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 Doctrina: El procedimiento...
 Doctrina: El homicidio voluntario...
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Spanish


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
CAEMM\(

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Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas
Sep. 1985


PUCMMA0144_00001
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra



Vol. 2, no. 13 (p. 1-23)



Caribbean


Derecho


Revista de ciencias jurídicas : segunda época

text








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PUCMMA0144
00001

Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

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Revista de ciencias jurídicas
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 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Creation Date: September 1985
Publication Date: 1977-
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526
Classification: lcc - K19 .C54
System ID: CA01600002:00022

Table of Contents
    Front Cover
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        Front Cover 2
    Doctrina: El procedimiento en referimento
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    Doctrina: El homicidio voluntario no intencional
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    Jurisprudencia
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    Legislacion
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Full Text























AFio II Septiembre 1985 No. 13


CONTENIDO


Doctrina ..
El Procedimiento en Referimiento.
Artagnah Pdrez Mendez
El Homicidio Voluntario do Intencional. Conflict entire los Articu-
los 309 M 312 del Codigo Penal Dominicano.
Vielkha Morales Hurtado.

Jurisprudencia
Sentence d el 7 de noviembrtiembre 1984. No. 13
CONTENIDO






Material: Civil.
El Procedimiento en Referimiento.
Artagnan Perez M6ndez

El Homicidio Voluntario no Intencional. Conflicto entire los Articu-
los 309 y 312 del C6digo Penal Dominicano.
Vielkha Morales Hurtado.


Jurisprudencia
Sentencia del 7 de noviembre de 1984. No. 13
Materia: Civil.

Legislaci6n
Leyes que regulan las manifestaciones p6blicas en el pa(s.







RECIBIDO 1 EE 200





DOCTRINE


EL PROCEDIMIENTO EN REFERIMIENTO

Artagnan Perez Mendez*

1. INTRODUCCION. El rererimiento es un procedimiento ex-
cepcional al cual se acude en caso de urgencia y para las dificultades
de ejecuci6n de una sentencia o de un tftulo ejecutprio. Tambidn se
acude al Juez de los Referimientos para que iste ordene una media
conservatoria a fin de prevenir un dafio inminente opara hacer cesar
una turbaci6n manifiestamente ilicita.

2. LA DEMANDA. El procedimiento en referimiento es con-
tradictorio ya que el adversario debe ser citado.

La demand se introduce por medio de citaci6n, a fin de que el
demandado comparezca a la audiencia que habir de celebrarse a ese
efecto, el dia y hora habitual de los referimientos. Si el casorequie-
re celeridad, el Juez de los Referimientos puede autorizar para que se
cite a hora fija. aun en los dias feriados, sea en la audiencia, sea en su
domicilio con las puerras abiertas.

El demandante. previamente. debe averiguar cuil es la hora y el
d(a habitual de los Referimientos. Los Jueces de Primera Inslancia
deben fijar el dfa de los Referimientos, por un auto que dictarin cada
afo.

Muchos tribunales nuestros no quieren fijar el dia habitual, sino
que prefieren que se les haga una solicitud previa, lo cial es contra-
dictorio a los textos legales. Solamente en caso de citaci6n a hora fi-
ja, se le debe pedir al Juez la autorizaci6n para hacer la demand.

El process en referimiento "sobre process verbal" no aparece
regulado en las nuevas disposiciones de la Ley 834 del 1978. Es el
caso. por ejemplo. en que un alguacil o un notario tienen dificulta-
Sdes, el primero las pod ria tener en ocasi6n de un embargo y el segun-
do en la redacci6n de un inventario, por no citar sino dos casos. Ellos
*Doctor en Derecho UASD 1956; Prolesor del Departamento de Cienclas JuridicaS UCMM.





pueden remitir a las parties para que se proven por ante el Juez d
los Referimientos. La mejor doctrine admite que esta facultad de r
mitir a las parties por ante el Juez de los Referimientos, sobre process
verbal no ha desaparecido, no obstante el silencio de la ley.

3. PLAZO DE LA COMPARECENCIA. No existe plazo alguni
para la comparecencia, por lo tanto, el plazo es opcional para el de-
mandante que require la citaci6n, pero el Juez ejerce control sobre
el plazo. En efecto, el Juez debe asegurarse que haya transcurrido un
tiempo suficiente entiree la citaci6n y la audiencia" a fin de que la
parte citada haya podido preparar su defense.

Las parties comparecen en persona o por mandatarios, ya que el
ministerio de abogado no es obligatorio.

4. CONDICIONES PARA LA ADMISSION DEL REFERIMIEN-
TO. Tres condiciones se necesitan para introducir una citaci6n en re-.,
ferimiento: Iro. la urgencia; 2do. la ausencia de contestaci6n seria
3ro. la competencia de la jurisdicci6n apoderada.

5. Iro. LA URGENCIA. Sibien es cierto que ya el Referimien-
to esta abierto para casos que no requieren la urgencia, esta sigue
siendo condici6n casi imprescindible para que se acuda al Juez de los'
Referimientos. En realidad, la urgencia es la myorjustificaci6n de la
existencia de este procedimiento.

El articulo 109 de la Ley 834 de 1978 expresa: "En todos los1
casos de urgencia, el Presidente del Tribunal de Primera Instancia"
puede ordenar en referimiento todas las medidas que no colidan con'
ninguna contestaci6n seria o que justifique la existencia de un dife-0
rendo".

6. DEFINITION DE LA URGENCIA. La ley no define la ur-
gencia. Se trata de una noci6n abandonada al criterio del Juez. La
urgencia es mis apremiante que la celeridad y por ello permite acudir
en referimiento.

A veces hay extrema urgencia, que es a lo que se refiere la se-
gunda parte del artfculo 102 de la Ley 834 cuando expresa: "Si. sin
embargo, el caso require celeridad, el Juez de los referimienlos pue-
de permitir citar a hora fija aun los dfas feriados o de descanso, sea
en la audiencia, sea en su domicilio con las puertas abiertas. La tra-
ducci6n no es castiza, pero lo que se ha querido prever es la extrema
urgencia, aunque se haya empleado la palabra celeridad.









Es dificil definir la urgencia, pero se puede decir que cuando
hay peligro en la demora, la urgencia existe.

La doctrine ha intentado damos definiciones de la urgencia. Me
permit reproducir fnicamente dos, la del Profesor Perrot y la de J.
Vincent. El primero entiende que hay urgencia todas las veces que
un retardo en la decision que debe adoptarse compromete los intere-
ses del demandante. El segundo, por su parte, express que cuando
un retardo de algunos dias o de algunas horas, puede resultar perjudi-
cial para una de las parties, hay la urgencia.
' En caso de urgencia la competencia del Juez de los Referimien-
tos es de orden pdblico.

El juez de los Referimientos tiene la obligaci6n de verificar si
hay o no, la urgencia, adn en los casos en los cuales las parties esthn
de acuerdo para que se ordenen las medidas solicitadas.

El Juez de los Referimientos debe apreciar la urgencia al mo-
menio de dictar la ordenanza; no cuando se introduce la demand.

7. REFERIMIENTO DESPUES DE LANZADA LA DEMAND
AL FONDO. Algunas decisions antiguas llegaron a admitir que no
se pod fa acudir en referimiento despu6s que la instancia sobre lo
principal habfa sido iniciada, argumentAndose que mediante medidas
provisionales se podia satisfacer lo que se pretendiese por via de refe-
rimiento.

En la actualidad la jurisprudencia se pronuncia en sentido con-
trario. :

8. LA AUSENCIA DE CONTESTACION SERIA. Segin el artf-
culo 109 de la Ley 834 del 1978, el Presidente puede ordenar en re-
ferimiento todas las medidas QUE NO COLIDAN CON NINGUNA
CONTESTACION SERIA. Esto quiere decir, que el juez de los refe-
rimen os no es juez de las superficalidades.

9. LO QUE SE DEBE ENTENDER POR CONTESTACION
SERIA. Para el Profesor Hebraud, no se puede definir lo que es coi-
testaci6n seria. La Corte de Casaci6n Francesa ha ejercido un control
sobre el asunto, pero de dicho control no ha nacido una definici6n,
ya que dicho control se ha ejercido sobre cada caso en particular.






La formula del art(culo 109 de la Ley 834 de 1978 ha resulted
incomprensible para algunos. Sin embargo, un studio de los ante
dentes franceses aclara por complete el sentido de la misma. Ant
de continuar, quiero aclarar lo siguiente: el solo hecho de que exis
una contestaci6n seria no impide acudir al Juez de los Referimiento
Lo que el Juez no puede hacer es fallar cuando la media choca cot
una contestaci6n seria.
Los Profesores Cdzar-Bru, Hebraud, SeignoUe et Odul afirmal
lo siguiente: "La nocion de conteslacion seria existe cuando:

1. ella es, o un obsticulo ala competencia del Juez de los Refe
rimientos. Es el caso cuando se le pide al Juez de los Referi-
mientos la soluci6n del fondo del derecho;

2. o la raz6n de ser de la intervenci6n del Juez de los Referi-
mientos, a fin de justificar la decision dada en referimiento porc
que precisamente la contestaci6n es seria, y

3. o la motivaci6n de la decision del referimiento. En este cas
la opinion del Juez de los referimientos es el soporte de la dec
si6n del fondo o la motivaci6n de la decision dada en refer
miento. La contestaci6n seri seria cuando la opinion que el
Juez de los Referimientos se ha hecho del fondo del derecho,
sin ser la respuesta de su decision, es el soporte necesario, aun
que no formulado".

De conformidad con el artfculo 109 de la Ley 834 de 1978,el1
Juez no puede ordenar, en referimiento, medidas que colidan con.
una contestaci6n seria.

La formula primitive estaba contenida en el articulo 809 del C6-
digo de Procedimiento Civil, el cual expresaba lo siguiente: "Los au-
tos a causa de demand en referimiento no perjudican en nada a lo
principal del asunto..." Esta formula es mds facil de comprender, sin
embargo, el legislator la ha abandonado y sustitufdo por la que apa-
rece en la parte in fine del artfculo 109 de la Ley 834 de 1978.

La nueva formula contiene una aparente contradicci6n. En
efecto, seghin creo, ha confundido a muchas personas.

En verdad, la redacci6n no es muy buena. Cundo el legislator
emplea la frase: "...o quejustifique la existencia de un diferendo" se
ha complacido en confundirnos.






Siguiendo los lineamientos trazados por lajurisprudencia france-
sa comprendemos el alcance de la redacci6n nueva.

Dejamos para mas adelante el andlisis de la parte in fine del 109
para seguir con "lo de contestaci6n seria".

Se puede ordenar en referimiento, en caso de urgencia, lo que
no colida con una contestaci6n seria.

Colidir quiere decir: tropezar, chocar con una oposici6n ffsica o
moral. Yo agregarfa o legal. Entonces, el Juez de los Referimientos
no puede ordenar una media que choque con una contestaci6n
seria. Pero, ,cuil es el caricter serio de una contestaci6n? El Juez
de los Referimientos tiene capacidad para decidir si la contestacibn
es seria o parece seria o si no tiene fundamento. Pero ;qud es una
contestaci6n seria? No la puedo encuadrar en una definici6n. Hay
que tener en cuenta la media que se va a tomar. Son aquellas difi-
cultades que se pueden resolver con rapidez para transar inconvenien-
tes. Es a lo mds que puedo llegar tratando de clarificar el asunto.

El Juez de los Referimientos no es Juez de las superficialidades.
Lo es de las cuestiones que no colidan con una contestaci6n seria.
Lo es de aquellas cuestiones que presentan dificultades entire parties y
ameritan una media provisional, no la soluci6n del fondo de la con-
testaci6n. Por razones de brevedad omitiremos la competencia.

10. LA EXISTENCIA DEL DIFERENDO. La primera impre-
si6n que nos da la lectura de la parte in fine del artfculo 109, es que
se trata de una mala traducci6n. No hay mala traducci6n. El artfcu-
lo 109 es una traducci6n exacta del artfculo 808 del Nuevo C6digo
de Procedimiento Civil Frances, el cual, a su vez, reproduce los t6rmi-
nos del artfculo 73 del Decreto del 9 de septiembre de 1973.

La peor interpretaci6n que se le puede dar a la parte in fine del
artfculo 109, serfa la que admitiese que todas las veces que existe un
diferendo no se puede acudir al Juez de los Referimientos. De ser
asf, el Referimiento no servirfa para nada.

Son los diferendos los que original la necesidad de acudir en re-
ferimiento. Una sentencia ha dicho con meridiana claridad: "La
existencia de una contestaci6n, lejos de ser un obstdculo a la media
ordenada en referimiento constitute, al contrario, su justificaci6n".

Otras muchas decisions se pronuncian en igual sentido.







11. PODERES DEL JUEZ DE LOS REFERIMIENTOS. Las de-
cisiones del Juez de los Referimientos tienen caricter provisional. El
Juez de los Refeiimientos no decide un litigio porque no es Juez de
"decir el derecho"; su misi6n es tomar medidas provisionales, las cua-
les no se pueden adoptar sin intervenci6n de !a autoridad judicial.

Las medidas sop las que no colidan con una con testaci6n seria,
-o que justifiquen la existencia de un diferendo o las que se toman pa- Ji
ra prevenir un daflo inminente, es decir, medidas provisionales de na-
turaleza tal que median en una crisis conflictual, pero sin decidir el
fondo del litigio ni los derechos respectivos de las parties.

12. MEDIDAS CONSERVATORIAS PARA PREVENIR UN
DARO INMINENTE. El Juez de Primera Instancia puede ordenar en
referimiento las medidas conservatoiias que se impongan. sea para
prevenir un dafio inminente o para hacer cesar una lurbacion mani-
fiestamente ilicita.

Advierto que cuando se trata de tomar medidas que no colidan
con una contestaci6n seria o justifique la existencia de un dilferendo.
el artfculo 109 de la Ley 834 exige la urgencia, pero cuando se trata
de prevenir un daflo inminente o una turbaci6n manifiestamente iUici-
ta, la urgencia no aparece exigida por el articulo 110 de la indicada
ley 834. Pero la urgencia es la esencia del referimiento y parece que
en estos casos la urgencia esta presumida.

De todos mnidos, se admit que la urgencia no se exige para la
aplicaci6n del artfculo 110 de la Ley 834.
comparezca en la hora y lugar habituales de los referimientos. b) por
citaci6n para comparecer a hora fija en el lugar de las audiencias o en
la casa morada del Juez. c) Por citaci6n, sin previa autorizacion, co-
mo consecuencia de'un process verbal.

Se admit tambi6n, que de comiin acuerdo y de modo volunta-
rio, las parties se pueden presentar por ante el Juez de los Refei -ien-
tos. Normalmente, el Referimiento se introduce por citaci6n. En ca-
so de que se trate de un referimiento en curso de instancia. donde las
parties ya hayan constitufdo abogado, el referimiento se tiene que in-
troducir por citaci6n y no por acto de abogado a abogado porque se
trata de una instancia nueva, es decir, de una instancia distinta.

La citaci6n se notifica a la parte contraria, en su persona o do-
micilio.








13. EL PROCEDIMIENTO. La demand se puede introducir
de tres maneras: a) por medio de citaci6n a fin de que el demandado
comparezca en la hora y lugar habituales de los referimientos. b) Por
citaci6n para comparecer a hora fija en el lugar de las audiencias o en
la casa morada del Juez. c) Por citaci6n, sin previa autorizaci6n, co-
mo consecuencia de un process verbal.

Se admite lambi6n, que de coming acuerdo y de modo volunta-
rio. ,s parties se pueden presentar por ante el Juez de los Referimien-
tos. Normalmente, el Referimiento se introduce por citaci6n. En ca-
so de que se trate de un referimiento en curso de instancia, donde las
parties ya hayan constitufdo abogado, el referimiento se tiene que in-
troducir por citaci6n y no por acto de abogado a abogado porque se
trata de una instancia nueva, es decir, de una instancia distinta.

La citaci6n se notifica a la parte contraria, en su persona o do-
micilio.

14. EL PLAZO DE LA CONMl RECENCIA. El artfculo 103
de la Ley 834 de 1978 establece: '"el Juez se asegurard que haya
transcurrido un tiempo suficiente entire la citaci6n y la audiencia para
que la parte citada haya podido preparar su defense".

Es decir, no hay plazo, sino que el mismo se deja abandonado a
la prudencia del demandante y vigilancia del Juez. En la practice se
acostumbra citar a un dfa franco por lo menos.

Cuando el demandado no comparece y el Juez estima que el pla-
zo ha sido muy corto, se puede anular la citaci6n, lo cual obliga al de-
mandante a citar de nuevo.

El derecho de apreciaci6n del juez, en relaci6n al plazo, es sobe-
rano.

15. EFECTOS DE LA CITACION. De conformidad con el ar-
tfculo 2254. la citaci6n en justicia interrumpe la prescripci6n. Algu-
nos enrienden que la citaci6n ante el Juez de los Referimientos no es
una verdadera acci6n en justicia y que por lo tanto no interrumpe la
prescripci6n. La opinion contraria es preferible.

16. INCIDENTS DEL PROCEDIMIENTC. Ante el Juez de
los Referimientos se puede presentar una demand de comunicaci6n
de documents, asf como cualquier excepci6n del procedimiento, in-









cluyendo la excepci6n de incompetencia eh raz6n de la material o del
territorio. El Juez de los Referimientos puede ordenar la compare-
cencia de las parties, asf como un descendimiento a los lugares li-
tigiosos.

Las excepciones estAn sometidas al regimen de derecho comlin.
En cuanto a la facultad de diferir el juramento decisorio, hay opinio-
nes diversas. Algunas decisions han dicho que el caricter provisional
de la ordenanza hace inadmisible el diferir el juramento decisorio. pe-
ro en la opinion que parece prevalecer se admite lo contrario. La po-
sibilidad de diferir el juramento supletorio se ha admitido sienpre.
sin discusi6n alguna.

La confesi6n de una parte puede acogerse porel Juez de I, -s Re-
ferimientos, aunque la misma no se imponga al Juez del fondo por el
character provisional de las ordenanzas en referimiento.

En cuanto a los informativos nadie duda que se pueden ordenar,
previa articulaci6n de los hechos a probarse. Tambidn se puede orde-
nar un perilaje.

17. EL REFERIMIENTO EN CASO DE EXTREMA URGEN-
CIA. De conformidad con la segunda parte del artfculo 102 de la
Ley 834 del 1978,: "Si, el caso require celeridad, el Juez de los Re-
ferimientos puede permitir citar a hora fija, aun los dias feriados o de
descanso, sea en la audiencia, sea en su domicilio, con las puerlas
abiertas".

Debemos notar que el texto dice: "si el caso require celeri-
dad". Pero bien sabemos que en material dereferimiento. dada la ur-
gencia, todo require celeridad. Lo que realmente exige el articulo
102 es la extrema urgencia, como serfa el caso de una pared o muro a
punto de derrumbarse. Para poder demandar en virtud del articulo
102 siempre seir necesario el permiso previo del Juez, quien debe
examiner la solicitud y darse cuenta si en realidad existe o no, la ex-
trema urgencia.

Aunque los textos son mudos, entendemos que el demandante
debe notificar, conjuntamente con la citaci6n, la copia de la instancia
en la cual solicita el permiso as( como una copia del auto que autori-
z6 la citaci6n a hora fija.




~W~E1nJ~ld Caiolice Madre y


Se puede citar "sea en la audiencia" "sea en el domicilio del
Juez con las puertas abiertas" Sea en la audiencia quiere decir citar
para la hora y fecha habitual de los referimientos.

18. EFECTOS DE LA ORDENANZA. Ella produce los efectos
de una decision enjusticia y permit la inscripci6n de una hipoteca
judicial, pero su autoridad de cosa juzgada es limitada. No se impo-
ne el Juez del fondo ni puede renovarse a no ser en caso de circuns-
tancias nuevas.

La ordenanza puede contener condenaciones a astreintes las
cuales se pueden liquidara titulo provisional. Tambi6n ella puede es-
tatuir sobre las costas, de conformidad con el articulo 107 de la Ley
834.

19. LA JURISDICCION DEL PRESIDENT DE LA CORTE
EN REFERIMIENTO. En todos-los casos de urgencia, el Presidente
de la Corte puede ordenar en referimiento, en el curso de la intancia
de apelaci6n, todas las medidas que no colidan con una contestaci6n
seria. Ya hemos dicho que no podemos definir lo que se entiende
por contestaci6n seria. Pero es evidence que el legislator lo que quie-
re decir es que no se puede acudir en referimiento por nimiedades o
por asuntos que son de claridad evidence y no justifican una media
provisional.

Tambien se acude al Presidente de la Corte, en curso de instan-
cia, para ordenar medidas que justifiquen la existencia de un diferen-
do. Esto quiere decir sencillamente que el Presidente no puede deci-
dir el fondo, actuando como Juez de los Referimientos. La misma
interpretacion debe darse en cuanto se refiere al articulo 109 pues los
dos artfculos son iguales, aunque uno se refiere al Presidente de Pri-
mera Instancia y el 140 se refiere al Presidente de La Corte.

Para apoderar al Presidente de La Corte, se necesita la urgencia.

20. SUSPENSION DE LA EJ ECUCION DE UNA SENTENCIA
De conformidad con el artfculo 141 de la ley 834 de 1978, "El pre-
sidente de la corte puede, en el curso de la instancia de la apelaci6n,
suspender la ejecuci6n de una sentencia impropiamente calificada en
iiltima instancia o ejercer los poderes que les son conferidos en mate-
ria de ejecuci6n provisional".








Cuando la ejecuci6n provisional ha sido ordenada. puede ser sus-
pendida por el P esI-'ente de la Corte estatuyendo en Referimiento,
en dos casos: I ro. si estA prohibida por la Ley; 2do. si hay riesgo de
que entraile consecuencias manifiestamente excesivas. Cuando la eje-
cuci6n provisional no ha sido solicitada o si habiendolo sido. el Juez
haya omitido estatuir, no podrf ser acordada en c.-o de apelacion,
sino por el Presidente de La Corte. en referimiento. Pero las orde-
nanzas dictadas por el Juez de los Referinnientos' son ejecutorias de
pleno derecho, de donde result que el Presidente de La Corte no tie-
ne facultad para suspender la ejecucci6n.








DOCTRINE


EL HOMICIDIO VOLUNTARIO NO INTENTIONAL
CONFLICT ENTIRE LOS ARTICULOS 309 Y 312 DEL CODIGO
PENAL DOMINICANO

Vielkha Morales Hurtado*

Al estudiar nuestro derecho penal especial a la luz del C6digo
Penal Dominicano, encontramos incoherencias legislativas que nos
han producido inquietud desde que las conocimos.
Esta es la causa eficiente de estas notas, que buscan arrojar luz
sobre una de ellasla il6gica imposici6n de penas al homicidio no in-
tencional en sus dos variantes: En su estado simple, en la parte final
del art culo 309 y agravado por el vfnculo de filiaci6n en la parte in
fine del articulo 312.

Nos preocupamos por resolver esta contradicci6n de sanciones
porque es un problema dejusticia.
Es necesario deteneros para especificar, aunque brevemente, los dis-
tintos upos de homicidios que pueden darse en nuestro derecho pe-
nal. En efecto, en el C6digo Penal Dominicano se reconoce la exis-
tencia de los siguientes homicidios:

a Homicidio voluntario, cuando intencionalmente se quiere dar
muerte a otro (Art. 295).

b) Homicidios intencionales agravados: Asesinato (Art. 296),
Infanticidio (Art. 300), Envenenamiento (Art. 301).

c) Homicidio voluntario no intencional (Art. 309, parte in fine).
d) Homicidios no intencionales agravados por la premeditaci6n
(Art. 310) y por el vinculo de filiaci6n (Art: 312, parte in fine).

*Estudiante de Clencias Juridicas. Miembro del Consejo de Redaccl6n de la Revista.









e) Homicidio involuntario cometido por torpeza, imprudencia,
inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos (Art.
319).

El problema que enfocamos trata especificamente sobre los acd-
pites c y d; en este 6ltimo, s6lo la agravante del vfnculo de filiaci6n.

No es sorpresa para ningin estudioso de nuestra legislaci6n pe-
nal que en nuestro derecho el homicidio sin intenci6n existe como tal
constituyendo una infracci6n diferente del homicidio intentional es-
tablecido por el artfculo 295; sin embargo, lo que st es dificil de
aceptar es que adn habiendo tenido el legislator dominicano, el cui-
dado de distinguir el homicidio voluntario intentional del no inten-
cional haya cafdo en el error de sancionar el homicidio no intmncio-
nal con la misma pena impuesta al intentional: Trabajos Publicos de
3 a 20 aftos.1

En Francia, con la reform de 1832 se introdujo en el artfculo
309 el homicidio no intentional sancionandolo expresamente con la
pena de trabajos forzados temporales la cual es una pena inferior a la
que correspondfa al homicidio voluntario intentional que era la de
los trabajos forzados perpdtuos.

Podemos observer que el legislator domiticano ain acogiera en
.principio la reform, al imponer la pena, se alej6 de la modificaci6n
de 1832 y retorn6 al C6digo Frances de 1810 que manteni'a silencio
con respect al.homicidio no intentional; por lo que al ocurrir un ca-
so de tal naturaleza el infractor quedaba sometido al articulo 295.

Analizando minuciosamente el artfculo 309 de nuestro C6digo
Penal podemos notar que en 61 estin sancionados tres atentados con-
tra la integridad ffsica de la persona; Primero: heridas, golpes, actos
de violencias o vias de hecho cuando produce al agraviado una en-
fermedad o imposibilidad de dedicarse al trabajo durante 20 dfas; Se-
gundo: La mutilaci6n, amputaci6n o privaci6n de uso de un miem-
bro, pdrdida de la vista, de un ojo, etc., a causa de heridas, golpes,
violencias, vtas de hecho: y Tercero: El homicidio voluntario no in-
tencional, es decir cuando las heridas, golpes, violencias o vias de he-
cho inferidas voluntariamente llegan a ocasionar la muerte del agra-
viado sin haberlo querido el agent.

Es en este ultimo caso que el legislator impone la pena de los
trabajos pdblicos; al parecer, sin tomar en cuenta lo que debe ser la








adecuacibn de la pena conforme a la gravedad del hecho y a la inten-
ci6n del agente convirtiendo asl, es initial la creaci6n del homicidio
no intentional como crime diferente al homicidio del Art. 295. Lo
que en definici6n,teoria y elements constitutivos es una transgre-
ci6n diferente, viene a ser la misma infracci6n, o al menos infraccio-
nes con el mismo resultado para agents con intenciones disfmiles.

El Art fculo 312 del C6digo Penal Dominicano reza asf:

"Si los golpes o las heridas de que tratan los tres artfculos ante-
riores, han sido inferidas por el agresor a sus padres legitimos
naturales o adoptivos, o a sus ascendientes legitimos, se le im-
pondran las penas siguientes: Si el delito cometido trae la pena
de prisi6n y multa, el culpable sufriri la de reclusi6n; si trae se-
nalada la de reclusi6n el delincuente seri condenado a la deten-
cion y si la pena que pronuncia la ley es la de DETENCION, el
culpable sufriri la de los trabajos pdblicos".

Observemos que este articulo para establecer la sanci6n a cada
una de las tres infracciones asentadas en el articulo 309 no se pre-
senta ninguna complicaci6n; es al Ilegar a la pena que 16gicamente co-
rresponde al homicidio sin intenci6n que se nos present la incongru-
encia. Asf, el C6digo expresa: "... y si la pena que pronuncia la ley
es la de DETENCION, el culpable sufrira de los Trabajos plblicos".
Ahora bien, cudl de las infracciones establecidas en los articulos pre-
cedentes al 312 esta sancionada con DETENCION. La respuesta es:
NINGUNA; empero, por 16gica, por la escala de las penas, por los
principios generals del derecho penal, al homicidio no roluntario es
a quien corresponde la DETENCION como sanci6n.

De esta forma el mismo articulo 312 es quien propone -quizas
con cierta timidez- la soluci6n a la dual incoherencia encontrada en
el establecimiento de las penas aplicables al homicidio no intencio-
nal simple cuando este se produce existiendo la agravante del vfncu-
lo de filiaci6n.

El legislator dominicano al referirse a la detenci6n como la pena
correspondiente al homicidio no intencional en el articulo 312 en-
mend6 su error de castigar con la pena de los trabajos piblicos el ho-
micido produc:Jo sin el gnimo de matar.

Dudamos que nuestros legisladores hayan querido negar la que
es una agravante para el derecho penal prefiriendo castigar el homici-
dio no intentional en su estado simple con una sanci6n mais serena
que cuando este se present con la agravante del vinculo de filiaci6n.
13







Nos preguntamos, c6mo ha podido establecer el legislator lo q
que para nosotros es una injusta sanci6n?

Un sector de la doctrine dominicana parece career que el legisla-
dor dominicano tom6 esa postura con el fin de facilitar a los jueces
el establecimiento de la pena y contrarrestar la dificultad que repre-
sentarfa determinar si existe en el agent al moment de herir, gol-
pear, el Animus necandi o el Animus laedendi. Si asf fuese,cuin in-
justa serfa la ley que prescinde del element moral por la dificultad
de su constataci6n!

Afirma Macklin Fleming que "El verdadero crime siempre em-
pieza en la mente del invasor, la intenci6n criminal es lo primero",2
entonces, c6mo abstraerse de la intenci6n criminal; c6mo poner la
misma terapia a dos individuos con enfermedades diferentes. Es evi-
dente que de ser asi constituirfa un exceso innecesario e imperdona-
ble.

La doctrine contraria, a la cual nos adherimos, afirma que el es-
tablecimiento de la misma pena para el homicidio no intencional y
para el homicidio intentional, fue, ciertamente, un error de adecua-
ci6n, de 16gica y no la fntima convicci6n de nuestros legisladores de
1884.

Entre las razones que se pueden alegar en favor de esta tesis, a
nuestro juicio, la mas contundente es la desarmonfa de las penas
existentes en el articulo 312 frente al articulo 309: lo que era el sim-
ple establecimiento de una sanci6n several se transform en una reve-
laci6n del error cometido por el legislator al establecer la pena de los
trabajos pdblicos como sanci6n del homicidio no intencional produ-
cido por golpes y heridas intencionales.

LPor que decimos que el artfculo 312 es revelaci6n de que lo
que cometi6 el legislator, en el artfculo 309, fue un error? Veamos
lo que dice la ley.

La jurisprudencia dominicana, en reiteradas ocasionaes, al apli-
car la sanci6n a los individuos que cometen la infracci6n de heridas
que causaron la muerte han acogido las mis amplias circunstancias
atenuantes moderando asf la pena, con el prop6sito, sin duda, de en-
mendar el error de adecuaci6n en el cual incurri6 el legislator domi-
nicano.








Mencionemos algunas de estas sentencias:


-El Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, por sentencia
del 29 de enero de 1948, conden6 a Zacarfas SAnchez a sufrir la
pena de un afio de prisi6n correccional, por crime de homici-
dio voluntario intencional.

-La Cimara Penal de Duarte, por sentencia del 30 de agosto de
1951, conden6 a Rafael Antonio Rosario a sufrir la pena de un
aflo de prisi6n correccional, por el hecho de heridas que ocasio-
naron la muerte a Agustfn Paredes Frias.

-Una sentencia del 6 de diciembre de 1972 (Vol. Jud. 754, pig.
3018), consider que el Consejo a-quo le aplic6 una sentencia
ajustada al imponer al acusado un aflo de prisi6n correccional
acogiendo en su favor circunstancias atenuantes, por el crime
de heridas voluntarias que ocasionaron la muerte.

-El Juzgado de Primera Instancia de El Seibo, por sentencia
del 26 de enero de 1983, conden6 a Felipe Biez, a sufrir la pena
de un afio de prisi6n correccional, por el crime de heridas que
ocasionaron la muerte de Luis Jerez.

,Qu6 nos queda ahora? Implorar por una reform legislative
que reitere lo que esti expreso en la parte final del Art. 312: Deten-
ci6n como pena aplicable al homicidio no intencional. Asi,no s6lo
dejaria* de ser incomprensible la parte final del 312; sino que ademis,
recobraria vida la existencia del homicidio no intencional y de su
agravante.

Al modificar el artfculo 309 en su parte infine habremos dado
un paso firme para contribuir al mejoramiento de nuestra legislaci6n
penal y al advance de nuestra sociedad.

Resolviendo poco a poco, paso a paso las incoherencias, los
errors legislativos legitimizaremos la bastardez del C6digo Penal
Dominicano y podremos llegar a lo sofiado: Un C6digo Penal actuali-
zado y ajustado a la realidad Social Dominicana y a los sentimientos
que en ella se anidan.














































16










JURISPRUDENCIA

SENTENCIA DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1984 No. 13

MATERIAL: CIVIL

La Suprema Corte de Justicia, despuds de haber deliberado, y vistos los
texcos invocados por el recurrente, y los articulos 1 y 65 de la Ley sobre Proce-
dimiento de Casaci6n;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documents a
que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motive de una litis sobre terre-
nos registrados en relacin con las parcelas Nos. 19 y 20 del Distrito Catastral
No. 6. del Municipio de El Seybo, y las Nos. 12 y 13 del Distrito Catastral No.
10, del mismo Municipio, el Tribunal de Tierras de Jurisdiccidn Original, dict6
el 24 de noviembre de 1981, una sentencia cuyo dispositivo se copia mis adelan-
te; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada en
casacion. cuyo dispositivo es el siuiente: "FALLA: Iro.-Se acoge. en cuanto a la
forma. y se rechaza, en cuanto al fondo, el recurso de apelacion interpuesto en
lecha 10 de diciembre de 1981, por el Dr. Renato Rodriguez Demorizi,a nom-
bre y en representacion del senior Federico Morales Aybar, contra la'decision No.
1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdiccion Original en fecha 24 de no-
viembre del 1981, en relaci6n con las Parcelas Nos. 10 y 20 del D.C. No. 6; y 12
v 13 del D.C. No. 10, del Municipio de El Seybo. 2.- Se confirm, en todas sus
parties. la Decision No. 1 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicci6n Origi-
nal en fecha 24 de noviembre del 1981. en relaci6n con las Parcelas Nos. 19 y 20
del D.C. No. 6; y 12 y 13 del D.C. No. 10, del Municipio de El Seybo, cuyo dis.
positive dice asi: 'Primero: Rechaza, por los motives precedentemente, las con-
clusiones formuladas por los Dres. Miguel Angel Cedeiso y Josd Tarquino Cede-
rio, en nombre y representaci6n del senior Federico Morales Aybar; Segundo: Se
acogen. las instancias de fechas lro. de agosto y 2 de septiembre de 1980, dirigi-
das al Tribunal Superior de [ierras por el Dr. Jottin Cury, a nombre y en repre-
sentaci6n del Licdo, Carlos Rafael Goico Morales; Tercero: Se declara, que los
nombres de Federico Morales Aybar y Federico Orlando Morales Aybar, corres-
ponden a la misma persona, hijo legftimo de los sefiores Joaquin Morales P6rez y
Mercedes Ermeira Aybar de Morales. identificado por la cedula de idenridad per-
sonal No. 10240, series 25; Cuarto: Se declara, que la firma que aparece en los re-
cibos de venta depositados por el Licdo, Carlos Rafael Goico Morales es la de
Pedro Federico Orlando Morales Aybar o Federico Morales Aybar, exceptuando
los de fechas 30 de junio y 3 de octubre de 1969; 3 de enero, 1 de mayo, 19 de
noviembre y 22 at diciembre de 1970; Quinto: Se declare. que el senior Pedro
Federico Orlando Morales Aybar o Federico Morales Aybar venci6 en favor del
Licdo. Carlos Rafael Goico Morales, todos los derechos registrados a su nombre
en los Certificados de Titulos Nos. 69-697 y 69-698 que amparan las parcelas





A **/�


Nos. 12 y 13 del Distrito Catastral No. 10 del mismo municipio; Sexto: Se orde-
na, al Registrador de Titulos del Departamento de El Seybo, anotar al pid de los
Certificados de Titulos antes mencionados, la venta de todos los derechos corres-
pondientes al senior Pedro Federico Orlando Morales Aybar o Federico Morales
Aybar, dentro de las parcelas tambien citadas y sus mejoras, en favor del Lic.
Carlos Rafael Goico Morales, dominicano, mayor de edad, portador de la cedu-
la No. 85, series 25, domiciliado y resident en esta ciudad. Haciendose constar
en favor del vendedor Pedro Federico Orlando Morales Aybar o Federico Mora-
les Aybar, el privilegio del vendedor no pagado y establecido por el articulo
2103 del Codigo Civil, por la suma de RD$162.80 (dento sesenridos pesos con
ochenta centavos).";

Considerando, que en el desarrollo de su dnico medio de casaci6n el recu-
rrente alega, en sintesis, lo siguiente: a) que el Tribunal a-quo incurre en la des-
naturalizaci6n de los hechos de la causa, al estimar que los recibos suscritos por
un tal Pedro Federico Orlando Morales Aybar, emanan en realidad del recurren-
te, ya que los nombre de Pedro Federico Orlando Morales Aybar y Federico Mo-
rales Aybar correspondent a la persona del recurrent, y al atribuir a esos recibos
valor probatorio suficiqnte para demostrar que el recurrente vendi6 al recurrido
las porciones de terreno de que se trata, pero que tales afirmaciones del Tribunal
a-quo son inexactas, en razon de que no se ha probado la idenridad de persona
entire el recurrente y el supuesto Pedro Federico Orlando Morales Aybar, ni tam-
poco tales recibos pueden servir como element de juicio para demostrar la exis-
rencia del contrato de venta alegado por el recurrido; ya que los mismos no ema
nan de la persona del recurrente, a quien se le atribuye la calidad de vendedor;
b) que, por otra parte, el Tribunal a-quo no indic6 en su sentencia los hechos ma-
teriales de los cuales dedujo que los nombres de Pedro Federico Orlando Morales
Aybar y Federico Morales Aybar correspondent a la misma persona, la del recu-
rrente, ni tampoco ponder los documents sometidos por el recurrente, por me-
dio de los cuales prob6 que jams ha usado otro nombre que el de Federico Mo-
rales Aybar; c) que los aludidos recibos no estan firmados por las parties, por lo
cual no pueden constituir prueba id6nea del transferimiento del derecho de pro
piedad, puesto que no se han observado en su redacd6n los requisitos exlgidos
por el articulo 1318 del C6digo Civil; pero,

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de mania ies-
to que el Tribunal a-quo para confirmar la sentencia apelada y fallar como o hi-
zo, expuso en su sentencia lo siguiente: "que este tribunal Superior despues de
examiner toda la documentacion depositada en el expediente, ponderar lah decla-
racones vertidas en la audiencia celebrada por el Tribunal de Tierras de Jurisdic-
ci6n Original en fecha 10 de diciembre de 1980, por el senior Tomis Virglio Mo-
rales Aybar, hermano del apelante y cufiado del Lic. Carlos Rafael Goica Mora-
les, asi como las declaraciones vertidas por las parties en litigio en esa audiencia,
y en la audiencia celebrada por este Tribunal Superior el 14 de julio de 1982;
examiner los hechos y circunstancias de la causa, ha formado su conviccion en el
sencido de que los nombres de Federico Aybar, Pedro Federico Morales Aybar,
Pedro Federico Orlando Morales Aybar y Federico O. Morales Aybar. correspon-
de a una misma persona, portadora de la cedula de identidad personal No.




r tbfrpidad Carolice Madre . ,oU*


10240. serie 25; que dicha persona pact6 con el Lic. Carlos Rafael Goico Morales
la venta en principio de 100 areas dentro de la sucesi6n de Joaqufn Morales
Pdrez y Mercedes Ermeira Aybar de Morales, a razon de RDS10.00, la area,
comprendiendo posteriormente la totalidad de Las porciones de terrenos que les
correspondent en las parcelas Nos. 19 y 20 del D.C. No. 6 y 12 y 13 del D.C. No.
10 del Municipio de El Seybo, tal como queda demostrado, independientemente
de los recibos suscritos por el vendedor en fechas 7 y 22 de septiembre de 1970,
26 de octubre de 1970, 19 de noviembre de 1970, 22 de diciembre de 1970, 13
de er.'ro de 1971, por el de fecha 24 de febrero de 1971 el cual express lo si-
guience: 'He recibido del Lic. Carlos Rafael Goico Morales, la smrna de RD
$50.00 (cincuenta pesos moneda national) a cuenta del predo de venta de las
po clones de t'errenos que me correspondent en las Parcelas Nos. 10 y 20 del
Distrito Catastral No. 6 del Municipio de El Seybo y 12 y 13 del Distrito Catas-
tral No. 10 del mismo Municipio de El Seybo, amparadas por los Certificados de
Ti'tulos Nos. 69-697; 69-698; 69-699 y 69-700, por herencia de mis finados pa-
dres Joaqufn Morales Pdrez y Mercedes E. Aybar deMorales y que se encuentran
en comunidad con las porciones que a su vez correspondent a los demis causaha-
biences en parres iguales. Hago constar que el precio de venta es a raz6n de RD
510.00 Idiez pesos moneda national) por tarea, y que con el precede nte abono
he recibido a la fecha la suma de RD$2,950.00 (dos mil novecentos cincuenta
pesos moned national) a cuenta del precio total de las porciones que me corres-
ponden en las Parcelas mencionadas. Santo Domingo, R. D. Febrero 24, 1971.
Pedro Federico Orlando Morales Aybar, cedula No. 10240 - Serie 25; y que si el
apelante 6nicarmente hubiera vendido la cantidad de 100 tareas a RDt10.00 la
area, solamente debia haber recibido del comprador la cantidad de 1,000.00;
que. habiendo el recibido hasta el dia 24 de febrero de 1971 la suma de RD
$2,950.00. es evidence que el vendedor transfirio la totalidad de sus derechos su-
cesorales los cuales ascienden a la cantidad de 311 tareas, 28 varas, faltindole, en
consecuenda, por cobrar la suma de RD$162.80, del precio de la venta".;

Considerando, que como se advierte por lo anteriormente transcrito, el
Tribunal a-quo para former su conviccin en el sentido en que lo hizo. se bas6 en
los elements de juicio que fueron sometidos a la instruction de la causa, incluso
los documentos aportados por el actual recurrente; que los jueces del fondo go-
zan de un poder sobeiano para apreciar el valor y alcance de las pruebas someti-
das al debate. Io que, como question de hecho, escapa al control de la casaci6n,
salvo desnaturalizaci6n que no ha ocurrido en la especie; que en el ejercicio de
esa facultad soberana el Tribunal a-quo pudo, como lo hizo, decidir que los dis-
tintos nombres con que se firman los recibos en cuesti6n, correspondent rodos a
la persona del actual recurrente, sin necesidad de tener que exponer e individuali-
zar cada uno de los hechos que comprobd para llegar a esa conclusion; que lo
precedentemente expuesto revela que la sentencia impugnada contiene una rela-
ci6n de los hechos de la causa y motives suficientes y pertinentes que justifican
su dispositivo, 1o que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar que
en la especie se ha hecho una correct aplicacin de la Ley;








Considerando, en cuanto al alegato referente a la violacin del articulo
1318 del C6digo Civil, que iste texto esti concebido en los siguientes terminos
"el document que no es actor autentico, por la incompetencia o incapaciddad del
official o por un defecto de forma, vale como acto privado si esta firmado por las
pates"; que como se advierte por lo transcrito la firm de ambas parties solo es
requerida para darle caricter de acto privado al document redactado por un ofi-
cial piblico incompetent o incapacitado, o cuando en su redacci6n no se obser-
varon las formalidades exigidas por la Ley, pero cuando se trata, como en la es-
pecie de tn document preparado por la parte misma, bast la firma de la part
que se obliga u otorga descargo o finiquito para su validcz;

Considerando, que por lo expuesto se evidencia que el medio propuesto
por el recurrente carece de fundamento y debe ser desestimado;

Por tales motives, Primero: Rechaza el recurso de casacion.







LEGISLATION


Ley No. 5578, que regular toda clase de reunion o manifestaci6n
public que se celebre en el pais.

SNUMERO 5578

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.-Los organizadores de cualquier reunion o.manifestaci6n p6blica
estan en la obligaci6n de participar al Secretario de Estado de Interior y Cultos,
cuand., esta va\a a tener efecto en el Distrito Nacional, el d a. lugar y hora en
que debe celehrarse; y en las demas regions del pa;s. la participaci6n se hara a
los Gobernadores Provinciales, a fin de que dichos funcionarios en los casos res-
pectivos den aviso a las autoridades policiales correspondientes.
Parra o.- Dicha participaci6n seri dada at Secretario de Estado de Interior
Cultos con -18 horas por lo menos de antelaci6n y a los Gobernadores Provin-
ciales con 72 horas por lo menos de antelacion.
Art. 2.-Para los efectos de la present ley se entiende por reunion o mani-
festacicn public cualquier acto que se celebre en parques, avenidas, teatros y de-
mas lugares piblicos o a que tenga acceso el p6blico, en los cuales se agrupen,
concept ren o desilen personas con el prop6sito de hacer peticiones, incitar o de
cualquier orro modo influir, en las multitudes ya fuere de viva voz o haciendo
uo de simbolos. r6tulos, estandartes, banderas, cartelones, emblemas. pancartas
o de otros medios similares.

Art. 3.-Las autoridades policiales tomar;n las medidas de lugar a fin de
brindar a los manifestantes today la protecci6n necesaria para la celebracion del
acto que se hubiese sefialado, ast como para evitar que se produzcan manifesca-
ciones calleleras u otras alteraciones del orden.
Art. 4.-No estin sujetos a las formalidades del aviso a que se refiere el
art iculo Iro. de la present ley los actos relatives al ejercicio regular de losdistin-
tos cultos. los cuales por su naturaleza son del conocimiento de las autoridades
foliciales, asi como cualquier otro acto regido por leyes o reglamentos especia-
es.
Art. 5.-En el caso de que se de participaci6n para la celebracion de actos
en el mismo shio, lugar y hora, o cuando surgiere alguna otra dificultad en la eje-
cuci6n de la present Ley, el Secretario de Estado de Interior y Cultos resolvera
lo que fuere de lugar.










Art. 6.-Toda violaci6n a la present Ley o a los Reglamentos dictados por
el Poder Ejecutivo, relatives a la aplicacion de la misma, sera castigada con pri-
si6n correccional de 6 dias a 6 meses, con multa de seis (RDS6.001 a cien (RDS
100.00) pesos oro, o con ambas penas a la vez.

Art. 7.-Queda derogada cualquier otra disposici6n legal que sea contraria
a la present.

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY No. 5578
DE FECHA 19 DE JULIO DE 1961:


Art. 1.-Las reuniones o manifestaciones piublicas, cual que sea su objero,
podran celebrarse en todo el pals, en las condiciones prescritas por la Ley No.
5578, del 19 dejulio de 1961.

Prrafo I.-Queda, por tanto, sometido a la obligacin de una par icipacion
previa cualquier acto que se celebre en parques, avenidas, teatros y demas lugares
p6blicos o a que tengan acceso el pdblico, en los cuales se agrupen o concentren
personas con el prop6sito de hacer peticiones, incitar o de cualquier otro modo
influir en las multitudes, ya fuese de viva voz o hacienda uso de simbolos, r6ou-
los, estandartes, bandexas, cartelones, emblemas o de otros medios similares.

Pirrafo II.-Sin embargo, quedan dispensados de esta participation. los
actos relatives al ejercicio regular de los distintos cultos, asi como cualquier ocro
acto regido por leyes o reglamentos especiales.

Art. 2.-La participacin sera hecha a la Secretaria de Estado de Interior y
Cultos, cuando la manifestaci6n deba celebrarse en el territorio del Distrito Na-
cional, 48 horas por lo menos, antes de la fecha de la manifestacin. En las de-
mas regiones del pais, la participaci6n se hara a la Gobernaci6n Civil de'lajuris-
dicci6n correspondiente, con 72 horas por lo menos de antelaci6n.

Parrafo I.-En-la participacidn se hara conocer los nombres y el domicilio
de los organizadores, y se indicara el fin de la manifestacin y el lugar, el dia y la
hora en que debern celebrarse.

Pirrafo II.-La Secretaria de Estado de Interior y Cultos y las Gobernacio-
nes Provinciales, haran registrar, en un libro habilitado con este fin, todas las par-
ticipaciones que se les hagan acerca de la celebracidn de esa clase de actos, en or-
den cronologico.

La autoridad que reciba la participacin expedira inmediatamente la debi-
da constancia a los interesados.





Art. 3.-La Secretarfa de Estadc de Interior y Cultos, tan pronto como sea
Sinformada de la celebration de una manifestacion public, dari parte a la Policia
Nacional. a fin de que se tomen las medidas procedentes para el manrenimiento
del orden p6blico y para garantizar la proteccin y la libertad de expresion de los
manifestances que se reunan con fines pacfficos. Los Gobernadores Civiles debe-
ran a su vez participar a las autoridades policiales correspondientes. a la mayor
brevedad, el lugar, la fecha y la hora en que sera celebrada la manifestacion, e in-
Sformaro. igualmente.a la Secretarfa de Estado de Interior y Cultos, por la via
Smas ripida.

Art. 4.-Las autoridades investidas con los poderes de policia deben evitar
Ics desfiles \ manifestaciones callejeras, cuando estimen que estos actos puedan
pro ocar motines u otras alteraciones del orden.

Art.5.- La Secretarfa de Estado de Interior y Cultos puede sefialar el sitio
en que deba celebrarse toda reunion o manifestaci6n puiblica proyectada, cuan-
do el lugar que sea sugerido por los interesados no le parezca adecuado por razo-
nes de orden p6blico o de interAs general.

Art. 6.-Las violaciones del present Reglamento serin castigadas con-las
penas senaladas en el articulo 6 de la Ley No. 5578, del 19 de julio de 1961.

14 de sepriembre de 1961.



LEY 126 DE 1964


HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO: 126.

Art. 1.- Se prohibe today clase de actos o manifestaciones ptblicas, con fi-
nes politicos . ante el "Altar de la Patria" y sus alrededores, pudiendose realizar
dnicamente. en estos lugares, actos de homenaje y de veneraci6n a la memorial de
Duarte. Sanchez y Mella.

Art. 2.- La Secretaria de Estado de Interior y Policia queda encargada de
velar por la liel ejecuci6n de la present ley.


NOTA La present Ley fue publicada oficialmente en el diario "Listin Diario"
de Santo Domingo, el 26 de enero de 1964.









































24



















24
































































































































































































































































































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Imornta Enrqulllo. La Voga.


RD$ 1.00