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0379-8526

Spanish


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
CAEMM\(

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Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas
Ene. 1985


PUCMMA0136_00001
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra



Vol. 1, no. 5 (p. 101-124)



Caribbean


Derecho


Revista de ciencias jurídicas : segunda época

text








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CAEMM\(
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PUCMMA0136
00001

Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Book

























































































































































































































































































































































































































































Revista de ciencias jurídicas
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 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Creation Date: January 1985
Publication Date: 1977-
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526
Classification: lcc - K19 .C54
System ID: CA01600002:00014

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Doctrina
        Page 101
        Page 102
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        Page 104
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        Page 112
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    Jurisprudencia
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        Page 117
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    Back Cover
        Page 124
        Page 125
Full Text






















Aio 1 Enero 1985 No. 5


Contenido

Doctrina:
El Pasajero: una Aberracibn Jurisprudencial.
Luis A. Bircann Rojas

Doctrina:
Se califica envenelnamiento la muerte producida mediante sustan-
Eduardo Jorge Prats
Sentencia del 30 de mayo denero 1984. Seguros de Vehculos de
Contenido


Doctrina:









Motor.
El Pasajero: una Aberraci n Jurisprudencial pas, por cualquier
Luis A. Bircann Rojas

Doctrina:



a, de califica green humanos o animuere producida median susan-
municipales y sus derivados, cienos o odos cloacales, tratado
Eduardo Jorge Prats

Jurisprudencia
Sentencia del 30 de mayo de 1984. Seguros de Veh(culos de
Motor.

Ley No. 218, qu6 prohibe la introducci6n al pafs, por cualquier
v(a, de excremenfos humans o animals, basuras domiciliarias o
municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o
no, asf como desichos t6xicos provenientes de process indus-
triales.























































































































- A




REClB9100
Io 8 NFE

DOCTRINE


EL PASAJERO: UNA ABERRACION JURISPRUDENCIAL
Por Luis A. Bircann Rojas*

La Ley No. 4117, promulgada el 22 de abril de 1955, estable-
ce en su Art. Iro.:
"Todo propietario o poseedor de un veh(culo de motor que
circle por las vras terrestres del pais, estd obligado a proveer-
se de una p6liza de seguro que cubra la responsabilidad civil
en los casos de accidents causados por el vehiculo a terceras
personas o a la propiedad."
De entonces al tiempo actual ha existido controversial sobre
si el pasaiero del veh(culo asegurado es beneficiario del seguro obli-
gatorio. Para las instituciones gubernamentales y las aseguradoras
nunca ha existido duda: el seguro obligatorio no cubre al pasajero.
Para los tribunales, sin embargo, el criteria ha sido fluctuante,
adhirilndose a la exclusion del pasajero brevemente y luego afir-
mando reiteradamente su inclusion en forma aberracional, rebelin-
dose incluso contra una ley interpretativa que debid poner punto
final a la controversial.
La mencionada ley 4117 deleg6 en las autoridades adminis-
trativas el establecimiento de las condiciones de ese seguro y espe-
cificamente la fijaci6n de las primas maximas que servirfan de It-
mites a las aseguradoras, debiendo ser tambidn aprobadas por la
Administraci6n las pdlizas correspondientes. En su articulo 14
dispuso su entrada en vigor 30 d(as despues de la publicaci6n del
Decreto del Poder Ejecutivo fijando la tarifa y las clasificaciones.
Con fecha 8 de diciembre de 1955 fue dictado dicho decreto con
el No. 1339.

'Doctor en Derecho UASD, 1957. Profesor del Departamento df Ciencias
Juridicas LICMM.






Las condiciones de las p6lizas y los months de las primas nun-
ca han sido cuestiones arbitrarias, sino, mu\ por el contrario, r gi-
damente sujetos al control gubernamental. Por otra parte, el
monto de las primas ha resultado siempre del cilculo de probabili-
dades de los riesgos de manera que el costo del seguro no result
demasiado bajo con peligro de Ilevar a la quiebra a la aseguradora,
ni demasiado alto que le permit acumular beneficios e\cesivos.
En ese calculo jams se incluy6 como riesgo el pasajero del vehl'cu-
lo asegurado, y 1o demuestra plenamente el hecho de que en todas
las p6lizas que se han expedido siempre en la RepIblica Dominica-
na para esta clase de seguro; fiscalizadas y aprobadas por las insti-
tuciones gubernamentales, se dispone la exclusion del pasalero.
Es, pues, incontrovertible que para la Administracion el pasajero
del veh(culo asegurado no es beneficiario del seguro. Y ese criterio
es decisive porque, como hemos visto, la Ley 4117 puso a cargo de
la Administraci6n el establecimiento de las condiciones de este se-
guro.

En la primera especie judicial que hemos encontrado sobre es-
te asunto la sentencia es algo ambigua. En parte parece considerar
que el pasajero es beneficiario del seguro del vehifulo que lo trans-
porta, y en parte parece aceptar que su exclusion es .ilida por ha,-
ber sido aprobada la pdliza por el Poder Ejecutivo (Dic. 1957, B. I.
569, Pag. 2655).
Pero, posteriormente, los tribunales declararon reiteradamente que
el riesgo del pasajero estaba cubierto por el seguro obligatorio, ar-
gumentando que 6ste es de interns social y de orden pLblico, N que
si ciertamente el pasajero es parte y no tercero en el contrato de
transport, la falta del conductor generadora de un delito lo ubica
como un tercero respect de la responsabilidad delictual tanto del
conductor como del propietario del vehfculo asegurado junioro de
1966, B. J. 667, Pig. 1105).

La grave incidencia del criterio jurisprudencial sobre el patri-
monio de las aseguradoras, haci6ndoles pagar un riesgo que no fue
computado para la fijaci6n del monto de las primas, provoc6 una
just reacci6n de las compaifas de seguros que reclamaron un au-
mento en la tarifa en consonancia con el riesgo adicional del pasa-
jero impuesto por los tribunales. El Gobierno recurri6 a una solu-
ci6n salom6nica: obtuvo del Congreso una ley que en primer ter-
mino prohib(a el aumento de la tarifa, pero que en segundo termi-
no era interpretativa de la Ley No. 4117 en el sentido de que el pa-
sajero no esti cubierto por el seguro obligatorio. Con ello, se pen-




saba poner un dique a la orientacidn jurisprudencial y restablecer
el equilibrio de la relaci6n prima-seguro. La mencionada ley es la
No. 359 del 20 de septiembre de 1968, que en su artfculo primero
dice as':

"Mientras permanezca en vigencia la Ley de Austeridad No.
348 de fecha 30 de agosto de 1968, y sus modificaciones, no
podra ser aumentada la tarifa para el Seguro Obligatorio de
Vehfculos de Motor, aprobada por Decreto del Poder Ejecu-
tivo No. 1339, de fecha 8 de diciembre de 1955. Sin embar-
go, dicha tarifa podra ser aumentada con la aprobaci6n del
Poder Ejecutivo, para el caso en que, previo acuerdo entire
las parties, se incluya expresamente en la p6liza correspon-
diente el riesgo de los pasajeros que ocupan los veh(culos".

Los tribunales, al principio, acataron a regafiadientes la inter-
pretaci6n legislative, pero no tardaron en retornar a su criterio des-
naturalizante recurriendo a los arguments mis variados y absur-
dos que podr'an ser objeto de una antologia de la aberraci6n.

En las primeras sentencias que se dictaron bajo la vigencia de
esa ley se dilo que esta habia sentado "el criterio de que no soi,
oponibles a la compaifa aseguradora las condenaciones que se pro-
nuncien contra su asegurado por dafios ocurridos a los pasajeros...
que no quedaba otra alternative para los jueces del fondo que ajus-
tarse a las previsiones de la citada ley... que ademAs por aplicaci6n
del principio general de la prueba, contrariamente a como lo alega
la recurrente, no era a la entidad aseguradora a quien incumb(a
Saportar la prueba de la exclusion de los pasajeros en dicho contra-
to de seguro... "(Septiembre de 1972, B. J. 742, Pig. 2368). Tam-
biWn dijo que "si bien la Ley No. 4117 es de interns social, tambi6n
tiene ese character la Ley No. 359 que la modified..." (B. J. 737,
abril de 1972, Pig. 931, y B.J. 769, diciembre de 1974, Pig.
3229).

Ya esa expresi6n de que "no quedaba otra alternative" que
acatar la nueva ley revela la inconformidad de los tribunales frente
a aquella, lu que se confirm por la actitud de seguir manteniendo
su criterio para los casos que se produjeron antes de dictarse la Ley
No. 359 pero que fueron objeto de sentencias posteriormente; esto
tiltimo pod an hacerlo ya que la ley interpretativa no se impone re-
troactivamente, pero constitute un indicio de su repudio al texto
interpretative. (B.J. 741, agosto de 1972, Pig. 2028).






Fuera de pocos casos excepcionales, como los citados, todas
las demas species judiciales resuman una rebeldi a a la Ley, abierta
o indirectamente, que pricticamente constitute una abusive dero-
gaci6n judiciall de la misma.

En unas sentencias se arguye que los pasajeros regulars de los
vehiculos de motor son terceros en relaci6n con los contratos de
seguro y por tanto cualquier clausula de exclusion que ellos no han (
tenido oportunidad de discutir no puede serle oponible, sobre to-
do porque la Ley 4117 tiene alcance social y de orden piblico, y
en consecuencia toda modificaci6n a la misma (se alude indudable-
mente a la Ley 359) debe ser interpretada restrictivamente (B.J.
811, junio de 1978, Pig. 1252). Ese argument no resisted el m's
ligero andlisis. El pasajero no es excluido por el contrato de segu-
ro; su exclusion la dispone la misma ley. El alcance social y de or-
den p6blico s6lo se aplica en el 9mbito precise que la delimit6 el
legislator done no aparece el pasajero. En fin, la Ley 359 es clara
y no admite interpretaciones judaicas, que en esas sentencias se
bautizan como restrictivas. los mismos tribunales lo dijeron mu-
chas veces antes de decidirse a desconocer el mensaje del legisla-
dor.

En otras species se dijo que de las disposiciones de la Ley
359 no result que el riesgo del pasajero haya quedado eliminado
totalmente de las p6lizas de seguro obligatorio, porque en su part
final permit incluir ese riesgo por acuerdo previo de las parties,
mediante el pago correspondiente de las primas; que por tanto co-
rresponde a la compafiia aseguradora probar que el pasajero no es-
tA cubierto por la p6liza (B.J. 777, agosto de 1975, Pag. 1495). Es
elemental en derecho que es absurdo pedir la prueba de un hecho
negative, sobre todo cuando el hecho negative es la misma ley que
lo establece. Si eventualmente un pasajero reclamante sospecha
que contractualmente el asegurado incluy6 ese riesgo, le incumbe
a 61 solicitar que el tribunal ordene la producci6n de la p6liza para
esclarecer esa circunstancia; si no hizo tal petici6n, si la p6liza no
fue cuestionada, es impossible deducir del desconocimiento de
aquella que el pasajero estaba cubierto; tal presunci6n chocaria
contra reglas elementales del Derecho.

El iltimo esfuerzo jurisprudencial para empotrar el pasajero
en el seguro obligatorio se basa en el ARt. 68 de la Ley No. 126 de
1971 sobre Seguros Privados, que textualmente dice as':






"Las exclusiones de riesgos consignadas en la pbliza eximen
de responsabilidad al asegurador frente al asegurado y a terce-
ras personas, except cuando se trate del seguro obligatorio
contra dafios ocasionados por vehiculos de motor, para los
cuales dichas exclusiones no serin oponibles a terceros, salvo
al asegurador recurrir contra el asegurado en falta."

El texto es clarrsimo y no se presta a interpretaciones antoja-
dizas. Se trata de las exclusiones contractuales de, riesgos (consig-
nadas en la pdliza), y son dichas exclusiones convencionales las
inoponibles a los terceros; por ninguna parte aparece alusi6n a ex-
clusiones legales. Las leyes 4117 y 359 fueron dejadas intactas por
la Ley No. 1 26. En sCntesis, lo que hizo el Art. 68 fue proteger los
derechos de los terceros de las clausulas de exclusion de las p6lizas.
Ya anteriormente los tribunales rechazaban las clusulas de exclu-
si6n contractuales en relacidn con los terceros. Conforme al Art.
68 los terceros estaran protegidos aunque la p6liza disponga que
el seguro no cubrira' el riesgo cuando el vehiculo hubiere sido con-
ducido por una persona sin licencia o en estado de embriaguez
(cldusulas de estilo en las p6lizas). Pero, en lo que se refiere al pa-
sajero su exclusion la dispone la Ley No. 359 tal como lo acept6
originalmente la jurisprudencia. Esa exclusion legal no ha sido to-
cada por la Ley 126 en su Art. 68 y sigue plenamente vigente.

Sin embargo, en los iltimos aios los tribunales han credo en-
contrar en dicho articulo la justificacion de la cobertura del pasaje-
ro rechazando sistematicamente los arguments de las asegurado-
ras s6lidamente fundados en Derecho. En una especie se dijo:

"...que, en ese mismo orden de ideas estando en vigor las dis-
posiciones del art(culo 68 de la ley 126 de 1971,antes trans-
critas, cuando ocurrid el accident de que se trata, es obvio
que en cuanto al seguro obligatorio de vehfculos de motor se
ha establecido un regitren propio en sustituci6n del que resul-
taba de la ley 359 -de 1968; que por tanto la aseguradora no
puede escapar a esa responsabilidad, ya que la exclusion ale-
gada no es oponible a terceros, en virtud de la ley.. ' S.C.J.,
30 de mayo de 1984, Pag. 13.

En otro caso anterior se express:

"CONSIDERANDO, que el accident de que se trata al ocu-
rrir como result de la sentencia impugnada, en febrero del





afio 1972, tuvo efecto obviamente estando en vigor las leyes
359 de 1968 y 126 de 1971, y si bien en virtud de la primera
ley los pasajeros para estar favorecidos por el Seguro Obliga-
torio debia pagarse una prima especial, lo que no result esta-
blecido en el present caso; no es menos cierto que luego de
estar en vigor la Ley 126 de 1971, como result en la especie,
la sentencia a intervenir contra el asegurado, sr podi'a correc-
tamente ampara'ndose en dicha ley declarar oponible las con-
denaciones civiles que impusiera contra la Compari'a Asegura-
dora, como se hizo, aunque dsta pudiera luego accionar a su
asegurado en pago de 16 que hubiese pagado a su nombre por
dicho concepto. (B.J. 802, septiembre de 1977, Pig. 1566).

Lo mis lamentable de todo es que esas sentencias han sido
dictadas absteni6ndose los tribunales de rebatir los s6lidos alegatos
de las aseguradoras ya expuestos e ignorindolos totalmente. Nun-
ca han negado que es la misma ley la que dispone la exclusion del
pasajero; nunca han negado que las 6nicas exclusiones inoponibles
a los terceros son las contractuales ("consignadas en la p6liza", di-
ce el Art. 68). Sin embargo, sin motivaci6n valedera con% ierten en
general una inoponibilidad que sdlo tiene cabida en las exclusio-
nes contractuales.
La obsesidn jurisprudencial ha Ilegado al extremo de consa-
grar verdaderos absurdos juridicos. En la segunda de las citas pre-
cedentemente expuestas reconoce el tribunal que solo pagando el
asegurado una prima especial quedaba cubierto el pasajero } que
en la especie no se estableci6 si ese pago se hizo, pero ain asrde-
clar6 oponible la sentencia a la aseguradora invocando el Art. 68
de la Ley 126. En otras palabras reconoci6 que el riesgo del pasa-
jero no fue asegurado, pero fall como si el seguro hubiera existi-
do, arguyendo que las exclusiones no son oponibles a terceros. 01-
vid6 el tribunal que si un seguro no existe no puede hablarse de ex-
clusi6n de riesgo o de inoponibilidad; para que puedan plantearse
estos (itimos concepts se precisa comd condicidn previa que exis-
ta el seguro. La exclusion lo que produce es la neutralizaci6n de
un seguro vigente a consecuencia de determinado hecho exoneran-
do a la aseguradora de obligaci6n de pagar; la clausula de exclusion
es vilida entire asegurado y asegurador, pero no frente a los terce-
ros a los que es "inoponible". El problema del pasajero es pura y
simplemente que si no fuera asegurado expresamente el seguro
obligatorio no lo cubre. No es cuesti6n de inoponibilidad, sino de
ausencia total de derechos contra la aseguradora.






Parece, sin embargo, que todo esfuerzo que se haga en esta
material para esclarecerla chocara siempre indefectiblemente con
una predisposicioi judicial inflexible erigida no sobre fundamentos
juridicus, sino sobre prop6sitos de beneficiencia, lo que parece ser,
por otra pare, la tendencia usual en los process por accidents de
behic ulos.

Se adierte ficilmente que esa aberraci6n jurisprudencial esta
inspirada, no por Themis sino mis bien por el c6lebre personaje de
noeela Robin Hood, quien arrebataba dinero al que lo tenfa para
darlo al pobre; pero debiera tenerse en cuenta que aqu6l solo des-
polaba a su t'ctima de la bolsa que cargaba, dejindole su restante
. pant imonio, mientras que la orientaci6n jurisprudencial comenta-
da, al reiterarse sistemtticamente, amenaza conducir a la insolven-
cia a las aseguradoras al hacerles pagar un riesgo por el que no re-
cibieron primas.

La lev que obliga a.asegurar los vehfculos de motor contra da-
hos a terceros existe en todos los pauses civilizados, y la finalidad
es evitar que las vfctimas se vean privadas de la indemnizaci6n a
que pudiera tener derecho, a causa de una eventual insolvencia del
responsible de un accident. Para establecer las condiciones de la
le\ el legislator tuvo que hacer una transacidn entire lo que hubiese
sido lo ideal \ lo que era evidentemente lo prActico y lo factible.

Lo ideal hubiera sido que no se limitara los beneficiaries del
seguro ( que se protegiera a today v(ctima (pasajero, ocupante. irre-
gular de ehi'culo de carga, el mismo conductor, los peatones, los
ocupantes de otros veh(culos, etc.); que la responsabilidad hubiera
i sido automitica por la sola participacidn del vehiculo en el acci-
.dente, independientemente de toda falta; que el monto de las in-
demnizaciones a cubrir hubiese sido bien elevado, much mayor
Sque los filados actualmente (RD$2,000.00 por dafio a la propiedad
\ hsta RD$6,000.00 por danos y muertes a las personas). En esas
. condiciones pr'cticamente ningun perjudicado por accident de
Sehi'culo deiarfa de percibir indemnizacion y vista podrfa ser mas
just (tal \ez decenas de miles o centenares de miles de pesos para
;-los casos de fallecimientos de la vrctima, a percibir por sus familia-
res).

S Pero, como las leyes no se dictan para reglamentar lo ideal si-
" no la realidad, el legislator compendi6 que tanta belleza no era po-
Ssible porque las primas de los seguros en ese plan hubiesen costado





sumas muy elevadas fuera del alcance del promedio de los ciudada-
nos propietarios de vehiculos. Lo may's przctito que se encontro'
fue limitar a los "terceros" al beneficio del seguro \ en fijar en el
clAsico trinomio 2, 3 y 6 mil pesos oro el monto de las indemniza-
ciones, congelindose la tasa de las primas a cobrar por las asegura-
doras para permitirles moderados beneficios segin el calculo de
probabilidaddes.

Es indudable que una aplicacidn correct de esa ley hubiese
permitido un normal desenvolvimiento en el ambito de los acci-
dentes de vehiculo y de los seguros obligatorios. Pero lo que no
pudo hacer el legislator por razones practices lo han %enido ha-
ciendo desde hace afios los tribunales declarando al pasajero bene-
ficiario de esos seguros y con ello desestabilizando el patrimonio
de las-aseguradoras. No debe olvidarse que la indemnizaci6n no
aparece milagrosamente como el mand biblico, sino que se produ-
ce por la misma prima que se paga por el riesgo, . a hemos visto
que el asegurado no paga prima para cubrir al pasaiero en el seguro
obligatorio.

Se impone, pues, una profunda reflexi6n de los tribunales so-
bre esa malentendida beneficiencia judicial que debe ser desconti-
nuada porque no solamente viola flagrantemente la le v el contra-
to, sino que tambidn constitute un despojo inaceptable de patri-
monios cuya estabilidad es de interns social.








DOCTRINE

LSE CALIFICA ENVENENAMIENTO LA MUERTE PRODUCI-
DA MEDIANTE SUSTANCIAS NO VENENOSAS PERO SI MOR-
TIFERAS?

Eduardo Jorge Prats*


El art(culo 301 del C6digo Penal dominicano expresa: "El
atentado contra la vida de una persona, cometido por medio de
sustancias que puedan producer la muerte con mas o menos pron-
titud, se califica envenenamiento, sea cual fuere la manera de ad-
ministrar o emplear esa sustancias, y cualesquiera que sean sus
consecuencias".

Como podemos apreciar, este art(culo nos habIa de "sustan-
cias que puedan producer la muerte con mis o menos prontitud".
No hay dudas de que los Ilamados "venenos "estan incluidos, sin
necesidad de distinguir si son de origen animal, vegetal o mineral.
Ahora bien, hay sustancias que, sin ser "t6xicas" o "venenos",
pueden producer la muerte. Lal es el caso, por solo citar un ejem-
plo, de los narc6ticos administrados en sobredosis. De ahf que
surge la pregunta: iseri envenenamiento la muerte producida me-
diante una sustancia no venenosa pero si capaz de producer la
muerte'

A este respect, la doctrine esta dividida. Por un lado, los
frjnceses Garraud y Blanche consideran que si la sustancia capaz
de dar la muerte no es venenosa podr'a haber homicidio o tentati-
va de homicidio, pero nunca envenenamiento ni tentative de enve-
nenamiento. Asimismo, el Dr. Perez M6ndez expresa: "Por nues-
Ira part, creemos que lo sancionado por el legislator bajo una fi-
sonomi'a jufidica especial como envenenamiento es el atentado co-
metido por t6xicos".1


'Estudiante de Ciencias Juridicas UCMM. Miembro del Consejo de Redac-
cion de la Revista.






Por su parte, la jurisprudencia francesa se ha pronunciado en
el sentido de que "no es necesario que la sustancia sea venenosa,
basta con que ella sea de naturaleza capaz de dar ]a muerte para
que haya envenenamiento".2 Garc6n apoya esta posici6n juris-
prudencial3, ast como Rousselet y Patin, quienes expresan que
"la administraci6n de virus o bacilos mortales constituiri'a un en-
venenamiento".4

En relaci6n al empleo de vidrio molido, "se admit que no
hay envenenamiento, porque el vidrio es mas bien un agente me-
cAnico que act6a por desgarramiento sobre las visceras" . En es-
te mismo sentido, se pronuncia la jurisprudencia francesa. Sin em-
bargo, un gran n6mero de penalistas alemanes (Holtzendorff, Lizt,
Loeffler y otros) consideran venenos tanto los medios qui'micos
como los mecAnicos6. La jurisprudencia espaiola, por su lado,
"ha considerado como veneno no solamente sustancias propia-
mente venenosas, sino otras perjudiciales a la salud que toxicol6-
gicamente no pueden ser calificadascomo venenos, por ejemplo
los polvos de vidrio".7

Por otro ladc, se ha esgrimido la segunda parte del Articulo
3178, la cual incrimina la administraci6n de sustancias nocivas a
ia salud si, fruto de esta administraci6n, ha resultado una enfer-
medad o imposibilidad de trabajo personal en la v(ctima, como
argument que invalida el hecho de que el 301 incrimina tanto la
muerte intencional causada mediante venenos como la provocada
por medio de sustancias no venenosas pero s( letales. No obstante,
esta objecci6n se cae por s( sola, como veremos mas adelante.

La diferencia entire el envenenamiento y el hecho previsto en
el 317, segunda parte, estriba no en que en uno se usan sustancias
venenosas y en el otro sustancias solo nocivas a la salud, sino en el
hecho de que en el envenenamiento la intenci6n del agent ha sido
producer la muerte de la victim, mientras que en la segunda part
del 317, 61 solo quiere causar un efecto perjudicial en la i'ctima.

Se deduce de todo esto que, si "el agent sabe que administra
una sustancia capaz de producer la muerte, pero lo hace en peque-
fas dosis, porque solo persigue producer perturbaciones en la salud
y nunca la muerte, pero se produce la muerte", entonces al culpa-
ble se le debe aplicar el 317, si se produce perturbaciones, y, en
caso de muerte, el Art(culo 309, pero nunca el 301 pues falta la
intenci6n espec(fica del envenenamiento.


110






Asimismo, podemos afirmar que, si se ha empleado una sus-
tancia nociva a la salud con la finalidad de causar la muerte de la
victim, se produzca o no 6sta, habra el crime de envenenamien-
to, o la tentative de este crime, si la v(ctima no ha Ilegado a inge-
rir la sustancia.

Como bien expresa Boitard, el Art(culo 317 es "la consecuen-
cia y el complement del Artfculo 301, as( como los Art(culos
309 y 310 son la consecuencia y el complement del Articulo
295 ". 0

A nue-.:ro entender, debe reputarse envenenamiento toda
muerte intentional producida a travis de sustancias capaces de
causar la muerte, sin distinguir si estas sustancias son venenos
propiamente, virus, vidrio molido o aun sustancias que para
la generalidad de los organismos humans son inofensivas (tal es el
caso de la administraci6n de glucosa a un diabitico, o la inyecci6n
de una sobredosis de morfina a un enfermo).11

Y es que lo que caracteriza al envenenamiento no es la natL -
raleza de la sustancia sino mis bien el element moral de este cri-
men: la intenci6n perfida, traicionera e insidiosa de producer la
muerre en la seguridad de que "una vez cometida se pueden hacer
desaparecer los trazos que conduzcan a descubrir el culpable"" 2
Sobra decir que, cual que sea la sustancia, siempre y cuando sea ca-
paz de producir la muerte con mds o menos prontitud, sera un ins-
trumento util e id6neo para canalizar y vehicular una intensi6n de
tales caracteristicas hacia la perpetraci6n de ese crime oculto y
odioso Ilamado envenenamiento.

Por ultimo, es inktil y est6ril restringir el imbito del envene-
namiento a la muerte producida solo por sustancias venenosas, va-
liendose de los principios y fundamentos de la Toxicolog(a, pues
al fin ' al tabo, como bien afirma Cuello Cal6n, "la noci6n que del
veneno se torme el jurista ha de ser diverse de la del toxic6logo,
pues preciu an.a noci6n que le sirva de base para la aplicaci6n del
texto legal".' '





NOTAS


1. Artagnan Perez M., CODIGO PENAL ANOTADO (lib. III, Tit. 11, Cap. v
I), Santiago: UCMM, 1983. pig. 92.

2. Cour de Cassation, 18 juin 1835, citada por C. Simonin, MEDECINE
LEGAL JUDICIARIE, Paris: Maloine, 1947. pig. 448.

3. Emile Garcon, CODE PENAL ANNOTE, Paris: Sirey, 1959. pig. 48. d

4. Marcel Rousselet - Maurice Patin, PRECIS DE DROIT PENAL SPE-
CIAL, Paris: Sirey, 1950. pig. 249.

5. P6rez M., op. cit., pig. 92.

6. E. Cuello Cal6n, DERECHO PENAL (t. II, parte especial), Barcelona:
Bosch, 1949. pig. 451.

7. Ibid.

8. Segunda part del Articulo 317 de nuestro C6digo Penal: "El que cau-
sare a otro una enfermedad o imposibilidad de trabajo personal, admi-
nistrandole voluntariamente, o ce cualquier otra manera, substancias
nocivas a la salud, aun cuando por su naturaleza no sea de aquellas que
ocasionan la muerte, seri castigado con prisi6n de un mes a dos afos, y
multa de diez y'seis a cien pesos. S la enfermedad o imposibilidad de
trabajar personalmente ha durado mis de veinte dias, la pena seri la re-
clusi6n. Si los delitos de que tratan los dos pirrafos anteriores se han
cometido en la persona de uno de los ascendientes del culpable, la pena
en el primer caso sera la de reclusi6n y, en el segundo, la de trabajos pfi-
blicos".

9. Pirez M., op. cit., pig. 97.

10. Joseph-Edouard Boitard, LECONS DE DROITCRIMINEL, Paris: Coti-
lion et Cie, Libraires du Conseil d'Etat, 1876. pig. 352.

11. Seg6n nuestro punto de vista, sera envenenamiento la administration de
glucosa a un diabitico siempre y cuando el agente este conscience de
que la victim sufre dicha dolencia y de que esa sustancia podria produ-
cirle la muerte. Por analogia, resu6lvase cualquier caso semejante.

12. P6rez M., op. cit. pig. 84.


13. Cuello Cal6n, op cit., pig. 451.








BIBLIOGRAFIA

Boitard, Joseph-Edouard. LECONS DE DROIT CRIMINAL. Pa-
ris: Cotillon et Cie., Libraires du Conseil d'Etat, 1876.
CODIGO PENAL. Ed. reformada por Manlio A. Minervino G.
Santo Domingo: Futuro, 1982.
Cuello Cal6n, E. DERECHO PENAL (t. II, parte especial). Barce-
lona: Bosch, 1949.
Garcon, Emile. CODE PENAL ANNOTE. Paris: Sirey 1959.
Perez M., Artagnan. CODIGO PENAL ANOTADO (lib. IIl, tit. II,
cap. I). Santiago: UCMM, 1983.
Rousselet Marcel, Maurice Patin. PRECIS DE DROIT PENAL
SPECIAL. Paris: Sirey, 1950.
Simonin C. MEDICINE LEGAL JUDICIARIE. Paris: Maloine,
1947.














I'



























































.1







JURISPRUDENCIA

MATERIAL: SEGURO VEHICULO DE MOTOR
SENTENCIA DEL 30 DE MAYO DE 1984, No. 50


La Suprema Corte de Justicia, despuds de haber deliberado y
vistos los art(culos 49 y 52 de la Ley 241 de 1967; 1 y 10 de la
Ley 4117 de 1955, sobre Seguro.Obligatorio de Veh(culo de Mo-
tor; y 1, 62 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casacidn;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los docu-
mentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de un ac-
cidente de trinsito en que varias personas resultaron con lesiones
corporales, la Cjmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Puerto Plata dict6 en sus atribuciones correc-
cionales, y en fecha 24 de febrero de 1978, una sentencia cuyo
dispositivo se copia mis adelante; b) que sobre los recursos inter-
puestos contra ese fallo, intervino la sentencia ahora impugnada
en casaci6n, cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIME-
RO: Admite en la forma el recurso de apelaci6n interpuesto por el
Dr. Heli6polis Chapuseaux Mej(a, quien actCa a nombre y repre-
sentaci6n de Santiago de js. Rodriguez, Porfirio G6mez y la Cfa.
de Seguros Pepin, S. A., contra sentencia de fecha Veinticuatro
(24) del mes de febrero del aho mil novecientos setenta y ocho
(1978), dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito
Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero:
Pronuncia el efecto contra Santiago de Js. Rodriguez, Porfirio G6-
mez, persona civilmente responsible y la Cia. de Seguros Pepin,
S. A., por no haber comparecido a la audiencia no obstante estar
legalmente citados y emplazados; Segundo: Declara al nombrado
Santigo de Js. Rodriguez, de generals anotadas, no culpable del
delito de violaci6n a la Ley 241, de 1967, en perjuicio de Hilda
Mar'a Pena y compartes, en consecuencia se descarga de toda res-
ponsabilidad penal, por no haber violado ninguna de las disposi-
ciones previstas por dicha ley, se declaran las costas de oficio;
Tercero: Declara al nombrado Ursino Teodoro G6mez, de gere-
rales anotadas, culpable del delito de violaci6n a los articulos





49 y 65 de la Ley 241, de 1967, en perjuicio de Hilda Maria Pera, j
Belkis M. Pefia, Octavio Rodrfguez, Luis Rafael Payano \ Maria
Ramona Rodrfguez, en consecuencia se condena al pago de una
multa de Sesenta pesos oro (RD$60.00), y-al pago de las costas;
Cuarto: Declara buena y valida en cuanto a la forma la constitu-
ci6n en parte civil hecha por Otilio Rodr(guez, Luis Rafael Pa\ a-
no, Maria Ramona Rodrfguez y Magadalena Penia, por medio de su
abogado Dr. Lorenzo E. Raposo Jimenez, contra Ursino Teodoro
G6mez, Porfirio G6mez, persona civilmente responsible y la Cia.
de Seguros Pepmn, S. A., en cuanto al fondo condena a Porfirio Go-
mez, persona civilmente responsible, al pago de una indemniza-
ci6n de Cinco mil pesos oro (RD$5,000.00) en provecho de Ma-
r(a Ramona Rodriguez, Dos mil pesos oro (RD$2,000.00' en pro-
vecho de Maria Ramona Rodr(guez, Dos mil pesos oro (RD$
2,000.00) en provecho de Magdalena Pefia, Mil pesos oro (RD$
1,000.00) en provecho de Otilio Rodr(guez y Mil pesos oro (RD$
1,000 en provecho de Luis Rafael Payano, por los dafios morales
y materials sufridos por ellos; Quinto: Condena a Porfirio Gomez,
al pago de los intereses legales de las sumas acordadas a partir de la
demand en justicia;
Sexto: Condena a Porfirio G6mez, al pago de las costas ci miles con
distracci6n de las mismas en provecho del Dr. Lorenzo E. Raposo
Jimenez, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad; Septi-
mo: Declara la present sentencia comtin, y oponible a la C(a. de
Seguros Pep'n, S. A., por ser la aseguradora de la responsabilidad
civil de Porfirio G6mez; SEGUNDO: En cuanto al fondo rechaza
el recurso de apelaci6n interpuesto por Santiago de Js. Rodriguez,
por falta de interns; Tercero: Admite la intervenci6n en audiencia
de las parties -civiles constitu(das; CUARTO: Modifica el ordinal
cuarto de la sentencia recurrida en el sentido de reducir las indem-
nizaciones acordadas a favor de las parties civiles constitui'das en las
formas siguientes:la de Cinco mil pesos oro (RD$5,000.00), acor-
dada en favor de Marfa Ramona Rodr(guez, a la suma de Tres mil
pesos oro (RD$3,000.00), la de Dos mil pesos oro (RD$2,000.00),
acordada en favor de Magdalena Pefia a Mil doscientos pesos oro
(RD$1,200.00, la de Mil pesos oro (RD$1,000.00), acordada en
provecho de Luis Rafael Payano a Seisciento pesos oro (RD$600.
00), y la de Mil pesos oro (RD$1,000.00), en provecho de Otilio
Rodriguez, a Seis cientos pesos oro (RD$600.00), por considerar
esta Corte que estas son las sumas justas, adecuadas y suficientes,
para reparar los danios y perjuicios tanto morales como materials
experimentados por dichas parties civiles constitu fdas a consecuen-
cia del accident de que se trata; QUINTO: Confirma la sentencia




Srecurrida en sus demas aspects; SEXTO: Condena a Porfirio G6-
Smez, unica persona civilmente responsible recurrente y a la Cia.
. de Seguros Pep'n, S. A. al pago de las costas civiles, ordenando la
if distracci6n de las mismas en provecho de los Dres. Lorenzo E. Ra-
poso Jimenez y Apolinar Cepeda Romano, abogados que'afirman
estarlas avanzando en su totalidad";

Considerando, que en su memorial los recurrentes proponent
contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casacidn
Primer Medio: FAlta de motives y motives errados al imputar falta
al conductor del vehiculo; Segundo Medio: Violaci6n a la Ley
4117 de 1955, en sus artfculos 1 y 10 y a la Ley No. 359; Tercer
Medio: Violaci6n de la Ley 4117 al condenar en costas a la asegu-
radora;

Considerando, que en su primer medio de casaci6n los recu-
rrentes alegan en sintesis, que la Corte a-qua para declarar que el
prevenido cometi6 una falta expuso en la sentencia impugnada que
dicho prevenido manej6 de manera descuidada al tomar uria pen-
diente muy peligrosa, en primera y a una velocidad de 80 y que en
medio de lapendiente se neutralize el Jeep, causdndose el vuelco;
que esos motives son errados, pues las pendientes se toman siem-
pre en primera, y que con ese cambio, ningun vehiculo puede co-
rrer a 80, pues la primera es el cambio de fuerza; que el,prevenido
hizo lo unico que era possible hacer en esta situacidn :poner el ve-
hi'culo en primera; que la neutralizaci6n del Jeep es un aconteci-
miento a que estin expuestos los vehiculos sin que se le pueda
atribuir falta alguna al conductor; que, por otra parte, la Corte di6
tambien como motivo para justificar la culpabilidad del prevenido
el hecho de que el abogado defensor concluyera en el sentido de
que se redujeran a la mitad las indemnizaciones reclamadas por las
personas constituidas en parte civil, pero el hecho de que se pre-
sentaran tales conclusions no implica que se haya establecido la
prueba de la falta atribui'da al prevenido; que nadie puede confesar
por otro; que adn cuando el propio prevenido se hubiese declara-
do culpable, tal confesi6n no hubiera bastado para condenarlo,
pues en la especie, el juez penal debi6 establecer la falta, esto es,
los hechos constitutivos del delito; lo que no ha ocurrido en el
present caso; pero,

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone
de manifiesto que la Corte a-qua para declarar al prevenido dnico
culpable del accident y fallar como lo hizo, di6 por establecidos
mediante los elements de juicio regularmente aportados en la ins-





trucci6n de la causa, los siguientes hechos: a) que el di'a 5 de octu-
bre de 1976, mientras el Jeep placa No. 401-889 conducido por el
prevenido recurrent ransitaba por la carretera que conduce del
Municipio de Los Hi-argos a la Secci6n de RAnchete de aquella Iu-
risdicci6n, al Ilegar a una pendiente muy peligrosa se produlo un
vuelco del indicado vehfculo que ocasion6 lesiones corporales a las
siguientes personas que lo ocupaban, Maria Ramona Rodr(guez,
con fractures que curaron despuys de 75 dias y antes de 90; \ Onl-
lio Rodriguez, Luis Rafael Payano, Hilda Maria Pefia, N Belkis Pe-
fa con traumatismos diversos que curaron antes de 10 dias; b) que
el accident se debi6 a' la imprudencia e impericia del prevenido
pues el vehiculo di6 march atras, mientras trataba de escalar una
pendiente muy pronunciada que existe en ese tramo de la carrete-
ra, provocando el vuelco antes indicado; que al prevenido no se le
habia expedido todavra una licencia regular para manelar vehi'cu-
los de motor, sino que lo que tenia era un permiso de aprendizaje;
que ademas, la impericia del prevenido qued6 confirmada en el ca-
so por la circunstancia de que su propio abogado defensor al pedir
que las indemnizaciones se redujeran a la mitad, estaba reconocien-
do implicitamente que dicho prevenido hab(a incurrido en alguna
falta;

Considerando, que como se advierte de todo lo anteriormente
expuesto, la Corte a-qua, form su rntima convicci6n en el sentido
en que lo hizo, despues de ponderar en todo su alcance los hechos
y circunstancias del process; que si bien es cierto que en el fallo
impugnado se hace constar que el veh(culo "iba subiendo a 80 en
primera, tambien es verdad que esa afirmaci6n la recoge la Corte
a-qua como expresi6n del propio prevenido, para establecer, como
podia hacerlo, dentro de sus facultades soberanas de apreciacion
de los elements de juicio aportados al process, de que dicho pre-
venido fue inexperto en el manejo de ese vehiculo al iniciar de esa
manera una pendiente tan peligrosa; que, ademis, el hecho de que
la Corte a-qua robusteciera su convicci6n con lo expuesto por el
abogado de la defense en el caso, no significa que ella estuviese ad-
mitiendo la prueba de la falta del prevenido por esa sola circuns-
tancia, si como ya se ha expresado la culpabilidad ha quedado esta-
blecida por los elements de juicio antes indicados; que, por otra
parte, el examen de la sentencia impugnada muestra que ella con-
tiene motives suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo
y una relaci6n de los hechos y circunstancias de las causa que ha
permitido a la Suprema Corte de Justicia verificar, como Corte de
Casaci6n, que en la especie se ha hecho en el aspect que se exami-
na, una correct aplicaci6n de la ley; que por tanto el medio que se
-acaba de ponderar carece de fundamento y debe ser desestimado.






k Considerando, que los hechos asi'establecidos a cargo del pre-
venido recurrente constituyen el delito de golpes y heridas per im-
prudencia preisto por el art(culo 49 de la le} 241 de 1967,sobre
STransito v Vehfculos, y sancionado por la letra c) de dicho texto
legal con prisi6n de 3 meses a dos afios y multa de cien pesos a qui-
nientos pesos si el lesionado resultare enfermo o imposibilitado de
dedicarse a su trabajo por veinte dfas o m.s, como ocurri6 en la es-
pecie, con una de las vi'ctimas; que la Corte a-qua al condenar al
prevenido recurrente a pagar una multa de RD$60.00 acogiendo
circunstancias atenuantes, le aplic6 una sanci6n ajustada a la ley;

Considerando, que en su segundo medio de casaci6n los recu-
rrentes alegan en sfntesis, que ellos solicitaron por ante los jueces
del fondo que las indemnizaciones acordadas no fueran oponibles
a la Seguros Pep'n, S. A., en raz6n de que los reclamantes ocupan-
tes del vehiculo a.egurado eran pasajeros no protegidos por la P61i-
za; que. sin embargo, la Corte a-qua rechaz6 ese alegato sobre la
base de que la interpretaci6n de que los pasajeros no estAn protegi-
dos por la Poliza es injusta, y que la clausula contractual que los
e\xluN e equivaldr(a a reconocer que dichos pasajeros estaban cons-
cientes de la existencia de dicha clAusula; que darle al caso esa in-
terpretacion es desnaturalizar los textos relatives al seguro obliga-
toro; que en el seguro de ley no estan protegidos los pasajeros;
que la le\ 359 de 1968 se dict6 para darle a la ley 4117 de 1955,
una Interpretaci6n en el sentido de que en el seguro mlnimo de le /
no se cubre el riesgo de los pasajeros, dejando abiertas a las part.
la inclusion de los mismos mediante el pago de una prima mayor
que la legal; que los tribunales han venido interpretando mal la ley
de seguro obligatorio; que la ley 359 quiso ponerle coto a ese abu-
so; que los tribunales han continuado incluyendo como beneficia-
rios de la poliza a los pasajeros, pero es la ley 359 la que dice que
istos no estin inclui'dos entire los beneficiaries de la Poliza; que
despues de la ley 126 de 1971 sobre Seguros Privados los tribuna-
les esgrimen sus disposiciones para continuar protegiendo a los
pasaleros, sin tener en cuenta que la exclusion del pasajero es legal
y no contractual; que la Corte a-qua al declarar oponibles a la Se-
guros Pepin, S. A., las condenaciones civiles pronunciadas, incu-
rri6, en la sentencia impugnada en la violaci6n denunciada; pero,

Considerando, que cuando se establece la existencia de una
Pol-iza de Seguro Obligatorio regido por la ley 4117 de 1955 y el
asegurado es condenado a una reparaci6n por haber 6ste o una per-
sona por la cual deba responder, oca!iona.lo dafos a otras perso-





nas, las condenaciones civiles son oponibles a la aseguradora de
que se trate dentro de los t&rminos de la p6liza, siempre que la ase-
guradora sea puesta en causa por el demandante o por el asegurado
como ha ocurrido en el caso; que conforme al art(culo 68 de la ley
126 de 1971 sobre Seguros Privados de la Republica Dominicana,
"las exclusiones de riesgos consignados en la P6liza eximen de res-
ponsabilidad al asegurador frente al asegurado y a terceras perso-
nas, except cuando se trata de seguro obligatorio contra dahios
ocasionados por vehiculos de motor, para los cuales dicha exclu-
siones no seran oponibles a terceros, salvo al asegurador recurrir
contra el asegurado en falta; que, en eses mismo orden de ideas es-
tando en vigor las disposiciones del articulo 68 de la le\ 126 de
1971, antes transcritas, cuando ocurri6 el accident de que se tra-
ta, es obvio que en cuanto al seguro obligatorio de vehiculo de
motor se ha establecido un regimen propio en sustituci6n del que
resultaba de la ley 359 de 1968; que, por tanto la aseguradora re-
currente no puede escapar a esa responsabilidad, ya que la exclu-
si6n alegada no es oponible a terceros, en virtud de la ley; que, en
consecuencia, la Corte a-qua al declarar la oponibilidad de las con-
denaciones a la Seguro Pep(n, S. A., no incurri6 en la violaci6n de-
nunciada, por lo cual el medio que se examine carece de funda-
mento y debe ser desestimado;

Considerando, que en su tercer medio de casaci6n los recu-
rrentes alegan que se conden6 en costas directamente a la Seguros
Pepin, S. A., cuando de conformidad con la ley 4117 de 1955, to-
das las condenaciones, en principal y en costas, serin pronunciadas
contra el asegurado y luego declaradas oponibles y ejecutables con-
tra la aseguradora dentro de los Ifmites del seguro; que al fallar de
ese modo la Corte a-qua viol6 la indicada ley, por lo cual la senten-
cia impugnada debe ser casada;

Considerando. que tal como lo alegan los recurrentes en la
sentencia impugnada se condena en costas directamente a la Segu-
ros Pep(n, S. A., cuando, de acuerdo con la ley, debi6 pronunciar-
se la condenaci6n en costas contra el asegurado y declarar tales
condenaciones oponibles a la Seguros Pep(n, S. A.; que por tanto,
procede casar la sentencia impugnada en ese punto, por via de su-
presi6n y sin envio, por no quedar nada por juzgar;

Considerando, que examinada en sus demis aspects la sen-
tencia impugnada no contiene, en lo concerniente al interns del
prevenido recurrente, vicio alguno que justifique su casaci6n;






Por tales motives, Primero: Admite como intervinientes a
Otilio Rodriguez, Luis Rafael Payano, Maria Ramona Rodriguez y
Magdalena Pena, en los recursos de casaci6n interpuestos por Ursi-
no Teodoro G6mez, Porfirio G6mez y la Seguro Pep(n, S. A., con-
tra la sentencia dictada en sus atribuciones correccionales por la
Corte de Apelaci6n de Santiago, el Iro. de agosto de 1978, cuyo
disposition se ha copiado en parte anterior del present fallo; Se-
gundo: Casa, por via de supresi6n y sin envio, la indicada senten-
cia en cuanto pronuncia condenaci6n en costas directamente a la
Seguros, Pep(n, S. A.; Tercero: rechaza los indicados recursos en
sus demas aspects.




























j








LEGISLATION




Ley No. 218, que prohibe la introduccibn al pais, por cualquier
via, de excrementos humans o animals, basuras domiciliarias o
municipales y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o
no, asi como desechos tqxicos provenientes de process indus-
triales.
EL CONGRESS NATIONAL

En Nombre de la Rep(blica


NUMERO: 218

CONSIDERANDO: Que es precise proteger al pais de la in-
trodu1cci, a su territorio de sustancias que pongan en peligro la vi-
da \ 13 salud de sus habitantes, as( como de su flora y su fauna;

CONSIDERANDO: Que en el pais se expenden y se usan li-
brt. ente firmacos y plaguicidas que, por su alta peligrosidad, han
silo pruhibidos, no aprobados o descontinuados para uso en los
que fueron originalmente patentados;

CONSIDERANDO: Que muchos de esos products y sustan-
clas pueden causar a la poblaci6n enfermedades graves o incura-
bles, epidemias, lesiones permanentes en los sitemas vitales y de-
tec tos genetics;

VISTO el Pdrrafo 17 del Articulo 8 de la Constituci6n de la
Republican:

VISTA la Ley numero 4471, del 29 de mayo de 1966, que
institute el C6digo de Salud P~blica;

\ ISTA la Ley nimero 311, del 22 de mayo de 1968, que re-
gula el ranejo de plaguicidas.




























































































































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