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Spanish


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
CAEMM\(

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Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas
Jun. 1985


PUCMMA0141_00001
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra



Vol. 1, no. 10 (p. 277-305)



Caribbean


Derecho


Revista de ciencias jurídicas : segunda época

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PUCMMA0141
00001

Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

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Revista de ciencias jurídicas
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 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Creation Date: June 1985
Publication Date: 1977-
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526
Classification: lcc - K19 .C54
System ID: CA01600002:00020

Table of Contents
    Front Cover
        Page 275
        Page 276
    Doctrina
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    Jurisprudencia
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    Legislacion
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Aiio 1 Junio 1985 No. 10
B - : :,* . i . .... , i,,. ,:y *, t


CONTENIDO

Doctrina:
La Instauraci6n del Sistema de Boleta Unica.
JosE Dario Suirez. M.

Sobre Representaci6n Proporcional, Representantes y Representados
Adriano Miguel Tejada.


Jurisprudencia:
Sentencia del 20 de julio de 1984. No. 34
Jurisprudencia Relativa a la Materia Electoral

Legislaci6n:
Ley 1494 que Instituye la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa












DOCTRINE


LA INSTAURACION DEL SISTEMA DE BOLETA UNICA

Lic. Jos Dario Sudrez*
Existe consenso sobre las ventajas que ofrecerfa a nuestro pals y
al sistema electoral dominicano la instauraci6n de la boleta inica.
En efecto, el establecimiento de este tipo de sufragio nos apor-
tarfa beneficios en los aspects politico y econ6mico y facilitaria la
administraci6n electoral.
Segiin datos suministrados por la Junta Central Electoral en las
elecciones del 16 de mayo de 1982 fueron impresas 80 milloneg de
boletas a un costo de RD$2,141,000.00. Si se hubiera utilizado, en
cambio, el sistema de boleta dnica s6lo hubiese sido necesario impri-
mir cinco (5) millones de boletas a un costo de RD$500,000.00, lo
cual implicarfa una disminuci6n en los gastos de un 80 o/o.1
Desde el punto de vista politico la implementaci6n de la boleta
mnica evita el odioso sistema de la compra del voto, lo cual ofrece ga-
rantfas a los propios partidos politicos sobre la pureza de las eleccio-
nes.
En lo concerniente a la Administraci6n electoral, la boleta inica
tiene la enorme ventaja de dotar al sistema electoral de mayor simpli-
cidad, ya que crearfa vias mis expeditivas para la computaci6n elec-
toral y aminorarfa obviamente la cantidad de votos nulos y observa-
dos, que en las pasadas elecciones ascendieron a 104,510.
No obstante, la existencia de opinions concordantes sobre las
bondades de la boleta unica, las divergencias emanan sobre las formas
de implementaci6n del nuevo sistema de sufragio.

*Dknete del Depaetmaeto de Cienas JwudiesW UCMM.


277







Las posturas se han desdoblado en dos tendencies: unos qu
abogan por el establecimiento de la boleta inica por via legislative
otros por via admimnstrativa.

La Junta Central Electoral despuds de algunos titubeos desesri"
m6 la Vla Administrativa cuando el 14 de diciembre de 1981 algunas
organizaciones y agrupaciones political sometieron a dicho organis-
nio una solicitud para que la misma en virtud del articulo 101 de la
Ley Electoral Vigente estableciera la forma de votaci6n de la boleta
tinica. La Junta Central Electoral sentando jurisprudencia se declare.
incompetent para variar el sistema de votacion vigente de la boleta.
multiple y fraccionaria.

Luego el dia 17 de diciembre del ano 1981 fue introducido poa
la Junta Central Electoral al Congreso Nacional. haciendo uso de sus
atribuciones constitucionales, un proyecto de Ley para establecer a
boleta unica por via legislative. Dicho projecto de Ley fue reintro-i
ducido por la propia Junta a finales de diciembre de 1982.

El tiempo transcurrido y el silencio del Congreso son pruebas
elocuentes de su indiferencia ante el establecimiento de la boleta iini-
ca.

Realmente si se examinan cuidadosamente las facultades legales'
y constitucionales puestas a cargo de la Junta Central Electoral se co-
legird que esta tiene amplios poderes para organizer . dirigir todo lo
relacionado con el process electoral.

La Constituci6n dominicana en su articulo 92 pone bajo la di-
recci6n de la Junta Central Electoral y sus juntas dependientes las
elecciones, con el atributo de juzgar y reglamentar de acuerdo con la
Ley. El artfculo citado es una consagraciOn expresa de las atribucio-
nes jurisdiccionales y del poder reglamentario de la Junta Central
Electoral.

Al parecer no existe una clara conciencia sobre los poderes y
atribuciores, que tiene la Junta Central Electoral.

Tanto la Constituci6n como las leyes, especialmente la 5884 de
fecha 5 de mayo de 1962,2 otorgan diversas atribuciones a la Junta
Central Electoral en lo administrative, legal, jurisprudencial y politi-
co-legal.


278







Desde el punto de vista administrative la Junta Central tiene fa-
cultad para nombrar, dirigir y vigilar la actividad administrative y
econ6mica de los funcionarios y del personal de las Juntas inferiores,
como lo son la Junta Electoral del Distrito Nacional y las Juntas Mu-
nicipales Electorales.3

La Junta Central Electoral tiene tambidn atribuciones legales es-
trechamente vinculadas al desenvolvimiento del process electoral.
SEstas atribuciones son muy importantes porque autorizan a la Junta
Central a cumplir con su verdadera misi6n de Organizar y dirigir el
process electoral. Dentro de estas atribuciones se encuentran conte-
nidas las siguientes: dictar los reglamentos que la Junta consider per-
tinente para una aplicaci6n correct de la constituci6n y las leyes, la
revision decenal del Registro Electoral, dictar la proclama para la ce-
lebraci6n de las elecciones ordinarias, modificar los plazos para una
elecci6n determinada, expedir certificaciones de identidad para sus
propios miembros, hacer advertencias de la .mala conduct de los pa?-
tidos y agrupaciones political, crear el nimero de subjuntas que esti-
me convenient, crear mesas electorales y determinar su traslado o
fusi6n y. finalmente, proveer a la Junta Electoral del Distrito y a las
Juntas Municipales electorales tanto de la cantidad como de los res-
pectivos colors de las boletas que sean impresas.

Como se puede apreciar basta examiner el aspect de las atri-
buciones legales de la Junta Central Electoral para comprender la
amplitud de poderes que le otorga la Ley electoral vigente.

Es mds: la sola atribuci6n legal que faculta a la Junta Central a
disponer que independientemente del color que distingue a cada par-
tido o agrupaci6n political todas las boletas sean de un mismo color,
podrfa provocar mayores confusiones en el electorado que el cambio
de boleta.

Pero ah( no terminan las atribuciones de la Junta Central Elec-
toral. La Ley 5884 de 1962 pone a su cargo atribucionesjurisdiccio- ,
nales relacionadas con los recursos existentes en material electoral, co-
mo son el de revisi6n,de apelaci6n, el conocimiento de las fusiones,
alianzas y coaliciones de los partidos politicos y de las impugnaciones
y recusaciones.

Finalmente, la Junta Central Electoral tiene atribuciones que se
pueden denominar politico legales las cuales estan estrechamente vin-
culadas a la existencia y funcionamiento de los partidos y agrupacio-


279







nes polfticas, como son el conocimiento de las propuestas de los
didatbs, la extincidn de los partidos politicos asl como la fisc
ci6n de la liquidaci6n de los partidoshastala conclusion del pr
electoral con la proclamaci6n de los candidates electos a cargos y
expedici6n de los respectivos certificados de elecci6n.

Esta multiplicidad de poderes y atribuciones de la Junta Cent
lev6 al professor Amiama a calificarla como organismo importantly
mo a la cual la constituci6n le confiere atribuci6n administratE
ftmcin reglamentaria o normativa y funci6n jurisdiccional. La
mera facultad reside en la direcci6n de los process electorales; la
gunda en el poder reglamentario que posee en material electoral, y
tercera porque juzga las controversial electorales con el caracter-
un tribunal administrative especial.4

En este mismo sentido el Dr. Troncoso de la Concha vincu
naturaleza jurfdica de las juntas electorales a su naturaleza de "6
nos de la Administracidn, a los cuales encomienda la ley la misi6o
dirigir el process de elecci6n de los funcionarios cuya design
compete a las asambleas de ciudadanos y la de juzgar y decidir las
ficultades que surgieren entire los intereses politicos encontrados
el curso de las operaciones electorales, salvo que se tratare de he
cuyojuicio reserve la ley a los tribunales ordinarios.5

El poder reglamentario de la Junta Central Electoral le viene
do por delegaci6n legal y constitutional.

Es evidence que si se examinan serenamente las funciones que
constituci6n y las leyen ponen a cargo de la Junta Central Electo
hay que concluir que a la misma le sobran poderes para establecer
boleta inica por via administrative o jurisprudiccional.

El articulo 101 de la Vigente Ley Electoral establece que "Ei
las elecciones que se celebren antes de que est6 formnnado el Registr.
Electoral se utilizard una sola boleta para cada partido, en la cual
incluirdn todos los cargos, ain los nacionales, que deban proveers
.meuiante dichas elecciones".

El Registro Electoral fue establecido mediante Ley No. 55.
fecha 17 de noviembre de 1970, el cual juega un important papa
en la inscripci6n electoral asi como en el process de votaciones


280






De manera que la facultad de la Junta Central Electoral de va-
riar el tipo de boleta electoral tenfa unimpedimento temporal, hasta
tanto fuera puesto envigot el Registro Electoral. Despu6s de estable-
cido el registro electoral qued6 explicit la facultad de la junta cen-
tral de variar el sistema-de votaci6n actual de la boleta multiple o la
pluralidad de la boleta.

Evidentemente que existen various articulos de la Ley Electoral,
Stales como el 105, 107, 122 y 134, que contienen algunos seflala-
mientos relacionados con el uso de la boleta multiple. Dichos articu-
los quedarfan en el vacfo anonadados por la prictica y el uso electo-
.ral. Y no se trata realmente de una derogaci6n por desuso, lo cual ha
Ssido siempre tema de discusi6n, sino mds bien de una derogaci6n pre-
Svista en la propia ley bajo el ejercicio y cumplimiento de ciertas con-
diciones, como en el caso de la especie lo es la creaci6n del Registro
'Electoral.

La Junta Central Electoral opt6 por el establecimiento de la bo-
leta finica por vfa legislative para evitar inconvenientes dada la ten-
dencia de nuestros politicos a la contestaci6n, que determine muchas
veces las flaquezas de nuestro sistema electoral.

,Pero acaso ha sido alguna vez material de contestaci6n e inter-
pretaci6n el articulo 125 de la actual Ley Electoral? Este artfculo,
modificado. por la Ley No. 6068 de 1962, dispone que "El votante,
ya dentro del compartimiento o cuarto secret, tomara UNA BOLE-
TA PEQUERA (CANDIDATURA NATIONAL) y OTRA GRANDE
(CANDIDATURA PROVINCIAL Y MUNICIPAL) que contengan las
respectivas candidaturas por la cual quiera dar su voto" (Las maytis-
culas son nuestras J.D.S.). Evidentemente que el tipo de boleta que
preve la ley rifle con' el que ha sido usado en los iltimos process
electorales de la boleta multiple fraccionaria.
Este sefialamiento es suficiente para poner al desnudo la debili-
dad de los arguments esgrimidos restindole facultad a la Junta Cen-
tral Electoral para establecer la boleta fnica por vfa administrative o
jurisdiccional electoral.

Este estilo de conduct es caracterfstico de nuestra ,poca en la
cual predominan, los aspects formales y procedimientos en desme-
dro del imperio de lajusticia.


#Wj~rerA -' fn4Cr:l!! Pa Madre y Kgrab






Quizds estamos viviendo el process inverso al que se estA o
rando denominado R. Aron "trdnsito de la nomocracia o impe
de la ley en la tradici6n democritica, a la telocracia o imperio de':
fines y objetivos".6

La implementaci6n de la boleta unica lejos de lesionar los
cipios fundamentals de la libertad y el secret del voto evita la p
bilidad de maniobras fraudulentas y de intimidaci6n al elector. El
creto del voto es realmente una consecuencia de su libertad.

No hay, pues, material de justificada contestaci6n juridica, q4
intpida que la Junta Central Electoral pueda deliberar y decidir la i.I
tauraci6n de la boleta tnica por vfa administrative o jurisdicciona

Por el contrario no hay oposici6n fosible a la implementac
de la boleta 6nica que no lo sea al buen funcionamiento del Siste
Electoral.

La puesta en practice de la boleta unica es un acto de justice
polftica.





NOTAS

(1) Fabidn, Joss: Las Boletas Electorales, P6g. 57
(2) Esta Ley ha sido objelo de varias modificaciones: Leyes Nimeros 6068$
102 de 1963; Ley No. 510 de 1964; Leyes Numeros 138, 212, 237 y 241
de 1966; Leyes Numeros 252 y 271 de 1968; Ley No. 484 de 1969; Le
No. 555 de 1970 y Ley de 1973.
(3) Sobre este particular consultense los articulos 2, inciso 6 y 7 y art. 36 d
la ley 5884 de 1962.

(4) Amiama, Manuel A.: Notas de Derecho Constitucional, pdginas 94 y 956
(5) Troncoso de la Concha, Manuel de Jesus: Elementos de Derecho Adminis
trativo, pdginas 361 y siguientes. .
(6) Citado por Juan A. Sagardoy Bengochea: polftica gubernamental y Nego-
ciaci6n colectica en un context de crisis econ6mica. *

282







DOCTRINE


SOBRE REPRESENTATION PROPORCIONAL,
REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS1

Adriano Miguel Tejada*

Siempre se ha dicho que los fundadores de la Repfiblica tras-
plan taron en el pafs instituciones political que no se adaptaban al cli-
ma ni a las condiciones naturales de nuestra tierra. Ese es el caso, por
demns, del resto de la America Latina.

Talvez eso es asf. En el fondo, lo que se quiere decir es que no
se hizo el andlisis adecuado de nuestra realidad a la hora de dotar la
nueva entidad de sus instituciones gubernativas. Es decir, se trajo el
carro pero no habfa carreteras (ni choferes, dicen algunos).

En los altimos tiempos he estado trabajando en estos problems
de ingenieria political relatives a la iepresentaci6n. En este artfculo
nos referiremos a cuatro aspects del mismo problema con la espe-
ranza de tocar otros, no menos interesantes, en el future.

I. La Representaci6n Proporcional

La representaci6n proporcional esta establecida en el Art. 91 de
la Constituci6n y en el 179 de nuestra ley electoral, la No. 5884 de
1962 y sus modificaciones.2

El sistema dominicano, como se verd mAs adelante, favorece a
los partidos mayoritarios y deja totalmente desprotegidos a los parti-
dos en minorfa.
'La ley establece la forma: "Art. 179: Representaci6n Propor-
cional. Cuando en una elecci6n se haya votado por various partidos o
agrupaciones para mas de un cargo de la misma clase, cada uno de los
cargos serd adjudicado, aisladamente, al partido cuyo factor de elec-
ci6n para ese cargo sea el mds elevado.

*Profesor Asociado, Departamento de Ciencias Juridicas UCMM.




, " ..


LUL)


12,j341


Es decir, que la votaci6n por el PLD represent un 0.22 o/oo
los votos obtenidos por el partido ganador y el 12 o/o de la votaci
total de la provincia, pero gracias a nuestras maremdticas electoral
no obtiene ningin representante.5

El problema es mAs grave cuando las estadfsticas se analizani|
nivel national. Mientras la media national de votos por diputadi
electo fue de 15,723, para el partido ganador de las elecciones fu
de 13,306, mis de 2,000 votos menos por diputados, y para el PLID
24,934! casi el double de los partidos mayoritarios. Esta es, a todai
luces una forma poco generQ .de apoyar a las minorias.

Ert-tal-:etlr-as elecc6nes pasadas se emitieron unos 270,00Q
votos por los partidos minoritarios y 6stos tienen 8 representantes.ei
la Cdmara Baja, lo que quiere decir que cada diputado de partido mij
noritario vale 33,000 votos en comparaci6n con los 13,000 votos de
los partidos mayoritarios. Parece haber una injusticia pal able en es
te caso.


284


'<
�'.-t


El factor de elecci6n de un partido, mientras no le haya sido
judicado ningan cargo, serd el numero total de votos por el obtenid
serd la mitad de dicho ndmero desde que le haya adjudicado un ca
go, la tercera parte de dicho ndmero cuando tenga adjudicados di
cargos, la cuarta parte despues que le hayan sido adjudicados tres c
gos, la quinta parte cuando le hayan sido adjudicados cuatro cargd
y a's sucesivamente hasta que todos los cargos hayan sido adjudic
dos.

Los candidates electos de cada partido sera determinados segd
el orden en que aparezcan en la candidatura del partido. (Modifica
'por Ley 6068, anfo 1962)."

Aunque ningin sistema de representaci6n proporcional gara.
za equidad, el nuestro parece estar muy cargado a favor de los pa
dos mayoritarios. Veamos un ejemplo: En las pasadas elecciones,,i
la provincia de La Vega que elegfa 8 diputados, la votaci6n fue la
guiente:

PRD 53,655
PR 54,138
,1 ! s . ql,1 ,







Existen varias alternatives para solucionar estas disparidades des-
de un cambio de la formula para el calculo6 (solo require una modi-
ficaciOn de la ley) o la creaci6n de diputaciones nacionales o regiona-
les (se necesitarfa una modificaci6n de la Constituci6n).7

Sin embargo, en el andlisis final'todo va a defender del tipo de
sistema partidario que queremos para el pafs: bipartidismo o pluri-
partidismo, que es tambidn el dilema entire los prioponentes de los di-
ferentes sistemas de representaci6n proporcional: Justicia o Estabili-
dad.

2. La Representatividad

Una de las dificultades de nuestro sistema de representaci6n
es que los representantes que elegimos no saben a quien representan.
Son electos por la poblaci6n de la provincia, pero debido a la forma
de calcular el factor de elecci6n y a como esti disefiado el sistema, es
impossible determinar de d6nde salieron los votos que los eligieron,
por varias razones: porque no es verdad que el total de los sufragan-
tes vot6 por el primero de la lista y la cuarta parte por el tercero, y,
ademids. porque no sabemos si los votos que finalmente eligieron al
diputado salieron de la gente que vot6 por 61 o por otro.

Los arguments pueden multiplicarse, si se analiza la naturaleza
de nuestro sistema electoral.

Uno de los problems a resolver para que la democracia domini-
cana sea funcional es hacerla mds representative, es decir, mejorar
nuestro sistema de representaci6n.

Exislen varias opciones para lograr este objetivo, uno de los cua-
les es la creaci6n de los distritos electorales, que analizaremos oportu-
namente.

3. El Ndmero de Diputados y Senadores

En 1844 el pafs elegia 5 senadores y 15 diputados. Hoy, por los
aumentos de la poblaci6n tenemos 120 diputados y por el crecimien-
to artificial de las provincias, 30 senadores.

Ambos n6meros pueden, crecer infinitamente, por Jo menos, a
nivel te6rico.


285






El asunto es que result questionable si esta situaci6n debe man
tenerse. El nimero de 120 diputados parece razonable. El de 30 se
nadores tambien. Ahora bien, cualquier decision que se tome en este
sentido, conlleva una modificaci6n de la Constituci6n Polftica del Es-
tado.

En el caso de los diputados, cuales alternatives tendrfamos:

a) Aumentar el nimero de habitantes de 50,000 y fracci6n co-
mo es ahora, a 100,000 y fracci6n de 50,000. Esta modificaci6n He-
varfa el nimero de diputados a unos 85, incluyendo los correspon-
dientes a las nuevas provincias.9

b) Congelar el nimero en 120 y repartirlos de acuerdo a la po-
blaci6n establecida por el censo de cada diez afilos (sistema norteame-.
ricano). Se respetarfa el mfnimo de dos por provincia establecido
por la Constituci6n o podrfa reducirse a uno por provincia de menos:
de 100,000 habitantes ( 9 en la actualidad).

c) Congelar el n6mero en 120 y establecer 120 distritos electo-
rales. Tenemos elaborado un proyecto en ese sentido. 0

En el Senado el problema es limitar la creaci6n de nuevas pro-.:
vincias, o de cambiar el sistema de elecci6n de los senadores al siste-
ma de distrito, en el cual un senador represent 4 distritos. Pero falta
madurez para ambas cosas.

4. Los Sfndicos Municipales: Jefes o Esclavos?

Segin la ley, el sfndico de cada municipio esta bajo las 6rdenes
de su respective ayuntamiento. Todo el mundo sabe que, en la prac-
tica, dsto no es asf.1

En este caso, se repite a nivel municipal el fen6meno que se pro-
duce a nivel national entire los poderes Ejecutivo y Legislativo, con la
agravante, en el piano local, de que el sindico tiene mds libertad de
acci6n con relaci6n a su cabildo, que el Presidente de la Repiblica
con relaci6n al Congreso si este supiera lo que tiene entire manos..

La verdad es que el pafs no puede continuar con el especticulo
que diariamente nos ofrecen nuestros cuerpos municipales.







Que hacer? Hay dos caminos que parecen obvious: modificar la
ley para dar la autoridad ejecutiva a los sfndicos o para quitarle todo
poder de decision, sobre todo modificando lo relative al manejo de
los presupuestos y al contenido de los mismos.

Otra soluci6n mas radical, es que no elijamos sfndicos, sino que
los regidores electos escojan un buen t6cnico, empleado por el Ayun-
tamiento, por tanto, removible en cualquier moment, y sin inmuni-
dades ni privilegios de jurisdicci6n, para pagarle el buen sueldo que
ganan algunos de nuestros alcaldes municipales, que s6lo estan senta-
dos en la primera silla edilicia, por la ley de hierro de los partidos.

Esta no es una soluci6n que agrade a los dem6cratas liberals,
pero como decfa Lilfs: "Yo he rendido mis homenajes al principio
republican democrAtico; lo respeto, aunque no lo uso en ciertos y
determinados casos" (carta a don I. Franco, Stgo. 10/abril/1885
A. G. N.).

S5. Estas propuestas, sujetas a amp `aci6n y mejor elaboraci6n, son
el resultado de mi convicci6n de que ,i, problems de la democracia
dominicana provienen de su dindmica internal, no de factors exter-
nos y de que. como otro problema de ingenierfa political puede ser
resuelto, para bien del pafs, con buena voluntad, sentido prictico y
conocimiento de nuestra realidad para poner en movimiento la ac-
ci6n que es necesaria para ampliar, vigorizar y afianzar la democracia
dominicana.





NOTAS


(1) Esle articulo es el resume de un trabajo mas amplio sobre el t6pico, que
prepare el autor.

(2) El articulo 91 de la Constituci6n establece que "las eleccionesse harn se-
gin las normas que seriale la ley, por voto director y secret, y con repre-
sentacion de las minorias cuando haya de elegirse dos o mis candidates.

(3) Ley 5884 del 5 de mayo de 1962. Mod por la ley 6068 del mismo aio.
El sistema dominicano es el llamado metodo D'Hondt.







(4) Datos oficiales de la Junta Central Electoral. Candidaturas Provinciales.

(5) La forma en que se adjudicaron los candidates en estas elecciones en La
Vega, fue de la siguiente manera:

1 diputado: PR 54,138 votos
-2 " :PRD 53,655 votos
3 " ':PR 27,069 '
4 " :PRD -26,825 "
5 " :PR 18,046
6 " :PRD 17,885 "
7 " :PR 13,534
8 " :PRD 13,163

El PLD hubiera obtenido un dipulado si hubiera sido nueve el numero de
electos. --

(6) Existe abundant literature acerca de los diferentes sistemas de representa-
cibn proporcional. Puede consultarse, Duverger, Maurice, Instituciones Po-
liticas y Derecho Constitucional (Varias ediciones en espariol) y la obra El j
Proceso Electoral de Jorge Esteban, Madrid, Poileia, 1977, que traen'
interesantes comparaciones de los casos europeos.

(7) Existe un proyecto sometido por el Poder Ejecuhtio tendente a crear sena-
durias vitalicias que es una forma de senadurla national intuit personde.
j
(8) Algunos de estos senadores no han entrado en funciones debido a que las
provincias fueron creadas luego de las elecciones generates de 1982. Senin
electos en el torneo de 1986.

(9) Durante el period 1942-1961, el total de habitantes necesarios para elegir
a un diputado fue de 60,000.

(10) Con este preyecto no se alteraria practicamente la distribuci6n provincial
de los diputados. Except alguna que otraprovincia de la frontera saldria
perjudicada. El mayor obstrculo at establecimiento de un sistema de este
tipo provendria, sin dudas, de los caudillos de los partidos.

(11) La Ley No. 3455 de organizaci6n municipal, de 1952, establece que el sin-
dico Municipal estd subordinado a la Sala Capitular de cada ayuntamiento.
En la prdctica, por los ampios poderes de manejo del presupuesto y su ca-
pacidad para otorgar empleos, el smndico actia como un verdadero ejecuti-
vo y son frecuentes los choques entire los ediles y el sindico. Por otra par-
te, es necesario modificar la ley en cuanto a la cantidad de habitantes re-
queridos para elegir un regidor. Si el crecimiento de la ciudad de Santo
Domingo sigue a la ve!ocidad actual, el ayuntamiento del Distrito tendr6
que sesionar en el Palacio de los Deportes.


288




twusiddd UOCO9w a.--
S,"BLImOTTECV



JURISPRUDENCIA



S SENTENCIA DEL 20 DEJULIO DE 1984. No. 34

MATERIAL: PROCEDIMIENTO CIVIL


S La Suprema Corte, de usticia. despuis de haber deliberado y vistos los
j'textos legales invocados por el recurrence y los artfculos 1 y 65 de la ley sobre
- Procedimiento de Casaci6n;

S Considerando. que en la sentencia impugnada y en los documents a que
ella se refiere, consta lo siguiente: al que con motivo de una demand civil en re-
i paraci6n de dafos y perjuicios, incoada por los recurridos contra el recurrence, el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samana, dict6 el 18 de
agosto de 1978, una sentencia en defect por falta de comparecer del demanda-
do, con el siguiente dispositivo: '"FALLA: PRIMERO: Ratifica el defecto pro-
nunciado contra el senor Adelphia Dane Bowen Jr.. por falta de comparecer;
SEGUNDO: Acoge las conclusions presentadas en audiencia por los sefiores
Antonio Manuel de Jes6s Berges Dreyfous y Octavio Antonio Marmolejos Oliva,
7' parties demandantes por ser justas y reposar en prueba legally en consecuencia
Condena a dicho sehor Adelphia Dane Bowen Ir..el demandado,a pagar a los de-
Smandantes a; la suma de SRDOOOO000.00 Diez Mil Pesos Oro como dafnos y per-
Sjuicios morales y materials sufridos por ellos como consecuencia de las actuacio-
'nes debida por el dicho senor Adelphia Dane Bowen Junior; b).- Los intereses le-
gales correspondientes a partir del dia de la demand; c).- Todas las costas causa-
das y por causarse en la presence instancia distraidas en provecho de los Licen-
ciados Miximo Manuel Berges Dreyfours y Euripides R. Roques Romin, por de-
clarar haberlas avanzado en su mayor parte; TERCERO: Comisiona al ministerial
Rafael Milt6n Rijo, Alguacil Ordinario de 6ste Juzgado de Primera Instancia, pa-
ra la notificaci6n de esta sentencia: b) que sobre el recurso de oposici6n inter-
iuesto por el defectante, el tribunal apoderado dicct el 8 de noviembre de 1979,
una sentencia con el dispositivo siguiente: Falla: Primero: Declara inadmisible el
recurso de oposici6n interpuesto por el Senor Adelphia Dane Bowen Jr. contra la
sentencia dictada en fecha 18 de agosto de 1978; Segundo: Rechaza en todas sus
parties las conclusions contenidas en el recurso de oposici6n contra sentencia
Sdictada el 18 de agosto de 1978, asi como las conclusions subsidiaries presenta-
das por el Dr. Alejandro F. Cohen Peynado en su escrito ampliatorio de fecha 9
de agosto del ano en curso: Tercero: Confirmar en consecuencia la sentencia dic-


289






tada a favor de los seflores Antonio MI. de Jesis Berges Dreyfous y Octavio An
tonio Marnolejos Oliva y en perjuicio del oponente seflor Adelphia Dane Bowen
Jr., parte en oposici6n; Cuarto: Condenar al sefor Adelphia Dane Bowen Jr. al
pago de las costas y honorarios de la present instancia, distrayindolas en favor
de los licenciados Euripides R. Roque Roman y Marimo Manuel Berges Drey-i
fous, quienes afirman haberlas avanzado"; c) que sobre el recurso interpuesto
intervino la sentencia ahora impugnada en casaci6n, cuyo dispositivo dice asi:
"FALLA: PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelaci6n interpuesto
por Adelphia Dane Bowen Junior contra sentencia de fecha 18 de agosto de
1978 y 8 de noviembre de 1979, por improcedentes e infundadas; SEGUNDO:
Condena al apelante al pago de las costas, ordenando su distracci6n a favor de los
Licdos. Euripides Roque Romin y Manuel Berges D., abogados que airman ha-
berlas avanzado;"
Considerando, que en su memorial de defense los recurridos proponen la
inadmisibilidad del present recurso de casaci6n. sobre el fundamento de que la
sentencia impugnada fue notificada al recurrente, por tener su domicilio en los
Estados Unidos de Amditca, en la persona del Magistrado Procurador General de
la Repdblica, el dia 16 de marzo de 1981, y el recurso fu6 interpuesto el 15 de
junio de 1981, cuando ya hab(a transcurrido el plazo de dos meses establecido
por el art. 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casaci6n, para interponer dicho'
recurso, mis el de quince dias en raz6n de la distancia fijado por el art. 73 del
c6digo de Procedimiento Civil; pero,

Considerando, que por interpretaci6n del art. 69, pirrafo 8, del Codigo de
Procedimiento Civil, a diferencia del acto introdutivo de instancia que debe ser
notificado a las personas domiciliadas en el extranjero, en manos del represen-.
tante del ministerio public ante el tribunal que habra de conocer de la deman-.
da, la notficaci6n de una sentencia para dar apertura a los plazos de las vas de
recurso, o para su ejecuci6n, tiene que ser hecha a la parte con domicilio en el '
extranjero, en la persona del representante del Ministerio p6blico ante el tribunal'
del cual emana la sentencia en cuesti6n; que la notificaci6n de tal sentencia a un
representante del ministerio publico que no sea el senalado, a6n cuando goce de
una mayor jerarqufa que 6ste, result inoperante y frustratoria para los fines
apgntados;

Considerando que, en la especie, segin result del examen del expediente,
la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaci6n de San Francisco de
Macorfs, fud notificada al recurrente en la persona del Procurador General de di-
cha Corte, el dia 30 de marzo de 1981, por lo cual el plazo de dos meses para re-
currir en casaci6n comenz6 a correr el dia siguiente, independientemente de la
fecha-'en que la misma sentencia fud notificada al Procurador General de la Re-
publica; que al agregar el aumenco de quince dfas por raz6n de la distancia, se
evidencia que al interponer su recurso el 15 de junio de 1981. el recurrence lo


290








o dentro del plazo legal, por lo cual el fin de inadmisi6n propuesto por los re-
idos, carece de fundamento y debe ser desestimado.

Considerando, que en el desarrollo de sus dos primeros medios de casaci6n,
nidos para su examen por su estrecha relaci6n, el recurrente alega, en sintesis,
e la Corte a-qua declar6 inadmisible su recurso de apelaci6n, en base de que
fab sido interpuesco despues de transcurrido el plazo de un mes fijado por el
culo 443 del c6digo de Procedimiento Civil, para ejercer dicho recurso, pero
po especifica el texto legal en que se fund para determinar el punto de partida
el trmino puesto que el articulo 443 solo senala la duraci6n del plazo sin in-
car su punto de partida; que tampoco precisa la Corte a-qua porque escogi6 co-
o punto de partida del plazo, la notificaci6n de la sentencia hecha a el recu-
ente el 20 de diciembre de 1979. en la persona del Procurador Fiscal del Dis-
to Nacional, y no la que le fu~ hecha el 8 de febrero de 1982, en manos del
'Procurador General de la Corte de Apelaci6n de San Francisco de Macorls, que
fera la idnica correct; que, continue alegando el recurrente, ninguna de las parties
ien el litigio concluy6 ante la Corte a-qua solicitando que se declarara la inadmi-
si6n del recurso de apelaci6n interpuesto por el recurrence, por lo cual al deci-
dirlo asf dicha Corte fal16 extraperita, que, en fin, la notificaci6n de la sentencia
.T'apelada hecha al recurrente, no es valida para abrir los plazos de las vias de recur-
* so, porque tratindose de una sentencia en defect, no se indic6 en el acto de no-
tificaci6n el recurso procedente ni el plazo para interponerlo, como lo exige el
artfculo 156 del C6digo de Procedimiento Civil; pero,

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifies-
to que la Corte a-qua para pronunciar la inadmisibilidad del recurso de apelaci6n
'del actual recurrente, se basu en que habiendo sido notificada la sentencia apela-
da el 20 de diciembre de 1979 y el recurso de apelaci6n interpuesto el 12 de
marzo de 1980, es evidence que se hizo despuis de vencido el plazo de un mes es-
tablecido por el articulo 443 del C6digo de Procedimiento Civil;

Considerando, que para fallar como lo hizo la Corte a-qua se apoy6, como
eexpresa en la sentenced impugnada, en el articulo 443 del Codigo de Procedi-
miento Civil, el cual despubs de fijar en un mes el trmino para apelar en material
civil y commercial, establece que ese plazo se computara, cuando se trate de sen-
Stencia contradictoria, a partir del dia de la notificacion de la sentencia a la perso-
'na condenada o a su representante, o en el domicilio del primero, y si se trata de
*una sentencia en defecto no reputada contradictoria, a partir del dia en que la
f oposici6n no sea admisible, de modo que la Corte a-qua si especific6 el texto le-
!gal en que se fundament6 para determinar el punto de partida del t&rmino, que
lo fud el art fculo 443 del C6digo de Procedimiento Civil;

291







Considerando, que si bien es verdad que la Corte a-qua para determinar
punto de partida del plazo de la apelaci6n escogi6 la fecha en que la sentencia
apelada le fuera notificada al hoy recurrente en manos del Procurador Fiscal del
Distrito Nacional, esa circunstancia no puede conducir a la casaci6n de la senten-I
cia impugnada, puesto que en la misma fecha, 20 de diciembre de 1979, dicha
sentencia luego apelada, le fue notificada al recurrente en la persona del Procura-
dor Fiscal del Distrito Judicial de Samani, seg6n result de los documencos del
expediente de manera que por la aplicaci6n de la regla enunciada en el tercer
considerando del present fall, la fecha retenida por la Corte a-qua como punto'.
de partida del plazo. fue la que realmente di6 inicio a este, por tratarse de una
sentencia contradictoria, como se dira mas adelante;

Considerando. que ain cuando en realidad la Corte a-qua pronunciara la.
inadmisibilidad del recurso de apelaci6n. sin que le fuera pedido. no por ello fai
116 extrapetita en el sentido juridico de la expresi6n, sino que acat6 la obligaci6on
que le impone el articulo 47 de la Ley No. 834 de 1978, de promover de oficio
los medios de inadmisi6n cuando tengan un character de orden piblico, en espe-
cial, "cuando resulten de a inobservancia de los plazos en los cuales deben ser:
ejercidas las vias de recurso";

Considerando, que el examen de los documents del expediente revela que
el recurso de apelaci6n fue dirigido realmente contra la sentencia dicrada por el
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samana, el 8 de noviembre.
de 1979, a cual resolvi6 el recurso de oposici6n contra la sentencia del mismo :
tribunal del 18 de agosto de 1978, y se limit a declarar a inadmisibilidad de di-
cho recurso, resultando, en consecuencia. superabundantes sus disposiciones re-
ferentes a la confirmaci6n de la sentencia recurrida y al rechazo de las conclusio-.'
nes del oponente que; que, en tales condiciones, la sentencia apelada tiene un ca-"
racter contradictorio, puesto que ambas parties presentaron conclusions en los'
Ifmites de su interns y respect del punto decidido por dicha sentencia; que, por
tanto, tratindose de una sentencia contradictoria, no era necesario para la vali-..
dez de su nodficaci6n que en el acto destinado a tal fin, se observara formalidad.
requerida por el articulo 156 del C6digo de Procedimiento Civil, modificado por I
la Ley No. 845 de 1978, la cual formalidad esta reservada para las sentencias en
defecto y las reputadas contradictorias;

Considerando, que por todo lo expuesto procedentemente se evidencia que
los medios que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;'





292




alesrs~ided �C44sas Madre y lMaew
BILIOTECA

Considerando. que en el desenvolvimiento de su tercer y cuarto medio de
casaci6n, el recurrence alega, en sfntesis, que la Corte a-qua no expuso motivo al-
! guno para rechazar sus conclusions relatives al sobreseimiento del asunto hasta
Stanto interviniera sentencia del Tribunal de Tierras, respect de la propiedad del
Scamino que se dice haber sido cerrado, asi como tampoco en relaci6n con su pe-
Sdimento de que el tribunal de primer grado no se ajusto a los terminos de la Ley,
para determinar el punto de partida del plazo del recurso de oposici6n; pero,

Considerando, que, como se ha expuesto anteriormente la Corte a-qua para
declarar inadmisible el recurso de apelaci6n. se baso en que el mismo fue inter-
puesto despues de expirado el plazo establecido por la Ley para intentarlo; que
una vez que la corte pronunci6 la inadmisibilidad del recurso. no renia que pro-
ceder el examen de las conclusions a que se refiere el recurrente, para admitirlas
o rechazarlas: que ese examen solo procedia en el caso de que la corte hubiese
previamente adnirido el aludido recurso. pero como no ocurri6 as(, la Corte
a-qua tenia, com o hizo. que limirarse a comprobar y declarar la inadmisibili-
dad del recurso, sin tener que apreciar el merito del mismo, que, por tanto, al
star impedida de conocer y analizar las cuestiones planteadas por el apelante en
sus conclusions, como consecuencia de la inadmisi6n del recurso de apelaci6n,
es obvio que la corte a-qua no tenia que dar motives sobre esos puntos; que, en
consecuencia, los medios que se examinan carecen tambien de fundamento y de-
ben ser desestimados:

Por tales motives. Primero: Rechaza el recurso de casacion.















JURISPRUDENCIA RELATIVE A LA MATERIAL ELECTORAL




La Ley Electoral, y las que la complementan, en r inguna de sus disposiciones autoriza recur-
so alguno contra las declslones de la Junta Centri I El'ctoral por ante la Suprema Corte de
Justicia, nl por ante otras Instltuciones del Estado. Dor otro lado, el art culo 29 de la Ley de
Organizacl6n Judicial solo laculta a la Suprema Corte de Justicia a trazar procedimlentos
particulares cuando, en un caso ya configurado ante cualqulera de los tribunales que estdn
bajo su Jurisdiccl6n, se present una situaci6n procesal que no esti prevista en las leyes, y
todo solo para el caso ocurrente, de nada de lo cual se trata an la especle que se evamlna.

6 de unlo de 1974, B. J. 763, pig. 1775).


La declsibn de la Junta Central Electoral del 7 de Julio de 1978, por cuya elaboraci6n se Im-
putan hechos dellctuosos a los prevenldos Vargas Subervf, Gonzalez Vega y Santana, no es la
obra personal o particular de ninguno de ellos, sino el criterlo de declsi6n sustentado por di-
cha Junta, actuando en su calldad de supremo tribunal electoral. En consecuencia, no pue-
den cada uno de esos miembros Incurrlr tampoco en responsabllldad civil por dicha decision.

26 de Juloo de 1978, BJ. 812, pag. 1461.

La ley Electoral, y las que la complementan, en ninguna de sus disposiciones autoriza recur-
so alguno contra las declslones de la Junta Central Electoral por ante la Suprema Corte de
Justlcla, ni por ante otras instituciones del Estado.

24 de JuUo de 1978, B. J. 812, pig. 1480.
En este mimo sentido: 20 de octubre de 1978. B.J. 815, pig. 2017.


294








LEGISLATION


Ley que Instituye la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa

SNimero 1494.
CAPITULO I

DEL RECURSO
Art. 1.- Toda persona. natural o jurfdica, investida de un interns legitimo,
Spodra interponer el recurso contencioso-administrativo que mis adelante se pre-
ve, en los casos, plazos y formas que esta ley establece, Iro. contra las sentencias
. .de cualquier Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia o que en
esencia tenga este caricter, y 2do. contra los actos administrativos violatorios de
la ley, los reglamentos y decretos, que refinan los siguientes requisitos:

a) Que se trare de actos contra los cuales se haya agotado toda reclamaci6n
jerarquica dentro de la propia administraci6n o de los 6rganos adminis-
trativos autnomnos;

b) Que emanen de la administraci6n o de los 6rganos administrativos aut6-
nomos en el ejercicio de aquellas de sus facultades que esten regladas
por las leyes, los reglamentos o los decretos;

c) Que vulneren un derecho, de character administrative, establecido con
anterioridad a favor del recurente por una ley, un relgamento, un decre-
to o un contrato administrative;

d) Que constituyan un ejercicio excesivo. o desviado de su prop6sito legiti-
mo, de facultades discveconales conferidas por las leyes, los reglamentos
o los decretos.

Art. 2.- Procedera tambien el recurso cuando la administraci6n o algin 6r-
gano administrative auc6nomo no dictare resoluci6n definitive en el tirmino de
dos meses, estando agotado el trimite, o cuando pendiente este, se paralizara sin
culpa del recurrente, por igual termino.

Si se tratare de Consejos, Comisiones, Juntas u otras entidades colegiadas,
procedera tambien el recurso. por retardaci6n, si sus miembros dejaran transcu-
rrir el termino de treinta d'fas sin reunirse. salvo el caso de receso legal.








Art. 3.- El Tribunal Superior Administrativo sera lajurisdicci6n competen-
te para conocer y decidir, en primera y ultima instancia, las cuestiones relatives
al cumplimiento, caducidad, rescisi6n, interpretaci6n y efectos de los contracos
administrativos (concesiones y contratos de servicios p6blicos o de construcci6n
de obras publicas) celebrados por el Estado, por los esrablecimientos p6blicos, el
Distrito de Santo Domingo, las Comunes y Distriros Municipales con personas o
empresas particulars, como igualmente las que versen sobre el uso y goce de las
dependencias del dominio public del Estado. las Comunes o Distritos Municipa-.
les.

Art. 4.- Dara lugar tambien al recurso la revocaci6n de actos administrati-
vos por los iltimos superiores jerarquicos de los departamentos administrativos o
de los 6rganos administrativos aut6nomos, cuando la revocaci6n ocurra despuds
de un afio, o cuando no estr fundada en una disposici6n del propio acto revoca,
do.

Art. 5.- Las controversial sobre derechos de registros, transcripcion e ins-
cripcion de hipotecas, serin conocidas en primera y ilrima intancia por el Tribu-
nal Superior Administrativo.

Art. 6.- Tambien conocera el Tribunal Superior Administrativo en primer
y iltima instancia las controversial sobre distribuci6n de aguas publicas.

Art. 7.- No corresponde al Tribunal Superior Adminisrapivo:

a) Las cuestiones que versen sobre inconstitucionalidad de las leyes, regla- I
mentos, decretos, resoluciones o actos:

b) Los actos que dicten o realicen los poderes del Escado en uso de atribu-
ciones constitucionales;

c) Los actos de las autoridades militares relacionadas con los miembros de
los cuerpos correspondientes;

d) Los actos relatives a la conservaci6n de la seguridad y el orden public;

e) Los acros de caricter disciplinario dentro de los servicios puiblicos;

f) Las cuestiones de indole civil, commercial y penal, y todas aquellas en que
la administraci6n o un 6rgano administrative aut6nomo obre como per-
sona jurfdica de derecho privado.







Art. 8.- (Mod. Ley 540 del 16-12-1964, G.O. 8911-1964) No se podr re-
ante el Tribunal Superibr Administrativo contra las decisions relatives a la
plicaci6n de impuestos, tasas, derechos, multas o recargos, sin la debida prueba
de que los mismos ban sido pagados ante las oficinas recaudadoras correspon-
dientes.
f-
Art. 9.- (Mod. Ley 3835 del 20-5-1954, G.O. 7698 del 26-5-1954) El tr-
mino para recurrir ante los Secretario de Estado o ante los 6rganos administra-
tivos aut6nomos, contra las decisions con caracter contencioso-administrativo
dictadas por los directors, administradores o encargados de las oficinas que les
estin subordinadas, es de diez (10) dias, a contar de la fecha del recibo por el in-
teresado, de la comunicaci6n que por correo certificado de entrega especial debe-
ran efectuar dichos directors, administradores o encargados.

PARRAFO I.- El trmino para recurrir ante el Tribunal Superior Adminis-
trativo es de quince dias, a contar del dia en que el recurrente haya recibido la
sentencia del Tribunal contencioso-administrativo de primera instancia, si se tra-
rare de una apelaci6n, o del dia en que recibiere la participaci6n del acto recurri-
do, o del dia de publicaci6n official del acto recurrido por la autoridad de que
haya emanado o del dia de expiracion de los plazos fijados en el articulo 2 de es-
ra ley, si se tratare de un recurso por retardaci6n.

PARRAFO II.- Cuando el recurrente residiere fuera de la Capital de la Re-
plblica, los plazos arriba indicados tendrin ademns dos dias adicionales.

Art. 10.- A los efectos del articulo anterior, ninguna persona sera recibible
en un recurso contencioso-administrativo si no reside en el pais, o ha constituf-
do en el, antes del recurso, un apoderado formalmente conocido por la jurisdic-
ci6n o administraci6n contra la cual se recurre.

Art. 11.- El Tribunal Superior Administrativo tendra su asiento en Santo
Domingo y se compondr4 de un Juez Presidente, un Juez Vicepresidente y tres
Jueces, nombrados por decreto del Poder Ejecutivo.

Art. 12.- Para ser Juez del Tribunal Superior Administrativo se require ser
dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y politicos, haber cum-
plido la edad de treintaanios y ser doctor o licenciado en derecho.

Art. 13.- El Tribunal Superior Administrativo no podri reunirse, deliberar
y fallar vilidamente sin la concurrencia de tres Jueces por lo menos, entire los
cuales debera figurar el Presidente o el Vicepresidente.






Art. 14.- El Tribunal Superior Administrativo ejerceri sus funciones con la
asistencia de un Secretario, nombrado por el Poder Ejecutivo, el cual tendra fi
p6blica en el desempefio de susatribuciones.

Art. 15.- La Administraci6n Publica, los establecimientos publicos, el Dis-
trito de Santo Domingo, las Comunes y Distritos Municipales, estaran represen-
tados permanentemente ante el Tribunal Superior Administracivo por un Procu-
rador General Administrativo, al cual se comunicaran todos los expedienres de '
los asuntos contenciosos de que conozca el Tribunal, y su dictamen escrito ser i
indispensable en la decision de todo asunto por el Tribunal.

ARt. 16.- Para el desempefio de sus funciones, el Procurador General Ad-
ministrative podri solicitar y debera obtener de todos los organismos administra-
tivos los documentos, datos y certificados que consider necesarios para el esru-
dio y dictamen escrito de los asuntos a su cargo.

Art. 17.- El Procurador General Administrativo tendra un Abogado Ayu-
dante, que podri hacer sus veces en todos los casos de ausencia o impediment
de aquel.

Art. 18.- Para ser Procurador General Administrativo o Ayudante del Pro-
curador General Administrativo se requieren las mismas condiciones que para ser
Juez del Tribunal Superior Administrativo.

PARRAFO.- Ambos funcionarios serin nombrados por decreto del Poder
Ejecutivo.

Art. 19.- Tanto el Tribunal como el Procurador General tendran los em-
pleados auxiliares que prevea la Ley de Gastos Puiblicos.

Art. 20.- El Presidente del Tribunal Superior Administrativo y el Procura-
dor General Administrativo comunicarin directamente con el Presidente de la
Repiblica.

Art. 21.- El Procurador General Administrativo deberi rendir en el mes de
enero de cada afo, al Presidente de la Rep6blica, una Memoria explicativa de sus
actuaciones durante el afio anterior.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO Y SENTENCIAS

Art. 22.- El apoderamiento del Tribunal Superior Administrativo para el
conocimiento y decision de todo caso se hara por una instancia del recurrente di-






rigida al Presidente del Tribunal, o por el recurrente o el Procurador General
Administrative cuando se trate de un recurso relative a contratos administrativos
o concesiones, o al uso y goce del dominion piblico, o de un recurso de revision.

Art. 23.- La instancia expondra todas las circunstancias de hecho y de de-
recho que moriven el recurso; transcribira todos los actos y documents contra
los cuales se recurra, y terminara con las conclusions articuladas del recurrente.

No deberin contener-ning6n trmino o expresi6n que no conciernan al ca-
so de que se trate.

Art. 24.- Al recibir la instancia, el Presidente del Tribunal dictara un auto
ordenando que sea comunicado al Procurador General Administrativo o al de-
mandado, seg6n fuere el caso.

Art. 25.- Dentro de los quince dias subsiguientes a la comunicaci6n de la
instancia. la part demandada deberi notificar su defense al Presidente del Tribu-
nal y 6ste. por auto, la hara comunicar al recurrente.

Art. 26.- Dentro de los quince dias de la comunicaci6n de la defense el
Procurador.General Administrativo o el recurrente la devolverin al Presidente del
Tribunal.

Art. 27.- Si el Procurador General Administrativo o la parte contraria la
acompanaren de nuevos alegatos, el Presidente del Tribunalpor auto hard comu-
nicar dichos alegatos a la otra parte, para que amplie su defense silo cree perti-
nente, enviandola al Presidente del Tribunal dentro de los diez dias de la comuni-
caci6n.

Arc. 28.- Una vez que las parties hayan puntualizado sus conclusions y ex-
puesto sus medios de deTensa, el asunto controvertido se reputara en estado y ba-
jo la jurisdicci6n del Tribunal. El president hari que-el Secretario ponga a dis-
posici6n de los jueces el expediente complete para su studio. Terminado 6ste
por todos los Jueces, incluyendo el Presidente, este se reunira en cimara de deli-
beracion con los Jueces, en el debido quorum, redactara la sentencia o comisio-
nara a uno de los Jueces para que lo haga, por el turn que haya acordado el Tri-
bunal, y luego de acordada la sentencia, que deberi ser suscrita sin mencion de
discrepancies por todos los Jueces deliberances fijard por auto la audiencia pabli-
ca en que la sentencia sera leida, notificindose el auto a todas las parties.

Art. 29.- La sentencia podra decidir el fondo del asunto o disponer las me-
didas de instrucci6n que hubieren pedido las parties, el tribunal las considerate de
lugar para el establecimiento del asunto. Si tal fuere el caso, el Tribunal celebra-


299






ri las audiencias que fueren necesarias, con asistencia o represenracion de las par-
tes, hasta dictar sentencia definitive.

Todas las sentencias del Tribunal Supeior Administrativo se fundamental.
rin en los preceptos de caricter administrative que rijan el caso controvertido y
en los principios que de ellos de driven y en caso de falta o insuficiencia de 1
aqu6llos, en los preceptos adecuados de la legislaci6n civil. Se redactarin en la
misma forma de la 'sentencia de los Tribunales del orden judicial.

Art. 30.- Cuando el Tribunal Superior Administrativo sea apoderado de un
recurso para conocer el cual se consider incompetent, podra dictar de oficio
sentencia declarando tal incompetencia. Si estimate que la incomperencia existe
/ en relaci6n con algin aspect del caso, podri declarar su incompetencia acerca
de ese aspect, conociendo y fallando sobre el restante del caso. Si se trarare de
una cuesti6n sin cuya decision previa por otro Tribunal no pudiere decidirse'el
resto o el conjunto del caso, el Tribunal Superior Administrativo dictar4 una sen-
tencia de sobreseimiento, hasta que el recurrente o la parre mis diligence obtenga
la decision previa necesaria.

Art. 31.- Cuando una parte alegue la incompetencia del Tribunal Superior
Admrinistrativo, y esta parte sea la demandada, el Tribunal dictari sentencia so-
breseyendo el caso y dentro de los tres dias someteri la cuesti6n. por medio de
una instancia, a la Suprema Corte de Justicia, la cual debera decidir sobre la cues-
ti6n de la competencia o incompetencia, previo dictamen del Procurador General
de la Repiblica, dentro de los quince dias de recibir la instancia. El Secretario
de la Suprema Corte comunicari la sentencia, dentro de los tres dfas al Presiden-
te del Tribunal Administrativo, para los fines de lugar.

Art. 32.- Si la sentencia de la Suprema Corte reconoce la competencia del
Tribunal Superior Administrativo para conocer de la cuesti6n controverrida, dic-
cho Tribunal continuara el procedimiento no computindose en los plazos del
tiempo durante el cual el caso permaneci6 sobreseido y sin ser devuelto al Tribu-
nal Superior Administrativo.

Art. 33.- En todos los casos en que la sentencia de la Suprema Corte de
Justicia declare la incompetencia del Tribunal Superior Administrativo, fundin-
dose en los apartados a) y f) del articulo 7 de esta Ley, los Tribunales del orden
judicial serin competentes para conocer los casos de que se trate, entire las parties
interesadas, y asi se hara constar en la sentencia de la Suprema Corte.

'Art. 34.- En los anteriores casos, la actuaci6n de la Suprema Corte de Jus-
cicia se realizari sin mis formalidades.


300




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Art. 35.- Ninguna sentencia del Tribunal Superior Administrarivo podra ser
atacada por incompetencia por las parties que no hayan alegado esa incompeten-
Scia antes de dictarse la sentencia.

Art. 36.- Las sentencias de los Tribunales del ordenjudiciail tendran auto-
ridad de cosa juzgada entire las parties ante el Tribunal Superior Administrarivo.

CAPITULO III
DE LA REVISION


Art. 37.- IModificado por la Ley No. 3835 del 20 de mayo de 1954, G. O.
No. 7698 del 26 de mayo de 1954). Las sentencias de la Cimara de Cuentas en
funciones de Tribunal Superior Administrativo, despues de dictadas y noificadas
como mas adelanre se establece, seran susceptibles del recurso de revision, en los
casos que se especifican limitativamente en el siguiente artfculo, o en el recurso
de casaci6n. que se establece en el artfculo 60 de la present Ley.

Art. 38. I Ampliado por la Ley No. 2135 del 22 de octubre de 1949, G. O.
No. 7017 del 29 de octubre de 1949). Procede la revision, la cual se sujetara al
mismo procedimiento anterior, en los casos siguientes:

a) Cuando la sentencia es consecuencia del dolo de una de las padres contra
la otra;

b) Cuando se ha juzgado a base de documents declarados falsos despul s
de la sentencia;

c) Cuando se ha juzgado a base de documents falsos antes de la sentencia,
siempre que el recurrente pruebe que slo ha tenido conocimiento de la
falsedad despuds de pronunciada aquella;

d) Cuando despubs de la sentencia la part vencida ha recuperado docu-
mentos decisivos que no pudo presenter en juicio por causa de fuerza
mayor o por culpa de la otra parte;

e) Cuando se ha estatuido en exceso de lo demandado;

f Cuando hay omisi6n de estatuir sobre lo demandado;

g) Cuando en el dispositivo de la sentencia hay decisions contradictorias,

SCuando no se hubiere o a Pocurador General Administraiv
h) Cuando no se hubiere ofdo al P rocurador General Administrativo.






PARRAFO: Cuando se trate de recursos relatives a la liquidaci6n de im
puestos, derechos, tasas o contribuciones-obligatorias en especie o en naturaleza,
y lo pidiere el Procurador General Administiativo, procedera la revision de las
sentencias del Tribunal Superior Administrativo, y esta revision podra versar so-
bre todos los puntos de la sentencia.

Art. 39.- S61o el Tribunal Superior Administrativo podra conocer de la
revisi6n de sus sentencias.

Art. 40.- El plazo para la interposici6n del recurso de revision sera tambikn
de quince dfas. En los casos a), b), c) y d), del articulo 38 dicho plazo se conta-
ra desde los hechos que puedenjustificar el recurso, pero en ningin caso excede-
ra de un afio.
1
PARRAFO: Para los terceros, el plazo comenzara a partir de la publica-
ci6n de la sentencia.

Art. 41.- Todo asunto sometido al Tribunal Superior Adrinistrativo debe-
rd ser fallado de modo definitive dentro de los sesenta dias del apoderamiento
del Tribunal, salvo en los asuntos considerados nuevos o de especial importancia
por el Presidente o cuando se hayan dictado sentencias disponiendo medidas de
instrucci6n, en los que el plazo sera~ de noventa dias, todo teniendo en cuenta lo
dispuesto en el articulo 32 para los casos de sobreseimiento.
CAPITULO IV
- .3
NOTIFICACION DE LAS SENTENCIAS Y SUS EFECTOS



Art. 42.- Toda sentencia del Tribunal Superior Administrativo sera notifi- :
cada por el Recretario dentro de los cinco dias de su pronunciamiento al Procura-
dor General Administrativo y a la otra parte-o parties.

- Art. 43.- Dentro de los cinco dfas de recibir la notificaci6n, el Procurador
General Administrativo comunicara la sentencia a la entidad administrative cu- -
ya representaci6n hubiera tenido en el caso de que se tratare.

Art. 44.- El Tribunal superior Administrativo sera el inico competence pa-i
ra resolver sobre las dificultades de ejecuci6n de sus sentencias, y tendra capaci-
dad para fijar, en las mismas o en sentencias subsiguienres a petici6n de la part
interesada, las indemnizaciones que deberin recibir las parties gananciosas, por
efecto del fall principal, o en los casos de incumplimiento de aquil a partir de
su notificaci6n por el Procurador General Administrativo.

302





Art. 45.- En ningdn caso, sin embargo, las entidades ptiblicas podrin ser
f objeto de embargos, secuestros o compensaciones forzosas, ni el Tribunal podra
: dictar medidas administrativas en ejecuci6n de sus propias sentencias.


CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALS


Art. 46.- Todas las norificaciones a que se refiere esta ley se harin por co-
rreo certificado de entrega especial. Las parties podrin utilizar el ministerio de
Alguaciles. pero a sus propias expenses, cuando asi lo deseen. Estos actos no re-
queririn registro.

Art. 47.- Cuando las parties abandonen expresamente un procedimiento,
dste serd sobresei'do por un simple acto. Cuando se abstengan de ampliar sus
instancias o defenses, se dictara sentencia sobre el caso.

Art. 48.- En los casos de intervenci6n de terceros, de incidents, o en cual-
quier otro cuya resoluci6n no haya sido regulada por esta Ley, el Tribunal Supe-
rior Administrativo podra dictar reglas especiales de procedimiento para el caso
de que se rate unicamente, comunicando estas reglas a las parties interesadas.

Art. 49.- Salvo en los casos de revision, los particulares no tendran que es-
tar representados por abogados en los procedimientos ante el Tribunal Superior
Administrativo.

Art. 50.- Los Jueces del Tribunal Superior Administrativo podrin inhibirse
y seran recusables por las mismas causes de inhibici6n o recusaci6n de los Jueces
del orden judicial. El propio Tribunal decidiri esos casos.

Art. 51.- Todo document presentado al Tribunal Superior Administrativo
por particulares deberd levar adherido a cada pigina un sello de Rentas Internas
del valor de RDSO.10 cada uno. En caso de ganancia de causa, el particular ten-
drd derecho a reembolso de las sumas asi empleadas.

Art. 52.- En material de licencias, vacaciones y pensions, los Jueces del
Tribunal Superior Administrativo, el Procurador General Administrativo y los
funcionarios empleados de ambos, se regiran por las leyes y reglamentos adminis-
trativos correspondientes.

Art. 53.- En material disciplinaria regpr, para los mismos funcionarios, el
reglamento administrative correspondiente.






Art. 54- El Tribunal Superior Administrativo v la Procuraduria Gener
Administrative podran acordar reglamentaciones para sus respectivos regimenei
interiores, pero nada en estas reglamentaciones podra referirse al procedimiento
ante el Tribunal.

Art. 55.- En cada trimestre del afio, el Secretario del Tribunal Superior Ad-
ministrativo publicari un boletfn con el texto integro de las sentencias del tri--
mestre anterior o las hard publicar en la Gaceta Oficial.

Art. 56.- Las cuestiones contencioso-electorales. de ajuste de cuentas ofi-
ciales y reclamaciones contra el Estado, de expropiaci6n p6blica y seguros socia-
les, serin conocidas por las jurisdicciones especiales ya establecidas y no estaran:
bajo la competencia del Tribunal Superior Administrativo.

Art. 57.- Mientras el Poder Ejecutivo no design los Jueces, el Procurador
General y el Secretario del Tribunal Superior Adminiscrarivo, la Camara de Cuen-
tas de la Repfblica ejercera las funciones del Tribunal Superior Administrativo
previstas en esta ley, actuando el Procurador Permanente existence con la deno-
minaci6n de Procurador Genral Administrativo, aui\iliado por el Ayudante pre-
visto en esta ley.

Art. 58.- (Mod. ley 2998 del 8-7-1951, G. 0. 7307 del 14-7-19511 Mien-
tras la Camara de Cuentas ejerza las funciones de Tribunal Superior Adnministra-
tivo, el quorum para sus deliberaciones y la mayoria para sus decisions. en los
casos contencioso-administrativos, se regiran por las mismas disposiciones del
articulo 29 de la Ley sobre la Cimara de Cuentas de la Repiblica Dominicana,'
No. 130, del 2 de diciembre de 1942, publicada en la Gaceta Oficial No. 5837,
del mismo mes y afio.

Art. 59.- Quedan derogados los articulos 16 al 23 de la Ley sobre la Cama-
ra de Cuentas, No. 130, del 2 de diciembre de 1942, toda orra disposici6n legal
o reglamentaria que se refiera a las atribuciones contencioso-administratrvas de
dicha Cimara, y en general, toda otra disposici6n legal o reglamentaria que este
en oposici6n a la present ley.

Art. 60.- (Agregado por la ley No. 3835, del 20 de mayo de 1954, G.O.
No. 7698, del 26 de mayo de 1954) Las sentencias de La Camara de Cuentas en
funciones de Tribunal Superior Administrativo, serin susceptibles del recurso de
casaci6n conforme a las disposiciones establecidas para la material civil y comer-
cial por la ley No. 3726 del 29 de diciembre de 1953, a por la que la sustituya.

PARRAFO I.- El recurso de casaci6n se interpondri con un memorial sus-
crito por abogado que contend~ todos los medios en que se funda y que debera


304.








ser depositado en la 'ecretaria de la Suprema Corte de Justicia en los dos meses
de la notificaci6n de la sentencia.

PARRAFO II.- El Secretario de la Suprema Corte de Justicia remitiri co-
pia del memorial del recurso de casaci6n al Procurador General Administrativo y
le avisara el dia que haya sido fiado para la celebraci6n de la audiencia, a fin de
que en ella el referido funcionario present sus conclusions, en representaci6n
de los organismos administrarivos.

PARRAFO III.- En caso de casacion con envio, la Cimara de Cuentas en
funciones de Tribunal Superior Administrativo, estara obligada, al fallar nueva-
mente el caso, a atenerse a las disposiciones de la Suprema Corte de Justidca en
los puntos de derecho que hubiesensido objeto de casacion.

PARRAFO IV.- No sera necesario, en esta material, acompafiar el memorial
-de casaci6n con la copia de la sentencia recurrida, ni con los documentosjutifi-
cativos del recurso. los cuales seran enunciados solamente en dicho memorial, de
modo que el Secretario General de la Suprema Corte de Justicia los solicite sin
demora al Secretario de la Cimara de Cuentas, a fin de ser induidos en el expe-
diente del caso. Fallado el recurso, debera el Secretario General de la Suprema
Corte de Justicia devolver los documents al Secretario de la Cimara de Cuentas.

PARRAFO V.- En este recurso no habra condenaci6n en costas.




























































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