<%BANNER%>
HIDE
 Front Cover
 Doctrina
 Jurisprudencia
 Back Cover


DLOC PUCMM





xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/"
xmlns:mods="http://www.loc.gov/mods/v3"
xmlns:dloc="http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/dloc2/"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/METS/
http://www.loc.gov/standards/mets/mets.xsd
http://www.loc.gov/mods/v3
http://www.loc.gov/mods/v3/mods-3-2.xsd
http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/dloc2/
http://www.uflib.ufl.edu/digital/metadata/dloc2/dloc2.xsd">


dLOC


dLOC Toolkit


TI-USC-B03\pucmm







All rights reserved by the source institution.
0379-8526

Spanish


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
CAEMM\(

Digitized with funding from the Digital Library of the Caribbean grant awarded by TICFIA.

Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas
Dic. 1984


PUCMMA0135_00001
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra



Vol. 1, no. 4 (p. 77-100)



Caribbean


Derecho


Revista de ciencias jurídicas : segunda época

text








DLOC
0001thm.jpg
DLOC
CAEMM\(
AQg2G+/rcOniUmvK2jZ48gpevfUxEZ9W


PUCMMA0135
00001

Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

Book



























































































































































































































































































































































































































































Revista de ciencias jurídicas
ALL VOLUMES CITATION SEARCH THUMBNAILS PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/CA01600002/00013
 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Creation Date: December 1984
Publication Date: 1977-
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526
Classification: lcc - K19 .C54
System ID: CA01600002:00013

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Doctrina
        Page 77
        Page 78
        Page 79
        Page 80
        Page 81
        Page 82
        Page 83
        Page 84
        Page 85
        Page 86
        Page 87
        Page 88
        Page 89
        Page 90
        Page 91
        Page 92
    Jurisprudencia
        Page 93
        Page 94
        Page 95
        Page 96
        Page 97
        Page 98
        Page 99
        Page 100
    Back Cover
        Back Cover 1
        Back Cover 2
Full Text























Aijo 1 Diciembre 1984 No. 4





Consideraciones sobre las Cartas de Cridito y las recientes disposi-
ciones de la Junta Monetaria.
Federico Carlos Alvarez
Doctrina:
El Principio de la Irrenunciabilidad en Materia Laboral.
Ram6n A. Garc(a G6mez

Jurisprudencia:
Sentencia del 18 de julio de 1983. Irrenunciabilidad de derechos.

Legislaci6n:
Ley No. 207 Sobre Auxilio de Cesantia y Prestaciones por Despido









DOCTRINE

CONSIDERACIONES SOBRE LAS CARTAS DE CREDIT Y
LAS RECIENTES DISPOSICIONES DE LA
JUNTA MONETARIA

Federico Carlos Alvarez*
Contrariamente a lo que oc u re con los efectos de comercio y
otras operaciones de credito que utilizan normalmente los comer-
ciantes ) las instituciones bancarias, la carta de credito commercial
no forma parte del derecho positive dominicano. Igual ocurre en
la ma\ or fa de las naciones del mundo. Este document de cr6dito
commercial surge despues de la Primera Guerra Mundial, con el pro-
posito de lograr una garant(a para el exportador norteamericano,
hrente a los importadores europeos, cuyas monedas estaban grave-
mente afectadas, a consecuencia de la inflaci6n de la post-guerra.

Por consiguiente, las normas que rigen este instrument de
crediio no estAj enmarcadas por una ley, ni tampoco por un regla-
menio del Poder Ejecutivo o por resoluciones de la junta Moneta-
ria del Banco Central, sino por una codificaci6n derominada "Re-'
glas , usos uniforms, relatives al credito documental", aprobada
por la Camara de Comercio Internacional, primero en Viena,en el
aro 1933 ., luego de varias revisiones, refundida de nuevo en Vie-
na, en 1974. Esta codificaci6n ha recibido la adhesi6n de Ia mayo-
r'a de las asociaciones bancarias del mundo, as( como de institu-
ciones bancarias irdividuales, a un grado tal que la carta de cridito
constltuye una instituci6n casi universal del derecho bancario in-
ternacional.

El modelo de document utilizado por las instituciones ban-
carias establecidas en nuestro pa(s para consignar el acuerdo entire
ellas \ sus clients sobre la apertura de cartas de credit, expresa-
mente hace referencia al imperio de la codificaci6n aludida ante-
riormente, sobre las regulaciones incluidas en este document. De
este modo se reconoce la vigencia y primac(a de esta codificaci6n,
en todo lo concerniente a las operaciones de cr6dito international
que se realizan bajo la forma de carta de credito.
'Doctor en Deiecho UASD. 1951. Professor del Departamento de Ciencias
luridicas UCMM. Este trabajo fue presentado como ponrencia en un semina-
rio sobre el tema celebrado en la Asociaci6n de Abogados de Santiago, Inc,





Las cartas de cr6dito comerciales tienen por objeto Irimor-
dial ofrecer a un exportador, radicado en un pa(s determinado, la
seguridad de ser pagado integramente, en la forma convenida entire
6l y un importador en otro paid's, previo cumplimiento, por part
del primero, dt .a entrega de documents preestrablecidos, repre-
sentativos de los bienes objeto de la compra-venta de que se trate.
Este credito se formaliza en diversas etapas:

1. El importador solicit un credito, con o sin garantias, a
un banco generalmente radicado en su pa(s, para cubrir el
costo de los bienes adquiridos por el en el exterior.

2. El banco acepta la solicitud de credit, subscribe un
acuerdo con su client importador y procede a la apertura
de la carta de credito. Este document consiste, bisica-
mente, en una orden que el banco emisor dirige a otro
banco, generalmente radicado en el pais del exportador-
vendedor, de pagar determinado valor a este ultimo, en
las condiciones y bajo la presentaci6n de los documents
preestablecidos.

3. La carta de cridito, cuando es irrevocable, constitute un
credito otorgado por el banco emisor en favor del benefi-
ciario (exportador-extranjero). Este credit reune las ca-
racterfsticas de ser firme, director y aut6nomo. La obliga-
ci6n no nace al moment de la emisi6n del document,
sino en la fecha en que el beneficiario recibe la ratifica-
ci6n del credito abierto a su nombre, lo cual constitute
una manjfestaci6n del formalismo de este credit docu-
mental.

Si el credito es revocable se reputa que la carta de cr6dito
no constitute una obligaci6n por parte del banquero, el
cual puede revocarlo o modificarlo, sea por iniciativa pro-
pia o por instrucciones de su client. La comunicaci6n al
beneficiario de este tipo de carta de credito, solo es a tI-
tulo informative y no produce efectos jurfdicos entire este
y el banco emisor.

4. La notificaci6n al beneficiario generalmente es realizada
por un corresponsal del banco emisor, pero dicho corres-
ponsal no se compromete en la operaci6n frente al bene-
ficiario; actia simplemente como mandatario del banco





emisor. No obstante, si el banco corresponsal confirm
un cr6dito irrevocable, se obliga frente al beneficiario, en
igual forma que el banco emisor. Esta confirmaci6n s6lo
puede ser expresa y, en estos casos, el beneficiario adquie-
re un derecho director frente a ambos bancos intervi-
nientes.

De la relaci6n que antecede es precise resaltar dos cuestiones
de gran importancia. Primero, que la carta de cr6dito no esti regi-
da por el derecho positive, sino que las obligaciones originadas por
este document son aquellas resultantes de las convenciones cele-
bradas entire las parties, suplementadas por las "Reglas y usos uni-
formes, relatives al credito documental", aprobadas por la C~mara
de Comercio Internacional. Segundo, que la carta de credit es
utilizada principalmente para facilitar y garantizar operaciones in-
ternacionales.

Este dltimo aspect revela la importancia que tienen las regu-
laciones cambiarias existentes en ambos pauses involucrados, pues-
to que ellas necesariamente afectaran las obligaciones contrafdas
por el banco emisor de cubrir la suma que el banco corresponsal
pague al exportador-vendedor, en la moneda extranjera estableci-
da, conforme a lo dispuesto en la carta de cr6dito. Estas regulacio-
nes tambidn afectarn al importador-comprador porque I6 queda
obligado a resarcir al banco emisor de las erogaciones que este rea-
lice, con motive del document de credito emitido de acuerdo con
sus instrucciones.

Las cartas de credito han estado sujetas a la aprobaci6n del
Banco Central, el cual se limitaba a supervisor y controlar el inter-
cambio de divisas, de acuerdo con las regulaciones de las leyes
1528 de 1947 (Ley Monetaria), ley 1529 de 1947, substituida por
la ley 6142 de 1962 (Ley Organica del Banco Central) y la Segun-
da Resoluci6n adoptada por la junta Monetaria el 2 de febrero de
1948, refrendada por Decreto 4921 del mismo afo. Estas activida-
des fueron ejercidas por el Departamento de Cambio Extranjero, a
partir de la ley 251 de 1964 y del Reglamento 1679, del mismo
ario, destinados precisamente a asignar a este Departamento las
funciones de controlar todas las operaciones de divisas extranjeras,
tanto sobre importaciones como respect a las exportaciones.

Las restricciones a las importaciones se inician indirectamente
en el aiio 1964, con las leyes 173 y 448, entire otras, las cuales
crearon el impuesto de importaci6n y el dep6sito, por un period


79





de seis meses, del 40 o/o del.valor de las mercancias importadas.
Estas leyes ten an por objetivo encarecer los products importados ;
y limitar el circulante, tratando de obtener una reducci6n en las
importaciones.
El Decreto 239, del 24 de agostp de 1966, es el primero que
afecta la libertad del comercio international efectuado mediante
el uso de cartas de crddito. Conforme a su art(culo 2, una vez
aprobadas por el Banco Central las solicitudes de cartas de credito,
antes de proceder el banco commercial a la apertura de las mismas,
el importador deberfa proceder a una liquidaci6n de los derechos
de importaci6n y a pagar anticipadamente el 80 o/o de dichos im-
puestos, en todos los casos de importaciones de unos 51 produce
tos, consignados en el art (culo primero del citado decreto El De
creto 1476, del 7 de julio de 1967, invocando al igual que el De
creto 239 ya citado, la ley 304 de 1966, del Gobierno Provisional
y la ley 1, del Gobierno Constitucional del mismo ano, faculta a la
junta Monetaria.a establecer restricciones directs a la importacio
nes de mercancias y controls sobre la importaci6n de articulos,a
ser determinados por la junta Monetaria.

Al d(a siguiente de este Decreto se produce las primeras re-
soluciones de la junta Monetaria que prohiben la importaci6n de
determinados articulos a traves del sistema bancario national, y es-
tablece el requisite del pre-pago del imported de cartas de credit,
en los casos de importaciones de ciertos articulos, cuva lista se ex-
tiende paulatinamente, en los quince ahios subsiguientes. El diez
del mismo mes de julio de 1967, el Poder Ejecutivo dicta el Decre-
to 1482, que dispone autorizar las importaciones de los products
cuya importaci6n hab(a prohibido dos d(as antes la Junta Moneta-
ria, cuando "las compras en el exterior... sean financiadas con divi-
sas propias, es decir, que no sean de la reserve del sistema bancario
national". Este decreto constitute el acto constitutivo del merca-
do paralelo de divisas, cuya evoluci6n culmina 16 aios mis tarde,
con la creaci6n de los bancos de cambio y, poco tiempo despuds,
con las resoluciones dictadas por la Junta Monetaria, los dfas 17 de
abril y 10 de mayo, del aio que discurre.

No es el objeto de esta exposici6n analizar la evoluci6n de las
restricciones al comercio exterior adoptadas por el Banco Central,
en su afln de resolve los problems financieros que han afectado a
nuestro pa(s en los dltimos 17 afos, pero que han alcanzado una
magnitude incontrolable, particularmente en los iltimos cinco anos.


80 ' i






Basta sefialar que, hasta el 16 de abril de 1984, cada carta de credi-
to debi'a ser autorizada por el Banco Central, previa solicitud for-
mulada por in banco commercial mediate los formularios B-1 y B-
1A, preparados por el Banco Central para estos fines. La carta de
credito s61o podfa ser abierta despues de que el Banco Central de-
volviera aprobado uno de estos formularios y siempre que se trata-
ra de artl 'ulos no excluidos del sistema bancario national, a 3 fe-
cha de la solicitud. Conforme a las regulaciones vigentes las cartas
de crtdito podi'an ser pre-pagadas-o no, de acuerdo a las normas
establecidas por la Junta Monetaria.

Con la sakedad de estos controls y limitaciones, la carta de
credit continuaba siendo un document 'itil y de amplia utiliza-
ci6n por parte del sector importador. Desde el punto de vista jur'-
dico lo important es consignar que en todos los casos la autoriza-
ci6n del Departamento de Cambio E.>tranjero del Banco Central se
manifestaba por la devoluci6n al banco solicitante del formulario
B-1 o B-1 A, debidamente firmado y sellado por funcionarios califi-
cados de esta instituci6n.

Con estas formalidades se daba cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 3, de la ley 251 y por los articulos 1, 3, 5 y 25 del
Reglamento 1679. En otras palabras, los organisms designados
por las leyes 1528, 6142 y 251, cumpliendo con lo que le ordenan
hacer estas eyes, procedfan a autorizar la emision de cada carta de
credito, conforrme a los requisitos legales y a las restricciones regu-
ladas por la junta Monetaria. Ahora bien, esta autorizaci6n, ade-
mrs de constituir la ejecuci6n de un mandate imperative de la ley,
constituveun acto institutional voluntario, por el cual el Banco
Central asumla la obligaci6n de respaldar la ejecuci6n de la obliga-
ci6n contenida en la carta de credit y, en consecuencia, de pro-
porcionar y transferir las divisas necesarias para cubrir el pago y los
costs incurridos por el banco corresponsal 'del banco emisor, tan
pronto se hubiesen producido las condiciones previstas en el docu-
mento y consignadas en la solicited aprobada.,

Todo este sistema legal sufre una crisis profunda con las reso-
luciones adoptadas por la Junta Monetaria en abril y mayo del afio
actual. En Io que concierne a las cartas de cridito, cabe sefalar
dos resoluciones. La Segunda Resoluci6n del 17 de abril de 1984,
que elimina, a partir de esa fecha, las autorizaciones de emisi6n de
cartas de credito y su tramitaci6n a travys del sistema bancario na-
cional. Por su parte, la Primera Resoluci6n adoptada por la Junta





Monetaria el 10 de mayo de 1984 afecta las cartas de credito regu-
larmente autorizadas y emitidas y revoca en la practice las autori-
zaciones previamente otorgadas por el propio Banco Central.

Las consecuencias de estas disposiciones pueden ser resumi-
das como sigue:

1. A partir del 17 de abril de 1984 el Banco Central no
aprueba ni intervene en la apertura de cartas de credit
y, por consiguiente, no process mis solicitudes de apertu-
ta de cartas de credito.

2. Las autorizaciones de cartas de cr6dito otorgadas antes
del 17 de abril y no emitidas al 10 de mayo de 1984, ca-
recen de todo valor y efectos,

3. Para que el Banco Central honre su compromise sobre las
cartas de credit autorizadas por 6l, emitidas por el banco
emisor y pagadas por el banco corresponsal antes del 10
de mayo de 1984,el importador deberi proveerle de las
divisas, las cuales tendri que adquirirlas en el mercado
libre.
4. Las divisas .orrespondientes a las cartas de credi) autori-
zadas por el Banco Central v emitidas por el banco emisor
antes del 10 de mayo, pero a6n no pagadas por el banco
corresponsal, tambien deberdn ser procuradas en el mer-
cado libre por el importador, para ser tramitadas por el
Banco Central, en los casos de cartas de credito cu o im-
porte en pesos habia sido recibido por el Banco Central,
o en caso contrario, por los canales utilizados por el mer-
cado libre.

Estas disposiciones deben ser analizadas desde dos puntos de
vista diferentes. -En primer lugar, determinar si existe fundamento
legal para la adopci6n, por parte de la Junta Monetaria, de disposi-
ciones para dejar sin efectos las autorizaciones previamente adop-
tadas por el Banco Central.

En segundo termino, examiner si el Banco Central aCtua den-
tro del marco de la ley a excluirse a s' mismo de las operaciones fi-
nancieras que le son propias, al mismo tiempo que desconoce las
disposiciones legales que establecen el valor de la unidad monetaria
national.






En el primer aspect, result evidence que, por las condicio-
nes intr'nsecas de las cartas de cridito y su caricter irrevocable, en
la ma, or part de los casos, la aprobaci6n de la solicitud de apertu-
ra de este tipo de documents, por parte del Banco Central, impli-
ca necesariamente que esta instituci6n del Estado asume, frente al
banco comercial, la obligaci6n de ejecutar la transferencia de divi-
sas, en las condiciones aprobadas por ella misma, puesto que su
compromise constitute el cumplimiento de la ley, que as' se lo or-
dena. Esta autorizaci6n consiste, en esencia, en el cumplimiento
de disposiciones que forman parte esencial e inseparable del "regi-
men legal de la moneda y de la banca" nacionales. Violar este acto
administrative, sin que se haya producido la correspondiente mo-
dificaci6n a este regimen legal, constitute indiscutiblemente una
violaci6n a las disposiciones del articulo 112 de la Constituci6n.

Mas a6n, puesto que las disposiciones del 10 de mayo de
1984 afectan un derecho Iegitimamente adquirido, como lo es el
resultante de la autorizaci6n de.la apertura de una carta de credit,
por la cual el Banco Central asume la obligaci6n que le impone la
le de "efectuar las operaciones de cambio que pone a su cargo la
plesente ley y la ley monetaria" (ordinal 4 del acaipite B) del artf-
culo 4 de la Ley Orginica del Banco Central), la revocaci6n de este
acto ad'ninistrativo tambi6n constitute una violaci6n a la parte fi-
nal del artfculo 47 de la Constituci6n. En efecto, dicho articulo
establece: "En ning6n caso la ley ni powder ptiblico alguno podrA
afectar o alternar la seguridad jur(dica derivada de situaciones esta-
blecidas conforme a una legislaci6n anterior". En el present caso
la legislaci6n no ha sido modificada, pero el acto jurfdico emanado
del Banco Central por el cual 6l autoriz6 transferencias de fondos,
en las condiciones previstas por la carta de credito aprobada por
dicha instituci6n, ha sido revocada sin fundamento legal y alteran-
do profundamente la seguridad juridica derivada de dicha autoriza-
cl6n.

En cuanto se refiere al segundo aspect, debe tenerse presen-
te que el sistema monetario dominicano esti fundamerrtado en los
art 'culos 111 y 112 de la Constituci6n y en las leyes 1528 de 1947
y 6142 de 1962, y sus modificaciones (Ley Monetaria y Ley Orgi-
nlca del Banco Central). Las transferencias internacionales de fon-
dos, a su vez, estan reguladas por la ley 251 y el reglamento sobre
su aplicaci6n, No. 1679, ambos de 1964, cuyas disposiciones cons-
tituyen el complement a las dos primeras eyes citadas. Estas le-
ves no han sido derogadas por el Congreso, ni las modificaciones






efectuadas modifican lo esencial del regimen monetario. No obs-
tante, la mayor parte de sus disposiciones, las concernientes a las
operaciones financieras internacionales y al valor de la moneda na-
cional, son pura y simplemente y para todos los fines pricticos, le-
tras muertas o inexistentes. Igual ocurre con la ley 861 sobre In-
versi6n Extranjera y otras relacionadas con el comercio exterior.

Nos encontramos ante un hecho juridico muy peculiar. Las
autoridades del Banco Central, ejerciendo sus funciones de inter-
pretar y aplicar las atribuciones que le otorga particularmente el
arti'culo 25 de la Ley Orgnica del Banco Central y, en general, to-
do el regimen legal vigente, han transgredido estas facultades, hasta
el punto de substituir el sistema monetario establecido por la ley
por un regimen reglamentario propio, el cual es esencialmente dife-
rente y opuesto al primero. El art(culo 112 de la Constituci6n ha
sido totalmente ignorado. El Bahco Central ha restringido consi-
derablemente sus facultades, hasta el punto de limitar sus activida-
des internacionales a las de sermir principalmente como agent fi-
nanciero del Estado. No es el objeto de este trabajo profundizar
en este tema. Mucho menos calificar estas actuaciones.

Como ya ha sido expresado por otros, parece ser que nuestro
pa(s se complace en mantener instituciones y situaciones paralelas.
Mas, esra actitud no puede ser aceptada por el jurista. Las situa-
ciones que plantean la realidad en que se vive deben ser afrontadas
y resueltas en forma decidida. El marco de la ley debe cubrir esas
situaciones, en forma just y organizada, no relegarlas a otro piano
espacial. La confusion, inesrabilidad y la perdida de la fe en las
instituciones del Estado, siempre tendrAn, a largo plazo, conse-
cuencias mAs graves que las del restablecimiento del orden juridico







BIBLIOGRAFIA


Encyclopedie Dalloz, REP. DE DROIT COMMERCIAL, VOL. II
VBC, Credit Documentaire (J. Stoufflet, Credit Industriel
Et commercial (Simone Guitard), Dalloz, Par's, 1973.

Hamel, Lagarde et Jauffret, TRAITE DE DROIT COMMERCIAL,
T. II, No. 1815 Y SIGS., Dalloz, Paris, 1966.
Boudinot et Frabot, TECHNIQUE ET PRATIQUE BANCAIRES,
Sirey, Paris, 1967.

Ripert et Roblot, TRAITE ELEMENTAIRE DE DROIT COM-
MERCIAL, T. II No. 2424 y Sigs. 9 A. Ed., L. G. D. J., Paris,
1981.

REVUE TRIMESTRIELLE DROIT COMMERCIAL, Paris 1982.

JURISCLASSEUR, REP.'CIVIL, Vol. 3, Cuaderno XX-B, Parns,
1971.











i






















































































I








DOCTRINE
EL PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD EN
MATERIAL LABORAL

Ram6n A. Garcfa G6mez*

Las :.jrmas laborales, o al menos, la mayorfa de ellas, estAn
marcadas con el signo del orden publico, aunque se trata de un or-
den p6blice especial usualmnente denominado en doctrine orden
public social o mAs especi'ficamente, orden publico laboral.

Se trata de un orden puiblico de protecci6n, ya que las nor-
n.as laborales estan destinadas a defender al trabajador frente a la
presi6n de sus necesidades, a la situaci6n desventajosa frente al
mercado de trabdjo y de su situaci6n de dependencia economic,
,oci. l y juridica

De lo anterior se desprende que el orden pub.ico social o la-
boral, a diferencia del orden public traditional a que alude el
art(culo 6 del C6digo Civil, no es prohibiiivo de manera absolute.
sino que es permisivo cuando se trata de incrementar las normas
en beneficio del trabajador, y prohibitive cuando se trate de res-
tringir los derechos por ellas consagrados. En otros t&rminos, las
normas legales en material laboral constituyen un piso o plataforma
a partir de donde se puede construir pero nunca excavar.

Una de las principles consecuencias y manifestaciones de ese
orden pGblico especial del trabajo es el principio de irrenunciabili-
dad cuya base legal en el derecho positive dominicano la establece
el Principio Fundamental IVdel C6digo de Trabajo al estatuir
que: "Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no
pueden ser objeto de renuncia o limitaci6n conventional". Ratifi-
cado por el articulo 38 del mismo c6digo (1).

'Licenciado en Derecho UCMM, 1967. Doctor en Derecho, Universidad de
Toulouse, 1969. Profesor del Departamento de Ciencias Juridicas UCMM.






El principio as( enunciado no solo es conforme a la naturale-
za y esencia del derecho del trabajo, sino que se explica 16gicamen-
te por los propios fundamentos hist6ricos de dicha discipline juri-
dica, ya gue si se permitiera la ibre renuncia a los derechos que la
ley reconoce al trabajador, se desnaturalizarfa el carActer protec-
clontsta del derecho laboral y resurgirfa el injusto estado de cosas
que genr6 en el mundo del trabajoi el liberalism jurfdico.

Ahora bien, si la existencia del principio result incontesta-
ble, la determinaci6n de su alcance y Ijmites plantea cuestiones
diversas como la de saber si s6lo los derechos consagrados por la
ley (lato sensu) son irrenunciables, o si por el contrario, el prin-
cipio alcanza igualmente a los derechos de origen convencional, o
la de saber si en todo tiempo y bajo cualquier cincunstancia el
principio es aplicable, cuesti6n esta 61tima a la que ha dado res-
puesta la Suprema Corte de Justicia mediante su sentencia de fe-
cha 18 de julio de 1983. (2)

Sobre el primer punto, existen opinions encontradas, pues
mientras hay quienes piensan que todo derecho del trabajador sin
importar su fuente es irrenunciable y solo puede convertirse en
derecho u obiigaci6n natural por el transcurso del plazo indicado
por la ley para la prescripci6n; (3) otros sostienen que _a renun-
ciabilidad o irrenunciabilidad de un derecho depende de la (ndo-
le de cada disposici6n y del modo como se la formule. Sin duda,
no lo son los derechos concedidos por la ley o los convenios colec-
tivos, que constituyen normas de derecho p6blico laboral, pero sf
los que se concertaron por negociaci6n privada". (4)

SSeg6n este ultimo criterio, serfa valida in future, una reduc-
ci6n de salario, una disminuci6n del per(odo vacacional o amplia-
ci6n de la jornada establecidos por acuerdo individual, siempre que
la reducci6n no los coloque por debajo de las normas legales o re-
sultantes de un pacto colectivo.

Con respect al: momentum de la irrenunciabilidad, debe ha-
cerse una distinci6n entire la renuncia al moment de la contrata-
ci6n, la renuncia durante la vigencia del contrato y la renuncia en
el moment o despues de Ia ruptura del vfnculo contractual.






Habida cuenta de la distinci6n sobre el orfgen de la norma,
puede afirmarse que el principiodeJirrent~nciabilidad es, sin lugar
a ducds, aplicable durante la negociacin del contifo'de trabajo
o durantela vigencia del mismoi. En consecuencia tb6d cliaisuja o
acuerdo de renunci- a derechos nacidos de la ley o del pa�ta.colec-
tivo, serd nulo-y--sonfor _aIprincipio IV y al articulo 38 precita-
dos, se reputarin no escritos, es.decir, que el contrato seejeculard
como si tales clausulas no existieran, tomando su lugar la norma
violada.

El fundamento es claro, antes o al moment de la contrata-
ci6n, el trabajador esti sujeto a la presi6n por obtener el trabajo
para satisfacer necesidades suyas y de su familiar, sin poder dis-
cutir las .condiciones por la gran cantidad de aspirantes a cada
puesto. Durante la vigencia del contract, el trabajador esta igual-
mente aferrado a la conservacion de su empleo y sujeto a "la he-
gemonfa del patrono" dado su estadode subordinaci6n econ6mi-
ca, social y juridica.
La soluci6n es diferente si la renuncia_se produce al momen-
to de o con posterioridad a la ruptura del vinculo contractual. (5)

Si tenemos en cuenta el fundamento de la irrenunciabilidad
en las dos hip6tesis anteriores, veremos con claridad las razones pa-
ra una respuesta diferente en este tercer supuesto, pues el estado
de subordinaci6n ha cesado, eJ. trabajador no tiene ya nada que
arriesgar desde el punto de vista de su contrato de trabajo.

Es esta la posici6n claramente asumida por la precitada sen-
tencia del 18 de julio de 1983 cuando en uno de.sus considerandos
establece: "Que el moment en que el reclamente suscribi6 ese
pacto con la empresa, de recibir esos valores por concept de la
terminaci6n del contrato, cuando ya no era trabajador de la em-
presa, el mismo aunque implicara renunciar a alg6ln derecho, es
perfectamente valido, pues lo hizo cuando ya no se encontraba ba-
jo la hegemo6ina del patrono que es lo que prohibe elprincipio IV
fundamental del C6digo de Trabajo;"






as consideraciones que anteceden nos permiten afirmar que
la ley 1clara irrenuncialbe los derechos del trabajador, no los del
ex-trabaja hr.
No falta quien pretendiendo dar al principio de irrenuncia- i
bilidad un alcance que no tiene, ha cuestionado la validez de las **
transacciones y hasta de la conciliaci6n obligatoria si ellas contie-
nen renuncia a derechos. Olvidan los apreciados colegas que asi
piensan, que en adici6n a las argumentaciones contenidas en los
pirrafos antecedentes, hay una cuesti6n de fondo a tener en cuen-
ta y es que el C6digo deTrabajo, tanto en el Principio Fundamen-
tal IV como en el articulo 38 se refiere a derechos reconocidos,
esto es, a derechos no controvertidos y que, en consecuencia, no
se incurre en violaci6n al principio de irrenunciabilidad, cuando se
renuncia a derechos litigiosos o a simples.pretenciones o especta-
tivas mediante una contraprestaci6n tangible y cierta. .

Compartimos por tanto plenamente el criterio sentado por
la Suprema Corte de Justicia en su varias veces citada sentencia y
i esperamos que ella misma mediante nuevas decisions contando
con el valioso concurso de nuestros doctrinarios, pueda comple-
tar la tarea, dando respuesta a las dem~s interrogantes que se plan-
tean en torno al valioso y just principio de la irrenunciabilidad.


NOTAS
(1) Art. 38.- Son nulas las clAusulas que tengan por objeto la
renuncia o limitaci6n de los derechos que acuer-
da este c6digo en beneficio de los trabajadores, y
el contrato de trabajo se ejecutard como si tales
cldusulas no existieran.

(2) Bolet(n judicial No. 872, pp 1924-1930

(3) Es la tesis consagrada por el articulo 12 de la Ley sobre Con-
tratos de Trabajo de la Argentina.

(4) Antonio Visquez Vialard, Derecho del Trabajo y Seguridad
Social, Tomo 1, 2da. edici6n, pag. 78







(5) Sussekind, Maranhao, Segadas Viana, Instituicoes de Direito
do Trabalho, Tomo 1, 5ta. ed., p. 163.


BIBLIOGRAFIA


LUPO HERNANDEZ RUEDA, Manual de Derecho Dominicano
del Trabajo, 2da. ed. UCMM.

GUILLERMO CABANELLAS, Tratado de Derecho Laboral, Edi-
ciones El Grafico Impresores, Buenos Aires.

ANTONIO VASQUEZ VIALARD, Derecho del Trabajo y Seguri-
dad Social, 2da. ed., Editorial Astrea, Buenos Aires.

OCTAVIO BUENO MAGANO, Manual de Direito do Trabalho,
volume II, Editora Ltr, Sao Paulo.

ARNALDO SUSSEKIND, DELIO MARANHAO, SEGADAS VIA-
NA, Instituicoes de Direito do Trabalho, 5ta. ed., Livraria Freitas
Bastos, Rio de Janeiro - Sao Paulo.

JEAN RIVER ET JEAN SAVATIER, Droit du Travail, Themis,
2da. ed., Presses Universitaires de France, Paris.

PAUL DURAND ET R. JAUSSAUD, Traite de Droit du Travail,
Librairie Dalloz, Parts.











JURISPRUDENCIA
MATERIAL: LABORAL
SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DE 1983 NO. 33


La Suprema Corte de Justicia, despuds de haber deliberado,
vistos los textos legales invocados por el recurrente, que se mencio-
nan mas adelante y los articulos, 1 y 65 de la Ley sobre Procedi-
miento de Casaci6n;,

Considerando, que en la sentencia impugnada y en ios'docu-
mentos a .que ella se refiere consta: a) que con motive de una de-
manda laboral, el juzgado de Paz de Trabajo del Distrito Nacional.
el 8 de octubre de 1977, dict6 una sentencia cuyo dispositivo 0c':-
"Primero: Se rechaza por improcedente y mal fundada, la dema..-
da laboral intentada por Agust(n Isidro Mayor, contra la empresa
DOBBS HOUSES, INC., en lo referente a despido injustificado,
por no existir ninguin tipo de despido en el present caso; Segun-
do: Se condena a la empresa Dobbs Houses, Inc. a pagar al senior
Agusti'n Isidro Mayor los valores siguientes: RD$23,375.00 corres-
pondiente a 17 meses de salario de que fue privado durante el mis-
mo riempo y por las mismas razones, as( como RD$2,750.00 por
concept de participaci6n en las utilidades de la empresa, confor-
me a la Ley No. 288, tambien durante el mismo tiempo y por las
mismas razones, todo esto a base de un salario de RD$1,375.00
mensuales; Tercero: Se condena a la empresa Dobbs House, Inc.,
y/o Juan J. Roca al pago de las costas, ordenando su distracci6n
en provecho del Dr. Lupo Hernindez Rueda y Lic. Luis Vilchez
Gonzilez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad"; b)
que sobre el recurso interpuesto intervino el fallo ahora impugna-
do, cuyo dispositivo dice: "FALLA : PRIMERO: Declara regular
y vilido en cuanto a la forma el recurso de apelaci6n incoado por
Agusti'n Isidro Mayor, contra el Ordinal Iro. del dispositivo de la
'sentencia rendida por el Juzgado de Paz de Trabajo del Distrito
Nacional, de fecha 8 de octubre de 1975; SEGUNDO: Reclamati-
vamente al fondo rechaza dicho recurso de alzada y como conse-
cuencia confirm en todas sus parties dicho Ordinal Primer'o del,
dispositivo de la sentencia impugnada; TERCERO; Condena al tra-
bajador recurrente Agustin Isidro Mayor, al pago de las costas del
procedimiento relative a su recurso de conformidad con los artfcu-


93






los 5 y 16 de la ley No. 302 del 18 de junio de 1964 N 691 del C-..
digo de Trabajo, ordenando su distracci6n en provecho del Dr. An-
gel E. Delgado Malag6n, que afirma haberlas avanzado en isu tutalih-
dad; CUARTO: Declara regular y vilido tanto en la form como
en el fondo el recurso de apelaci6n incoado por la Dobbs Houses
International, Inc. contra los Ordinales 2do y 3ro. del disposition
de la sentencia impugand'a, dictada por el juzgado de Paz de Tia-'.
bajo del Distrito Nacional, de fecha 8 de octubre de 1975, \ como
consecuencia Revoca en todas sus parties los Ordinalei Segundo
Tercero del dispositivo de dicha sentencia y como consecuencia
confirm el Ordinal Primero de la misma, rechazando la demand
en cuanto a estos aspects se refiere; QUINTO: Condena a la part
que sucumbe Agustfn Isidro Mayor al pago de las costas del proce-
dimiento de conformidad con los arti'culos 5 y 16 de la Le\ No.
302 del 18 de junio de 1964 y 691 del C6digo de Trabalo ordenan-
do su distracci6n en provecho del Dr. Angel E, Delgado Malag6n,
quien afirma haberlas avanzado en su totalidad";

Considerando que el recurrente propone en su memorial, los
siguientes medios de casaci6n:Primer Medio: Violacikn del articu-
lo 141 del C6digo de Procedimiento Civil. Violaci6n de los arti'u-
los 7, 9, 14 y 15 del C6digo de Trabajo; Segundo Medio: Violaciin
del IV principio fundamental del C6digo de Trabajo. lolaci6n de
los art(culos 36 y 37 de dicho c6digo y 1134, 1135 \ 1156 \ si-
guiente del G6digo Civil. Desconocimiento del principio Indublo
Pro-Operario. La ley y el contrato deben interpretarse en el senti-
do que mis favorezca al trabajador; Tercer Medio: Falta de base
legal. Violaci6n al V principio fundamental del C6digo de Traba-
jo. Violaci6n del art(culo 2044 del C6digo Civil;

Considerando, que el recurrente en sus tres medios de casa-
ci6n reunidos, alegan en sfntesis que teniendo un contrato de tra-
bajo'en la Dobbs.House Inc. por dos afos, fue desahuciado a los 7
meses, dejando de percibir por culpa de la empresa, el imported co-
rrespondiente a los salaries de 17 meses, los cuales esta ieclaman-
do, pues los salaries no son prestaciones colaborales, que la Cama-
ra a-qua al dictar la sentencia impugnada sobre la base de que el ,
trabajador firm un document de descargo, renunciaba a las press.
taciones laborales, incurri6 en la violaci6n del principio IV del C6-
digo de Trabajo y de las disposiciones del art culo 2044 del Codigo
Civil que prohiben las transaciones en cuestiones de nteres social
como el de la especie; que la referida Camara al fallar com o 1o hi
zo desnaturaliz6 los hechos de la causa; ademAs, sostlene el recu-






Srrente, que la sentencia impugnada carece de motives de hecho y
de derecho que impiden a la Suprema Corte de Justicia verificar si
en la especie se hizo o no una correct aplicaci6n de la ley; pero,,

Considerando, que en el present caso son hechos constantes
los siguientes: a) que en fecha 19 de octubre de 1974 la empresa y
el hoy recurrente firmaron un contrato de trabajo cuyo texto esel
siguiente: DOBBS HOUSES, INC., Aeropuesto Internacional "Las
Amiricas" Santo Domingo, Repiblica Dominicana. 19 de octubre
de 1974. Sefior Agustin Isidro Mayor, Juan Paullier 969 apto. 501
MonteLideo, Uruguay, Estimado sefor Mayor: Me es grato dar
Scontestaci6n a su carta de fecha 5 de los corrientes, la cual recib"
Sen el d(a de a.er. Personalmente, me doy cuenta de los problems
Sen que used se encuentra 'pero no creo que pueda serle de much
utilidad. Mi 6nica sugerencia seria que usted se trasladara a esta
cuanto antes, solo, y que trabaje algin tiempo para reunir el dine-
ro suficiente con que alquilar una casa y obtener las cosas que ne-
cesite. Yo estarfa en condiciones de pagarle un hotel por unas dos
semanas ' podr'amos darle transport hasta que, a la mayor breve-
dad possible, se resuelve el problema de ambas parties, mi oferta ha-
cia usted consiste en pagarle los pasajes a usted y familiar desde
Uruguay a Santo Domingo, sueldo annual de RD$16,500, pagarle la'
mitad del %alor de un autom6vil pequeio y resolverle los trAmites
de residenciJ a usted y su familiar, esperando bajo este acuerdo que
su permanencia en Santo Domingo sea de un mfnimo de dos afios
antes de considerjr trasladarlo a otra unidad. Como los planes han
cambiado N necesitarfa de su presencia acd lo antes possible, agrade-
cer'a recibir su respuesta a vuelta de correos o ain mejor me avisa-
ra su llegada anticipadamente por v(a telef6nica con cargos a esta
compahita a fin de tramitarle la visa con tiempo. Un saludo a usted
\ esposa, cutdialmente, Juan J. Roca, Vice Presidente"; b) que el
30 de mayo de 1975 la empresa desahuci6 al indicado empleado;
c) que en techa 2 de junio de 1975 la empresa comunic6 al Depar-
tamento de Trabajo el desahucio del trabajador; d) queen esa mis-
ma fecha 2 de junio de 1975, la ermnpresa expidi6 los cheques Nos..
14648 v 14649, en favor del trabajador por valores de RD$1329.
16; y e) que en fecha 4 de junio el trabajador firm una constancia
cuyo texto es el siguiente: "El que suscribe. Agust(n Isidro Ma-
,or Gonzilez, ciudadano uruguavo mayor de edad, casado y resi-
denie en la casa No. 99 de la calle Gustavo Mejia Ricart de esta
ciudad, portador del pasaporte No. 150037, por medio del presen-
te acto do\ constancia de haber recibido a mi enter satisfaccion
de manos de Orlando Rosario Durin representando a la Dobbs
HOUSES, INC., los cheques Nos. 14648 y 14649, los cuales cu-
bren la Iiquidaci6n de pre-aviso de cesantia, las vacaciones que me

95






correspondent, por haber trabajado con la DOBBS HOUSES, INC.,
en el Aeropuerto Internacional de Las Americas, desde el dia 11
de Noviembre de 1974 hasta el dfa 30 de mayo de 1975, y que en
adici6n a lo antes expuesto he recibido lo siguiente: 1) pasajes de
regreso para mi, esposa y tres hijos hasta Uruguay por cost de
$1,563.20. 2) Constancia de'que la compafiia DOBBS HOUSES,
INC., pagara a The Chase Manhattan Bank de la a\enida J. F,
Kennedy Esq. Tiradentes la cantidad de $1,300.00 por concept
de un prestamo personal adquirido por m(y para el cual la compa-
ii'a sirvi6 de garante. 3) que la DOBBS HOUSES; INC. me de\ol\e-
rd la suma de $500.00 por conceptQ de dep6sito entregado a la
Sra. Vda. de Guzmin, a cambib de entregar las lHaves de la casa en
buen estado para cuyo alquiler la compaiia tambi6n sir\io de ga-
rante. Hago constar ademAs que la DOBBS HOUSES, INC., no tie-
ne deuda conmigo ni subsiste en ella ning6n tipo de obligaci6n at
suscrito con referencia a mis prestaciones labbrales";

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone
de manifiesto que la Camara.a-qua para rechazar la demand del
trabajador y fallar como lo hizo, expuso, lo siguiente: Que el mo-
mento en que el reclamante suscribi6 ese pacto con la empresa, de
recibir esos valores por concept de la terminaci6n del contrato,
cuando ya no era trabajador de la empresa, el mismo aunque im-
plicara renunciar a algin derecho, es perfectamente valido, pues lo
hizo cuando ya no se encontraba bajo la hegemonfa del patrono
que es lo que prohibe el principio IV fundamental del C6digo de
Trabajo; que al haber aceptado todos esos valores, admiti6ndolos
como validos para cubrir todas sus aspiraciones como consecuencia
de la terminaci6n de su contrato, y al declarar que reconoce que la
empresa no tiene nihguna otra deuda, ni subsiste de ella ningun ti-
po de obligaci6n frente a l6, referente a sus prestaciones, es claro
que estA admitiendo como bueno ese pago y por tanto, renuncian-
do en caso de que existieren a cualquier derecho;que pudiese co-
rresponderle; que como las prestaciones laborales que correspon-
den en un contrato de ese tipo, o sea por cierto tiempo, no pueden
ser otras que preaviso y cesantia, bonificaci6n y vacaciones, etc., o
salario caldos, seg6n los casos y como el reclamante reconoce que
la empresa no le adeuda mis nada por concept de prestaciones, es
claro como se ha dicho, que el citado pacto es un acuerdo median-
te el cual el reclamante da por satisfecha sus aspiraciones y renun-
cia a cualquier otro derecho que hipoteticamente pudiera corres-
ponderle, lo que es perfectamente valido, por lo que procede re-
chazar en todas sus parties la demarnda incoada por el reclamante";


96






Considerando, que como se advierte, los motives antes trans-
critos que son suficientes y pertinentes, justifican plenamente el
dispositivo de la sentencia impugnada; que, ademis, el examen de
dicho fallo muestra que el mismo contiene una relaci6n complete
de los hechos y circunstancias de la litis que han permitido a la Su-
prema Corte de Justicia verificar, como Corte deCasaci6n, que en
la especie le ha hecho una correct aplicaci6n de la ley; por todo lo
cual los medios que se examinan carecen de fundamentos y deben
ser desestimados;
Por tales motives, Primero: Rechaza el recurso de casaci6n in-
terpuesto por Agust(n Isidro Mayor, contra la sentencia del 6 de
mayo de 1977, dictada por la CUmara de Trabajo del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figure
copiado en parte anterior del present fallo.






JURISPRUDENCIA ACCESORIA AL CASO:




Del examen de las diversas disposiciones de la Ley 367 sobre
Contratos de Trabajo, result que no todas pueden ser considera-
das como de orden piblico para los fines de laaplicaci6n del Artf-
culo 83 del C6digo de Procedimiento Civil. En este orden de ideas
el juez a-quo ha hecho una correct aplicaci6n de ese principio al
declarar en su sentencia que el asunto litigioso no era comunicable
al Ministerio P6blico, por cuanto se trataba en la especie de una
demand que tend(a a regular los intereses privados de4as parties,
como consecuencia del despido injustificado que alegaron los obre-
ros demandantes. (B.J. 497, diciembre 1951, pig. 1785).
La noci6n de orden pdblico estA Intimamente ligada con la
lesi6n que pueda sufrir el interns general. Ona ley puede contener
disposiciones que sean de orden public y otras que no tengan este
carActer. (B. J. 497, diciembre 1951, pag. 1791).





La cesi6n de una empresa no extingue los derechos adquiri-
dos por los trabajadores y transmite al adquiriente todas las prerro-
gativas y obligaciones resultantes del contrato de trabajo que co-
rresponden al establecimiento cedido. Las obligaciones de los ce-
sionarios de empresas con los trabajadores de las mismas, anterio-
res a la cesi6n, son de carActer imperative, siendo indiferente, fren-
te a esas obligaciones con fuentes en la ley, las estipulaciones que
hagan entire s( las cedentes y los cesionarios de empresas, que resul-
tan en perjuicio de los trabajadores. (B. J. 637, julio 1963, pag.
690).

El tribunal a-quo consider que la disposici6nf contenida en
el pacto colectivo implicaba una renuncia a un derecho de los tra-
bajadores que no podfa ser renunciado de conformidad con el
Principio Fundamental IV del C6digo de Trabajo, el cual expresa
que los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores no pue-
den ser objeto de renuncia o limitaci6n conventional y que es nulo
todo pacto en contrario. La Corte de Casaci6n consider que, al
fallar el Juez a-quo de ese modo, hizo una aplicaci6n correct de la
ley. (B.J. 660, noviembre 1965, pag. 964).

Las leyes laborales son, en su conjunto, de interns social, aun-
que no todas sus disposiciones son de orden public, tal y como
sucede con las relatives a la prescripci6n. (B. J. 722, enero 1971;
pig. 227).

El document en que el trabajador renuncia a-sus reclamacio-
nes, reconoce que ha sido un trabajador m6vil y otorga recibo por
RD$100.00 como "donaci6n generosa" de la compaifa, no debe
ser descartado sobre la base de que las reglas del Principio IV son
de orden publico; si bien no constitute una prueba complete de lo
que"alega la compaiia. (B.J. 768, noviembre 1974: pag. 2940,
2948, 2961,2968,2975, 2981).

La renuncia de un trabajador a una parte de su sueldo conve-
nido es violatoria del Principio IV y nula. (B.J. 775, junio 1975,
pag. 1051).

El trabajador, al ser cancelado despuds de 25 afios al servicio
de la empresa, estamp6 su huella digital sobre un document y re-
cibi6 una donaci6n de RD$150.00. El principio fundamental de la
irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores hace que ca-
rezca de interns toda especulacidn sobre la forma como se escritu-
r6 el acto (B.J. 831, febrero 1980, pig. 319).


98







BIBLIOGRAFIA ADICIONAL

CODIGO DE TRABAJO DE LA REPUBLICAN DOMINICANA.



Amarance Baret, Carlos Alberto. LA RENUNCIA DE DERECHOS EN MA-
TERIA LABORAL. (Tesis Licenciatura en Derecho). Santiago: UCMM,
1983.

Alburquerque, Rafael. EL CONTRATO DE TRABAJO. Barcelona: M. Pa-
reja. 1976.

CabaneUas. Guillermo. EL CONTRATO DE TRABAJO. Buenos Aires:
Bibliogrifica Omeba, 1963.

Caldera. Rafael. DERECHO DEL TRABAJO. Buenos Aires: Ateneo, 1981.

Camerlynk. G. H. DERECHO DEL TRABAJO. Madrid: Aguilar, 1974.

Garcid. Manuel Alonso. LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD EN EL
CONTRATO DE TRABAJO. Barcelona: Bosch, 1958.

Gomes. 'Gottschalk, Eermidez. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO.
Mexico: Cardenas, 1978.

Hernindez Rueda, Lupo. STUDIO DE DERECHO DEL TRABAJO. San
Pedro de Macoris: UCE, 1972.
Krocoschin. Ernesto. TRATADO PRACTICE DE DERECHO DEL TRABA-
JO. Buenos Aires: Depalma, 1965.

Mujica Rodrfguez, Rafael. LAS OBLIGACIONES EN EL CONTRATO DE
TRABA O. Caracas: Wilmar Editores, 1968.

Natoli. Ugo. LIMITI CONSTITUZIONALI DELL' AUTONOMIA PRIVATE
NEL RAPPORTO DI LAVORO. Milan: Giuffr, 1955.





Ley No. 207 Sobre Auxilio de Cesantia y Prestaciones
por Despido

EL CONGRESS NATIONAL

HA DADO LASIGUIENTE LEY:

Art. 1.- Se modifican los artfculos 72 y 84 del 6Sdigo de Trabajo para
que rijan del siguiente modo:
Art. 72.- El patrono que ponga trmino al contrato de trabajo por
tiempo indefinido, en ejecucion del derecho de desahucio, pagarn al trabaja-
dor un auxilio de cesantia, cuyo imported se fijari de acuerdo con las reglas si-
guientes:
1) Despues de un trabajo continue, no menor de tres meses ni mayor
de seis, una suma igual a cinco dias de salario ordinario.

2) Despues de un trabajo continue no menor de seis meses ni mayor
de un afio, una suma igual a diez dias de salario ordinario.

3) Despues de un trabajo continue mayor de un afio, una suma igual a
quince dias de salario ordinario por cada afio de servicio prestado".

"Pirrafo: Toda fracci6n de un afio, mayor de tres meses sera paga-
da de conformidad con los ordinales 1) y 2) del present articulo".

"Art. 84.- Si el patron no prueba l just causa invocada como
fundamento del despido, el tribunal decara el despido injustifica-
do y resuelto el contrato por culpa del patrono y, en consecuencia,
condenara a este iltimo a pagar al trabajador los 4alores siguientes:

- 1) Si el contrato es por tiempo indefinido, las sumas que corres-
pondan al plazo del desahucio y al auxilio de cesantia.
2) Si el contrato es por cierto tiempo o para una obra o servicio
determinados, la mayor suma entire el total de salaries que fal-
tare hasta el vencimiento del trmino o hasta la conclusion del
servicio o la obra convenidos y la suma que habria recibido en
caso de desahucio sobre contratos de trabajo por tiempo inde-
finido, a menos que las parties hayan fjado por escrito una su-
ma mayor.

3) Una suma igual a los salarios'que habria recibido el trabajador
desde el dia de su demand hasta la fecha de la sentencia defi-
nitiva dictada en l6tima instancia. Esta suma no puede exce-
der de los salaries correspondientes a tres meses.

"Pirrafo: Las disposiciones de este inciso no serin aplicables
cuando surja un litigio que no sea por despido"

Aprobada por la CGmara de Diputados el 20 de marzo de 1984. Aproba-
da por el Senado el 11 de abril de 1984. Promulgada por el Poder Ejecutivo
el 30 de abril de 1984.

























































































































































ImprfMtt Enrlulalo. tL Voa.


ii ~ `)
I�1 ' rT