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Spanish


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
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Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas
1984-1990


PUCMMA0132_00001
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra



v.



Caribbean


Derecho


Revista de ciencias jurídicas : segunda época

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PUCMMA0132
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Santiago de los Caballeros : Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas


Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

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Revista de ciencias jurídicas
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 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Creation Date: September 1984
Publication Date: 1977-
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
serial   ( sobekcm )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526
Classification: lcc - K19 .C54
System ID: CA01600002:00010

Table of Contents
    Front Cover
        Front Cover 1
        Front Cover 2
    Presentacion
        Page 1
        Page 2
    Doctrina
        Page 3
        Page 4
        Page 5
        Page 6
        Page 7
        Page 8
    Jurisprudencia
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        Page 10
        Page 11
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        Page 13
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        Page 17
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    Back Cover
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        Page 22
Full Text























AfAo 1 Septiembre 1984 No. 1
a Ga


Contenido
Presentaci6n

Doctrina:
La Inconstitucionalidad de las Leyes por Vicios de Forma.
Adriano Miguel Tejada

Jurisprudencia
Sentencia del 16 de diciembre de 1983. Inconstitucionalidad de l
Ley 80.

Jurisprudencia Accesoria

Legislaci6n
Ley No. 223 que Instituye el Perd6n Condicional de la Pena
Jurispruden cia





Ley 80.




......... ...
















PRESENTATION


La REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS aparece en un nue-
vo format y con una nueva intenci6n. El prop6sito de hoy es
crear un 6rgano agil, de fAcil adquisici6n por los interesados y con
un enfoque quizds menos abarcador, pero mas profundo de laf-ea-
lidad jurfdica. Cada nfmero tratari de ahondar e ilustrar sobre un
punto jurfdico de actualidad e invitar a nuevos studios, en su sec-
ci6n de doctrine.

La secci6n de Jurisprudencia incluirA una decision reciente de
nuestra Suprema Corte que haya sentado un precedent en el pals
y vendrd acompafiada de jurisprudencias accesorias al caso para re-
dondear una vision lo mas complete possible del pensamiento de
nuestro mas alto Tribunal.

En el area de legislaci6n, ofreceremos el texto de una ley de
importancia para abogados y estudiosos del derecho.

Por esas razones, hemos iniciado una segunda 6poca de la Re-
vista de Ciencias Jurfdicas. Esperamos cumplir con las expectati-
vas que se han creado en ocasi6n de la salida de esta publicaci6n.

















































































































































































































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: -' i 1 I;"��






La f6rmula de este sistema, en el caso dominicano, ha sido
planteada de diversas formas en la constituci6n del pafs: desde la
que estableci6 el articulo 125 de la constituci6n de 1844s que im-
pide a los tribunales aplicar leyes inconstitucionales, hasta el texto
de la constituci6n de 19246 que se convirti6 en un incident para-
lizante del fondo de los asuntos. A partir de la reform de 1942,
la formula desapareci6 de nuestras constituciones aceptindose co-
mo bueno y vilido el principio de que nuestros tribunales son
competentes para conocer los alegatos de inconstitucionalidad.7

2.- El sistema que se aplica en nuestros tribunales, y que la
sentencia que comentamos ratific6, fue magistralmente explicado
en la exposici6n de motives que preparara la Comisi6n General de
la Asamblea Revisora de la Constituci6n, en 1942, y que dice en
part:

"No hay propiamente recurso de inconstitucionalidad. El vi-
cio de inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o
acto cualquiera es un simple alegato d'e las parties, en funci6n
de las pretensiones formuladas y para decidir si ellas son jus-
tas o no justas."

"Si nuestra Suprema Corte de Justicia tuviese la atribuci6n
polftica de enjuiciar la ley, el decreto, la resoluci6n o el regla-
mento, de una manera general, para aniquilarla por un solo
acto de autoridad, la existencia de un recurso de constitucio-
nalidad quedarfa justificado. La Suprema Corte de Justicia
ser(a entonces, en esa funci6n particular, un Tribunal de Ga-
rantfas Constitucionales, un organismo en cierto sentido su-
perior a los demis poderes del Estado, ya que en l1 quedar(a
depositada la extraordinaria facultad de dictar a todos los de-
mas poderes la significaci6n real de los preceptos constitucio-
nales. Pero el Poder Judicial, en nuestra organizaci6n pol(ti-
ca, tiene una funci6n mas limitada, mas concrete: se contrae
esencialmente a dirimir los litigios que se susciten entire par-
tes. El juez jams juzga la ley; la aplica tal cual es. Pero
cuando hay diversas reglas jur(dicas en conflict esta obligado
a solucionar ese conflict de alguna manera, porque le es im-
posible imponer ordenaciones contradictorias; cuando esas re-
glas emanan de autoridades distintas, obedecerd a la de mayor
jerarqu(a. Por eso se explica que atienda antes al canon cons-
titucional que a una ley del Congreso. Pero esta decision no
es general ni absolute. Adn despues de pronunciado el fallo,







el debate jur(dico contin6a abierto. En teorfa, la controver-
sia puede reproducirse ante los tribunales indefinidamente,
pero en la prdctica cesa por complete cuando la deliberac i6n
manifestada... revela la evidencia de la verdad jur(dica. La ley
inconstitucional no cae por un acto de autoridad de la Supre-
ma Corte de Justicia, sino por el desprestigio que result de la
comprobaci6n inequ voca del vicio que la afecta..."

"El examen de la constitucionalidad de las leyes, decretos, re-
soluciones y reglamentos en todos los casos en que sean mate-
ria de controversial entire parties, no es una cuesti6n que com-
pete exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia... puesto
que siendo inseparable del juicio de la contestaci6n promovi-
da entire las parties, la ultimidad de ese fallo result del hecho
de encontrarse dicha Corte en el puesto mis elevado de la je-
rarqufa judicial, sea que juzgue por s( misma el fondo o que
se limited a ejercer funciones de casaci6n."8
La Comisi6n, finalmente, recomend6 que para no dejar dudas
respect a la competencia de nuestros tribunales para conocer de
la inconstitucionalidad de las eyes, la Asamblea Revisora hiciera
una declaraci6n de principios que afirmara que: "1) No existe nin-
gun recurso encaminado a declarar, de una manera general, que
una ley, un decreto, una resoluci6n, un reglamento o una disposi-
ci6n cualquiera de la autoridad, es contraria a la Constituci6n; 2)
El examen de la constitucionalidad de las leyes, decretos, resolu-
ciones, reglamentos y actos de cualquier naturaleza puede promo-
verse como simple alegato en toda controversial entire parties, en
cualquier estado de causa, o hacerse de oficio por el juez apodera-
do del litigio, en raz6n de que ese examen es necesario para que el
juez pueda decidir la contestaci6n conforme al derecho y en ejecu-
ci6n expresa del art(culo 409 de la Constituci6n del Estado".

Como se puede ver, la decision del 16 de diciembre del 1983
ratifica en todas sus parties los principios establecidos en la exposi-
ci6n de cuarenta anos antes.
3.- Basados en los principios enunciados, la decision de la Su-
prema Corte o de cualquier otro tribunal, si esta 61tima no es cues-
tionada y adquiere la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada,
maniendrd su cardcter relative y la ley atacada permanecerA vigen-
te hasta una disposici6n legislative en contrario, en virtud del prin-
cipio de la separaci6n de los poderes establecidos en el art(culo 4
de la Constituci6n'o







La derogaci6n de la Ley 80 a causa de irregularidades de for-
ma, por tanto, s6lo podri'a hacerse por una resoluci6n del Congre-
so National que reconozca el vicio, o a trav6s de la aprobacion de
una nueva ley que mantenga el contenido de la actual Ley 80 y cu-
bra la irregularidad, pero nunca en virtud de un acto de otro poder
del Estado. El principle enunciado garantiza la existencia de una
de las caracteristicas del sistema politico dominicano como es el
de constituir un matrimonio sin divorcio entire los distintos pode-
res, que se controlan sin anularse.

Como afirma el professor Manuel A. Amiama, "este sistema
carece de la certidumbre N, rapidez que desear(an quienes piensan
en la necesidad de la instituci6n de un Tribunal de Garantfas Cons-
titucionales, pero la experiencia juri'dica se pronuncia en favor de
nuestro sijsema como el mas prudent y el mis adecuado..."11


NOTAS


1. Ct. Consrltuci6on de la Rep6blica Dominicana Exiisen varias
ediciones oficidles \ privadas del texto, ini luyendo una co-
menrada preparada por lus profesores del Deparramento de
Ciencias lurldicas de la LiCMM, Lic. lose Dario Suirez v el
au[or de ese art iculo.

2. Ct. B. 1. 70-4. ulio 1969. Pdg. 1570 y la jurisprudencia que
aparece en este nuinero de la Revista.

3. El ,ar.i L[er relartvo de la decision se basa. ademis. en el prin-
cipio de I. separaci6n de los poderes. pues la Consiituci6n no
atribuve a ningun 6rgano la capacidad de anular los across rea-
lizados por otro poder del Estado deniro de sus atribuciones
constitucionales. Cf. B. I 812. julio 1978. Pag. 1467.

4. Para mad ores detalles v comentarios acerca de esta decision.
CI. Lockhart. William B.. er al, THE AMERICAN CONSTI-
T U TUITION.

5. Ct. CONSTITUCIONES POLITICAL Y REFORMS CONS-
TITLICIONALES. Edici6n del Gobierno Dominicano. Hay
dos ediciones: la primera, en 1944. es de la Editora El Dia-
rio. La segunda, mis recienre. de ONAP.


6. Ibid







7. Cf. B. J. 704,julio 1969. Pag. 1570
8. Amiama, Manuel A., NOTAS DE DERECHO CONSTITU-
CIONAL.
9. Corresponde en el texto al actual articulo 46 de la Constitu-
ci6n.
10. Cf. Constituci6n de la Repdblica Dominicana, articulo 4. En
la jurisprudencia constitutional norteamericana, de done
viene nuestro sistema, este principio es una constant.
11. Amiama, Manuel A., Op. Cit. Pag. 208.


BIBLIOGRAFIA

Amiama, Manuel A., NOTAS DE DERECHO CONSTITUTIONAL
3a. ed. Santo Domingo. ONAP. 1980.
Brea Franco, Julio, EL SISTEMA CONSTITUTIONAL DOMINI-
CANO. Santo Domingo, UNPHU. 1983.
Duverger, Maurice INSTITUCIONES POLITICAL Y DERECHO
CONSTITUCfONAL. Barcelona. Ariel. 1982
GonzAlez Canahuate Almanzor, RECOPILACION JURISPRU-
DENCIAL INTEGRADA. (Materias: Procedimiento Civil y
Commercial; Penal). Santo Domingo. Editora El Pa(s. 1982.
Lockhart William B., et al THE AMERICAN CONSTITUTION.
St. Paul, Minn. West. 1981.
Suarez, Jose Dar(o y Tejada, Adriano Miguel, CONSTITUCION
DE LA REPUBLICAN DOMINICANA COMENTADA. Santia-
go. UCMM. 1982.
TavArez hijo Froildn, ELEMENTS DE DERECHO PROCESAL
CIVIL DOMINICANO. Santo Domingo. Ed. Cachaf6 1964.
Wheare, K. C., LAS CONSTITUCIONES MODERNAS. Barcelo-
na. Nueva Colecci6n Labor. 1975
Cappelletti Judicial Review in Comparative Perspective. 58 Calif.
Law Review. 1017.1970











JURISPRUDENCIA

MATERIAL: LABORAL - CONSTITUTIONAL
SENTENCIA DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1983. No. 38
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 80

La Suprema Corte de Justicia, despues de haber deliberado y
vistos los art(culos 41 y 46 de la Constituci6n, y 1 y 65 de la ley
sobre Procedimiento de Casaci6n;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los docu-
mentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de una re-
clamaci6n laboral y la subsiguiente demand intentada por Anto-
nio Cruz contra Teleantillas, C. por A., el Juzgado de Paz de Tra-
bajo del Distrito Nacional, dict6 el 26 de junio de 1981, una sen-
tencia cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRIMERO: Se
rechazan por improcedentes y mal fundadas las conclusions de la
parte demandada, Teleantillas, C. por A.; SEGUNDO: Se condena
a Teleantillas, C. por A., a pagarle al senior Antonio Cruz la suma
de RD$2,000.00 (Dos mil pesos) de conformidad con las modifica-
ciones del art(culo 11 del C6digo de Trabajo realizada por la Ley
80 y artfculo 3ro. de la susodicha ley, que hace la aplicaci6n del
art(culo 72 del C6digo de Trabajo; TERCERO: Se condena a Tele-
antillas, C. por A., al pago de los intereses legales de dicha suma;
CUARTO: Se condena a Teleantillas, C. por A., al pago de las cos-
tas, distraidas en provecho del Dr. Euclides Gutidrrez Felix, quien
afirma haberlas avanzado en su totalidad"; b) que sobre el recurso
interpuesto contra dicho fallo intervino la sentencia ahora impug-
nada en casaci6n, cuyo dispositivo es el siguiente: "FALLA: PRI-
MERO: Declara regular y vilido tanto en la forma como en el fon-
do el recurso de apelaci6n interpuesto por la empresa Teleantillas,
C. por A., contra sentencia del Juzgado de Paz de Trabajo del Dis-
trito Nacional de fecha 26 de junior del aiio 1981, dictada en favor
del senior Antonio Cruz, cuyo dispositivo figure copiado en part
anterior de esta misma sentencia y como consecuencia revoca en
todas sus parties dicha sentencia impugnada: SEGUNDO: Declara
la inconstitucionalidad de la Ley No. 80, de fecha 18 de noviem-
bre del afo 1979, y como consecuencia rechaza la demand incoa-
da por el sefor Antonio Cruz, contra la empresa Teleantillas, C.
por A., por las razones derivadas de dicha Inconstitucionalidad;
TERCERO: Condena a la parte que sucumbre, Antonio Cruz, al




n c icaw VMdre y Mou
BIBUOTECA
pago de las costas del procedimiento de conformidad con los art(-
culos 5 v 16 de la Ley No. 302 del 18 de junio de 1964 y 691 del
C6digo de Trabajo, ordenando su distracci6n en provecho de los
Dres. Ram6n Tapia Espinal y Licda. Mercedes E. Tapia L6pez,
quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad";

Considerando, que en su memorial el recurrente propone con-
tra la sentencia impugnada los siguientes medios de casaci6n: Pri-
mer Medio: Desconocimiento de la Ley No. 80 del afio 1979;
Segundo Medio: Violaci6n de los principios I, III y IV de Derecho
Laboral.- Falta de base legal; Tercer Medio: Contradicci6n de los
motives y el dispositivo de la sentencia recurrida; Falta de base le-
gal,

Considerando, que en sus tres medio de casaci6n reunidos, el
recurrente alega en sintesis, lo siguiente: a) que la Ley 80 de 1979,
no es inconstitucional pues fue debidamente promulgada por el
Poder Ejecutivo y toda ley tan pronto como es promulgada se hace
obligatoria y se sustrae a todo debate acerca de su regularidad, ain
cuando se hubiese violado la Constituci6n; que la validez de una
ley no puede discutirse indirectamente a proposito de litigios sobre
la regularidad de los actos administrativos, que en virtud de la se-
paraci6n de los poderes, que es uno de los principios fundamenta-
les de nuestro derecho p6blico, la autoridad judicial no puede inva-
dir las atribuciones del Poder Legislativo; que a los Tribunales no
les corresponde Juzgar la ley, sino aplicarla tal como estA escrita
sin que puedan modificarla o restringirla por ninguna considera-
ci6n, cual que fuese el poder o la potestad; b) que laramara a-qua
al declarar inconstitucional la indicada Ley 80, incurri6 en la viola-
ci6n de los principios I, III y IV del C6digo de Trabajo que prote-
gen y garantizan la funci6n social del trabajo; c) que la Cimara a-
qua al declarar inconstitucional la ley 80 incurre tambidn, en la
sentencia impugnada, en contradicci6n de los motives y el disposi-
tivo, pues mientras declara tal inconstitucionalidad hace aplicaci6n
de la Ley No. 302 de 1964 y del articulo 691 del C6digo de Traba-
jo que fueron dictados por gobiernos de facto; que por todo lo an-
teriormente expuesto sostiene el recurrente que la sentencia im-
pugnada debe ser casada, por los vicios y violaciones denunciados;
pero,

Considerando, a) que en la especie, el examen de la sentencia
impugnada pone de manifesto que la CGmara a-qua para declarar
la inconstitucionalidad de la Ley 80 de 1979 y rechazar en conse-







cuencia la demand, express en el indicado fallo, lo siguiente: "Es-
te proyecto de ley se origin en el Senado de la Repiblica, me-
diante moci6n presentada por el Senador por el Distrito Nacional,
Dr. Salvador Jorge Blanco, en fecha 28 de noviembre de 1978.
AllI, luego de ser conocido en el seno de la Comisi6n de Trabajo,
la cual lo recomend6 favorablemente en todas sus parties, fue apro-
bado en segunda lectura en fecha 19 de abril de 1979. En esa mis-
ma fecha fue remitido a la Camara de Diputados. Este hemciclo
lo conoci6 en fecha 25 de abril de 1979 y ese dfa fue aprobado en
Primera Discusi6n, seg6n consta en el Acta correspondiente, la No.
20, de esa misma fecha. Al conocerse en su segunda discusi6n, en
fecha 8 de mayo de 1979, la Camara decidi6, no obstante haberse
aprobado en primera discusi6n, enviarlo a studio de la Comisi6n
de Trabajo, segin consta tambidn en el Acta correspondiente, la
No. 23, de fecha 8 de mayo de 1979. Como la Legislatura Ordina-
ria no fue prorrogada y 6sta termin6 el 27 de mayo, el proyecto de
ley en cuesti6n, que estaba estudidndose en Comisi6n, quedo pen-
diente para conocerse en su segunda discusi6n en la Legislatura si-
guiente que comenzaba el 16 de agosto de 1979";

Considerando, que el PArrafo ro. del art(culo 41 de la Cons-
tituci6n Politica de la Repdblica Dominicana dispone lo siguiente:
"Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de
las dos Camaras al cerrarse la legislature, deberdn seguir los trami-
tes constitucionales en la legislature siguiente, hasta ser converti-
dos en ley o ser rechazados. Cuando esto no ocurriera as(, se ten-
dra el proyecto como no iniciado";

Considerando, que los prop6sitos perseguidos por el legisla-
dor constituyente en relaci6n con los proyectos de ley que hayan
quedado "pendientes" en cualquiera de las dos Cimaras al cerrarse
la legislature dentro de la cual se iniciara, no han sido otros de que
tales proyectos se conviertan en ley o se rechacen en la siguiente
legislature, de manera que los legisladores no tengan como "pen-
dientes" proyectos que debieron ser aprobados o rechazados en
dos legislatures consecutivas, criterio este que se reafirma por la
circunstancia de que el constituyente ha dispuesto que cuando eso
no ocurra as(, los referidos proyectos se considerarAn como no ini-
ciados";

Considerando, que el articulo 46 de la Constituci6n dispone
lo siguiente: "Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reso-
luci6n, reglamento o acto contrario a esta Constituci6n";






Considerando, que de conformidad con los principios de
nuestro derecho Constitucional, todo Tribunal ante el cual se ale-
gue la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto,
como medio de defense, tiene competencia y estd en el deber de
examiner y ponderar dicho alegato como cuesti6n previa al resto
del caso;

Considerando, ademAs, que en el estado actual de nuestra le-
gislaci6n, y por ende de nuestro Derecho, la disposici6n del art(-
culo 46 de la Constituci6n de la Rep6blica, lo que manda en cuan-
to al orden luidicial, es que todo Tribunal o Corte, en presencia de
una ley, resoluci6n, reglamento o acto contrarios a la Constituci6n
surgido con motivo de un process, en cualquiera de las materials de
su competencia, puede v debe pronunciar su nulidad aunque no la
hayan promovido las parties envueltas en el mismo, esto es de ofi-
cio, sin el cumplimiento de ninguna formalidad, de cualquier natu-
raleza que sea; que al proceder de ese modo los Jueces no estan in-
vadiendo atribuciones de otros organismos, ni violando los princi-
pios fundamentales de la separaci6n de los Poderes, sino dando ca-
bal cumplimiento a las facultades que se le otorga para examiner y
ponderar no s6lo la regularidad de las leyes, sino tambien sus al-
cances y prop6sitos;

Considerando, que en la especie es constant que el iter legis-
lativo de la Le, No. 80 de 1979, fue el siguiente: a) que en fecha
28 de noviembre de 1978, esto es, en la legislature que se inici6 el
16 de agosto de 1978 y que fue prorrogada hasta el 12 de enero de
1979, se introdulo el proyecto en el Senado como Camara de ori-
gen, pro ecto que qued6 pendiente en dicha Cmara al cerrarse la
referida legislature; b) que en la siguiente legislature que se inici6
el 27 de febrero de 1979, y que termin6 el 27 de mayo de ese mis-
mo aro, el Senado someti6 el asunto a studio de la Comisi6n de
Finanzas, la cual rindi6 un informed favorable en fecha 18 de abril
de 1979; c) que en las sesiones del Senado de los d(as 18 y 19 de
abril de 1979 N despues de las dos discusiones de rigor, qued6
aprobado el Proyecto en el Senado; d) que el 19 de abril de 1979
fue remitido el asunto a la Camara de Diputados; e) que en la Se-
si6n del 25 de abril de 1979 de la Camara de Diputados se someti6
el Pro ecto a una primera discusi6n, y luego, en la Sesi6n del 7 de
ma. o de 1979, cuando se proced'a a conocer de la Segunda discu-
si6n se decidi6 enviar el Proyecto a la Comisi6n de Trabajo de di-
cha CQmara; quedando en consecuencia, pendiente en esta la se-
gunda discusi6n del Proyecto, al cierre de la legislature que como






se ha dicho, termin6 el 27 de mayo de 1979; f) que la segunda dis-
cusi6n del Proyecto pendiente, se realize en la Sesi6n del 13 de no-
viembre de 1979, o sea dentro de la nueva legislature que se inici6
el 16 de agosto de 1979, y que resultaba ser una tercera legislature
en relaci6n con el citado Proyecto; g) que en esa misma Sesi6n del
13 de noviembre de 1979, el Poder Ejecutivo promulg6 la Ley No.
80 contentiva del Proyecto antes sefialado.

Considerando, que como consecuencia de todo lo anterior-
mente expuesto, es evidence que en la aprobaci6n de la referida ley
no se han cumplido los trimites constitucionales establecidos en el
Parrafo I del art(culo 41 de la Constituci6n, ya que el Proyecto co-
rrespondiente a esa ley hab(a quedado pendiente en la legislature
que termin6 el 12 de enero de 1979, y no fue convertido en ley en
la subsiguiente legislature que termin6 el 27 de mayo de 1979, si-
no en una tercera legislature, la que se inici6 el 16 de agosto de
1979 y termino en noviembre de ese mismo afio, como ya se ha di-
cho; que, por tanto la Cimara a-qua al declarar inconstitucional la
indicada ley, por los motives antes expuestos, no ha incurrido en
la sentencia impugnada, en ninguno de los vicios y violaciones de-
nunciados; por lo cual los alegatos que se examinan carecen de
fundamento y deben ser desestimados;

Considerando, b) y c) que el hecho de que se declare inconsti-
tucional la referida Ley 80 por violaci6n de las normas constitucio-
nales exigidas para su formaci6n no es atentar contra los principios
del C6digo de Trabajo, pues el contenido de la referida Ley 80 no
ha sido cuestionado; que tampoco en la sentencia impugnada se ha
incurrido en contradicci6n alguna por el hecho de que en la indica-
da sentencia se haya ordenado distracci6n en costas en virtud de
textos legales cuya validez no ha sido cuestionada;

Considerando, que por otra parte, la sentencia impugnada
contiene motives suficientes, pertinentes y congruentes que justifi-
can su dispositivo y una relacion de hechos que ha permitido a la
Suprema Corte de Justicia como Corte de Casaci6n, verificar que
en la especie se ha hecho una correct aplicaci6n de la ley; que en
consecuencia los alegatos del recurrente contenidos en los medios
que se examinan carecen de fundamento y deben ser desestimados;

Por tales motives, Primero: rechaza el recurso de casaci6n in-
terpuesto por Antonio Cruz contra la sentencia dictada por la Ci-
mara de Trabajo del juzgado de Primera Instancia del Distrito Na-
cional, el 24 de noviembre de 1981.







JURISPRUDENCIA ACCESORIA AL CASO:


La Suprema Corte de Justicia, ni tribunal alguno esti capaci-
tada por la Constituci6n para decidir acerca de los alegatos de in-
constitucionalidad de las leyes, decretos, etc., en virtud de instan-
cias directs. Para los fines del Art. 43 de la Constituci6n, es preci-
so reconocer que para que alegato cualquiera de inconstitucionali-
dad pueda ser tomado en consideraci6n por los tribunales es con-
dici6n indispensable que el alegato sea presentado como un medio
de defense o de impugnaci6n en el curso de una controversial entire
parties, que deba decidir el tribunal ante el cual el alegato de in-
constitucionalidad sea propuesto. B. J. 610, mayo 1961. Pag.
1130

Cf. B.J. 626, septiembre 1962. Pdg. 1494 (Asuntos Administrati-
vos)

Los funlionarios nombrados por autoridades competentes
deben ser tenidos como funcionarios de facto aun cuando su nom-
bramiento sea defectuoso y sus actos no son nulos de pleno dere-
cho. B. J. 666, mayo 1966. Pag. 849

De confoir midad con los principios de nuestro Derecho Cons-
titucionral, tdo tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionali-
dad de una le\, decreto, reglamento o acto, como medio de defen-
sa, tiene competencia y esta en el deber de examiner y ponderar
dicho alegat,.> como cuesti6n previa al resto del caso; si bien es cier-
to: que el -\rt. 7 de la Ley 1494 en su acpite a) dispuso que el Tri-
bunal Super ,or Administrativo no tuviera competencia para decidir
sobre ljs Luestiones que versaran sobre la inconstitucionalidad de
las le\ es, decretos, etc., no es menos cierto que esa disposici6n ex-
epCiional tenia incuestionablemente como base el hecho de que
aquella leI no permitsa el recurso de casaci6n contra las sentencias
de dicho Tribunal, por lo cual las decisions que 6l dictara sobre
esa trascendental material no podian Ilegar a la decision final de la
Supreme Corte de Justicia, a la que se le ha reconocido siempre la
atribuci6n de decir la 6ltima palabra en la interpretaci6n de la
Constituco6n de la Repiblica; que es precise admitir, sin embargo,
que, desde la votaci6n de la Ley 3835 de 1954, que abri6 el recur-
so de casaci6n contra sentencias definitivas del referido tribunal,
ha desaparecido la raz6n de ser de la disposici6n del articulo 7,
acipite a) de la Ley 1494, quedando as(en todo su imperio el de-








recho com6n en esta material, lo que significa que la referida Ley
3835, ha derogado implfcitamente el ya citado texto de ley. B.J.
670, marzo 1968. Pdg. 608

El Tribunal ante el cual se alegue la inconstitucionalidad de
una ley tiene competencia, y esta en el deber de ponderar, el alega-
to presentado al respect como cuesti6n previa. B. J. 670, marzo
1969. PAg. 611

...Tribunal Superior Administrativo, tiene competencia paia
decidir sobre la constitucionalidad o no de las leyes, decretos, etc.,
de character administrative, cuando ello sea indispensable para re-
solver los recursos de que sea regularmente apoderado... en nuestro
regimen constitutional se ha reservado siempre a la Corte Supre-
ma, expl'cita o implfcitamente, la facultad de decir la ultima pala-
bra sobre la constitucionalidad o no de las leyes. B. J. 704,julio
1969. Pag. 1570


...Como en nuestro regimen jur(dico no-existe el recuiso de
nulidad, ni el recurso principal de inconstitucionaildad- es~ obvio
que esos recursos no pueden ser admitidos, que si un interesado
desea invocar la inconstitucionalidad de alguna decision, ante la
Suprema Corte de Justicia debe previamente plantear el caso ante
los jueces del fondo, de modo que la cuesti6n de la alegada ncons-
titucionalidad se present en casaci6n como medio de defense. B.J.
752, julio 1973, Pdg. 2136.

Los tribunales carecen de facultad para poner en duda la legi-
timidad o constitucionalidad de los 6rganos del poder p6blico. B.J.
776,julio 1975. Pdg. 1388


Al lado de las garant(as expresamente consagradas por el Art.
8 de la Constituci6n, es precise reconocer el derecho de contraer
matrimonio y el de disolverlo por el divorcio. En consecuencia, la
Ley 3932 de 1954, mediante la cual se prohibe a los tribunales
aplicar la ley de divorcio cuando los c6nyugues contrajeron matri-
monio cat6lico, result nula de pleno derecho, seg6n el Art. 46 de
la Constituci6n. B.J. 797, abril 1977. P6g. 612. Tambidn B. J.
809, abril 1978. Pag. 743








La Ley Electoral, y las que la complementan, fieles en su tex-
to a las normas superiores de la Constituci6n que ya se ha citado,
en ninguna de sus disposiciones autoriza recurso alguno contra las
decisions de la junta Central Electoral por ante la Suprema Corte
de justicia, ni por ante otras instituciones del Estado; (y) ningun
Tribunal de la Republica por alto que sea, puede arrogarse atribu-
ciones que ni la Constituc16n ni las leyes le otorgan.

Por todo lo expuesto, es de toda evidencia, que la Suprema
Corte de Justicia, no tiene ingerencia alguna en las actividades de
los process electorales, no obstante cualquier violaci6n a la Cons-
tituci6n N a las leyes que en una decision de la Junta Central Elec-
toral pueda haberse incurrido; B. J. 812, julio 1978. Pdg. 1467

No existe ning0n recurso para solicitar por \ (a principal la in-
constitucionalidad. B. J. 812, julio 1978. Pig. 1478

SOBRE PRIMACIA DE LA LEY CONSTITUTIONAL Cf. B. J.
763, junio 1974. Pdg. 1775.

ALEGATO DE INCONSTITUCIONALIDAD FALLADO CON-
JUNTAMENTE CON UN RECURSO DE CASACION, BAJO UNA
CONSTITUTION DISTINTA A LA ACTUAL, Cf. B. J. 364, no-
viembre 1940. PAg. 645.







Ley No. 223 que Instituye el Perd6n Condicional de la Pena
EL CONGRESS NATIONAL
En Nombre de la Repiblica

CONSIDERANDO: Que constitute una marcada tendencia
de la modern penologia el evitar el cumplimiento de las penas de
corta duraci6n en aquellos casos en que el acusado, lejos de experi-
mentar una rehabilitaci6n beneficiosa para !l y para la sociedad,
sufrir(a las consecuencias generalmente perniclosas del paso por
una prisi6n;
CONSIDERANDO: Que el caso del individuo que compete
por primera vez un delito cuya naturaleza, as( como los m6viles
del mismo, hagan presumir que ha sido una cafda occasional, sin ex-
pectativas de reincidencia, debe tener un tratamiento diferente en
la aplicaci6n de la sanci6n que se le imponga;
CONSIDERANDO: Que este tratamiento debe conllevar el
perd6n conditional de la pena, a fin de que, si despues de un pe-
rfodo de observaci6n, el condenado demuestra haberse enmenda-
do, se le tenga como si hubiera cumplido su condena para todos
los efectos legales;
CONSIDERANDO: Que, por otra part, este mecanismo del
Perd6n Condicional de la Pena contribuira grandemente a descon-
gestionar las cArceles del pa(s, en muchos casos repletas de hom-
res, cuya libertad no conllevaria ningun perjuicio a la seguridad
social.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
Art. 1.- Los tribunales podrdn suspender la ejecuci6n de las
penas que impongan por sentencias condenatorias, cuando concu-
rran los requisitos siguientes:
a) Que la sentencia conlleve una pena restrictive o privativa
de libertad que no exceda de un afio;

b) Que el sujeto no haya sido condenado anteriormente por
crime o delito; y
c) Que los antecedentes personales del acusado y su conduct
anterior, as( como la naturaleza, las modalidades y los m6viles de-
terminantes del delito permiten presumir que no volverd a delin-
quir.







Art. 2.- Si el tribunal de primer o segunda instancia estima
procedente hacer uso de la facultad establecida en el articulo 1, lo
ordenard asi en la sentencia condenatoria en forma motivada, y fi-
jara un plazo determinado de observaci6n del sujeto, el que no po-
drd ser superior a un ario. El tribunal establecerd en la misma sen-
tencia las condiciones siguientes que debe cumplir el acusado:

a) Residencia en un lugar precise, que podr4 ser propuesto
por el propio condenado;

b) Sujeci6n a la %igilancia del Ministerio Publico del domicilio
donde debe residir el encausado, debiendo informar a este funcio-
nario cualquier desplazamiento fuera del lugar de residencia;
c) Adopcion, en el plazo que el mismo tribunal sefiale, de un
trabajo, profession \ ocupacion, siempre que no tenga otros medios
conocidos honestos de subsistencia y

d) Pago de las costas ) multas impuestas por sentencias, salvo
que el tribunal, por causa justificada, lo libere de esta sancion, sin
perjuicio de que se hagan efectiva de conformidad a las leyes y re-
glamentos igentes.
Art. 3.- El quebrantamiento de las condiciones sefialadas en el
articulo anteriol, dentro del perfodo de observaci6n, obligarA al
Ministerio Ptiblico a pedir que se revoque la suspension de la pena,
lo que decretara el tribunal del domicilio del condenado, previa
verificaci6n del motiko.

Ait. 4.- Si dentro del period de observaci6n, el sujeto fuere
acusado de cometer nue\o crimen o delito, quedarA automAtica-
mente re\ocado del peidon condicional de la pena, sin perjuicio de
la nueva sancion a que pueda ser acreedor el condenado.

ARTICULO 5.- Si hubiere transcurrido integramente el pe-
riodo de obser\aci6n sin que el perd6n condicional haya sido revo-
cado, se tendrc por cumplida la pena.

ARTICULO 6.- Para los fines de aplicaci6n de la present ley,
el Poder Ejecutito dictard los reglamentos que fueren necesarios.
Aprobada por el Senado el 29 de febrero de 1984. Aprobada
por la Cjmara de Diputados el 13 de junior de 1984. Promulgada
por el Poder Ejecutivo el 26 de junior de 1984.







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