la mujer que obtuvo judicialnente el reconocimiento de la equiparaci6n matrimonial de su uni6n concubinaria con el causante de la herencia, mediante Ia pretensi6ndeducidadequese le incluyaen la primeradeclaratoria deherederos quenoesobjetodecontroversia en el proceso, era improcedente ydebi6desestimarse, por la evidente falta de acci6n que implica su articulaci6n en el pleito contra los demandantes solicitando que se adicione la referida declaraci6n, reconoci~ndole su derecho a la cuota vidual usufructuaria, porque en los t~rminos en que se establece el debate, el ejercicio de la misma resulta incompatible con lo que es objeto principal del proceso y no podra acumularse al mismo; adem~s, dicho derecho resulta reconocido en la sentencia del juicio de equiparaci6n matrimonial, que al tiempo de la interposici6n de Ia repetida reconvenci6n no disfrutaba del car&cter de firme, pues seguida en rebelda de los demandados supuestamente de ignorados domicilios, cabia contra ella la posibilidad de la interposici6n del juicio de audiencia en rebeldia.
Considerando: que, por los fundamentos expuestos, procede acoger en parte el recurso de apelaci6n y en parte rechazarlo, revdcando en la misma forma la sentencia recurrida, estimando en parte la excepci6n de falta de acci6n opuesta a la demanda, desestimar la pretensi6n de nulidad del juicio de filiaci6n cuestionado y la de inclusi6n de la reconvencionista en la declaratoria de herederos no controvertida, confirmando la sentencia recurrida en cuanto declar6 la nulidad de la declaratoria de herederos promovida por los demandados, sin hacer especial condenaci6n de costas en ninguna de las instancias, dada la forma en que se resuelve, lo que excluye declaraci6n de temeridad o mala fe. Fallamos: con lugar en parte, y sin lugar en parte, el recurso de apelaci6n interpuesto por los demandados contra la sentencia del Juez de Primera Instancia de Holgurn, la que revocamos en igual forma, acogiendo parcialmente la excepci6n de falta de acci6n en los actores, opuesta, desestimandocomodesestimamos la demanda en cuanto la nulidad del juicio de filiaci6n promovido por los demandados G.D. y la reconvenci6n establecidaporR.A.A.C. absolviendo de las mismas a los demandados y debemos confirmar como confirmamos la sentencia apelada en el extremo en que decret6 la nulidad de la declaratoria de herederos de T. G.A. practicada a instancia de los referidos hermanos G. D., con los dem~s pronunciamientos con relaci6n a la misma; no se hace especial condenaci6n de costas en ninguna de las instancias ni, por tanto, declaratoria de temeridad o mala fe.







CASACI)N. SENTENCIA NUM. 20, de 27 de febrero de 1974.

MAYOR CUANTIA SOBRE GUARDA Y CUSTODIA DE HIJOS. ERRONEA APRECIACI6N DE DOCUMENTAL PCBLICA

La sentencia que, valorando una documental p(Ablica
aceptada por las partes, consistente en una copia
autorizada de la resoluci6n de un Delegado Provincial del Consejo Superior de Defense Social del MININT, en la que se otorga a un padre de menores [a libertad condicional en cuanto a la sanci6n de diez aiios de privaci6n de libertad que le impuso un Tribunal Revolucionario por un delito contra los Poderes del Estado,
se desentiende de las limitaciones que la referida Iibertad provisional entrafia pare el sancionado, en cuanto a la propia libertad y su capacidad de obrar,
puesto que siempre puede sufrir la parte pendiente de
la sanci6n, as" como la desfavorable consideraci6n que,
social y p iblicamente, implica por la naturaleza del
aludido delito y comete error, por tanto, en dicha apreciaci6n y debe casarse.

E.R.R.C. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Holgurn juicio declarativo de mayor cuantra sobre guarda y custodia de hijos, contra M.G.L. y H.R.G. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugar la demanda, privando al actor como padre, de la patria potestad sobre sus menores hijos. Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandante, el que sustanciado fue resuelto por Ia extinguida audiencia de Holguin declar&ndolo con lugar y, en su virtud revocando la sentencia apelada conden6 a las demandadas a que entreguen la guarda y custodia de los dos menores hijos al demandante.
Contra la 1j1tima sentencia las demandadas M.G.L. y H.R.G. establecieron recurso de casaci6n que consta de dos motivos, en la siguiente forma: El primero amparado en el inciso 70 del articulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fundament&ndolo en error de hecho al apreciar la prueba documental, el segundo motivo al amparo del inciso 10 del .artfculo 1690 de la expresada ley acusando la infracci6n por violaci6n de Doctrina Legal de sentencias del Tribunal Supremo de Cuba.
La Sale de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo qua sigue:
Considerando: que la sentencia recurrida, como se denuncia en el primer motivo del recurso, incurre en la err6nea apreciaci6n de la documental pCiblica, aceptada por ambas partes, consistente en la copia autorizada de la resoluci6n del Delegado Provincial de Oriente del Consejo Superior de Defensa Social del Ministerio del Interior, de 8 de octubre de 1968, por la que se otorga al padre demandante los beneficios de la libertad condicional en cuanto a la sanci6n de diez afios de privaci6n de libertad que el Tribunal Revolucionario de Santiago de Cuba le impuso en Ia cause






nCimero 362 de 1964, por un delito contra los Poderes del Estado, toda vez que se desentiende de las limitaciones que la referida libertad entraea para el sancionado, en cuanto a la propia libertad y en su capacidad de obrar, puesto que siempre puede sufrir la parte pendiente de la sanci6n, asr como la desfavorable consideraci6n que social y politicamente implica la naturaleza del aludido del ito.
Considerando: que, en consecuencia, sin examinar el restante motivo por innecesario, procede acoger el recurso y casar y anular la sentencia interpelada, sin especial imposici6ndecostas.
Fallamos: haber lugar el presente recurso y casamos y anulamos la sentencia recurrida, sin costas.
F. Alvarez Tabfo (Presidente), Antonio M.Viera (Ponente), Jose Fdez. Piloto, Jorge Martinez, Joaquin Hernhndez (Jueces).
Dando por reproducidas, en lo pertinente, las consideraciones de la sentencia de casaci6n y aceptando las de la sentencia apelada.
Considerando: que, en atenci6n a Io expuesto en las consideraclones anteriormente reproducidas y las aceptadas, procede rechazar el recurso de apelaci6n y confirmar la sentencia apelada, sin especial imposici6n de costas dada la materia de que se trata, haciendo 6nfasis en que la naturaleza de carficter social que reviste el objeto del proceso, como Io es la protecci6n de menores, permite que en la sentencia bajo examen se adopte, sin haberse solicitado, la medida extraordinaria de privaci6n de la funci6n de la patria potestad al progenitor, disponiendo la constituci6n en tutela de aquellos.
Fallamos: no haber lugar al recurso de apelaci6n y confirmamos la sentencia apelada, dictada por el extinguido JuzgadodePrimera Instancia de Holgufn, sin especial condenaci6n de costas ni declaratoria, por tanto, de temeridad o male fe.

CASACI(N. SENTENCIA NUM. 23, de 4 de marzo de 1974.

DIVORCIO. GUARDA Y CUIDADO DE HIJOS MAYORES DE CINCO AFOS, VARONES, AL PADRE

La sentencia que confia al padre la guarda y cuidado de hijos varones, mayroes de 5 altos de edad, sinqueexistan motivos para apartarse del r6gimen legal establecido en el inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934, no Io infringe; sin que revista la naturaleza de tal causa el hecho de que el mismo haya sido sancionado anteriormenta por dos delitos leves.

G. D.P.R. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia del Norte-Sur juicio de divorcio contra su esposo J.H.H. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando con lugar la demanda de divorcio establecida por G.D.P.R. contra J.H.H. por la causal 150, disolviendo el vinculo matrimonial entre ambos existente, quedando los treshijos al abrigo y cuidado de la madre.







Contra Ia refer-ida sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandado, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de La Habana, declarindolo con lugar, revocando la sentencia apelada yotorg-ndole la guarda ycustodia de los hijos varones mayores de cinco alos de edad al padre. Contra la ultimaa sentencia la parte actora estableci6 recursode casaci6n que consta de tres motivos, en la siguiente forma: el primero amparado en el inclso 70 del articulo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acusando como infringidos los articulos 1218 del C6digo Civil y 597 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el segundo amparado en el inciso 1O del articulo 1690 de la misma Ley Procesal, acusando la infracci6n del artrculo 171 del C6digo Civil, y el tercer motivo amparado del propio precepto legal y acusando infringido el inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley nmero 206 de 1934.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, el error de derecho en la apreciaci6n de la prueba alegado en el primer motivo del recurso no puede estimarse, porque supone equivocadamente que la Sala de Audiencia no ha concedido a las certificaciones expedidas por el Tribunal Popular de la Vrbora, aportadas al pleito por la recurrente, [a eficacia que el artfculo 1218 del C6digo Civil otorga a los documentos p~blicos, cuando en realidad la sentencia impugnada no la desconoce ni [a niega, sino que d6ndole el alcance que estim6 corresponderle, no entiende que los hechos que prueban dichos documentos sean de suficiente entidad para privar al padre de la guarda y custodia de sus hijos varones, mayores de cinco afos, ni de la funci6n legal de orientarlos y dir-igirlos, cuesti6n discutible al amparo de otra causal de casaci6n. Considerando: que, confiada al padre [a guarda y cuidado de los hijos varones, mayores de 5 afios de edad, en virtud de haberse decretado el divorcio por la causal de incompatibilidad de caracteres y, por el fundamento de que no existen motivos con suficiente entidad para privarle de la func16n tuitiva de orientar y dirigir a sus hijos menores de edad, debe desestimarse el segundo motivo del recurso, en el que se denuncia la infracci6n del artrculo 171 del C6digo Civil, sobre el supuesto err6neo de que por haber sido sancionado en dos ocasiones por un tribunal popular por dos delitos leves debe estimarse que le ha dado a sus hijos ejemplos corruptores y procede prlvhrsele de la patria potestad sobre los mismos; Io que no es aceptable, porque los motivos a que elude el citado precepto estfn referidos a conductas de progenitores que puedan dar a sus hijos, por suvida licenciosa o por actos de reconocida inmoralidad, ejemplo que los deforme y en el caso, la sentencia impugnada categ6r-icamente asegura qua el padre al que se le confiere [a patria potestad y la guarda y cuidado de sus hijos varones, es trabajador, buen padre y de conducta moral.
Considerando: que no infringe el inciso b) del artfculo 24 del Decreto-Ley nCJmero 206 de 1934, sobre divorcio, como se alega en el tercer motivo del recurso, la sentencia Impugnada que concede al padre la guarda y cuidado de los hijos varones, mayores de 5 aios, porque [a causal qua sirve de fundamento a la








dlsoluci6n del vrnculo matrimonial, es [a d6cimo quinta del artrcu1o tercero de la mencionada Ley de Divorcio y ademhs, no existen motivos que aconsejen, en beneficio moral y material de los hijos, apartarse del r6girnen legal que dicho precepto establece; lo que. significa que [a Sala de Audlencia no omlti6 tomar en cuenta los elementos del juicio, sino que, por el contrario, al apreciarlos en conjunto lleg6 a la conclusl6n de que no existen motivos con suficiente entidad para asegurar que el padre se encuentra Impedido para ejercer la funci6n legal de orientar y dirigir a los hijos varones de mhs de 5 a~ios de edad.
Considerando: que por los fundamentos expuestos procede la desestimaci6n del recurso, imponiendo las costas a la recurrente.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos sin lugar el recurso con las costas a cargo de la recurrente.
F. !varez Tablo (Presidente), Luis M. Buch, Jos6 Fdez. Piloto (Ponente) Jorge Martinez Rodriguez y Joaquin Hdez. H. (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 24, de 8 de marzo de 1974.

MAYOR CUANTiA. FILIACION

El artrculo 135, pfrrafo inicial e inciso segundo del C6digo Civil, debe interpretarse atemperfndolo a lo dispuesto en el artfculo 44 de [a Ley Fundamental, de rango superior, y en tal concepto de Ineludible aplicaci6n, que
dispone que los hijos habidos fuera de matrimonio por
persona casada tendrfn iguales derechos que los habidos de persona qua al tiempo de la concepci6n estuvieran en aptitud decontraermatrimonio, por lo quedemostradoquei un hijo fue concebido en relaciones conhombre de estado
casado, fallecido con anterioridad al alumbramiento,
quien hizo manifestaciones piblicas a amigos y familiares
acerca de la alegrfa que le producer el advenimiento del hijo, deben calificarse como actos directosde reconocimiento del hijo que iba a nacer; corroborado ademlig ese hecho por familiar allegado, como as un hermano,
que lo ha tratado slempre como sobrino; puesto que a la
luz de [a nueva realidad social imperante ennuestro pals,
que rechaza categ6ricamente cualquler discrtminac6n entre hijos, procede reconocer la filiaci6n en tal caso,
denegada en la sentencia Interpelada.

M. E.L. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Santa Clara juiclo declarativo de mayor cuantra sobre filiaci6n de hijo menor, contra A.G.F. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencla dicho Juzgado declarando con lugar la excepcibn opuesta de falta de acc16n y en su consecuencia sin lugarla presente demanda.
Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelacibn la demandante, el qua sustanciado fue resuelto por la extingulda Audiencia de Las Villas declarhndolo sin lugar y confirmando la sentencia apelada en todas sus partes por sus propios fundamentos.







Contra la 6ltlma sentencia la demandante estableci6 recurso de casaci6n que consta de un solo motivo amparado en el inclso Ito. del artpiculo 1690 de la Ley de Enjuiciamlento Civil, acushndose la infracci6n del artrculo, 135 p rrafo inicial e inciso 2do. con relacl6n al 134 del C6digo Civil y la falta de aplicaci6n del arttculo 44 de la Ley Fundamental. La Sala de to Civil y de lo Adminlstrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve to que sigue:
Considerando: que, es cierto como afirma la promovente en los motivos A y B del recurso, que la sentencia interpelada que asume los fundamentos de la de Primera Instancia, infringe el artfculo 135, pfrrafo Iniclal e inciso segundo del C6digo Civil, ya que el refldo precepto debe interpretarse atemperndolo a lo dispuesto en el artrculo 44 de la*Ley Fundamental de rango superior y ental concepto de ineludible aplicac16n, disponiendo que los hijos habidos fuera del matrimonio por persona casada tendrhn iguales derechos que los nacidos de pers6nas que al tlempo de [a concepc16n estuvieran en aptitud de contraerlo y, en el caso examinado qued6 demostrado que el hijo concebido por la recurrente con el demandante, de estado casado, fallecido este (jitimo con anterioridad al alumbramiento, quien hizo manifestaciones p~blicas a amigos y familiares acerca de la alegrra que le producer tener un hijo lo que conduce, sin lugar a dudas, a calificar estas manifestaciones como actos directos de reconocimiento del hijo que iba a nacer; corroborado ademfis este hecho por familiar allegado, como es el hermano del fallecido; extremos todos que han sido reconocidos explrcitamente en ]a sentencia Impugnada; por lo que a la luz de [a nueva realidad social imperante en nuestro pats, que rechaza categ6ricamente cualquier discriminaci6n entre los hijos, procede acoger ambos motivos del recurso.
Considerando: que, en consecuencia, sin examinar el motivo que resta por innecesario, procede acoger el recurso y casar y anu-lar la sentencia recurrida, sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a costas.
Fallamos: con lugar el presente recurso y casamos y anulamos la sentencia recurrida, sin costas. Fernando Alvarez Tabro (Presidente), Antonio M. Viera, Luis M. Buch (Ponente), Wilfredo Diaz, Daniela (Norat (Jueces).I. Dando por ireproducido, en lo pertinente, el primer considerando de la sentencia de casac16n. Considerando: que, en virtud de la consideraci6n reproducida, demostrada la paternidad del demandado en cuanto al hijo habldo de sus relaciones extramatrimoniales, puesto que admiti6 p0blicamente set producto de sus relaciones sexuales con la madre del menor, procede declarar con lugar el recurso de apelac16n, revocar la sentencia recurrida y acoger en todas sus partes la demanda, sin especial imposici6n de costas en ninguna di las instancias y, portanto, no hacer declaratoria de temeridad o mal fe.
Fallamos: con lugar el presente recurso de apelaci6n y revocando como revocamos la s6ritencla apelada, dictada por el extinguldo








Juzgado de Primera Instancia de Santa Clara, desestimamos la excepci6n de falta de acci6n opuesta a la demanda, la que declaramos con lugar condenando a los demandados, A.G.F; los sucesores, parientes, causahabientes o herencia yacente del fallecido J.M.A.M. y cualquier persona que demostrara interns en los pronunciamientos solicitados y el Ministerio Fiscal, a pasar por los siguientes; que el menor J.E.L., que naci6 el d'a 18 de noviembre de 1971 e inscripto al folio 366 del tomo 382 de la Secci6n de Nacimientos del Registro Civil de Santa Clara, es hijo extramatrimonial de M.E.L. con J.M.A.M natural deSantaClara, mayor de edad, agricultor, fallecido, y con derecho a Ilevar el apellido de su padre y los demhs derechos que como tal hijo le correspondan, libr~ndose carta-orden al Registro Civil de Santa Clara para que proceda conforme a la Ley de Registro Civil a hacer en forma legal las anotaciones correspondientes en la inscripci6n de nacimiento del menor en cuanto a Io declarado; sin hacer especial condenaci6ndecostas enningunade las instancias ni declaratoria de temeridad o mala fe.
CASACI6N. SENTENCIA NUM. 27, de 12 de marzo de 1974.
DIVORCIO. GUARDA DE HIJOS VARONES

Constituyen causas que permiten separarse del r6gimen
legal establecido en el inciso b) del artrculo 24 del
Decreto-Ley 206 de 1934 y conferir la guarda y patria potestad de un hijo var6n, mayor de 5 a~os, a la madre y no al padre, al disolverse el vinculo matrimonial, las
circunstanciasdequedicho padre concediera permiso a
la madre para trasladarse al extranjero con el niio, sin importijrle la separaci6n y traspaso de hecho de las referidas funciones; y, ademfs, que habiendo desistido la
madre de marcharse del pais, al separarse del padre desde dos afios antes de la interposici6n del divorcio,
ha mantenido el hijo a su abrigo, cuidfindole esmeradamente, sin que el padre durante todo el tiempo sostuviera relaciones con el hijo, no visitfindolo, por sus sentimientos adversos en cuanto a la madre.

G.F.S. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Ciego de Avila juicio de divorcio contra E. E. P.C. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia declarando con lugar Ia demanda con disoluci6n del vinculo matrimonial por la causar 15a del articulo 30 del Decreto-Ley 206 de 10 de mayo de 1934 confiriendo la guarda y cuidado del hijo a la madre, y sin lugar la acci6n reconvencional establecida por la demandada contra el actor.
Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandante, el que sustanciado fue resuelto por la Audiencia de Camagtey declarfndolo con lugar en parte, modific~ndola en el solo sentido de que el hijo var6n pase a la guarda y cuidado de su padre al que se le confiere la patria potestad.
Contra la (Jltima sentencia la parte demandada estableci6 recurso de casacl6n que consta de dos motivos en la siguiente forma: amparado el primero en el ordinal 10 del arti'culo 1690 de la Ley







de Enjuiciamiento Civil, acusando la infracci6n del inciso b) del artrculo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934 y el segundo motivo amparado en el inciso 70 del articulo 1690 de la referida Ley fundamentfndolo en err6nea valoraci6n de la documental p(jblica, desconociendo su contenido e infringiendo el articulo 1218 del C6digo Civil.
La Sala de to Civil y de 1o Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resuelve lo que sigue:
Considerando: que, no aprecia err6neamente la sentencia impugnada la documental pblica consistente en el testimonio de escritura pblica, de 6 de julio de 1968, otorgada en la ciudad de Ciego de Avila, por la que el padre concedia a la madre recurrente autorizacibn para que, con el menor hijo var6n del matrimonio, se ausentara del territorio nacional, como se acusa en el segundo motivo del recurso, pues la valora cabalmente at aceptar consideraciones de la sentencia dictada en la primera instancia, entre las que resalta, la que ha tenido por acreditado el referido hecho, es decir, que se concedi6 la autorizaci6nantes mencionada.
Considerando: sin embargo, aplica err6neamente la sentencia bajo examen el inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934, segCin se denuncia en el motivo primero, porque efectivamente de los autos, acorde con las referidas consideraciones aceptadas de la sentencia apelada, surgen elementos suficientes que aconsejan en benefico de los intereses morales y materiales del hijo, que son los que deben prevalecer, apartarse del r6gimen legal establecido en el mencionado precepto legal para, decrethndose el divorcio por causal no culposa, otorgar la guarda a la madre, como son que el padre en determinada oportunidad, sin importarle su separaci6n del hijo, autoriz6 a la madre, bajo el abrigo de la cual permanece desde que 6sta se march6 del hogar conyugal como consecuencia de las reiteradas desavenencias matrimoniales, a que se ausentara del pets Ilevando consigo al menor, prop6sito del que ha desistido y quedando dicho padre aqui, 1o que implicaba transferirle la guarda y patria potestad a la madre y ademhs, la reconocida aplicacibn de [a madre en la esmerada atenci6n prestada al hijo desde mfs de dos aios antes de interponerse la demanda de divorcio por el repetido padre, el que en todo ese perlodo, sin otra explicaci6n que sus sentimientos respecto a la madre no sostuvo comunicaci6n con el mismo, trasladndose at lugar en que habitaba, aunque no dejara de atenderlo en sus necesidades.
Considerando: que, por consiguiente, procede acoger el recurso y casar y anular parcialmente la sentencia recurrida, solamente en el pronunciamiento en que confi6 la guarda y patria potestad del menor hijo del matrimonio que disuelve al padre, sin hacer especial condenaci6n de costas.
Fallamos: con lugar el presente recurso y casamos y anulamos parcialmente la sentencia recurrida solamente en el pronunciamiento antes mencionado, sin costas. F. Alvarez Tabio (Presidente), Antonio M. Viera (Ponente), Luis M. Buch, Wilfredo Diaz, Daniela Norat, (Jueces).







Dando por reproducidas, en lo pertinente, las consideraclones de la sentencia de casaci6n.
Considerando: que, en atenci6h a lo expuesto en las referidas consideraciones, con reproducci6n de la sentencia casada en todo lo no afectado por la de casaci6n, procede declarar no haber lugar el recurso de apelaci6n del actor en cuanto a los pronunciamientos de la apelada que concedi6 la guarda del hijo del matrimonio a [a madre, concediendo la patria potestad a ambos padres, confirmando [a repetida sentencia en cuanto a ellos, sin hacer especial condenaci6n de costas, lo que excluyedeclaracl6n de temeridad o mala fe.
Fallamos: con reproducci6n de la sentencia casada en todo lo no afectado por la de casaci6n, debemos declarar sin lugar el recurso de apelaci6n del actor en cuanto a los extremos de la sentencia del extinguido Juzgado de Primera Instancia de Ciegode Avila, la que otorg6 la guarda del hijo var6n a la madre yla patria potestad sobre el mismo a ambos padres, y debemos confirmar y confirmamos en cuanto a ese extremo la sentencia apelada, sin especial condenaci6n de costas ni, por tanto, declaratoria de temeridad o mala fe.

CAsACI6N. SENTENCIA NUM.31, de 15 de marzo de 1974.

INCIDENTE EN EJECUCI6N. SENTENCIA DE DIVORCIO SOBRE VARIACI6N DE GUARDA Y PATRIA POTESTAD DE HIJO

Aparte de que el r6gimen legal regulador de la guarda de
los hijos establecido en el inciso b) del artfculo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934 es solamente aplicable al dictarse sentencia definitiva en el juicio de divorcio y no en los incidentes surgidos despu~s, que deben fundarse para su procedencia en hechos ocurridos con posterioridad a
[a aludida sentencia, que lo aconsejan en beneficio del
hijo; la circunstancia de que desde unos meses de nacido y mucho antes de la disoluci6n del matrimonlo el menor
que tiene seis afios se encontraba al cuidado de I abuela materna, con el consentimiento paterno, bajo la fiscalizaci6n de la madre que ostenta la guarda y comparte Ia
patria potestad con el padre, mediante visitas y atenclones personales muy frecuentes y que en ese lapso el
padre tambi6n ha venido prestindole atenci6n, sosteniendo la comunicaci6n con el mismo, no significa que la madre haya traspasado, seg(in se pretende, sus funciones a la
mencionada abuela, teni6ndolo la madre al tiempo de plantearse la cuesti6n incidental consigo.

M.C.C. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Marianao incidente sobre variaci6n de guarda y patrlI potestad del hijo, en la ejecuci6n de la sentencia que Io divorcl6; contra S.B.P.D. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugarla demanda quedando el menor hijo al abrigo y cuidado de su madre como dispuso la sentencia del juicio de divorcio.







Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandante, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de La Habana desestimfindolo y confirmando la sentencia recurrida.
Contra la Oltima sentencia el apelante estableci6 recurso de casaci6n que consta de un motivo amparado en el ordinal 10 del artrculo 1690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, acusando la infracci6n del inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley 206de 1934. La Sala de lo Civil y de lo Administrativo .del Tribunal Supremo Popular resuelve lo que sigue:
Considerando: aparte de que lo preceptuado en el inciso b) del artfculo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934, invocado como infringido en el recurso, s6lo es aplicable al dictarse sentencia definitiva en el juicio de divorclo, pero no con posterioridad, cuando al amparo del articulo 30 del mismo cuerpo legal se pretende la modificacibn de las medidas de guarda y patria potestad de un hijo adoptadas en aqu~llas, en que tiene que fundarse en nuevos hechos que, en beneficlo del menor, justifiquen la misma; siempre el recurso debe declararse improcedente, pues la desestimaci6n por [a sentencia impugnada de la cuesti6n incidental promovida por el recurrente descansa en los fundamentos de la dictada en la primera instancia y los que adiciona, aseverando que desde unos meses de nacido y mucho antes de la disoluci6n del matrimonio de los progenitores en marzo de 1970, el menor, que ya tiene seis afios, estuvo al cuidado de la abuela materna, con el consentimiento paterno, bajo la fiscalizaci6n de la madre que ostenta legalmente su guarda y comparte con el padre [a funci6n de la patria potestad, mediante visitas y atenciones personales muy frecuentes y quo en ese lapso tambi6n el padre ha venido ocupndose y sosteniendo la comunicaci6n con el mismo, Io que no significa en modo alguno que la madre haya traspasado, como se alega, sus funciones a la mencionada abuela, debiendo subrayarse que despu6s de establecido el proceso incidental lo tiene bajo su abrigo; por todo Io cual tampoco se ha violado [a jurisprudencia que se cita, que en el supuesto de desprenderse [a madre de [a funci6n permite [a variaci6n solicitada.
Considerando: que, por lo expuesto, debe desestimarse este recurso, con las costas a cargo del recurrente. Fallamos: no haber lugar al presente recurso, con las costas a cargo del recurrente.
Fernando Alvarez Tabfo (Presidente), Antonio M.Uiera (Ponente), Luis M. Buch, Wilfredo Diaz, Daniela Norat (JUeces).

CASACION. SENTENCIA NUM. 32, de 15 de marzo de 1974.

INCIDENTE EN EJECUCI6N DE DIVORCIO SOBRE VARIACION DE GUARDA Y PATRIA POTESTAD DE HIJO

Confiada en la sentencia la guarda y patria potestad del
hijo var6n, sin Irmite de tiempo, a la madre, no puede
prosperar la pretensi6n incidental promovida por el padre solicitando lavariaci6ndedichasmedidasporlaexclusiva







circunstancia de haber arribado a [a edad de cinco
ahos, ya que Io preceptuadoen el inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934 es aplicable 6nicamente al
dictarse la sentencia definitiva en el juicio de divorcio
pero no despu6s, en la ejecuci6n de la sentencia, en que es indispensable adem6s, justificar la existencia
de otros hechos ocurridos con posterioridad a la ejecutoria, que en beneficio moral y material del hijo lo
determinen.

L.B.B.J. estableci6 ante el extinguido Juzgado de Primera Instancia de Marianao juicio declarativo de mayor cuantia sobre guarda y patria potestad de hijo contra O.L.H.L. Admitido y sustanciado el proceso dict6 sentencia dicho Juzgado declarando sin lugar [a demanda.

Contra la referida sentencia interpuso recurso de apelaci6n el demandante, el que sustanciado fue resuelto por la extinguida Audiencia de La Habana desestimando el recurso y confirmando la sentencia recurrida.

Contra la ultima sentencia la parte actora estableci6 recurso de casaci6n que consta de dos motivos en la siguiente forma: ambos al amparo del inciso 10 del articulo 1690 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil, acusando en el ler. motivo la infracci6n del inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley 206 de 1934 y en el segundo acusa la infracci6n de doctrina legal.

La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo que sigue:

Considerando: que, los 2 motivos del recurso deben rechazarse, ya que la sentencia impugnada que asume los fundamentos de la dictada en primera instancia amplifindolosparaconfirmaria, no infringe el inciso b) del articulo 24 del Decreto-Ley nmero 206 de 1934, el cual es de aplicaci6n exclusivamente al dictarse sentencia en el juicio de divorcio, segqn se hizo en el presente caso, confiri6ndose la guarda y patria potestad del menor a Ia madre; por lo que no procede aceptar lo que pretende el recurrente, es decir, plantear en una demanda incidental la variaci6n de la sentencia en cuanto a la referida guarda y patria potestad de menor, fundfndola en el hecho de que el hijo var6n del disuelto matrimonio, por haber arribado a los cinco argos de edad, debe sujetarse al cuidado del padre, conforme al r6gimen legal, lo que no es permisible, ya que para modificar Ia sentencia es necesaria la ocurrenc.ia de hechos posteriores de fndole tal que aconsejen, en beneficio del menor, la variaci6n de la guarda establecida en la ejecutoria del divorcio, lo que no se ha demostrado en el caso que se examina; sin que tampoco se haya infringido la doctrina legal alegada que en todo caso serfa de apreciaci6n al dictarse la sentencia de divorcio.






Considerando: que, por las expuestas razones, procede declarar sin lugar el presente recurso, sin costas.

Fallamos: sin lugar el recurso sin costas.

F. Alvarez Tabfo (Presidente), Antonio M.Viera, Luis M. Buch (Ponente), Wilfredo Dfaz, Daniela Norat (Jueces).


CASACION. SENTENCIA NUM. 35, de 25 de septiembre de 1974.

INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL PROVINCIAL POPULAR POR RAZ6N DE LA MATERIA


Es competente la jurisdicci6n en materia administrativa para conocer la pretensi6n procesal deducida contra
resoluci6n del Banco Nacional de Cuba y no en materia civil escogidas por tratarse de una disponiendo la congelaci6n de una cuenta corriente que mantenia en
el banco el recurrente, porque 6ste procedib como 6rgano de la Administraci6n Nacional, pues esa congelaci6n se produce a consecuencia de la nacionalizaci6n de bienes; por lo que al declararse inadmisible la demanda por el Tribunal Popular correspondiente procedi6 acertadamente.


J.M.P.S. acudi6 ante la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, interponiendo proceso ordinario reclamando el reintegro de una cantidad de dinero que fue traspasada al presupuesto nacional. Admitido y sustanciado dicho tribunal dict6 sentencia declarando no admitir la demanda por raz6n de la materia.
Contra dicha sentencia estableci6 recurso de casaci6n el demandante, que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial, Popular elevando las actuaciones a la Sala de Io Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que lo admiti6 y el que consta de cinco motivos, amparado el primero en el inciso 10 del artfculo 642 de [a Ley de Trfimite vigente y como precepto infringido acusa el inciso c) del articulo 6 de la propia ley; el segundo motivo igualmente al amparo del inciso 10 del arttculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo acusa como infringido el articulo 669, achpite a) de la propia Ley; el tercer y cuarto motivo del recurso los ampara en el propio inciso 10 del arttculo 642 de la Ley de Trfmite acusando como infringidos los art culos 2, 9, 13, 14 de la Ley 1187 de 25 de abril de 1966 y el artrculo 246 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo; y el quinto y CJltimo motivo lo ampara igualmente en el inciso 10 del articulo 642 de Ia Ley de Trbmite citando como infringido el articulo 21 de la Ley 1261 de 1973.








La Sala de lo Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve en la forma que sigue:

Considerando: que, [a jurisdicci6n en materia administrativa es competente para conocer de [a pretensi6n deducida en la presente demanda, porque como acertadamente se considera en la resoluci6n impugnada, el Banco Nacional de Cuba al disponer la congelaci6n de la cuenta corriente que mantenra el recurrente en la Agencia Bancaria de Jovellanos, actu6 en su car, cter de organismo, de la Administraci6n Nacional, pues de la propia lectura de la demanda se deduce que el cierre de dicha cuenta se produjo a consecuencia directa de la nacionalizaci6n decretada por el Ministerio de Transporte de la linea de 6mnibus del sector privado de la que era propietario y porteador el demandante, o sea, que fue motivada por la nacionalizaci6n estatal de una empresa privada, por ello hay que estimar que procedi6 correctamente la Sala de Instancia al rechazar de piano la demanda por raz6n de Ia materia. F~cilmente se advierte la concurrencia de los dos factores esenciales que concede la competencia a la vina administrativa: primero, la naturaleza de uno de los sujetos de la relaci6n procesal, Ia Administraci6n P6blica y despu6s, la materia sobre la que versa la controversia, un acto puramente administrativo. Ademis, la cita aislada del inciso c) del articulo sexto de Ia Ley de Procedimiento Civil no puede ser demostrativa de la competencia de la jurisdicci6n civil para conocer del asunto, pues est, referido en t~rminos generales, a los asuntos de naturaleza civil y no puede operar contra decisiones y actos administrativos que aparecen regulados expresamente en el Titulo 1 de la parte segunda de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo.

Considerando: que, por las razones expuestas procede declarar la improcedencia del primer motivo del recurso, en el que se acusa defecto por abstenerse de conocer la Sala de instancia al estimarse incompetente por raz6n de la materia; y, como con arreglo a Io prevenido de un modo claro y explicito en el n6mero 10 del articulo 642 de la vigente Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, solamente se autoriza a discutir las infracciones en que incurran los Tribunales de instancia, conociendo de lisuntos que por la ley no les est6n sometidos o dejando de conocer de aquellos que los competan, debe asimismo declararse la improcedencia de los restantes motivos del recurso, porque en los mismos, sin invocarse preceptos que establezcan o regulen la jurisdicci6n del Tribunal de instancia, se fundamentan en motivos juridicos ajenos e independientes a la incompetencia de -jurisdicc16n decretada en la resoluci6n impugnada; sin costas por no haberse causado.

Fallamos: no haber lugar al presente recurso, sin hacer especial imposici6n de costas.








Jos6 Fernhndez Piloto (Presidente), Luis M. Buch (Ponente), Francisco Varona, Daniela Norat, Manuel V61ez.(Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 36, de 31 de octubre de 1974.

PROCESO ORDINARIO. FILIACION. PATERNIDAD


No es 6bice para el reconocimiento de la paternidad de hijos procreados por persona casada fuera de su
matrimonio, el referido estado civil, pues el articulo 44
de la Ley Fundamental borra toda discriminaci6n entre
hijos en ese sentido y cuando se demuestra que el hijo
se encuentra en la posesi6n de dicho estado de hijo,
es aplicable el pfrrafo inicial y n6mero dos del artrcuIo 135 del C6digo Civil y procede el reconocimiento.

A.A.N.P. acudi6 ante la Sala de Io Civil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Matanzas interponiendo proceso ordinario sobre filiaci6n contra B.N.G.F. Admitido y sustanciado dicho tribunal dict6 sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la excepci6n de falta de acci6n opuesta a la misma por el demandado condenfndolo a tener como suyo el hijo menor procreado en relaciones extramatrimoniales con la demandante.
Contra dicha sentencia estableci6 recurso de casaci6n el demandado, que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial Popular elevando las actuaciones a [a Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que Io admiti6 y el que consta de tres motivas, amparado el primero en el inciso I ro. del articulo 642 de [a Ley de Procedimiento Civil y Administrativo y acusa la infracci6n del inciso 2) del artfculo 135 con relaci6n al 134 del C6digo Civil; el segundo motivo se ampara en el inciso iro., del articulo 642 de la mencionada Ley alegando [a infracci6n del articulo 139 con relaci6n al 140 del C6digo Civil; y el tercer motivo se ampara en el inciso 9 del articulo 642 de la expresada Ley, sobre el fundamento de err6nea valoraci6n de la prueba testifical al conceder la posesi6n continua del estado de hijo con la sole prueba de [a demandante. La Sale de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve en la forma que sigue:
Considerando que, carece detoda raz6n el recurrente al acusar, en el motivo tercero del recurso de casaci6n establecido al amparo del inciso 9no., del articulo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, la err6nea valoraci6n de la prueba testifical practicada en el pleito, puesto que con la de la actora, no enervada ni desvirtuada por la del recurrente, en atenci6n a las respuestas de siete testigos a las preguntas que se les formularan, razones de ciencia que suministraron y las circunstancias personales que en ellos concurren, con relaci6n a la amistad con la demandante y entre los cuales existen vecinos pr6ximos al lugar donde precisamente se desarrollaron los hechos fundamentales de la demandada, se ha justificado que la actora y el







demandado sostuvieron relaciones extramatrimoniales desde el aho 1972 y que producto de las mismas naci6 el dia I ro. de marzo del actual aio el nilo cuyo reconocimiento se solicita; por Io que hay que estimar que dicha prueba no fue apreciada de manera arbitraria ni indebida y que, at contrario, fue correctamente valorada, pues los hechos admitidos como probados y sobre todo el espectfico del convencimiento de la paternidad, son los que en realidad acaecieron como se demuestra en las consideraciones de la sentencia impugnada.
Considerando: que, los dos primeros motivos del recurso amparados en el inciso primero del articulo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administretivo, en los que se alega la infracci6n de los artlculos 134, 135 y 139 del C6digo Civil, tampoco pueden prosperar pues est~n encaminados a combatir los fundamentos legales de la sentencia recurrida que determinan la declaraci6n de que el menor hijo de la actora se halla en la posesi6n continua de hijo del padre demandado, justificada por actos directos del mismo, declaraci6n que se hace apoy~ndose en la norma superlegal del artrculo 44 de la Ley Fundamental de la Repblica, que proclama y reconoce la igualdad absoluta entre todos los hijos nacidos o habidos dentro o fuera del matrimonio, en Io concerniente a los derechos y deberes indicados en su primer pfrrafo, o sea que borra toda discriminaci6n con relaci6n a los hijos en cuanto a los citados derechos que son los que le reconoce la sentencia impugnada de la demandante; sin que sea 6bice para el reconocimiento de la paternidad que el demandado sea casado; aparte de que no es exacto, como se aduce en el recurso, que [a sentencia combatida califique la naturaleza de Ia filiaci6n del hijo de la demandante, atribuy6ndole la condici6n de hijo natural del padre demandado, pues, con verdadero acierto y sin olvidar que est& abolida toda callficaci6n sobre la naturaleza de la filiaci6n se limitaadeclararlo hijo de 61 y, ello basta y es suficiente para otorgarle los derechos indicados en el primer pirrafo del articulo 44 de la Ley Fundamental.
Considerando: que, por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso con las costas a cargo del recurrente.
Fallamos: sin lugar el presente recurso con las costas a cargo del recurrente.
Jos6 Fdez. Piloto (Presidente), Luis M. Buch (Ponente), Francisco Varona, Rafael Garrido, Mario Gonzflez Tarrada (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIANUM. 37, de Iro. de noviembrede 1974.

PROCESO ORDINARIO. FILIACi6N. NULIDAD DE OFICIO.

Dirigida la demanda contra los herederos, causahabientes o herencia yacente de un fallecido y contra cualquier persona natural o jurrdica que tenga o pueda tener inter6s
directo en la equiparaci6n de uni6n libre a la matrimonial
que es objeto del proceso, expresando en la s~lplica ignorar el domicilio de los herederos que, sin embargo,






sePlala en los hechos de su demanda, la tramitaci6n del
referido proceso sin emplazar a dichos demandados
dictando sentencia, impone a este Tribunal usar de la facultad que le otorga la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo por no estarse en situaci6n procesal de subsanar el defecto, y decretar la nulidad del proceso a partir de la providencia que dispuso su sustanciaci6n sin ordenar el emplazamiento de los demandados conocidos, sustancihndose despu6s conforme a derecho, porque de otra manera 6stos quedarlan en estado de indefensi6n y podrIan sufrir perjuicios irreparables.

G.L.M. acudi6 ante la Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Oriente, interponiendo proceso ordinario reclamando la equiparaci6n matrimonial de la uni6n concubinaria que existi6 entre la demandada y F. P. G. Admitido y sustanciado dicho tribunal :dict6 sentencia declarando sin lugar la demanda, absolviendo de la misma a los demandados.
Contra dicha sentencia estableci6 recurso de casaci6n la demandante, que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial Popular elevando las actuaciones a la Sala de Io Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular que lo admiti6 y el que consta de un solo motivo al amparo del inciso 10 del artfculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, fundament~ndolo en que la sentencia recurrida contiene el error con trascendencia al fallo en la apreciaci6n de una prueba.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve en la forma que sigue:
Considerando: que, la Sala de instancia, al conocer la demanda debi6 comprobar de oficio si en la misma se habfan cumplido los requisistos exigidos en el artfculo 226 con relaci6n a los arttculos 227 y 235, todos de [a Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, ya que este 6ltimo en su inciso t) sehala como defecto, en el modo de proponer la demanda, qua [a misma no se ajuste a lo ordenado en el mencionado articulo 226, que exige al formularla entre otros extremos se sefale el domicilio del demandado, y en el presente caso, si bien es cierto que la actora indica el Ciltimo domicilio del demandado, afirma desconocer el de los herederos, 1o que posteriormente, en el cuerpo del escrito, al relatar los hechos en que basa su pretensi6n, da a conocer con detalles los nombres y domicilios de tres hijos del fallecido con F. S., por lo que ante tal afirmaci6n no procede la ignorancla y debi6 el tribunal conceder un t6rmino, conforme a Io preceptuado en el phrrafo tercero del ya mencionado artfculo 227, para que se subsanase ese defecto en el modo de proponer la demanda. Considerando: que, a los tribunales le viene conferida entre otras, la participaci6n activa en los procesos, y garantizar a todos los interesados su intervenci6n en los mismos, por lo que la ley los faculta para declarar de oficio la nulidad de las actuaciones cuando, por incumplimiento de las formalidades legales, pueda producir alg(in perjuicio irreparable a cualquiera de las partes, y en el caso en estudio la Sala de instancia, antes de admitir la demanda, debi6 comprobar si en la misma se cumplian todas las exigencias legales; y al contener la referida demanda el defecto







de haber consignado en la pretensi6n el desconocimiento del domicilio de los supuestos herederos del fallecido, cuando realmente es conocido por la actora al afirmarlo en el cuerpo del escrito ofreciendo detalles de su ubicaci6n y al no haberse advertido el error y ordenar su sustanciaci6n, declarando rebeldes a dichos demandados, es evidente que la falta cometida coloca en situaci6n de indefensi6n a una parte de los demandados.
Considerando: que, al no poderse subsanar por otros medios la falta cometida, se hace forzoso anular la providencia de fecha tres de junio de 1964, en la que se incumplieron las formalidades sefialadas en el considerando anterior, y las sucesivas actuaciones y en tal virtud, no procede resolver el recurso interpuesto.
Fallamos: declarando la nulidad de la providencia de fecha 3 de junio de 1964 y las sucesivas actuaciones y disponemos la devoluci6n del expediente a la Sala de impulso reponi6ndolo al estado en que se hallaba al cometerse la falta advertida, para que cumpliendo con lo ordenado por esta Sala, sustancie el proceso conforme a derecho, sin costas. Y se advierte a [a Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Oriente que en lo sucesivo cuide de no incurrir en errores como el sehalado.
Jos6 Fdez. Piloto (Presidente), Luis M. Buch (Ponente), Francisco Varona, Rafael Garrido, Mario Gonzhlez (Jueces).

APELAC16N. SENTENCIA NUM. 38, de 7 de noviembre de 1974.

EJECUCION DE SENTENCIA DE DIVORCIO DE TRIBUNAL EXTRANJERO. COMPETENCIA

Es competente para disponer dicha ejecucion la Sala de
lo Civil y de lo Administrativo de este Tribunal Supremo Popular y no el Tribunal Regional Popular al que se acudi6 en virtud de Io preceptuado en el inciso d) del articulo 35 de la Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, tramit~ndose conforme a Io establecido en el arti, ulo 494 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo.

D. B. Y. acudi6 a la Sala de Io Civil del Tribunal Regional Popular de Marianao estableciendo procedimiento para que se reconociera la validez de la sentencia de divorcio decretada por el Tribunal Urbano de Sofia, RepCiblica Popular de Bulgaria, y dicho Tribunal Regional se declar6 incompetente por raz6n de la materia.
El promovente estableci6 recurso de apelaci6n para ante [a Sale de Io Civil y Administrativo del Tribunal Supremo que se reputaba competente, emplaz~ndose a la parte en forna legal y person&ndose el apelante, admitido el recurso se sustanci6, dictando la Sala referida del Tribunal Supremo Popular la siguientesentencia: Considerando: que, si bien el articulo 59 del Decreto-Ley njmero 206 de 1934, qua dispone sustanciar por los trfmites de los incidentes las solicitudes de ejecuci6n de las sentencias de





divorcios dictadas por tribunales extranjeros, no ha sido derogado expresamente por la vigente Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, ello no obsta para considerar que en la actualidad ese precepto carece de eficacia obligatoria, porque el inciso d) del articulo 35 de [a Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, confiere competencia a esta Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular para el conocimiento de la ejecuci6n de las sentencias acordadas por los Tribunales extranjeros y, adem6s, la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo en su articulo 494, establece la forma de tramitaci6n de la ejecuci6n de dichas sentencias y como en esta nueva Ley se consignan disposiciones para la sustanciaci6n, distintas y opuestas a las que contienen los procesos incidentales, hay que estimar derogado el articulo 59 de la Ley de Divorcio y que el tribunal competente para conocer de la ejecuci6n de las sentencias dictadas en el extranjero, Io que implicita y obligadamente comprende la declaraci6n de validez de aquellas, Io es esta Sala por'ser las sentencias de divorcio de car~cter constitutivo por ello hay que declarar sin lugar el recurso de apelaci6n sin declaracibn de costas por no haberse causado.
Fallamos: no haber lugar al presente recurso de apelacibn, sin costas.
Jos6 Fdez. Piloto (Presidente), Luis M. Buch (Ponente), Francisco Varona, Leonardo M. Torres, Manuela E. Portuondo (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 39, de 29 de noviembre de 1974.

PROCESO ESPECIAL DE EXPROPIACI6N. INCONGRUENCIA. PRECIO DEL BIEN

Conforme a lo establecido en el artrculo 443 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo el tribunal de instancia queda obligado a resolver en la sentencia lo
concerniente at pago del bien exproplado, sin que tenga
que sujetarse a las peticiones de las partes dada la naturaleza y singularidad del juicio, debiendo fijar el
importe de la expropiaci6n y la forma de pago o la compensaci6n, ajusthndose al valor real de los bienes expropiados, y garantizar en cada situaci6n, los derechos
del expropiado. El precio del bien ha sido fijado correctamente atendiendo a que la edificaci6n de una vivienda incorporada provoc6 que dejara de ser un solar yermo y que aqu6ila -la edificaci6n- tiene un valor muy superior
al triple del valor del solar cuando no existfa sin que
sea aplicable el precio legal regulado para la compraventa de solares yermos en la Ley 691 de 1959, modificada por la 892 de 1960.

La Administracl6n Provincial de Las Villas acudib ante la Sala de lo Civil y de Io Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Las Villas interponiendo proceso ordinarlo reclamando expropiaci6n forzosa contra J.C.A.C. y E.C. Admitido y sustanciado dicho tribunal dlct6 sentencia declarando sin lugar las





excepclones opuestas de falta de personalidad, falta de acc16n y [a oposici6n por motivos de falta de identidad del bien y con lugar el proceso de expropiaci6n forzosa.
Contra dicha sentencia estableci6 recurso de casaci6n la referida recurrente que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial Popular elevando las actuaciones a [a Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular quo 1o admiti6, y el que consta de dos motivos: el primero al amparo del nCJmero 2 del artrculo 642 de !a Ley de Procedimiento Civil y Administrativo fundamenthndolo en quo debe existir una relaci6n ultimaa y directa entre el valor de los bienes objeto del litigio y la indemnizaci6n ofrecida a los comuneros, y el segundo motivo seampara on el inciso 10 del articulo 642 de la misma ley y acusa la infracc16n de la Ley n(mero 691 de 1959.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo que sigue:
Considerando: que, la sentencia impugnada no adolece del vicio de incongruencia, quo le atribuye el motivo 10 del recurso, ya que conforme a lo establecido on el artfculo 443 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, el tribunal queda obligado a resolver en la sentencla definitiva del proceso de expropiaci6n folrzosa, lo concerniente al pago del bien exproplado, sin quo tenga que sujetarse a las peticiones de las partes, dada la naturaleza y singularidad de este juiclo, sino quo para hacerlo debe fijar el importe de Ia expropiaci6n y la forma de pago o la compensaci6n, segCJn sea el caso, ajusthndose al valor real de los bienes expropiados y garantizar, en cada situaci6n, los derechos del expropiado.
Considerando: quo, el segundo motivo, al amparo del n~imero 1 del artculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, en el quo se acusa la lnfracci6n de la Ley n(mero 691 de 1959 tal y como qued6 modificada por la Ley 892 de 1960, debe tambibn ser declarado improcedente, pues el blen expropiado como reconoce la parte recurrente, dej6 de ser una finca de recreo para convertirse en vivienda permanente al fijar su residencia en [a misma uno do los cond6mines, aparte de quo al tener la edificaci6n un valor superior al triple del valor del solar yermo, tomando como base, el precio quo aparece en la escritura de trasmisi6n del dominio del referido solar, segtmn consta de las actuaciones, nt habor side tampoco declarado de utilidad social por la Junta Central do Planlficaci6n, no es de apllcaci6n las disposiclones de la Ley 691 antes mencionada, al no reunir los requisitos exigidos para ser considerado como solar yermo, y en consecuencla el Tribunal de Instancla no qued6 obligado, al fijar el pago del bien exproplado a ajustarse al preclo legal regulado para la compra-venta de solares yermos; independlentemente de quo on el terreno hay sebrados Arboles frutales, cuyo valor tambi6n tiene quo ser tornado en consideraci6n; por Io quo el tribunal al dictar sentencla, obr6 conforme a derecho. Considerando: que, por las expuestas razones procede declarar sin lugar el recurso, sin costas por no haberse causado. Fallamos: declaramos sin lugar el recurso, sin costas.






Jos6 Fernandez Piloto (Presidente), Luis M. Buch (Ponente), Rafael Cisneros, Leonardo M. Torres, Manuela E. Portuondo (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 40, de 9 de diciembre de 1974.

PROCESO ORDINARIO. EQUIPARACI6N MATRIMONIAL

Por apreciar err6neamente una documental pblica no
impugnada por la contraparte; asr como la testifical,
procede casar la sentencia del Tribunal Provincial
Popular.

A.G.P.P. acudi6 ante laSala de loCivil y de lo Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Camagley interponiendo proceso ordinarlo reclamando equiparaci6n matrimonial contra J.C.H. Admitido y sustanciado dicho tribunal dict6 sentencia declarando sin lugar la demanda y en consecuencia absuelto el demandado.
Contra dicha sentencia estableci6 recurso de casaci6n la demandante que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial Popular elevando las actuaciones a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que lo admiti6 y el que consta de tres motivos en la forma siguiente: amparado el primero en el inciso 90 del artfculo 642 de [a Ley de Procedimiento Civil y Administrativo acusando la infracci6n de los articulos 299 y 296 de la propia ley; el segundo se ampara en el propio precepto legal y acusa la infracci6n del articulo 352 de la misma ley, y el tercer motivo se ampara en el propio precepto legal del artrculo 642 inciso 9 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo acusando la infracci6n de los articulos 299 y 287 de la propia ley.
La Sale de Io Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, I& Sala de Instancia incurri6 en error con trascendencia al fallo al dejar de reconocerle el valor y eficacia probatoria que le atribuyen los articulos 287 y 299 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo al documento privado acompaFiado a la demanda, obrante a fojas tres del expediente, en el que el demandado fallecido acepta que durante 40 ahos su compahera, la demandante, lo atendi6; pues ese documento no fue impugnado por falta de autenticidad o de exactitud, ni consta en las actuaclones algo que se oponga a la legitimidad y veracidad de su contenido, lo que significa que debe tenerse por eficaz a los efectos de acreditar [a estabilidad de Ia unibn marital sostenida entre la actora y el demandado fallecido. Considerando: que, en el 20 motivo, que es fundamental de este recurso se acusa, al amparo de lo dispuesto en el 'njmero 9 del articulo 642 de la Ley deProcedimiento Civil y Administrativo, que la Sala Sentenciadora ha incurrido en error, con trascendencia al fallo, en la apreciaci6n de la prueba testifical practicada a instancia de la actora y ello es cierto, pues se advierte con facilidad que aquella no ha apreciado las declaraciones de los siete testigos comparecientes conforme a los principios y reglas de Ia l6gica,






sino en forma arbitraria, desentendilndose de que todos han coincidido en que la actora y el demandado fallecido comenzaron a vivir juntos de manera estable y permanente, a partir del mes de abril de 1934 y esa uni6n la sostuvieron hasta el fallecimiento del demandado en 31 de marzo de este argo; que no procrearon hijos y que ambos tenlan la aptitud legal pare contraer matrimonio por ser solteros; siendo asf, a los declarantes hay que considerarlos veraces, en primer lugar, por conocer los hechos sobre los que deponen de manera directa, por ser vecinos cercanos de la pareja y por conocerlos y visitarlos con alguna frecuencia y, despu~s, por las circunstancias que en ellos concurren de que seis de los siete testigos son mayores de 62 afios de edad y el s6ptimo tiene 49 afios; sin que sea suficiente para privar de eficacia sus testimonios el hecho de que en la certificaci6n del acta de la defunci6n del demandado aparezca que su estado civil era el de casado, porque aparte de que dicha certificaci6n solamente acredita el fallecimiento, el lugar donde ocurri6 y la fecha del mismo, no debe olvidarse que esas declaraciones ante el encargado del Registro del Estado Civil las realizar personas que, por lo general, no tienen conocimiento cabal de todas las generales del fallecido.
Considerando: Ademis, qua la convicci6n moral, base de toda sentencia, en lo relativo a los hechos, generalmente no se deduce de un solo dato, sino de todos los elementos que se re(Jnen, y asi tenemos que en la tarjeta de residente que expidi6 en 1961 la Direcci6n General de Inmigraci6n al demandado fallecido, que es ciudadano espaPiol, aparece como soltero, lo que necesariamente debi6 obedecer a una declaraci6n del mismo ante esa dependencia del Ministerio del Interior. Considerando: que, procede, consigulentemente la casaci6n de la sentencia impugnada, sin declarac16n especial de costas.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar el presente recurso de casaci6n, sin declaraci6n especial de costas.
F. Alvarez Tablo (Presidente), Jos6 Fernbndez Piloto (Ponente), Luis M. Buch, Wilfredo.Diaz, Leopoldina Banus (Jueces). Dando por reproducidos los Considerandos de [a sentencia de casaci6n.
Considerando: que, por concurrir en la uni6n marital que existi6 entre la actora A.G.P.P. y el demandado fallecido J.C.H., desde el mes de abril de 1934 hasta el dta 31 de marzo de 1964 los carficteres de estabilidad, singularidad y haber tenido ambos la capacidad legal necesaria para contraer matrimonio, es evidente qua se dan las razones de equidad para declarar equiparada dicha uni6n marital al matrimonio civil.
Fallamos: que, debemos declarar y declaramos con lugar la demanda establecida por el Letrado R.J.F.C., a nombre y en representaci6n de la seriora A.G.P.P. contra el demandado fallecido J.C.H., sus herederos, sucesores, causahabientes o herencia yacente y el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, declaramos equiparada al matrimonio civil Ia uni6n marital qua existi6 entre la actora y el demandado fallecido desde el mes


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de abril de 1934 haste el die 31 del mes de marzo del actual aho de 1974, con los efectos legales procedentes, sin costas.

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 41, de 9 de diciembre de 1974.

PROCESO ORDINARIO. EQUIPARACI6N MATRIMONIAL

Por apreciar err6neamente en su sentencia el Tribunal Provincial Popular la testifical practicada, haci6ndolo
en forma irracional, se case la sentencia.

A.H.C.T. acudi6 ante la Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Provincial Popular de Camagaey interponiendo proceso ordinario reclamando la equiparaci6n matrimonial de la uni6n libre que existi6 entre dicho actor y la demandada M.0.T. Admitido y sustanciado dicho tribunal dict6 sentencia declarando sin lugar la demanda absolviendo a la demandada M.O.T.
Contra dicha sentencia establec16 recurso de casaci6n el demandante, que tuvo por interpuesto el Tribunal Provincial Popular elevando las actuaciones a la Sale de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular que la admiti6, y el que consta de tres motivos, amparados los dos primeros enel inciso 10 del artfculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo acusando la err6nea interpretaci6n del p&rrafo 60 artfculo 43 de la Ley Fundamental de la Rep6blica, y en el segundo de dichos motivos, se impute tel concepto errbneo con relaci6n al artrculo 42 del C6dligo Civil, en el tercer motivo amparado en el inciso 9 del artrculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, se alega la infracci6n del artrculo 352 de la propia ley.
La Sale de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve en fa forma que sigue:
Considerando: que, aprecia err6neamente el Tribunal de instancia la prueba testifical practicada en el proceso a instancia del actor conforme se acusa en el motivo tercero del recurso, porque [a valoraci6n que de la misma se hace en la sentencia impugnada resulta irracional, ye que los cinco testigos deponentes coincidieron en la afirmaci6n de hechos referidos a la existencia de la uni6n libre entre et actor y la demandada, lugares en que convivieron, asi como su carfcter unido y estable durante trece ahos, aseveraciones que apoyan en las espepecrficas rezones de ciencia que aportaron e hicieron consistir en la vecindad Inmedlata, sostenidas relaciones de amistad con dicha pareja, prestaci6n de serviclos a la misma; factores que conducen a estimar la veracidad de sus dichos, siendo irrelevante que despu&s de trece ai'os de uni6n singular y estable se haya producido la rupture del vfnculo extramatrimonial; en consecuencia, el motivo analizado debe prosperar sin que se haga necesarlo el examen de ningCJn otro del recurso. Considerando: que, por las razones expuestas, procede acoger el recurso de casaci6n y casar y anular Ia sentencia recurrida, sin imposici6n de costas.






Fallamos: con lugar el presente recurso y casamos y anulamos
la sentencia impugnada, sin costas.
F. Alvarez Tabfo (Presidente), Luis M. Buch, Rafael Cisneros
Ponteau (Ponente), Wilfredo Draz, Leopoldina Ban~is (Jueces).
Dando por reproducido el Considerando de la sentencia de Casaci6n.
Considerando: que, por concurrir en la uni6n.libre que existi6
entre el actor y la demandada en el t6rmino que comprende del 27 de agosto de 1959 al mes de abril de 1973, los caracteres de estabilidad y regularidad y la capacidad entre sus integrantes para
contraer matrimonio entre si, es7 evidente que se dan las razones
de equidad para declarar equiparada dicha uni6n al matrimonio.
Considerando: que por los fundamentos que anteceden, procede
declarar con lugar la presente demanda, sin imposici6ndecostas.
Fallamos: que debemos declarar y declaramos con lugar la demanda establecida por el R. R. Z. a nombre y en representaci6n de A.H.C.T. contra M.O.T. y el Ministerio Fiscal y, en consecuencia, declaramos equiparada al matrimonio la uni6n libreque existi6
entre el actor y la demandada en el t~rmino comprendidodel 27 de
agogto de 1959 hasta el mes de abril de 1973 con los efectos legales procedentes, sin costas.

SENTENCIAS SOBRE MATERIA ADMINISTRATIVA

CASACION. SENTENCIA NUM. 9, de 4 de marzo de 1974.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (DEROGADO)
CADUCIDAD DE CERTIFICADO DE PATENTE DE
INVENCI6N. INCONGRUENCIA

No adolece del vicio de incongruencia la sentencia por el
solo motivo de desestimar la demanda si resuelve las
pretensiones deducidas por las partes.
No se infrigen los artrculos 71, 72 y 79 de la vigente Ley de Propiedad Industrial al decretar la Administraci6n la
caducidad de una patente de invenci6n, que desde su otorgamiento en julio de 1963 hasta la fecha en que se reclam6
su caducidad, en julio de 1972, no aparece que fuera
objeto de explotaci6n en Cuba, ni que para conservar
vigente el derecho se solicitaron las pr6rrogas.que legalmente se autorizan; tampoco cabe admitir que se haya
dado a la entidad concesionaria trato discriminatorio,
pues lo ha sido en igual forma que a los nacionales.

J.R.G. (S.A.) acudi6 a la extinguida Sala de lo Civil y lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia de La Habana, interponiendo recurso contencioso contra la Administraci6n General del Estado, solicitando la revocaci6nde la Resoluci6nde 5de Diciembre
de 1972, dictada por el Vice Ministro de la Industria Bsica por
autorizaci6n del Ministro, que dispone la caducidad del certificado de Patente de Invenci6n #16894 de 14 de enero de 1970 expedido a
favor de la citada entidad recurrente.





Tramitado el asunto, se dict6 sentencia por dicho Tribunal declarando sin lugar la demanda, sin imposici6n de costas porhaber litigado las partes con notoria temeridad.
Inconforme el demandante, estableci6 recurso de casaci6n; el que se tuvo por interpuesto elev~ndose las actuaciones a la Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que Io admiti6, constando el mismo de dos motivos, amparado el primero en el ordinal primero del arttculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y acusando como infringidos los preceptos de la Ley de Propiedad Industrial y los artfculos 5-A,-3, del Convenio de ParTs; y el segundo, al amparo del ordinal 2 del propio precepto procesal, acusfndose como infringidos la Ley sobre Patentes. La Sala de lo Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resuel.ve lo que sigue:
Considerando: que, el segundo motivo del recurso, en el que se alega la incongruencia de la sentencia con el solo fundamento de haberse desestimado la pretensi6n contencioso-administrativa, debe ser rechazado, porque tal vicio procesal se produce cuando entre el fallo y las pretensiones deducidas por las partes en el proceso y sus fundamentos, existe una evidente falta de concordancia que no es lo que se contempla en el caso bajo examen, en que se desestim6 la demanda sin desbordar las referidas pretensiones. Considerando: que, el primer motivo debe seguir igual destino adverso, ya que resulta comprobado que el concesionario de la patente de invenci6n introducida en nuestro pats desde el vencdmiento de la Ciltima pr6rroga que solicito para su explotaci6n y venci6 el 14 de enero de 1966 no ha real izado ninguna gesti6n que demuestre, como Io exige la vigente Ley de la Propiedad Industrial, la explotaci6n de aquella en Cuba, hasta la fecha de la reclamaci6n de la caducidad de esa patente en marzo 18 de 1972 realizada por un tercero, ni que antes del vencimiento de la aludida 6ltima pr6rroga ofreciera el disfrute de la misma a quien lo solicitara, pues su gesti6n interesando la designaci6n de un ingeniero que comprobara la puesta en prfctica de dicha patente, sin sefialar el lugar en que se realizarfa, antes del vencimiento de la mencionada Qltima pr6rroga, la que fue derogada, sin que reaccionara contra esa negativa que, como expresa acertadamente [a sentencia recurrida, qued6 consentida y dej6 ininterrumpido el t6rmino que decursaba, mfs de seis aios, con suficiente relevancia, segin los articulos 71 y 72 de la mentada Ley de la Propiedad Industrial con relaci6n al 79, para que se resolviera por la Administracibn declarar caducada la patente introducida en cuesti6n; sin que en el recurso se demuestre, ni se razone siquiera, c6mo se han violado los preceptos de convenios internacionales que se invocan.
Considerando: que, por los fundamentos expuestos, procede declarar sin lugar el recurso, imponiendo las costas al recurrente.
Fallamos: no haber lugar al presente recurso, con las costas a cargo del recurrente.






F. Alvarez Tabro (Presidente), Antonio M. Viera, Jos6 Fernfndez Piloto (Ponente), Jorge Mart rnez- y Joaquin Hdez. Hadfeg (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 17, de 27 de marzo de 1974.

PROCESO ADMINISTRATIVO. INADMISIBLE. FALTA DE JURISDICCi6N

Las reclamaciones de fndole laboral excluidas por el
inciso c) del artfculo 669 de la vigente Ley de Procedimiento Civil y Administrativo de la jurisdicci6n administrativa, comprenden las referidas a [a seguridad social, siendo inadmisibles las pretensiones que las
formulan.

M.A.M.Q. acudi6 al Tribunal Provincial Popular de La Habana, interponiendo procedimiento administrativo contra el Ministerio del Trabajo, solicitando la revocaci6n de la Resoluci6n No. 1487 de 12 de octubre de 1973 dictada por dicho organismo, por la que se modifica su jubilaci6n por vejez sefialfndole la suma de $ 191.82 pagaderos por mensualidades; y se dict6 auto por dicho tribunal de6lirando inadmisible la demanda administrativa interpuesta.
Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo por interpuesto elevndose.las actuaciones a la Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que Io admiti6, constando el mismo de dos motivos, amparado el primero en el ordinal 10 del artrculo 642 de [a L.P.C.A., y acusando como infringida la Disposici6n Final Primera, en su Citimo phrrafo de la Ley 1 100 de 1973 y el segundo phrrafo del artlculo 47 de la Ley 1166 de 1964; y el segundo motivo de ampliaci6n se ampara en el inciso 10 del arttculo 642 de [a L.P.C.A., aleghndose que no se trata de un recurso, sino de un procedimiento administrativo, autorizado por dicha Ley 1261.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resuelve lo que sigue:
Considerando: que, el significado jurrdico de la expresi6n "reclamaclones de rndole laboral', que utilizael inclso c) del artrculo 669 de la vigente Ley de ProcedimientoCivil yAdministrativo-i de 4 de enero Ciltimo, para excluirlas de la jurisdicci6n administrativa que establece, rectamente debe estimarse que comprendeno s6lo las reclamaciones provenientes de las controversias y conflictos surgidos entre el trabajador con la administraci6n u otro trabajador y la infracci6n de la disciplina laboral, sino tambi6n las referidas a la seguridad social, que en el trabajo tiene directa e inmediatamente su presupuesto esenclal, habida cuenta de 1o dispuesto en el artrculo primero de la Ley nlmero 1166, de 23 de septiembre de 1964, en vigor desde el primero de enero de 1965, denominada Ley de Justicia Laboral, en el que expresamente se consigna que es materia de aplicaci6n de la referida justicia laboral toda cuesti6n referente a [a concesi6n, modificacl6n, suspensi6n y extinci6n de los derechos establecidos en la legislaci6n de seguridad social en favor de los trabajadores y susfamillares






y ademfs, deducible del hecho de que en la nueva LeydeOrganizaci6n del Sistema Judicial qued6 reconocido que [a unificaci6n de las jurisdicciones s6lo alcanzarla a las cuestiones penales tanto ordinarias como especiales y a las civiles y administrativas, pero no incluy6 las referidas a las materias de car&cter laboral y de seguridad social, cuyo conocimiento est& atribuido a los 6rganos de la justicia laboral, dependientemente del Ministeriodel Trabajo.
Considerando: que, por Io expuesto, aunque al efecto carezca de trascendencia, no existe oposici6n entre las disposiciones de la citada Ley 1166 y la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, no siendo aplicable el inciso vig~simo s6ptimo de [a Disposici6n Transitoria Cuarta de la C1ltima, y se encuentra vigente, por tanto, Io preceptuado en el artrculo 47 de la primera, en cuanto no autoriza recursos en 1o administrativo ni en Io judicial contra las resoluciones del Vice-Ministro de Seguridad del Trabajo resolviendo los recursos de revisi6n contra las resoluclones del Director de Seguridad Social del propio Ministerio en materia de prestaciones sobre jubilaci6n y pensiones, como acontece en el caso bajo examen.
Considerando: que, por consiguiente, por la naturaleza laboral de la resoluci6n administrativa recurrida, al declarar el auto recurrido inadmisible, el procedimiento administrativo interpuesto contra la resoluci6n del aludido Vice-Ministro en materla de seguridad social no incurre en defecto en el ejercicio de su jurisdicci6n que se le atribuye en el primer motivo del recurso, porque no ha dejado de conocer de asunto que le corresponda. Considerando: que, igual suerte advers, debe seguir el motivo de ampliaci6n, por su evidente ineficacia, toda vez que las consideraciones precedentes hacen innecesario entrar a examinar si en el presente caso se trata de un recurso o un procedimiento; aparte de qua no cabe dudar que la prohibici6n en cuesti6n de recurrir en Io administrativo o en to judicial la resoluci6n administrativa antes consignada, envuelve que contra ella no puede establecerse reclamaci6n de ninguna clase; sin que valga argOir, que se trata de una reclamaci6n de responsabilidad patrimonial de [a Administraci6n, amparada en el apartado a) del artrculo 670 de la repetida Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, sino qua se refiere a la revocac16n en parte de la resoluci6n administrativa, como claramente aparece de la petici6n del recurrente en su demanda.
Considerando: que, en consecuencia, debe desestimarse el presente recurso, sin especial Imposici6n de costas por no haberse causado.
Fallamos: no haber lugar al presente recurso, sin costas.
Antonio M.Viera (Presidente), Jos6 Fdez. Piloto, Luis M. Buch (Ponente), Wilfredo Diaz, Daniela Norat (Jueces).






CASACi6N. SENTENCIA NUM. 20, de 10 de abril de 1974.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. RESOLUCION DEFINITIVA EN LA VfA ADMINISTRATIVA

Reviste tal carActer la dictada por un Vice-Ministro
cuando en el "por tanto" consigna que Io hace en usode
las facultades que le han sido delegadas, sin que precise
emplear una expresi6n exclusiva.

B.G. G. acudl6 ante la extinguida Audiencia de La Habana, interponiendo recurso Contencloso-Administrativo contra el Ministerio de Justicia, solicitando la revocacibn de la Resoluci6n n(imero 183 de 14 de agosto de 1967, que declar6 vacante la notar'a del Distrito y Colegio Notarial de La Habana que servia el expresado B. G. G. Persorado el fiscal, en representaci6n de [a Administraci6n General del Estado Cubano, por delegaci6n del Ministerio de Justicia se tramit6 el asunto, dictfndose sentencia por el Tribunal Provincial Popular de La Habana, declarando con lugar el recurso, anulando [a resoluci6n recurrida, -restableciendo la vigencia de la notarra suprimida y reponiendo en ella con todos sus derechos a B.G. G. sin h.-cer especial pronunciamiento sobre costas.
Inconforme la administraci6n demandada, estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo por interpuesto elev~ndose las actuaciones a la Sala de Io Civil y de lo Administrativo del T.S.P. que Io admiti6, constando el mismo de un motivo amparado en el ordinal 10 del articulo 642 de la L.P.C. y A., acusando como infririgida la Ley de Io Contencioso Administrativo.
La Sala de lo Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resolvi6 Io que sigue:
Considerando: que, el fiscal en su car&cter de parte recurrente en el motivo del recurso plantea que la excepci6n de incompetencia de jurisdicci6n alegada debe prosperar, porque al no consignarse de manera expresa en la resoluci6n n6mero 183 de 14 de agosto de 1967, que declar6 vacante el Distrito y Colegio Notarial de La Habana, la notarra que servra el promovente del proceso, que e Vice-Ministro Primero de Justicia que la dict6 estaba autorizado por el Ministro para resolver el asunto no puede entenderse que causara estado y fuere, en consecuencia,definitiva en el orden administrativo; pero es el caso que, aunqueel articulo 64 de la Ley del Poder Ejecutivo, tal como ha quedado modificada por la Ley 1093 de 1973, exige que cuando el Vice-Ministro resolviere por s" y a virtud de autorizaci6n del Ministro, lo consignarf en la resoluci6n respectiva, ello no quiere decir que esa expresi6n "en virtud de autorizaci n" deba considerarse como exclusiva y no puede admitirse la utilizaci6n de cualquier otra que gramaticalmente signifique, real y efectivamente, que el Vice Ministro ha resuelto con la autorizacibn del Ministro, como ha sucedido enel presente asunto, en el que el Vice-Ministro Primero de Justicia, en el "Por Tanto" de la resoluci6n impugnada consigna que: "En uso de las facultades que le han sido delegadas", resuelve; y por consiguiente, el recurso debe desesti-





marse, por no haberse excedido el Tribunal Provincial Popular de La Habana en el ejercicio de la jurisdicci6n que le corresponde o sea, quo actu6 dentro del 6mbito legal.
Considerando: que, no procede hacer especial condenaci6n de costas por ser parte recurrente el Fiscal.
Fallamos: No Haber Lugar al recurso de casaci6n, sin costas.
Antonio M. Viera (Presidente), Jos6 Fdez. Piloto (Ponente), Luis M. Buch, Mario Gonzflez, Rafael Garrido.(Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 23, de 3 de agosto de 1974.

PROCESO ADMINISTRATIVO INADMISIBLE. ViA ADMINISTRATIVA NO AGOTADA

No se agota la vra administrativa contra resoluci6n de una oficina regional de la Reforma Urbana, si se deja establecer el recurso de alzada para ante la Comisi6n de Alzada correspondiente quo franquea la R.U.-6 de iro.
de marzo de 1968 del MINJJS y que no prohrbe la
RU-18 de 31 de agosto de 1973 del propio Ministerlo.

S.D.Z. acudi6 al Tribunal Provincial Popular de la Habana interponiendo procedimiento administrativo contra una oficina regional de Reforma Urbana solicitando la revocaci6n de la resoluci6n dictada por esa oficina en la que se ordena la permuta obligatoria de la vivienda quo actualmente ocupa el promovente; dictfndose auto por dicho Tribunal declarando inadmisible la demanda administrativa por falta de jurisdicci6n de ese Tribunal para su conocimiento y sustanciaci6n.
Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo por interpuesto elevindose las actuaciones a la Sala de So Civil y de lo Administrat-ivo del Tribunal SupremoPopular, que Io admiti6, constando el mismo de un solo motivo, amparado en el inciso 10 del artrculo 642 de la Ley de de Procedimiento Civil y Administrativo, y acusando como infringida la RU-18 de 31 de agosto de 1973 del Ministerio de Justicia.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular, resuelve lo que sigue: Considerando: que, como acertadamente declara la Sala de lo Civil y de 1o Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, la resoluci6n dictada por Ia Oficina Regional de la Reforma Urbana de Cienfuegos, contra la que se demanda, era susceptible del recurso de alzada quo viabiliza Ia U-6 de Iro. de marzo de 1968, la cual fue dictada'precisamente para lograr la descentralizaci6n de las actividades del Ministerio deJusticia, al que se habian adscripto todas las funciones que correspondran al extinguido Consejo Superior de la Reforma Urbana, y por la que se cre6 en cada provincla una comisi6n de recursos de alzada qua, por delegaci6n del Ministerio de Justicia, es la encargada de conocer, sustanciar y decidir como 6rgano de segunda instancia en materia referente a la Reforma Urbana, sin distinci6n alguna, los recursos de alzada contra la resoluciones






pronunciadas por las unidades ydemhs dependencias del mencionado Ministerioquetengan a su cargo tales asuntos, circunscribiendo Ia competencia de cada comisi6n de recursos de alzada a la demarcaci6n territorial de Ia provincia que corresponda; lo que significa que no podra plantearse el proceso jurisdiccional hasta tanto no se hubiera agotado la via administrativa.
Considerando: que, no obsta a Io enteriormente expuesto las circunstancias de que la resoluci6n RU-18 no establezca recurso alguno y, ademas, ordene el inmediato cumplimientode la resoluci6n dictada por la dependencia regional del Ministerio de Justicia, pues tales circunstancias no contradicen, ni por tanto, implican una derogaci6n impi cite del recurso de alzada que consagre la resoluci6n RU-6, pare Io cual hubiera sido necesario que en la resoluci6n RU-18 se hubiera establecido de manera clara y directa que contra las resoluciones de la base regional no cebra recurso alguno de orden administrativo. Considerando: en efecto, que el cumplimiento inmediato de las resoluciones administretivas es principio elemental de derecho administrativo, ya qua la Administraci6n del Estado, por su naturaleza activa y dinemica, tiene la prerrogativa de hacer ejecutorias todas sus decisiones a interviene directamente en su cumplimiento, aunque se trate de resoluciones que no hayenagotado la via administrativa, a menos que por Ia eutoridad competente se hubiera dispuesto [a suspensi6n de la medida de que se trate; de todo Io cual se sigue que no existe contradicci6n alguna entre Ia norma de Ia RU-6 que establece el recurso de alzada y Ia de la RU-18 que dispone el inmedieto cumplimiento de las resoluciones sobre permutas que dicten las dependencies regioneles.
Considerando: que, por las razones expuestas procededeclarer que la demanda era inadmlsible en su origen y, en consecuencie, debe declararse sin luger el recurso de casaci6n establecido, puesno hahabido exceso odefectoen el ejercicio de Ia jurisdicci6n al dejar deconocerde un proceso interpuesto contra una resoluc16n qua no pone fin a la via administrative, circunstanciaquedetermina Ia Inadmisibilidadde lademanda conforme al artlculo 692, con relacl6n el 682, inciso b) de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo.
Fallamos: no haber luger el presente recurso, sin costas. F. Alvarez Tablo (Presidente), Jos6 Fdez. Piloto (Ponente), Mario Ugidos, Jorge Martinez, Joaquin Hernfndez (Jueces).,

CASACI(N. SENTENCIA NUM. 24, de 15 de agosto de 1974.

PROCESO ADMINISTRATIVO INADMISIBLE. FALTA DE JJRISDICCI6N. POTESTAD DISCRECIONAL

La potestad otorgada a[ Ministerio del Interior pare
canceler esocieciones en el libro registro de Asociaciones a su cargo, por referirse a cuestlones releclonadas
con el orden pIblico, asl como por su aspecto polthtico, revisten [a neturaleza de discrecionales y, por tento,
las resoluciones an qua la ejerclta estin excluldas de la
jurisdicci6n administrative.






T.A.C. acudi6 al Tribunal Provincial Popular de La Habana interponiendo procedimiento administrativo contra el Ministerio del Interior solicitando la revocacibn de la Resoluci6n #7 de 23de abril de 1974, en la que se dispuso la cancelaci6n de la Asociaci6n "The American Club"; dict~ndose auto por dicho tribunal declarando inadmisible la demanda administrative por falta de jurisdicci6n.
Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo por interpuesto elevhndose las actuaciones a la Sale de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular, qua Io admiti6, constando el mismo de dos motivos ambos amperedos en el inciso 10 del articulo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo y acusando como infringidos el articulo 677 de [a L.P.C.A. y la Ley Decreto 1577 de 9 de agosto de 1954.
La Sala de lo Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve lo qua sigue:
Considerando: que, el articulo segundo de la Lay nOmero 1163 de 17 de marzo de 1965, transfiri6 al Ministro del Interior todas las atribuciones, funciones y deberes qua la vigente Ley de Asociaciones conferfa a los Gobernadores Provinciales, y como el articulo primero de la Ley-Decreto nCmero 1577 de 1954, tel como qued6 modificpdo por el (inico articulo de la Ley-Decreto 1581 de 1954, les otorg6 la facultad de cancelar de oficio o a instancia de parte, en el respectivo Registro de Asociaciones, [a inscripci6n de aquellas que no cumplieron todas las obligaciones que la legislaci6n les impone, as indiscutible que en la actualidad el Ministerio del Interior es el encargado de regular las actuaciones relativas al orden p~blico, as! como el aspecto politico de las asociaciones ensus relaciones con el Estado, por Io que nb cabe dudar que Io planteado, en cuanto a que los objetivos qua constituyeron la razbn de ser de la asociaci6nde quese trata resultan irrealizables en una sociedad socialista, escape del Ambito administrativo y por ende, no es revisable en esta jurisdicci6n.
Considerando que, en el concepto expresado procede declarer qua la Sale de instancia no incidi6 en las infracciones qua se acusan en los motivos del recurso, ya qua por indole politica de la materia objeto del proceso, resulta evidente la falta de jurisdicci6n apreciada.
Fallamos: no haber lugar al presente recurso, sin costas.
F. Alvarez Tabio (Presidente), Jos6Fernandez Piloto (Ponente), Francisco Varona, Jorge Martinez, Joaquin Hernkndez(Jueces).

CASACION. SENTENCIA NUM. 25, de 22 de agosto de 1974.

RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. I EY DE LO
CONTENC IOSO-ADMINI STRAT IVO DEROGADA

Determina la improcedencia del recurso contenciosoadministrativo, conforme a la derogada Ley de la materia, la circunstancia de formalizarse sobre cuesti6n
diferente a la establecida en el escrito de interposici6n.






D.C.R. acudi6 al Tribunal Provincial Popular de La Habana interponiendo procedimiento administrativo contra la Administraci6n Regional Mayabeque, sol lcitando la revocaci6nde la resoluci6n de 30 de septiembre de 1967 dlctada por dicho organlsmo por la que se solicita le sean devueltos dos camiones de su propiedad marca Fargo, uno motor No. TX342-2950 yconchapadecirculaci6n antiguaNo. 112472, y el otro, motor T-316-29380, con chapa de circulaci6n antigua No. 116-469, asf como el pago de los dafos y perjuicios que le fueron causados por la referida administraci6n. Tramitado el asunto, se dict6 sentencia por dicho Tribunal declarando no haber lugar al recurso, sin especial pronunciamiento sobre costas.
Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo per interpuesto elevandose las actuaciones a la Sala de 1o Civil y de 1o Administrativo del Tribunal Supremo Popular, que Io admiti6, constando el mismo de un t6nico motivo originalmente y tres motivos adicionados en via de ampliaci6n, todos amparados en el inciso primero del articulo 642 de la Ley de ProcedimientoCivil y Administrativo, acusindose como raz6n fundamental en el motivo original la ocupaci6n ilegal de los dos camiones de su propiedad, motivo por el cual habra requerido notarialmente a la Administraci6n Municipal de Mayabeque a fin de que se los devolviera. En el primero de los tres motivos de ampliaci6n se alega como infringido el inciso 10 del artrculo 46 de la mencionada Ley Procesal; en el segundo motivo de ampliaci6n, se aduce como infringido el inciso 30 del propio artfculo 46 de la misma Ley, y en el C6ltimo motivo se alega que las Resoluciones No. 110 y 111 dictadas por la Administraci6n Municipal de Mayabeque no son resoluciones expropiatorias, 1o que fue declarado por el Departamento del patrimonio Nacional del Ministeriode Justicia en la Resoluci6n 627 de 20 de julio de 1973.
La Sala de o Civil y de lo Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: en lo que se refiere a los dos primeros motivos de ampliaci6n, que los mismos resultan improcedentes porque en ellos se invocan como infringidos preceptos de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo quecomenzaron a regir el 7 de enero del presente afio, siendo as[ que segin establece la 2da. de las disposiciones transitorias de la citada ley, los procesos que se encuentrenentramitaci6n en esa oportunidadcontinuarfan sustanci&ndose conforme a la legislaci6n procesal anterior hasta que se dictare sentencia o resoluci6n definitiva en la insiancia o fase en que se hallaran, de manera que lasentencia impugnadade la Sala de lo Civil y de 1o Administrativo del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que puso fin a la instancia del presente proceso administrativo iniciado endiciembrede 1973, tenla quefundarse necesariamente en las normas vigentes antes de entrar a regir la nueva ley de procedimiento y, en tal concepto, no cabe invocar como infringidas normas que no eran de aplicaci6n al tiempo de dictarse la sentencia.
Considerando: en o que se refiere al motivo original del recurso, en el que no se sefiala concretamente precepto infringido alguno, que conforme a las normas reguladoras del proceso contencioso-





administrativo derogado, de apltcaci6n al caso, en el escrito de interposici6n ha de fijarse claramente contra qu6 resoluci6n administrativa se ha de dirigir la accibn, sin que sea Ircito al recurrente modificar el objeto del proceso, formulando en la sjplica del escrito de demanda, que es el lugar adecuado para completar las peticiones, una pretensi6n que no corresponde en rigor a la del recurso establecido, alterfndose asi su verdadera finalidad e impidlndose de tal suerte la decisi6n de la misma.
Considerando: que, en el presente caso, en el escrito de interposicl6n no se sehala con la debida precisi6n la resoluci6n contra la cual se recurre, pues en el apartado primero de dicho escrito no hablade laocupaci6n ilegaly arbitraria ordenadapor la Administraci6n el 30 de enero de 1967, avirtudde laresoluci6nnsmero 110 de la propia fecha, y en el apartadosegundo se menciona la resoluci6n dictada por la Administraci6n Mayabeque en 30 de septiembre de 1967 como la qua es objeto de la reclamaci6n; mientras que, en el escrito de formalizaci6n del recurso, se piden concretamente los siguientes pronunciamientos: que se declare ilegal la ocupaci6n realizada el dra 30 de enero de 1967; que el recurrente ha sido lesionado en el derecho al uso y disfrute de los vehiculosocupados, y que se disponga la devoluci6n de los mismos a su legrtimo duelo; por todo lo cual no cabe dudar que en la demanda se han alterado los presupuestos esenciales del proceso.
Considerando: en lo que se refiere al tercer motivo de ampliacibn que, de acuerdo a los planteamientos hechos por el recurrente en su escrito de formalizaci6n de la demanda, parece evidente que lo que en definitiva se plantea es la ocupaci6n ilegal de dos camiones, asrI como que las resoluciones 110 y 111 de 30 de enero de 1967, dictadas por el Presidente de la Administracibn Regional Mayabeque, declararon la expropiaci6n forzada de los referidos camiones, sin que dicha autoridad tuviera facultades expropiatorias; afirmaci6n 6sta que se contradice con lo planteado en este motivo de casaci6n, en el qua ademhs, no se se~iala especrficamente el precepto legal que se considera infringido. Considerando: que, aparte de losfundamentos de la sentencia qua se impugan en este motivo, es notorio qua la expropiaci6n abusiva o ilegal ha motivado en todos los tiempos el ejercicio de acciones civiles, 1o que determina [a competencia de los tribunales de esta clase y la radical exclusi6n de la jurisdicci6n administrativa, ya qua por la naturaleza del derecho cuya vulneraci6n se acusa, es decir, la ocupaci6n o expropiaci6n ilegal de bienes muebles, evidentemente de indole civil, la via utilizada era inapta para qua dentro de ella pudiera examinarse la pretensi6n deducida. Considerando: que, por las razones expuestas procede declarar sin lugar el recurso, con las costas a cargo del recurrente. Fallamos: sin lugar el presente recurso, con las costas a cargo del recurrente.
F. Alvarez Tabro (Presidente), Luis M.Buch (Ponente), Francisco Varona, Jorge Martinez, Joaqurn Hernndez (Jueces).





CASACION. SENTENCIA NUM. 26, de 23 de agosto de 1974.

REFORMA URBANA. EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. DOCUMENTAL PUBLICA. TESTIFICAL

Todas las actuaciones del expediente administrativo, cbnstituyen prueba documental p Jblica, la cual est,
obligada a apreciar la Sala sin necesidad de que haya
sido propuesta como prueba.
La testifical ha sido valorada correctamente, sin demostrarse que Io haya ,sido de modo irracional o
arbitrario.

A. C. P. acudi6 al Tribunal Provincial de La Habana interponiendo recurso administrativo contra la Comisl6n de Recursos de Alzadade laReformaUrbana de laProvincia de La Habana, solicitando la revocaci6n de la Resoluci6n 1137 de 3 de diciembre de 1973 dictada por ese organismo, en la que declar6 prdida de su derecho de ocupaci6n del inmueble por abandono voluntariodel mismo.
Tramitado el asunto, se dict6 sentencia por dicho Tribunal dec larando sin lugar la demanda y confirmando la resoluci6n impugnada.
Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, e que se tuvo por Interpuesto elevfndose las actuaciones a la Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular, constando el mismo de dos motivos; amparado el primero, en el or.dinal 9 del arttculo 642 de la L.P.C.A., acusando como infringido el artfculo 298 de la propia L.P.C.A.; y el segundo motivo, amparado en el artrculo 640 con relaci6n al ordinal 9 del artrculo 642, ambos de la referida Ley de Procedimiento Civil y Administrativo.
La Salade Io Civil yde Io Administrativodel Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, el primer motivo del recurso, al amparo del inciso 9 del artrculo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, en el que se acusa infracci6n del artrculo 298 de la propia Ley de Procedimiento, por error en la apreciaci6n de la prueba debe ser rechazado, pues la Sala, al desestimar lademanda fundament6 la sentencla recurrida en Io que aparece del expediente administrativo, corroborado adem&s segC~n se expresa, por la prueba practicada, la cual apreci6 de acuerdo con el valor que la ley le atribuye, siendo asr que las diligencias practicadas en el referido expediente por funcionarios oficiales, con relaci6n a actos propios de fa autoridad que ejercen, no pueden ser callficadas, por su fndole, como manifestaciones de terceros ajenos al proceso; sin que valga alegar que la prueba propuesta por la Administraci6n demandada se refiere a documentos obrantes en el expediente administrativo que solamente se tuvieron por propuestos por la Sala, la que no decidi6 sobre su admisi6n, ya que 6sta, al ejercer la jurisdicci6n administrativa, esth en la obligaci6n de apreciar, en el sentido que estime procedente, los hechos refe-






rentes del expediente administrativo, hubieran promovido pruebas o no las partes.
Considerando: que, el segundo motivo del recurso debe correr la misma suerte que el anterior ya que para apreciar error, con trascendencia al fallo en la apreciaci6n de una prueba, es necesario demostrar que se haya dejado de reconocer la eficacia que la ley le atribuye o valorado de modo irracional o arbitrario, siempre que, en ambos casos, sea suficiente por st con relaci6n a otras igualmente vhlidas para tener por justificada una situaci6n de hecho a favor del recurrente distinta a la que se hubiera tomado en cuenta para dictar sentencia y, en el caso, no cabe admitir que la prueba aporlada por el recurrente no haya sido tenida en cuenta por [a Sala, ni que al valorarla con relaci6n a la que resulta del expediente administrativo, Io haya hecho de modo arbitrario, pues en dicho expediente aparecen elementos que racionalmente permiten establecer la situaci6n de hecho que se tom6 en cuenta para dictar sentencia.
Considerando: que, por las expuestas razones, debe desestimarse el presente recurso, con imposici6n de las costas a cargo de la parte recurrente.
Fallamos: no haber lugar al presente recurso, con las costas a cargo de la parte recurrente.
F. Adlvarez Tabro (Presidente) Luis M.Buch(Ponente), Francisco Varona, Jorge Martrnez, Joaquin Hern&ndez (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 28, de 11 de septiembre de 1974.

PROCESO ADMINISTRATIVO. INADMISIBLE. DECURSADO TERMINO LEGAL

Por haber decursado el t6rmino legal para interponer el
proceso ha sido acertadamente declarado inadmisible,
sin que la utilizaci6n de un recurso improcedente contra la resoluci6n administrativa pueda afectar el transcurso
del- t~rmino.

J.B.F.E. acudi6 al Tribunal Provincial Popular de La Habana interponiendo procedimiento administrativo contra [a Comisi6n de Recursos de Alzada de la Reforma Urbana de la Provincia de La Habana, solicitando la revocaci6n de la Resoluci6n nlimero 1257 de 1974, dictada por dicho organismo, por la que se declar6 inadmisible la demanda pr caducidad de la acci6n ejercitada, dict6ndose auto por dicho Tribunal, declarando inadmisible el proceso administrativo por caducidad de la acci6n ejercitada. Inconforme el demandante estableci6 recurso de casaci6n, el que se tuvo pr interpuesto, elev~ndose las actuaciones a [a Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular que lo admiti6, constando el mismo de un motivo, amparado en el ordinal 10 del artrculo 642 de la'L.P.C. y A., y acusando infringidos los articulos 670 y 676 de la propia Ley de Procedimiento.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:






Considerando: que, el 6nico motivo del recurso al amparo del n6mero 10 del articulo 642 de la Ley de Procedimiento Civil y administrativo, debe ser desestimado pues dictada par la Comisi6n de Recursos de Aizada de la Provincia de La Habana, la Resoluci6n n~mero 1257 de fecha 28 de diciembre de 1973, la cual fue notificada, segjn deja constancia la promovente, con fecha 18 de enero de 1974, (presentada la demanda el dia 10 de julio de 1974), es obvio que el t~rmino de 30 dias para la presentaci6n de la misma, conforme a Io preceptuado (en el articulo 689 de la referida Ley de Procedimiento) ha decursado con creces, sin que valga alegar la imposibilidad de establecer demanda ante el 6rgano judicial competente a partir de la fecha de su notificaci6n, por encontrarse los tribunales inactivos, ya que conforme a la Disposici6n Transitoria de la Ley de Organizaci6n del Sistema Judicial, solo se estableci6 la suspensi6n de los t~rminos judiciales por un periodo de 15 dias hibiles, a contar de ia fecha en que comiencen a funcionar los nuevos tribunales el dia 7 de enero del corriente afio, periodo qua venci6 el dra 24 del propio mes y afio, situaci6n en que nada afecta a los derechos de la reclamante. Considerando: que, la Resoluci6n de Reforma Urbana ntlmero 15, dictada par el Ministerio de Justicia, de fecha 25 de julio de 1973, dej6 sin efecto, entre otros, el recurso de revisi6n ante sf mismo, par'ro que notificada la Resoluci6n nimero 1257 de 28dediciembre de 1973, con fecha 18 de enero de 1974, no procedia la via utilizada del recurso de revisi6n ante el Ministro de Justicia; sin que sea dable a la parte reclamar contra el escrito del Ministerio de Justicia de fecha siete de junio del propio aho, informando que no cabe dicho recurso contra las resoluciones de la Comisi6n de Recursos de Alzada, conforme a lo dispuesto en la ya referida RU-15, ya que dicha comunicaci6n no vulnera derecho legal alguno establecido a favor de la recurrente, circunscribi6ndose simplemente el referido escrito a brindar una informaci6n que no decide directa ni indirectamente sabre el fondo del asunto. Considerando: que, por las expuestas razones procede declarar sin lugar el recurso, sin costas.
Fallamos: no haber lugar al recurso, sin costas.
Jos6 Fdez. Piloto (Presidente), Luis M.Buch (Ponente), Francisco Varona, Daniela Norat, Manuel V6lez (Jueces).

CASACI6N. SENTENCIA NUM. 30 de 19 de septiembre de 1974.

NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCESO ADMINISTRATIVO

No es Ilcito del 6rgano jurisdiccional exigir otros requisitos para la admisi6n de la demanda que los que en
forma clara y precisa sefala el articulo 686 de la
L.P.C. y A., coma resulta de requerir por via de subsanaci6n al promovente que en un plazo acredite la notificaci6n de la resoluci6n administrativa reclamada y
no cumplida disponer el archivo del expediente, por Io que deben anularse de oficio las actuaciones por el
perjuicio irreparable que produce la resoluci6n al referido promovente, realiz~ndolo en usa de las facultades





de que est, investido el T. S. P. reponiendo el proceso
al estado en que se encontraba en el momento de cometerse la infracci6n.

O.O.T., M.C.S.P. y la sociedad legal de gananciales constituida por el matrimonio celebrado entre ellos, acudieron al Tribunal Provincial Popular de Oriente interponiendo procedimiento administrativo contra la Comisi6n de Alzada de la Delegaci6n Provincial de la Reforma Urbana, solicitando la revocaci6n de [a Resoluci6n 187 de 1974, dictada por dicho organismo, por no haber acreditado en el t~rmino concedido por el referido Tribunal, dictfndose auto ordenando el archivo de las actuaciones.
Inconformes los demandantes establecieron recurso de caseci6n el que se tuvo por interpuesto elev~ndose las actuaciones a la Salad de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular que Io admiti6, constando el mismo de dos motivos, amparados ambos en el ordinal 12 de articulo 642 de la L.P.C.A., acusando como infringidos los artrculos 1221 y 1222 del C6digo Civil y 686 y 688 de la Ley de TrPnsito.
La Sala de Io Civil y de Io Administrativo del Tribunal Supremo Popular resuelve Io que sigue:
Considerando: que, la Sale de instanciaI al conocer de [a demanda debi6 limitarse a comprobar si se habfan cumplido o no los requisitos que en forima clara y precisa sePiala el articulo 686 de la Ley de Procedimiento Civil y Administrativo, sin establecer otros requisitos no exigidos en dicho precepto, tel como el requerimiento indebidamente dispuesto por providencia de 17 de juliode 1974, seialando al promovente un plazo pare acreditar [a fecha de notificaci6n de la resoluci6n recurrida; ello aparte de queel error de dicha Sale queda tambi~n evidenciado en el simple examen de la referida resoluci6n, ya que en el propio documento aparece una note en que se deja constancia de la fecha de notificaci6n y la firma del funcionario que actu6 en dicha diligencia.
Considerando: que, a los tribunales les viene conferida, entre otras, la participaci6n active en los procesos a fin de facilitar las actuaciones de los 6rganos judiciales y garantizar a todos los interesados su intervenci6n en los mismos, por Io que la ley los faculta para declarar de oficio la nulidad de las actuacionescuando por incumplimiento de las formalidades legales, pueda producir algqn perjuicio irreparable a cualquiera de las partes, y en el presente caso, la Sala al requerir al promovente a cumplir un requisito no exigido en la ley, como sehalado anteriormente, es evidente que se excedi6 en sus facultades regladas, por Io que se impone reparar esa situaci6n que innegablemente coloca en estado de indefensi6n al actor.
Considerando: que, por las expuestas razones procede acoger al recurso, sin costas.
Pallamos: con lugar al presente recurso y anulamos todas las actuaciones a partir de la providencia de fecha 17 de julio de 1974, y disponemos la devoluci6n de las actuaciones al Tribunal de impulso, reponi6ndolas al estado en que se hallaban at cometerse los defectos sefialados para que continue ytermine el proceso conforme a derecho.




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