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HIDE
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 Table of Contents
 El delito politico
 La estabilidad en el empleo
 Excepcion al principio de la divulgacion...
 La participacion de los trabajadores...
 Sumario de sentencias dictadas...
 Ediciones de la UCMM
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Group Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Title: Revista de ciencias jurídicas
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 Material Information
Title: Revista de ciencias jurídicas
Uniform Title: Revista de ciencias jurídicas (Universidad Católica Madre y Maestra. Departamento de Ciencias Jurídicas)
Physical Description: v. : ; 22 cm.
Language: Spanish
Creator: Universidad Cato´lica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Juri´dicas
Universidad Católica Madre y Maestra -- Departamento de Ciencias Jurídicas
Publisher: Universidad Cato´lica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Juri´dicas
Universidad Católica Madre y Maestra, Departamento de Ciencias Jurídicas
Place of Publication: Santiago, R.D
Santiago, R.D
Publication Date: Julio-Septiembre 1978
Frequency: three issues yearly[<2002->]
quarterly[ former 1977-]
monthly[ former <, sept. 1984->]
bimonthly[ former <, 1992>-1994]
quarterly[ former 1995-]
monthly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Law -- Periodicals -- Dominican Republic   ( lcsh )
Genre: law report or digest   ( marcgt )
legal article   ( marcgt )
legislation   ( marcgt )
periodical   ( marcgt )
 Notes
Dates or Sequential Designation: No. 1 (oct./dic. 1977)- ; 2a época, año 1, no. 1 (sept. 1984)- ; 3. época, año 1, no. 1 (nov. 1991)- ; 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002)-
General Note: Title from cover.
General Note: Latest issue consulted: 4. época, no. 1 (sept./dic. 2002).
General Note: Has supplements with distinctive titles.
 Record Information
Bibliographic ID: CA01600002
Volume ID: VID00004
Source Institution: Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra - Recinto Santo Tomás de Aquino
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 10082860
lccn - 85644548
issn - 0379-8526

Table of Contents
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    Table of Contents
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    El delito politico
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    La estabilidad en el empleo
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    Excepcion al principio de la divulgacion del secreto profesional
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    La participacion de los trabajadores en la empresa
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    Sumario de sentencias dictadas por tribunales de Santiago
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    Ediciones de la UCMM
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Full Text



























































JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE, 1978-No. 4- AO 1978.




































UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
Monseor Agripino Nez Collado, Rector

REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS
Juan Jorge Garca, Director

Consejo de Redaccin:
Mercedes Mara Estrella
Jos Maria Hernndez
M ilton Ra Guevara
Ricardo Minio
Luis Bircann RoIas






RECIBir O 1 8 ??

Revista de

CIENCIAS

JURIDICAS


c 40






..9






Contenido





EL DELITO POLITICO
Por Marino Daz Almonte ................... ............. 5
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Por los Daro Surez .... ............ . ... . ...... .. 1
EXCEPCION AL PRINCIPIO DE LA DIVU LG~ON DEL SECRET
PROFESSIONAL. ESTABLECIDA EN EL #JTICULO No. 52 DE LA LEY 168
SOBRE DROGAS Y NARCOTICS
Por Rosa Balle, Carmelina Gil v Wardes Tabar ............ ..... . . 35
L'A PARTICIPATION DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA
Por julio Gustavo Olivo Veras ........... ....................... 43
SUMARIO DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE
SANTIAGO
Por Victor Jos Castellanos Estrella ............ ........... .. . 51

















^1 1

EL DELITO POLITICO

Por Marino Daz Almonte


Necesidades de Incriminacin en Materia de Delito Poltico

1. Breve Estudio Comparativo del Derecho Positivo

Si bien no hay una concretizacin generalizada en las legisla-
ciones de los distintos pases, son muchos los cdigos que consagran
la punidad del delito objeto de este trabajo, en otros pases aunque
no est establecido en los cdigos, es castigado por leyes especiales.

En Alemania, hay una evidence evolucin que puede apreciarse
claramente. Antes de 1933, al hablar de represin del delito poltico
en el artculo 20 del cdigo penal de ese pas, se usaba el trmino
"Sentimiento deshonroso", en cambio, despus de la reform de
1933 se utiliza la nominacin de "motivos honorables". Antes de
1933, se tena la concepcin de considerar el delito poltico como el
ms grave y por tanto deba ser reprimido con la pena ms dura;
luego de la reform, se ve con simpata al delincuente poltico,de ah
la calificacin de "motivos honorables" que se le daba y por tanto el
hecho delictuoso se castigaba con la pena de simple arrest.

La legislacin holandesa establece la llamada "custodia honest"
si el agent acta impulsado por mviles "no deshonrosos".
El artculo 24 del cdigo penal noruego atribuye al delincuente
poltico un mayor grado de moralidad que el autor de un crime de
derecho comn e impone, al igual que en la legislacin alemana, "la








pena de arrest, para reemplazar a la de prisin, cuando el acto
pudiera suponerse que no es resultado de mviles inmorales".1

La legislacin de Suiza consagra que "el mvil honorable" debe
ser tenido en cuenta como circunstancia atenuante.

El legislator italiano, por su parte, se destaca por el hecho de
intentar definir el delito poltico en el proyecto de ley de 1921
elaborado por Enrique Ferri; en el artculo 13 del mencionado pro-
yecto de ley se establece que: "Son delitos poltico-sociales los
cometidos exclusivamente por motivos polticos o de inters colecti-
vo";2 cuando se elabora el cdigo penal italiano de 1930, no se
elimina el criterio de considerar como delitos polticos los cometidos
por esos motivos, sin embargo, se le relega a un segundo plano,
cuando en el ltimo prrafo del artculo 8 se establece "a los efectos
de la ley penal es delito poltico todo delito que ofende un inters
poltico del Estado o un derecho politico del ciudadano. Se conside-
ra adems como delito poltico, el comn, determinado en todo o en
parte, por mviles polticos".3

En la Unin Sovitica, el cdigo penal de 1927 tena el delito
politico como el ms grave, en cambio, el cdigo penal de la Repbli-
ca Rusa de 1960 no contempla ese carcter de gravedad.

Los pases iberoamericanos que incriminan la infraccin poltica
en sus cdigos penales son: Paraguay, Per, Uruguay, Costa Rica y
Cuba; en este ltimo pas no sabemos si se han hecho modificaciones
despus de la Revolucin.

El cdigo penal francs, no consagra el delito poltico; pero ste
hla sido incriminado por leyes especiales que tratan de interpreter
disposiciones del cdigo penal para aplicarla a los delincuentes llama-
dos polticos; y as tenemos que la ley del 28 de abril de 1832,
institute una escala de penas criminals especiales para estos crme-
nes,tendiendo a su gravedad; en 1848 se produce un extraordinario
advance en esta material de delitos politicos; una ley del 8 de junio de
1850 reemplaza la pena capital por la deportacin quedando, de esta
forma, completada mediante una ley adjetiva la disposicin constitu-

1. Jimnez de Asa, op. cit., p.175.
2. Idem.
3. Idem.









cional de AO'; otras leyes posteriores se encaminan a dulcificar la
pena para los delincuentes poltico-sociales.

Garaud resume toda esta evolucin de la legislacin francesa de
la siguiente manera: ". .la bsqueda del punto de saber si un crime
o un delito tiene un carcter polticd present cuatro intereses princi-
pales: 10 Desde el punto de vista de la extradicin que no debe ser ni
pedida por el gobierno francs, ni acordada por l para infracciones
polticas; 20 desde el punto de vista de la aplicacin de la pena de
muerte que no puede serpronunciada por una corte de apelacin o
por un consejo de guerra por crime poltico; 30 desde el punto de
vista de la relegacin que no puede ser la consecuencia de una conde-
nacin poltica; 40 en lo que concierne a rehusar conceder un plazo
que no puede estar fundado sobre la existencia de una condenacin
anterior por crime o delito poltico".4

Nos hemos detenido en la anterior legislacin, debido a que es
ella nuestro sistema legislative madre, y como es natural, al tratarse
de la incriminacin del delito poltivo, va a influir en tal virtud en el
caso de la Repblica Dominicana, situacin que trataremos en un
captulo aparte.

2 Razones por las cuales Debe Incriminarse el Delito Poltico

Las mismas razones aportadas, al tratar la incriminacin general
del delito son vlidas para esta especie, es decir, que en material de
delito poltico, se debe aplicar la mxima "nullum crime, nulla
poema sine lege", Se ha aplicado este principio en las legislaciones
de los diversos pases' al caso de la delincuencia poltica? Hemos
visto que son muchos los pases, que establecen, en sus derechos
positivos, la incriminacin, aunque una gran cantidad se han manteni-
do indiferentes. Est toda la doctrine de, acuerdo con la punidad del
delito poltico?, por qu debe ser incriminado especficamente este
tipo de infraccin? Las respuestas las daremos en lossiguientesp
rrafos,

Histricamente hemos visto que en la poca del absolutismo, el
delito poltico era considerado como la ms grave de las infracciones,
ya que se le asimilaba o se le iguala al sacrilegio; y que esta concep-
cin fue variando hasta que en nuestros tiempos la gran mayora de

4. Garraud, R. Trait Thrique et Pratique du Droit Pnal Franjais T.I., Sirey, Pars
1913, p.264.
.'' 5

.I~. ^(^








la doctrine est de acuerdo conque el delito poltico es cometido por
mviles que no implican el mismo grado de inmoralidad que los
delitos comunes y que por tanto el delincuente, poltico debe ser
reprimido con la pena ms benigna.

Garraud al emitir su opinion al respect, dice: "Los delitos
polticos se dirigen contra el orden establecido, ms que contra las
bases de la vida social. No tienen por lo tanto, la misma trascendencia
que los de.derecho comn. Los mviles que impulsan a obrar en los
delitos politicos son, con frecuencia desinteresados y algunas veces
loables. Los delitos polticos no presentan, por lo tanto la misma
inmoralidad que los de derecho comn",5 como se ve claramente, el
gran maestro de derecho penal francs enaltece al delincuente polti-
co; esto, indudablemente, da pie a que sea tratado de forma diferente
que el delincuente de derecho comn y en consecuencia debe ser
condenado con la pena ms dulce.

Son suficientes las razones que hemos sealado, para justificar
una represin legal del delito poltico? Creemos que hacen falta
otras justificaciones de ms peso y por eso citamos lo que al respect
nos dice Mariano Ruiz Fune. "Debemos separar de la criminalidad,
para excluirlas de un tratamiento especial, aquellas infracciones que
afectan simultneamente la forma de delito poltico y de crime de
derecho comn, que por su gravedad o por su carcter degradante
son repudiadas por la conciencia universal y humillan la ley del pro-
greso. Pero ante cualquier hecho de apariencia delictudsa, que realize
o trata de realizar aquel sentimiento de amor a lo nuevo que Lombo-
so denomin felizmente filoneismo, las enseanzas de la Historia y
las experiencias del Derecho deben forzarnos a dulcificar y a especia-
lizar la represin.6

Algunos autores han querido justificar que no es necesaria la
incriminacin del delito poltico. "Esto dificulta enormemente la'
concrecin del delito en una formula exacta, durable o al menos no
sometida a las fluctuaciones histricas. Con anlogas razones Carraca
dej de investigar filosficamente sus fundamentos: el delito polti-
co, dijo, represent apenas un inters histrico, pero como doctrine
jurdica escapa al derecho represivo.. ."7

Parece que Prez, el autor citado, y Carraca, piensan que la
historic es como una nave dirigida a la Luna, que una vez quema una
5. Ibid, p.275.
6. Ruiz Fune, Mariano. Evolucin del Delito Poltico, Ermes, Mxico, S.F., p.335.
7. Prez, Luis Carlos. Tratado de Derecho Penal, T.III, Temis, Eogot, 1968, p.103.







BIBLIOTECA
etapa, se desintegra esa parte perdindose para siempre en el espacio
csmico, no, respetables tratadistas, la historic es una ciencia y como
tal susceptible de studio y aprendizaje; en este sentido, hay quienes
aprenden para aplicar sus conocimientos a favor del progress; pero
hay otros que estudian para volver al regresionismo ya con un mayor
grado de peligrosidad, pues ya tienen la experiencia de sus antiguos
maestros. Un ejemplo palpable de lo que acabamos de decir, lo tene-
mos en nuestra propia Amrica Latina con el caso de la hermana
Repblica de Chile, donde hay unas fuerzas armadas de una induda-
ble profesionalizacin, sin embargo, all se han cometido los ms
abominables crmenes; se podra argumentar que de todas maneras
esos asesinatos se hubiesen cometido, pues la ley slo est en el
papel; no obstante, el jurista debe pensar ticamente, no es pensar
que tal o cual rgimen ejecute o no la ley, lo important para el
professional del derecho es abogar por el derecho just; el abogado
conocedor del principio de la benignidad penal para ciertos hechos
del hombre, entire ellos el delito poltico, consciente de que de no
existir un instrument legal que le permit al juez obrar con justicia,
deja la puerta abierta a los tiranos o a los que se disfrazan de dem-
cratas, pero tiranos al fin, para que cometan todo tipo de arbitrarie-
dades. Si el jurista no responded a esa responsabilidad ineludible mo-
ralmente, que es luchar por la incriminacin del delito poltico para
que se aplique la pena ms dulce, entonces sufrir la consecuencia de
saberse culpable de las barbaries que puedan cometer en el porvenir
ciertos gobernantes. Extraa y repugnante miseria moral la de cier-
tos pases! Un jurista tiene el deber de career que se trata de un
fenmeno transitorio de decadencia de una convulsin pasajera de la
tirana, entire dos situaciones democrticas permanentes, la que se
agot con la guerra y la que debe impedir en el porvenir, por los
cauces de la justicia y de la moral, la ms grave revolucin que
registrara la Historia: la que podran desencadenar las esperanzas
frustradas de los hombres".8
Y ms adelante expresa Ruiz Fune: "...Todo jurista es ahora
un beligerante de la defense del derecho contra la brutalidad, la
opresin y la barbarie, o un desertor de estos deberes frente al ene-
migo. Si se equivoca, el error no tiene importancia, porque el derecho
no es un concept formal, sino una aspiracin ideal, cuyos fracasos
fortalecen siempre su proyeccin del future, que es su nota ms alta.
Laski ha dicho, en una frase bellsima, que los hombres consideran en
todo moment la suma de sus esperanzas como equivalent de la
justicia".9
8. Ruiz Fune, op. cit., p.339. a re 1
9. Ibid, p.340. .
piii:r. L~rZI ri2EC .








Con esta brillantsima aportacin del citado autor, queda ms
que justificada la necesidad de incriminar el delito politico aplicando
la pena ms benigna, pues de la nica manera, que en nuestro dere-
cho, puede haber una manifestacin de la justicia es a travs de un
texto legal.

El Delito Poltico en la Repblica Dominicana
En los ltimos aos ha estado sobre el tapete el problema de los
llamados presss polticos" y que el Jefe de Estado de nuestro pas lla-
m en una ocasin "polticos presss, a lo cual nos referimos en la
introduccin; el problema se plantea a nivel jurdico, al querer deter-
minar si una persona que compete un delito, en apariencia, de derecho
comn, se le puede tratar como a un delincuente poltico, porque el
hecho ha estado rodeado de una series de circunstancias que lo dife-
rencian de los delitos comunes normales.

Habra que ver si en nuestro sistema de derecho, el anlisis de la
cuestin tiene alguna utilidad prctica o nicamente tiene inters a
nivel terico. Veamos el asunto a la luz de nuestras constituciones, de
las leyes adjetivas y de las decisions jurisprudenciales si las hay.

A. Las Constituciones

La primera constitucin dominicana que se refiri a los delitos
polticos fue la de 1908, que al enumerar los derechos individuals en
su artculo'60 apartado 17, deca expresamente "Jams podr impo-
nerse la pena de muerte por delitos de carcter politico; stos sern
definidos por una ley"; el artculo 35 consagra las atribuciones del
congress y, una de ellas es contenida en el apartado 60 de ese artcu-
lo:

"60 Conceder amnista por causes polticas" y el artculo 53 se
refiere a las atribuciones del Presidente de la Repblica; el apartado
80 establece:

"80 Conceder indultos por causes polticas".

En la reform constitutional de 1942, desaparecieron las dispo-
siciones del artculo 60 de la constitucin de 1908 y las del artculo
35 acpite 60 relatives a las atribuciones del Congreso, as como las
del artculo 53, apartado 8 referentes a las funciones del Presidente
de la Repblica en material de delitos polticos; sin embargo al hablar
de los derechos individuals se ampla la proteccin a la persona en el
artculo 6, apartado primero, cuando dice textualmente .no po-






S1.UOTECA


dr imponerse la pena de muerte, ni otra pena que implique prdida
de la integridad fsica del individuo". Aunque no se especifica en esta
constitucin, que no se debe imponer la pena de muerte por causes
polticas y como no hay una disposicin especial que la establezca
por estos motivos, al delincuente poltico no se le puede imponer
esta pena; pero hay que notar que en esa Carta Magna no se menciona
el delito ni el delincuente, poltico, de ah que hay un descono-
cimiento constitutional de este tipo de infraccin en la constitucin
de 1942, que dicho sea de paso, correspondi a la poca del Tirano.

La Constitucin de 1966, que es la que est en vigor en la
actualidad, faculta al Congreso Nacional a conceder amnista por
causa poltica en el artculo 37 acpite 27:

"270 Conceder Amnista por causes polticas" y el epgrafe 27
del artculo 55, de la misma constitucin relative a las facultades del
Poder Ejecutivo, dice:

"270 Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condi-
cional, en los das 27 de Febrero, 16 de Agosto y 23 de Diciembre de
cada ao, con arreglo a la ley". Quiere esto decir, al no mencionar
directamente al delincuente poltico como susceptible de ser favore-
cido por un indulto, que el Primer Mandatario de la Nacin, no lo
pueda conceder en su favor? De ninguna manera, pues segn un viejo
principio jurdico, "Lo que no est prohibido es permitido", por lo
tanto el representante del Poder Ejecutivo, puede legtimamente con-
ceder indultos en provecho de los delincuentes considerados polti-
cos.

De lo anteriormente dicho, se puede colegir que el delincuente
politico se encuentra protegido constitucionalmente en la actualidad
en la Repblica Dominicana, aunque no de una manera total, pues
como vimos la funcin de conceder indultos por motivos polticos
por parte del Presidente de la Repblica, no se encuentra especificada
en el texto constitutional de la actualidad.

B. La Legislacin Adjetiva

La mencin de delito poltico, aparece por primera vez en nues-
tra vida republican, en el ao 1898, durante el gobierno de Lils,
cuando mediante el Decreto No.3820 del Poder Ejecutivo se ordena-
ba a los procuradores fiscales de Santo Domingo, Azua y Montecristy
el sobreseimiento y clausura de todo process promovido en el curso
de los aos 1893 y 1894 a causa de delitos polticos, y especialmente
1;. i< waest 9
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en lo que apareciera comprometida la responsabilidad penal del nom-
brado Andrs Gmez Pintado, en razn de que esos delitos "no
tenan objeto til en cuanto al inters de la sancin penal". Se argu-
mentaba que la generalidad de los delincuentes se haban acogido a
un indulto concedido al efecto y slo se mantena persecucin contra
los que no se haban acogido al beneficio del indulto, especialmente
el nombrado seor Gmez Pintado.

Una ley del 15 de julio de 1911, que aparece en la Gaceta
Official No.2209 y que segn el encabezado de la misma, que lleva el
Nq.5007, define los delitos polticos. En realidad no hace tal defini-
cin la referida ley, sino seala una series de artculos del Cdigo
Penal, constitutivos de un conjunto de delitos que deben ser conside-
rados politicos, la citada ley dice:

"Art. 10 Se reputan delitos polticos, las infracciones previstas
en las secciones 2a. y 3a. del captulo I y en todo el captulo III del
mismo Ttulo y Libro del Cdigo Penal de la Repblica.

"Art. 20 La pena de muerte sealada para algunas de las infrac-
ciones aue el artculo anterior abarca, se sustituye con la de veinte
aos de trabajos pblicos".

"Dada en la ciudad de Santo Domingo, a los 28 das del mes de
junio de 1911. ..10

No poseemos la exposicin de motives de esta ley; pero la lgica
nos indica que el legislator de 1911, quiso satisfacer la disposicin
constitutional de 1908 que establece que los delitos polticos seran
definidos por una ley posterior; por otra parte nuestros legisladores,
por lo regular a travs de la historic, han seguido a los franceses, por
eso la ley que acabamos de ver, es casi una traduccin de la ley
francesa del 8 de octubre de 1830. Esto se justifica por ser la francesa
nuestra legislacin madre y por la concordancia existente entire los
cdigos francs y dominicano.

En resume, segn esta ley, son delitos polticos: 1) los crme-
nes contra la seguridad interior del Estado en trminos generals.
Estos crmenes comprenden: los atentados y traumas contra el Jefe
del Estado del artculo 86 al 90; 2) los crmenes tendientes a turbar
el Estado con la guerra civil, con el empleo illegal de las Fuerzas

10. Vase, Coleccin de Leyes, Decretos y Resoluciones, Edicin Oficial de 1910 a 1911,
p.257.









Armadas; el pillaje y la devastacin pblica del artculo 91 al 106; 3)
en general los crmenes y delitos contra la Constitucin, del artculo
109 al 131; 4) las infracciones relatives a las sociedades o reuniones
ilcitas, del artcullo 291 al 294.

Despus de la ley de 1911 se han dado una series de leyes y
decretos-leyes concediendo amnista por motivos polticos; por
ejemplo: la Ley No.5171 del 18 de diciembre de 1912, G.O.
No.2358; Ley No.137 del 26 de febrero de 1966, G.O. No.8972, esa
ley no menciona que la amnista concedida al efecto fuese por moti-
vos polticos; pero esto est tcitamente establecido en la exposicin
de motivos; Decreto No.5341 del 12 de octubre de 1914, G.O.
No.2545; Decreto No.5386 del 2 de diciembre de 1914, G.O
No.2560. Suministrados estos datos a ttulo de informacin, volva-
mos con la ley de 1911 para decir que como ella no ha sido abrogada,
el delito poltico se encuentra incriminado legalmente en nuestro
Derecho Penal; en las conclusions haremos nuestras consideraciones
al respect.

C. La jurisprudencia

Las investigaciones hechas por nosotros, nos demuestran que
nuestra Suprema Corte de Justicia ha tenido muy pocas oportunida-
des de pronunciarse en material de infracciones polticas.

La obra de derecho penal del penalista dominicano Leoncio
SRamos, nos presta una valiosa colaboracin al aportarnos una senten-
cia de nuestro ms alto Tribunal de justicia del 10 de julio de 1918,
que estableci los siguientes principios:

"a) Que la frase causaa poltica" empleada en el artculo 35 de
la Constitucin (la de 1908 vigente entonces), para determinar la
clase de infracciones a cuyos autores puede el Congreso acordar el
beneficio de la amnista, no significa otra cosa que delitos polticos;
puesto que la amnista slo puede referirse a hechos punibles y stos
son delitos comunes o delitos polticos; y b) Que segn la ley de
fecha 20 de abril y 19 de mayo y 28 de junio de 1911, slo se
reputan delitos politicos, las infracciones determinadas en la ley y
que "el recurrente X fue (sic) declarado culpable de homicidio, he-
cho no comprendido entire los delitos polticos, segn la citada
ley". 1

11. Ramos, op. cit., p.144.

".: ** 11









No hacemos un comentario sobre esta sentencia, debido a que
para nuestros fines lo que nos interest saber es que la Suprema Corte
de Justicia, como intrprete de la ley y salvaguarda de la unidad de
jurisdiccin reconoci en 1918 que en el pas existen delitos polti-
cos sancionados por la ley y por ltimo que por lo menos existe un
precedent jurisprudencial, relative a la delincuencia poltica en la
Repblica Dominicana.

Conclusion

10 Que es necesario que se incrimine el delito poltico mediante
leyes especiales siguiendo la tnica no slo de la aplicacin de la pena
ms dulce, sino instituyendo todo un rgimen de benignidad penal en
provecho del delincuente poltico, debido a que ste no represent
para la sociedad el mismo peligro que el delincuente de derecho
comn.
20 En la Repblica Dominicana, el delito poltico se encuentra
incriminado, por nuestras leyes adjetivas y hay una cierta proteccin
constitutional para los que delinquen por motivos polticos.

En lo relative a la proteccin constitutional, el constituyen de
1966, aplic en teora, el principio de dulcificacin o benignidad de
las penas, al establecer, como una atribucin del Congreso, el conce-
der amnista por motivos polticos, en cambio, en lo que respect a
las leyes adjetivas, el legislator de 1911, siguiendo el estilo francs
determine que son delitos polticos, un conjunto de hechos punibles,
con la finalidad de aplicar la sancin ms fuerte en contra de perso-
nas que delinquen en busca del bienestar social, y el decir esto de
ninguna manera queremos decir que este tipo de delincuente march
en todo moment por el sendero correct. Lo que lo hace merecedor
de la aplicacin de una pena menos fuerte, es su convencimiento de
que acta en provecho del bien comn que es uno de los fines princi-
pales del derecho.

Por otra parte, los legisladores de los ltimos tiempos, y muy en
especial los actuales, no se han preocupado en nada que signifique
favorecer al delincuente politico, por ejemplo elaborando una ley de
amnista en favor de ciertos press que en puridad de criterio son, a
nuestro juicio, delincuentes polticos, faltando, con esto, al precepto
constitutional qu as se lo manda; esto se explica por el hecho de
que los integrantes de nuestras Cmaras Legislativas se pliegan dcil-
mente a la lnea poltica del Poder Ejecutivo, de ah que cualquiera
iniciativa favorable a los que guardian prisin por motivos polticos y
en cualquier otro orden que implique una variacin de la poltica del







: .. ^, -- y1 mafestrd

Estado, tenga que partir del Poder Ejecut 1Toa esto va en contra
de la elaboracin de las leyes siguiendo un criterio netamente jurdi-
co, sacrificando, en consecuencia, el soado ideal del derecho just.

Por ltimo, la cuestin de la incriminacin del delito poltico,
slo tiene, por el moment, un inters terico, pues en la prctica,
except la sentencia aludida precedentemente, los Tribunales domi-
nicanos no tienen en cuenta el carcter poltico o no de una infrac-
cin al aplicar la sancin penal, cosa esta que en definitive, en el
estado actual de nuestro derecho, no tendra ninguna relevancia debi-
do a que en definitive, la pena que se aplica es la de derecho comn,
toda vez que al pretender incriminar el delito poltico, el legislator
de 1911, no sigui la lnea correct, que es la que siguen la mayora
Sde las legislaciones vigentes, es decir, considerar que como el delin-
cuente politico no represent un gran peligro social, se le debe casti-
gar con la pena ms benigna.



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Sl 1.: .




















LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

Por Jos Daro Surez


1. Introduccin

"La estabilidad de los trabajadores en sus empleos es el proble-
ma present en el Derecho del Trabajo, porque es un supuesto nece-
sario para la realizacin de la seguridad social".1

La ruptura abusiva de la relacin laboral provoca graves proble-
mas:

1) Un individuo desempleado,
2) Una sociedad con la obligacin de buscar ocupacin o un
ingreso de sustitucin,
3) El desaprovechamiento de una fuerza de trabajo.

Es as como surge un problema tanto individual como social.

Para solucionar este problema surge en la segunda postguerra
mundial la tendencia a lograr la estabilidad en el empleo. Desde aqu
comienza a postularse la tesis de la permanencia de la relacin de
trabajo, mientras subsistan las condiciones que le dieron origen. La
duracin de la relacin de trabajo es, indefinida y para su disolucin
es necesario una causa razonable.

IL. Parte General
A. Concepto de Estabilidad :'"

Las medidas empleadas para cohS 1Na estabilidad tienen un
...17









double fin: de seguridad econmica y el de afianzar la posicin del
trabajador en la empresa a los fines especficos del derecho social.2

"La estabilidad... no es sino una permanencia ms enrgica-
mente garantizada por cuanto mediante ella el trabajador se encuen-
tra ms slidamente incorporado a la empresa".3

B. Origen y Evolucin de la Estabilidad

En la segunda postguerra mundial se ha iniciado la lucha por la
estabilidad de los trabajadores en sus empleos, como premisa necesa-
ria para lograr la seguridad social.

Para algunos la estabilidad en el empleo proviene del Derecho
Administrative, en el cual la estabilidad e inamovilidad funcionarias
son tradicionales y tpicas.4 En nuestro pas los trabajadores ordina-
rios gozan de mayor proteccin que los funcionarios y empleados
pblicos, tal es el caso en la Ley 269 del 24 de Junio del 1966 que
quita la proteccin laboral a las personas que prestan servicios al
Estado y a las instituciones autnomas.

Otros entienden que la estabilidad nace implcitament tanto de
los vnculos obligacionales que crea el contrato de trabajo, como del
carcter de ejecucin continuada el cual le es inherente.5

Villalpando consider que ms all de los vnculos obligacio-
nales que crea el contrato de trabajo est la accin reinvidicativa de la
clase obrera y el intervencionismo estatal.

C Luchas Sociales por la Conquista del Derecho a la Estabilidad

El advenimiento del Sistema Capitalista trajo como resultado la
inestabilidad de los trabajadores en el trabajo y el paro forzoso.

El desajuste social, engendrado por el Sistema Capitalista, acica-
te al trabajador a conquistar, por medio de luchas sociales, un sinn-
mero de derechos que pronto les fueron reconocidos al consagrarse
legislativamente. Como resultante indirecta de esas luchas tenemos el
derecho a la estabilidad. Los acontecimientos ms important en este
sentido son:

1) La Revolucin de 1848, en Francia, que proclam por vez
primera los principios de la Organizacin del Trabajo y consagr que
toda persona tiene derecho contra el desempleo.








2) La Organizacin de la Primera Internacional que diou~&gga
impulso al movimiento socialista.

3) En 1914-1918 acontece la Primerl rerra Mundial, que cul-
mina con el tratado de Paz de Versalles, donde se reconocen nuevos
derechos a los trabajadores y se crea, adems, la Organizacin Inter-
nacional del Trabajo.

4) La instauracin del Primer Estado Socialista en 1917.

5) La Segunda Guerra Mundial, que trae como resultado la de-
claracin de Filadelfia, incorporndola luego a la constitucin de la
Organizacin del Trabajo, que reconoce nuevos derechos a la clase
trabajadora.

D. Reconocimiento Gradual del Derecho a la Estabilidad.

El derecho a la estabilidad si bien no fue la pancarta de esas
luchas sociales, ha sido una resultante de esas luchas, lo que ha trado
como consecuencia un reconocimiento gradual del derecho de la esta-
bilidad en el empleo.

Hay various events internacionales que le han dedicado suma
atencin a este problema: la Tercera Conferencia del Trabajo de los
Estados Americanos miembros de la Organizacin del Trabajo, la que
reunida en Mxico en 1946 determine que los Estados miembros
deberan adoptar medidas encaminadas a hacer stable el empleo de
los trabajadores en la empresa; la Carta Internacional de Garantas
Sociales, la cual fue firmada en Colombia, consagra que la Ley garan-
tizar a sus trabajadores en sus empleos de acuerdo con las caracte-
rsticas de las industrial y profesiones y las justas causes de separa-
cin. El Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho del Trabajo,
celebrado en Madrid, Espaa, en 1965, lleg a la conclusion de que la
estabilidad en el empleo deba de ser considerada como una exigencia
necesaria de la seguridad social, del derecho del trabajo y de la fun-
cin de la empresa; la Conferencia Internacional del Trabajo, celebra-
da en Ginebra en 1973, determine que no debera procederse a la
ruptura de la relacin laboral a menos que no exista una causa justifi-
cada con la capacidad o la conduct del trabajador o basada en las
necesidades del funcionamiento de la empresa, del establecimiento o
del servicio. Finalmente, en las Primeras jornadas Iberoamericanas de
Derecho del Trabajo, celebradas en la ciudad de Santiago de los
Caballeros, Repblica Dominicana en 1976; la Comisin de Trabajo
de la estabilidad en el empleo lleg a las siguientes conclusioes:

S *. -,19
T7- -^U^L .








1. La estabilidad debe adaptarse a las condiciones sociales, pol-
ticas y econmicas de cada pas.

2. La estabilidad es uno de los medios ms efectivos de que
dispone la comunidad para luchar contra las injusticias.

3. Debe protegerse el empleo y evitarse el desempleo.

4. Los directivos de las empresas deben quedar excluidos del
amparo de la estabilidad, ya que el patrono no puede exigirse a s
mismo la estabilidad en el trabajo.

5. Debe suprimirse el llamado desahucio laboral.

6. Los estudiosos del Derecho del Trabajo deben preocuparse
por establecer los medios y procedimientos que traduzcan esos de-
seos en normas.

E. Clasificacin de la Estabilidad

En la doctrine y la legislacin de algunos pases se ha clasificado
la estabilidad de la siguiente forma:

1) Estabilidad Absoluta. En este tipo de estabilidad el patrono
est obligado a reinstalar al trabajador a la empresa, mientras subsis-
tan las condiciones que dieron origen a la prestacin del servicio.
2) Estabilidad Relativa. Se encuentra en las mismas condiciones
que la anterior, pero admite excepciones por razones tcnicas, econ-
micas, ticas...

3) La Estabilidad Impropia. En sta la obligacin de reincor-
porar al trabajador a la empresa, siempre es sustituida por el pago de
una indemnizacin compensatoria. Este es el tipo de estabilidad im-
perante en nuestro pas.

F. Fundamentos y Naturaleza jurdica de la Estabilidad

La estabilidad tiene su fundamento constitutional: Ya que la
mayora de las constituciones consagran el deber de los estados de
desarrollar de manera progresiva la seguridad social de la cual la
estabilidad es una premisa necesaria.

Este principio de la estabilidad en el empleo debe elevarse al





U pilrida' Catlica Mdre Y Maesr


rango de constitutional lo que conminara al legislator a orientar la
legislacin en un sentido progresivo, aunque queda el inconvenient
de que lo que caracteriza una constitucin capitalist es la descrip-
cin de programs a realizar.

La estabilidad encuentra su fundamento, adems, en el pacto
colectivo de condiciones de trabajo en donde se estipula que ser a
duracin indeterminada y a plazo determinado.

El fundamento de la estabilidad se ha visto, tambin en elcon-
trato de trabajo en donde se consagra de manera indeterminada y a
plazo determinado.

Finalmente, la estabilidad encuentra su fundamento en la no
cin modern de empresa llegando a evolucionar el derecho del Tra-
bajo de un derecho sectorial a un derecho de masas.


G. Nocin jurdica de Empresa

El hecho de que hasta ahora no haya existido un concept
jurdico de empresa, claramente delimitado ha sido atribuido a dos
razones:

1. A la complejidad superlativa que represent la empresa para
el derecho, donde concurren intereses pblicos y privados, trabaja-
dores y patrons, inmuebles y muebles y, tambin, bienes inmateria-
les.

2. Exceso de conceptualismo porque se quieren elaborar con-
ceptos jurdicos qumicamente puros.

La empresa debe servir de fundamento a la estabilidad porque es
ella el scenario donde se desarrollan las actividades laborales.

En nuestro pas no admite duda que la empresa se proyecta
(Art. 57 caso de cesin) por encima del patrono. ".. .la relacin de
trabajo -dice Mario de la Cueva- hace nacer en favor de los trabaja-
dores un derecho en la empresa".6

En la dbctrina se ha generalizado la opinion de que el Derecho
Laboral opera de dos maneras sobre la empresa:

1. Prestando contenido jurdico a las relaciones de la empresa, a

Ji' .' 1 b i. . 21









las que el derecho del trabajo conforma jurdicamente como relacio-
nes contractuales.

2. Reclamando la integracin del personal a la empresa median-
te la conformacin jurdica de los medios que posibilitan dicha inte-
gracin.

El afn de lucro ha deshumanizado la empresa. Pero an as la
empresa reviste gran importancia tanto para el empresario como para
el trabajador. Es necesario mejorar las relaciones humans en los
establecimientos por todos los medios humanamente possible: la esta-
bilidad en el empleo represent uno de esos medios, ya que impide
despidos arbitrarios e injustos.

H. Reinstalacin del Trabajador

La estabilidad en el empleo significa substancialmente: el dere-
cho que tiene el trabajador de permanecer indefinidamente en el
empleo y la exigencia de una causa justificada para el despido, y la
calificacin de la justificacin por la autoridad competent.

Cuando ocurre un despido injustificado las legislaciones recu-
rren a uno de los medios siguientes:

1. La reinstalacin obligatoria del trabajador. "... el despido sin
causa justificada no extingue la relacin laboral... la ilegalidad y
consecuencial nulidad de aqul, subsiste y constitute el fundamento
de la sentencia que ordena la reincorporacin".7

Realmente, el juez que ordena la reinstalacin del trabajador a
su empleo no est creando un empleo para el trabajador, sino que
est confirmando un vnculo existente del que se ha querido despojar
al trabajador injusta e ilegalmente.

2. El pago de una indemnizacin, que es subsidiaria a la obliga-
cin de reinstalar al trabajador. El pago de una indemnizacin es
contraria a la esencia misma de la estabilidad, ya que el trabajador
como parte ms-dbil y ms necesitada de la relacin laboral, acepta
fcilmente la ruptura del contrato de trabajo a cambio de una indem-
nizacin.

En el estado actual de nuestra legislacin laboral ni siquiera se le
da la oportunidad al trabajador de optar por la reinstalacin o el pago







Universidad Catlica Madre y Maesra
BIBLIOTECA
de una indemnizacin, cosa sta que es permitida por la mayora de
las legislaciones.

En nuestro pas, el trabajador despedido injustificadamente est
avocado a una sola va: aceptar el pago de las indemnizaciones deri-
vadas de la Ley o del contrato de trabajo.


III. El Derecho Positivo Dominicano y la Estabilidad

A. Planteamiento General

A partir del ao primero de la Era Cristiana various acontecimien-
tos han influido en el Status jurdico-social del trabajador. Entre
estos acontecimientos tenemos los siguientes: la obra educadora de
Jess de Nazaret, el descubrimiento de la mquina de vapor, la doc-
trina Marxista, la fundacin de la Organizacin Internacional del
Trabajo (OIT), la doctrine social de la iglesia y la entrada en juego del
concept de justicia social.

El concept de justicia social est insertado en los principios
fundamentals del Cdigo Dominicano de Trabajo: El Trabajo es una
funcin social que se ejerce con la proteccin y asistencia del Estado
y ste debe velar porque las normas del trabajo se sujeten a sus fines
esenciales, que son el bienestar human y la justicia social. De aqu se
desprende uno de los caracteres de nuestro derecho del trabajo: el de
ser positivamente proteccionista. Adems nuestro derecho laboral es
un derecho sectario, conciliador, intervencionista, espontneo, y es
contradictorio.

En cuanto a la estabilidad en el empleo, nuestra legislacin la-
boral, por un lado, toma verdaderas medidas de estabilidad en el
empleo,como es la proteccin de la mujer embarazada, la presuncin
del artculo 16, sustitucin de patrons, cesin de empresa... y, por
otro lado, toma medidas que colocan al trabajador en una situacin
de inestabilidad en su empleo, verbigracia, la Ley 269 de 1966 que
quita la proteccin laboral a las personas que prestan servicios al
Estado y a las instituciones autnomas.

B. Formas de Terminacin del Contrato de Trabajo y Estabilidad

"La estabilidad es el propsito que se persigue con el contrato
de trabajo.. .".8 Con la ruptura arbitraria del contrato de trabajo se
frustra la estabilidad en el empleo. t

cJ"I 23
,,,.,>..- '** .,^ ^ 'C









Dentro de las formas de terminacin sin responsabilidad para las
parties, el mutuo consentimiento constitute una reminiscencia del
artculo 1134 del Cdigo Civil. El mutuo consentimiento es una
reminiscencia del individualism del Derecho Civil, por lo que no
debera hablarse de mutuo consentimiento en derecho laboral, el cual
es una causa de ruptura aplicada a todos los tipos de contrato de
trabajo.

En la ruptura del contrato con responsabilidad para las parties el
desahucio debe eliminarse por ser la causal ms comn de termina-
cin del contrato de trabajo por tiempo indefinido. El desahucio
constitute, segn el Profesor Ramn Garca Gmez, una evolucin
del derecho de resiliacin unilateral propia de los contratos a dura-
cin indefinida en el Derecho Civil, en la media en que obliga a un
preaviso que tiende a evitar las consecuencias intempestivas de la
ruptura.

En cuanto al despido como forma de terminacin con responsa-
bilidad del contrato, poco importa, en el estado actual de nuestra
legislacin, que sea justificado o injustificado, ya que si el patrono no
prueba la just causa de despido el tribunal declarar el despido
injustificado (Art. 84 Cdigo del Trabajo) y RESUELTO EL CON-
TRATO POR CULPA DEL PATRONO.

C Medidas de Estabilidad en el Empleo y en los Ingresos

En nuestro pas existen disposiciones insertadas en los pactos
colectivos, en las convenciones de las parties y en la Ley, que vienen a
ser medidas de estabilidad en el empleo.

Dentro de esas medidas estn las encaminadas a la proteccin
del salario como mvil determinante del trabajador. As tenemos el
principio de que a igual trabajo igual salario (Arts. 186 y 196 Cdigo
del Trabajo). Adems, el perodo mximo en que se debe pagar el
.salario es de un mes, la prohibicin de pages parciales, el salario
mnimo que es una limitacin a la autonoma de la voluntad, la
inembargabilidad del salario en lo referente al embargo retentivo, que
tiene por finalidad proteger al trabajador contra sus acreedores. La
prohibicin de hacer descuento y retenciones al salario es otro meca-
nismo para su proteccin, Finalmente, est el superprivilegio del sala-
rio que es una ventaja concedida a los trabajadores que le permit
cobrarse con preferencia sin aceptar la concurrencia de ningn acree-
dor salvo el Estado.








,,.....- BIBLIOTECA
Otra media de estabilidad la constitute la nacionalizacin del
trabajo (Art.125 Cdigo del Trabajo), que reglamenta en qu propor-
cin debe estar el personal nativo con respect al extranjero.

La proteccin de la mujer embarazada es otra media de estabi-
lidad en el empleo (Art. 211 Cdigo del Trabajo).

La presuncin legal del contrato de trabajo (Art. 16 Cdigo del
Trabajo) es una verdadera media de estabilidad, ya que en dicho
texto se consagra la tesis de la relacin de trabajo.

Por otra parte la sustitucin de patrons (Arts. 57, 58 y 59
Cdigo del Trabajo) es otra media de estabilidad en el empleo, lo
que viene a robustecer la nocin de empresa entendida sta en el
sentido especfico del derecho social.

La suspension del contrato de trabajo (Art. 47) que exime tem-
poralmente del cumplimiento de la relacin de trabajo y la misma
obligacin impuesta al patrono de reconstruir la empresa en caso de
siniestro (Art. 67), son medidas tendientes a garantizar la perma-
nencia de la relacin de trabajo.

Nuestro Cdigo de Trabajo (Art. 411) consagra la existencia, en
el Departamento de Trabajo, de una seccin denominada Oficina de
Empleo con las siguientes atribuciones: Mantener un registro de los
trabajadores desocupados y de los empleos vacantes, suministrar las
informaciones que les soliciten patrons y trabajadores, expedir certi-
ficados de desocupacin a trabajadores sin empleo y cancelar estos
certificados cuando el trabajador sea empleado. Esta oficina debe
dinamizarse con la finalidad de que se reduzca el actual nivel de
desempleo existente en nuestro pas.

D. Medidas que Atentan contra la Estabilidad

Si bien es cierto que en nuestra legislacin encontramos disposi-
ciones que constituyen medidas de estabilidad en el empleo, no
menos cierto es que otras disposiciones colocan al trabajador tanto
en una situacin-de inestabilidad econmica as como tambin en su
empleo.

La Ley 2059 del 22 de Junio de 1949, modificada por las leyes
143 del 19 de febrero de 1964 y la ley 269 del 24 de Junio de 1966,
actualmente vigente, viene a escatimar derechos ya reconocidos a los

Si t. :.25
el "1 BrCN








trabajadores. En efecto ella quita la proteccin laboral a las personas
que prestan servicios al Estado y a las instituciones autnomas del
mismo, protegiendo slo los trabajadores en cuyas actividades predo-
mina el esfuerzo muscular.

En algunos pases se le da proteccin laboral a los funcionarios
y empleados pblicos, tal es el caso del Brasil donde stos tienen
derecho a estabilidad despus de dos aos de servicios.

La separacin del trabajo intellectual y el manual obedece a las
desigualdades sociales petrificadas entire los opresivos lmites de una
oprobiosa jerarqu a social.

Las obligaciones del patrono de pagar sumas por encima de lo
dispuesto por la ley en caso de despido injustificado es atentatoria a
la estabilidad del trabajador en el empleo.

E. La jurisprudencia Dominicana en Materia de Estabilidad

El legislator al elaborar la norma no puede prever todas las
situaciones jurdicas que nacen como consecuencia del trabajo de los
hombres.

La causa del derecho del trabajo es hoy da socorrida, en una
noble emulacin de la jurisprudencia, por la convencin colectiva de
condiciones de trabajo.

No obstante, en nuestro pas se han suscitado discrepancies
entire la jurisprudencia y pactos colectivos colocando al trabajador en
una situacin de inestabilidad.

La posicin de nuestro ms alto tribunal de justicia ha sido
fluctuante en material de estabilidad. Unas veces vemos sentencias
que favorecen la estabilidad de los trabajadores y, otras que perju-
dican a los trabajadores haciendo aparecer a la jurisprudencia como
menos social que la regla que est sujeta a interpreter.

En una ocasin en que fueron despedidos los directivos de un
sindicato, en cuyo pacto se consagraba su inamovilidad, bajo el
supuesto de que haban participado en una huelga sin arreglo a la ley;
nuestra Suprema Corte de justicia se pronunci al respect diciendo
que la obligacin del patrono es una obligacin de no hacer y sta no
podra entraar la reinstalacin obligatoria de los trabajadores des-
pedidos. Permitir esto -sigue diciendo nuestra Suprema Corte-









resultara intolerable en e rden social,u'es no se puede obligar al
patrono a tener en su inmediata cercana a un trabajador que no le
acomode; lo que sera volver a lostiempos de las servidumbres perso-
nales hace siglos superados.9

Esta sentencia por su importancia negative para la estabilidad
merece un comentario:

1. Es una sentehcia pretoriana. En ella los jueces no hacen su
verdadero papel de intrpretes, de verdaderos esclarecedores y aplica-
dores de las normas, sino por el contrario, de legisladores, ya que la
reinstalacin obligatoria no est prohibida en nuestro derecho
laboral.

2. Es una sentencia con un enfoque civilista. El surgimiento del
Derecho Laboral se debi a la imposibilidad de aplicacin de ciertos
principios establecidos con relacin a las cosas pues el derecho civil
rige relaciones patrimoniales.

3. Es una sentencia contraria a los fines de la modern seguridad
social. El objeto de la seguridad social es el de que el hombre viva sin
amenaza.

Yerra nuestra Suprema Corte al considerar que sera intolerable
para la paz y el orden social "obligar a un patrono a tener en su
inmediata cercana a una persona que no le acomode..." El Derecho
del trabajo ha pasado de un derecho sectorial a un derecho de masas.
El mantener una concepcin tutelar del derecho del trabajo, de
familiar, individual, paternalista, como lo es favorecer los intereses de
una persona en desmedro de intereses colectivos, s es verdadera-
mente retornar "a los tiempos de las servidumbres personales hace ya
siglos superadas".

Otras sentencias, por otra parte, son favorables a la estabilidad.
As ha sealado nuestra Suprema Corte de Justicia que "es propsito
manifiesto del Cdigo de Trabajo asegurar hasta donde ms sea
possible, la estabilidad de la relacin de trabajo; que, por tanto, los
hechos susceptibles de justificar la ruptura de esa relacin deben ser
siempre de carcter grave.. ."10
En un caso relative a suspension del contrato manifest la
Suprema Corte que "la finalidad esencial de la relacin laboral. .es
la permanencia de los trabajadores en sus empleos y tareas, con la
mayor estabilidad humanamente possible, que ni la fuerza mayor ni el

-27








caso fortuito, ni otras imposibilidades de ejecucin de los trabajos
son... una justificacin de la terminacin de los contratos.11

En nea general, sta es la orientacin de nuestra jurisprudencia
en material de estabilidad en el empleo: unas veces positive y otras,
negative. Ms tarde o ms temprano, nuestra jurisprudencia tendr
que emprender una orientacin sistemtica positive en material de
estabilidad.

F. Balance y Perspectivas del Derecho Dominicano

El actual derecho positive dominicano del trabajo es un derecho
contradictorio. En nuestra legislacin no es raro encontrar disposi-
ciones, que van en beneficio de los trabajadores, esto es, positivas y
disposiciones que van en desmedro de los mismos, es decir, negatives.

En su origen el derecho dominicano del trabajo es el fruto de la
intervencin del Estado para reglamentar la deshumanizacin de la
economa que el mismo haba provocado.

"La deshumanizacin de la economa dirigida por el Estado
gendarme -seala Krostochin- dio lugar al nacimiento del derecho
laboral. Parece contradictorio que hoy da ese mismo Estado sea el
supervisor de las relaciones de los trabajadores y patronss1 2

Esa contradiccin jurdica ha llevado tambin a nuestra juris-
prudencia a caer en las mismas contradicciones.

Realmente, la verdadera estabilidad de los trabajadores slo
puede lograrse con una verdadera centralizacin de los process eco-
nmicos. En nuestro medio es factible por lo menos que se le d la
opcin al trabajador de aceptar el pago de una indemnizacin o su
reinstalacin en el puesto.

III. Conclusin

Es indudable que la estabilidad en el empleo represent uno de
los medios ms idneos para mejorar las condiciones humans en los
establecimientos y, a la vez, para impedir los despidos caprichosos y
arbitrarios.

La estabilidad en el empleo debe ser necesariamente compatible
con la vida social, econmica del pas en el cual se establece. Es la
forma correct en que debe proceder el legislator al establecer








normas legislativas y reglamentarias y al reformar el sistema laboral
en los aspects de sus disposiciones, que se convierten en trabas para
el establecimiento de la estabilidad en el empleo.

La reform laboral est incluida como uno de los objetivos gene-
rales de una poltica para el desarrollo, con la finalidad de establecer
condiciones de trabajo ms justas, establecindose as un nivel ms
decoroso de vida para el trabajador.

En nuestro pas existen disposiciones que hacen frustratoria la
estabilidad en, el empleo. As, se hace necesaria la intervencin del
legislator para hacer desaparecer el desahucio, como causal ms
comn de la relacin laboral. Es necesario, adems, la nulidad de los
despidos injustificados, reglamentacin de los despidos masivos,
reglamentacin del perodo de prueba y generalizacin de la protec-
cin laboral para los funcionarios y empleados pblicos.

El alto ndice de desempleo forzoso y de subempleo es una
caracterstica del subdesarrollo, fenmeno cuya causa esencial es de
naturaleza structural por deformacin y deficiencia econmica. Es
por eso que la poblacin active se desplaza de unos pases a otros
-caso del gran nmero de dominicanos residents en Estados
Unidos- en respuesta al estmulo de apreciables diferencias salariales,
niveles de vida y de condiciones de trabajo. En algunos casos la
migracin de trabajadores entire pases limtrofes es clardestina
-como el caso de la entrada de braceros haitianos a nuestro pas- lo
que da lugar, adems de problems de empleo, a problems legales,
sociales y hasta diplomticos.

Los movimientos internacionales de factors han trado restric-
ciones diversas para la estabilidad en el empleo. Los inversionistas
extranjeros han visto en Amrica Latina el mejor lugar en donde
invertir sus capitals, tanto por el atraso cultural y social, as como
por estar sus riquezas sin explotar lo que le dara un sinnmero de
privilegios.

Nuestro pas ha sido receptor director de inversiones extranjeras,
llegando el inversionista extranjero a tener el control absolute o casi
absolute del negocio, lo que adems de serperjudicial para cierta rama
de la economa national puede afectar desfavorablemente las oportu-
nidades de empleo de los trabajadores. Con la presencia de empresas
extranjeras, pese que han coadyuvado a un mayor crecimien-to econ-
mico, la situacin del desempleo ha ido agravlrgk considerable-

29
;,i c:ll,,rC








mente. De ah que cada da ms se impone la revision de las condi-
ciones contractuales con las compaas transnacionales como una
media tendiente a modificar las causes que mantiene el actual nivel
de empleo y subempleo en nuestro pas.

Otra media de estabilidad que contribuira de manera eficaz en
nuestro pas a elevar el nivel de empleo lo es una real y efectiva
reform agraria. La distribucin de la propiedad del suelo cultivable
en la media en que ella establece un rgimen ms democrtico, ms
just y ms social de propiedad, produccin, distribucin y consumo,
ayuda de manera progresiva a un mejor empleo de los recursos.

Determinadas medidas temporales vendran a mermar el
desempleo que provocan los trabajos de temporada. Una media tem-
poral seria la creacin de empleos que vengan a llenar los meses
muertos", como sera la explotacin de los subproductos de la
caa: furfural, abonos..., que siguen al finalizar una temporada
como lo es la Zafra.

Estos cambios superficiales en la estructura econmica, social y
jurdica de nuestro pas seran los primeros pasos para la erradicacin
del mal del desempleo y el subempleo. La erradicacin total de estos
males slo se lograra a travs de cambios estructurales profundos, los
que modificaran por complete las causes que mantienen el actual
nivel de empleo en la Repblica Dominicana.

En lo que respect a la estabilidadfundamentalmente la llamada
absolute, sta slo podra lograrse en un sistema econmico que
rena en su seno una verdadera centralizacin de los process econ-
micos, tendiente al logro de fines econmicos en beneficio del inters
colectivo.


CITAS
1. De la Cueva, Mario: Derecho Mxico del Trabajo, Tomo I, pg. 755.
2. Krotoschin, Ernesto: Tendencias Actuales en el Derecho del Trabajo, pg. 88.
3. Barassi, Ludovico: Tratado del Derecho del Trabajo, Tomo II, pg. 228.
4. Caldera, Rafael: Derecho del Trabajo, pg. 419.
5. Villalpando, Abelardo: La Estabilidad en el Empleo en la Legislacin y Doctrina
bolivianas, pg. 7.
6. De la Cueva, Mario: Op. Cit., pg. 757.





y ,Lr.IrLa




7. Escribar Mandiola, Hctor: En Estudios de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social,
pg. 22.

8. Cabanellas, Guillermo: Diccionario de Derecho Usual, pg. 235.
9. S.C.J.: B.J. No. 678, 24 de mayo de 1967, pgs. 874-883.
10. S.C.J.: B.J. No. 600, 17 de mayo de 1960, pgs. 1482-1489; B.J. No. 678, 17 de
mayo de 1967, pgs. 840-846.
11. S.C.J.: B.J. No. 579, 23 de octubre de 1958, pgs. 2309-2316.
12. Krotoschin, Ernesto: Op. Cit., pg. 171.



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,. 1


-0^-














EXCEPCION AL PRINCIPIO
DE LA DIVULGACION DEL SECRET PROFESSIONAL

Por Rosa Batlle, Carmelina Gil y Wardes Tabar


Introduccin

A continuacin haremos una breve exposicin acerca de lo esta-
blecido en el artculo 377 del Cdigo Penal, el cual trata el llamado
Secreto Profesional y las excepciones a este principio fundamentadas
en la proteccin del orden y la seguridad social.

En nuestro caso, nos corresponde analizar el artculo 52 de la
Ley 168, sobre Drogas y Narcticos, de fecha 12 de mayo de 1975,
el cual constitute una excepcin a lo dispuesto por el artculo 377
del Cdigo Penal, y as establece, que no constitute una violacin al
Secreto Profesional, la revelacin hecha por el Mdico cuando cons-
tata un caso de drogadiccin, y dicha revelacin debe ser comunicada
a la Secretara de Salud Pblica y Asistencia Social.

Pero debido a que en la prctica lo dispuesto por el artculo 52
de la referida ley no es cumplido, nos vemos en la obligacin de
enumerar cules seran los mtodos que deben ser empleados para
solucionar tal situacin.

Anlisis del Texto Legal. Artculo No.377 del Cdigo Penal, y las
Excepciones a este Principio.

Artculo No.377, "Los Mdicos, Cirujanos y dems Oficiales de
sanidad, los Boticarios, las Parteras y todas las dems personas que en
razn de su profesin u oficio, son depositarias de secrets ajenos y
que, fuera de los casos en que la ley les obligue a constituirse en
denunciadores, revelaren esos secrets, sern castigados con prisin
correccional de uno a seis meses y multa de diez a cien pess".1

Hasta la redaccin del Cdigo Penal de 1814),'j~l existan nin-
gunas sanciones penales que incriminaran..-a violacin del Secreto
35
<^1"









Professional. Sin embargo el artculo 377 de dicho Cdigo ha llenado
estas lagunas, estableciendo las sanciones aplicadas en caso de revela-
cin de dicho Secreto Profesional a todas aquellas personas enume-
radas en el mismo, siempre y cuando la ley no le autorice a hacer
dicha revelacin.

Se entiende por Secreto Profesional, la obligacin que dentro de
ciertas condiciones, tiene el professional de guardar reserves de los
hechos por l conocidos en elejercicio de su profesin.

El delito de revelacin del Secreto, es el hecho de una persona
que depositara el Secreto de otra, revela este Secreto en los casos en
que la ley no lo prev.

Es necesario para que se materialice la violacin del artculo 377
del Cdigo Penal, que el hecho confiado a aquellas personas que
poseen la calidad establecida por dicho artculo cumplan con ciertas
condiciones, entire las cuales tenemos:

1.- Que el agent sea depositario por oficio o profesin del
Secreto de otro.

2 Que se trate de un Secreto Profesional.

3. Que la revelacin sea de hechos que la ley no permit que
sean revelados.

4.- Que la revelacin sea efectiva y voluntaria.

5.- Que haya tenido lugar con una intencin criminal.

De lo antes expuesto, se deduce que todas las veces que una
persona le revele a otra un Secreto y cuyo revelador no posee la
calidad establecida por el artculo 377 del Cdigo Penal, cuyo hecho
no constitute un delito, por el contrario nace una accin inmoral.

As como existen condiciones establecidas por la ley relatives a
la calidad que debe poseer el revelador, as la ley exige que el Secreto
Professional rena ciertas condiciones o requisitos, entire los cuales
tenemos:

1.- Que, los hechos llegados al conocimiento de las personas
enumeradas en el artculo 377 del Cdigo Penal renan los requisitos
exigidos por la ley.









2.- Que el Secreto haya sido confiado a una de las personas que
exige la ley.

3.- Que haya sido confiado en el ejercicio de su oficio o profe-
sin.


Sin embargo existen hechos que por s solos son considerados
confidenciales y por ende tienen el carcter de Secreto, tal como
cuando una persona sufre de una enfermedad mental.

Por el contrario cuando los hechos no poseen el carcter confi-
dencial y son comunicados a depositarios que poseen la calidad que
exige el artculo 377 del Cdigo Penal, la revelacin no constitute
un delito, ya que carece del carcter Secreto.

La revelacin hecha por unas de las personas enumeradas en el
artculo 377 del Cdigo Penal, no reviste ninguna regla especial de
publicidad, como tampoco tiene sta que tener el carcter de una
divulgacin. Para que se materialice la infraccin, slo basta que sea
comunicado el hecho confiado bajo la forma de Secreto Profesional a
una sola persona aun en la ms grande intimidad, como es el caso del
Mdico que le confa a su esposa un Secreto que le ha sido confiado
bajo la forma de Secreto Profesional.

Para que la revelacin surta una violacin al artculo 377 del
Cdigo Penal, es necesario que tenga por objeto una intencin cri-
minal, pero al contrario cuando la misma ha sido producida por caso
fortuito o fuerza mayor o en caso de una bsqueda de mejorar la
situacin social, no constitute la violacin a dicho artculo.

As como existen restricciones que prohben la revelacin del
Secreto Profesional, existen casos en que la ley obliga a revelarlos,
entire los cuales tenemos: La declaracin de nacimiento de un nio,
as como tambin de manera expresa el artculo 377 del Cdigo
Penal dispone que a las personas depositarias por oficio o profesin
de los Secretos de otros deban revelarlos, convirtindose en denuncia-
dores de los mismos, basada dicha renuncia en busca de un bienestar
social.

En caso de que las personas depositarias tengan conocimiento
de un crime o un delito, informados stos bajo la forma de Secreto
Professional, no deben revelarlos, pues se incurrira .~ap este hecho
una violacin del artculo 377 del Cdigo Penal.4r
.. -.^t-E f37
:.," .. . ',









En caso de que el depositario tenga la obligacin de denunciar
un hecho que le ha sido confiado bajo la forma de Secreto Profe-
sional y no cumple con lo dispuesto por la ley, es decir que debe
denunciarlo, a dicho depositario no se le aplicar ningn tipo de
sancin, ya que no existe ninguna disposicin legal que lo incrimine.

Relativo al hecho de que una persona, la cual posee una de las
calidades establecidas por el artculo 377 del Cdigo Penal se le ha
confiado un hecho bajo la forma de Secreto Profesional y ha sido
llamada como testigo, sta tiene derecho a oponerse a declarar basn-
dose, que las noticias que tiene sobre ese hecho le han sido confiadas
bajo la forma de Secreto Profesional, y cuya negacin no constitute
la aplicacin de una sancin, pero al contrario el depositario s puede
divulgar toda clase de noticias que sepa sobre un hecho determinado,
siempre y cuando que las mismas las haya conocido no bajo la forma
de Secreto Profesional.

Por tales motivos se consider que la negacin a divulgar los
hechos confiados bajo la forma de Secreto Profesional por parte del
depositario, no solamente es un derecho sino un deber.

Ahora nos nace una interrogante y es la relative a determinar:
En qu se fundamental el legislator para disponer en ciertos casos
que las personas que poseen la calidad establecida en el artculo 377
del Cdigo Penal deben convertirse en denunciadores?

Nuestro legislator ha establecido este principio basndose en
que dicha renuncia va en busca de un mejor bienestar y seguridad
social, tanto para el individuo en particular como para la sociedad en
general, como es el caso por ejemplo en que el Mdico se encuentra
frente a una Epidemia por l diagnosticada y que con el fin de
detenerla se la comunica al Ministerio de Salud, tratando de evitar
lacerar la salud y la vida del conglomerado, como tambin le es
permitido al Mdico poder divulgar una enfermedad que present
caractersticas poco frecuentes y para la cual ha descubierto un
nuevo tratamiento y en cuya divulgacin se puede hacer constar los
sntomas de dicha enfermedad y los medios para combatirla, dado
que este tipo de divulgacin va en provecho de la sociedad. Pero si
bien es cierto que se permit divulgar lo antes expuesto, no es menos
cierto que se prohbe divulgar el nombre de la persona afectada por
dicha enfermedad, hecho que engendrara la violacin del artculo
377 del Cdigo Penal.

Pero con relacin al artculo 52 de la Ley 168, sobre Drogas y









Narcticos de fecha 12 i1,,rnayo de 197 5,i -ic al nos interest anali-
zar, establece dos casos en los cualei el Mdico tonocedor de los
mismos debe comunicarlos a la Secretara de Estado de Salud Pblica
y Asistencia Social, convirtindose dichos Mdicos en denunciadores.
Estos casos son:

A) "Sobre cualquier caso de Narcomana y tan pronto como
tenga conocimiento del mismo, en ocasin del ejercicio de su pro-
fesin ". 2

B) "Acerca de cada paciente de Narcomana que est tratando,
con indicacin del tratamiento a que le haya sometido y en cuanto a
la dosis de drogas narcticas que le apliquen 3

Ratificamos que estas disposiciones expresadas por la ley, el
legislator las ha dispuesto buscando un mayor bienestar social, tanto
para el individuo en particular el cual le ha revelado su quebranto,
como para la sociedad en general.

Sin embargo hoy da en la Repblica Dominicana, lo dispuesto
por el artculo 52 de la Ley 168 sobre Drogas y Narcticos, no es
cumplido en la prctica por los Mdicos, basandose stos en que las
autoridades competentes para recibir las denuncias, no reaccionan en
beneficio de la persona denunciada, pues lo tratan como un delin-
cuente y no como a una persona que debe ser reeducada.

De nuestra parte justificamos el comportamiento de los
Mdicos, ya que ellos ven afectada la integridad fsica y moral de sus
clients por el hecho de denunciar su quebranto, ya que las autori-
dades competentes para recibir la denuncia, adoptan el mecanismo
menos indicado, tal como el empleo de torturas con la finalidad de
averiguar cules son los traficantes en el pas, hecho que va en contra-
diccin a lo dispuesto por el artculo 54, de la referida ley el cual
prev que "el Secretario de Estado de Salud Pblica y Asistencia
Social podr ordenar el internamiento en un hospital del Estado de
cualquier persona enferma de Narcomana hasta su complete cura-
cin sin perjuicio de la pena que le corresponda por violacin a lo
previsto en la present ley".4

Ahora bien, nos cabe preguntarnos: Cul ser el mtodo que
debe ser aplicado con la finalidad de que el Mdico se vea obligado a
denunciar los casos establecidos en el artculo 52 de la Ley 168 sobre
Drogas y Narcticos constatados por l ?.

'.fl.- lBU O^ 39









Para buscar una solucin a tal hecho es necesario establecer:

1.- Que la Ley de Drogas y Narcticos sea reformada, con la
finalidad de establecer sanciones a todos aquellos Mdicos que no
cumplan con lo dispuesto por el artculo 52 de la referida ley.

2- Que el Estado, institucin que tiene por finalidad la preser-
vacin del orden pblico y la seguridad social, debe preocuparse en
fomentar verdaderos Centros de Tratamientos y Orientacin, los
cuales deben estar integrados por un personal capacitado y aparatos
suficientes, para poder rendir la labor de reeducacin del adicto a las
drogas.

Consideramos que por medio del implantamiento de lo antes
expuesto, podramos obtener un menor ndice de adictos a las
drogas, pues con el establecimiento de Centros de Tratamientos y
Orientacin, donde se deben utilizar los mtodos ms avanzados para
la cura a los individuos que padecen de este mal, y por medio de la
implantacin de la sancin al Mdico conocedor de los casos de
drogadiccin que no los denuncie, se obtendra un mejor control de
quienes se encuentran padeciendo de este quebranto, el cual no slo
afecta al individuo que lo padece, sino tambin a la sociedad en
general.

CITAS
1. Abigail A. Coiscou. Cdigo Penal. Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo,
Quinta Edicin, 1967.
2. Ley 168, sobre Drogas y Narcticos, Gaceta Oficial No.9378, Congreso Nacional de
la Repblica Dominicana, de fecha 12 de mayo de 1975.
3. Idem.
4. Idem.


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4. Abigail A. Coiscou. Cdigo Penal. Editora del Caribe, C. por A., Santo Domingo,
Quinta Edicin, 1967.










5. Ley 168, sobre Drogas y Narcticos, Gaceta Oficial No. 9378, Congreso Nacional de
la Repblica Dominicana, de fecha 12 de mayo de 1975.

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LA PARTICIPATION DE LOS TRABAJADORES
EN LA EMPRESA

Por Julio Gustavo Olivo Veras


La empresa como ente econmico se ha enclavado dentro de las
estructuras econmicas y sociales de la mayora de los pases, no slo
acrecentando riquezas particulares sino tambin la del medio social
donde se desenvuelve.

La empresa aparece como el fruto de la coordinacin de tres
factors: el jefe de empresa, el capital y los realizadores del trabajo.
Los primeros normalmente se confunden, por lo que en la genera-
lidad de los casos slo se habla del capital y del trabajo. La impor-
tancia del capital para el desarrollo de la empresa y por ende para los
pueblos es innegable e igual afirmacin se puede hacer del factor
trabajo. Ahora bien, an cuando en trminos puramente econmicos,
el element trabajo, no es en el seno de la empresa ms que un factor
de la produccin, en lo que respect al Derecho, por lo que hay de
human en este factor, es ms que eso, con razn dice la Mater Et
Magistra que "El Trabajo debe ser valorado y tratado no como una
mercanca sino como expresin de la persona humana".1 He ah una
razn muy poderosa para reconocer y aceptar los derechos de los
trabajadores. Sin embargo no podemos dejar de reconocer que en
nuestra realidad social, la supervivencia de forma precapitalista de
organizacin econmica ha dificultado el desarrollo national. Y esto
ha limitado la capacidad de la empresa para responder en una mejor
media a las expectativas obreras. Si no reconocemos esta realidad y
le exigimos a la empresa condiciones que la carguen de una manera
muy onerosa, estaremos no Slo ahuyentando el capital sino
poniendo en juego una de las unidades vitales para el desarrollo.

1. Citado en: A.C.N. de P. Reforma de la Empresa. Euramrica, S.A. Madrid, 1969. Pg.
380.









Bajo este marco de referencia es que vamos a analizar la partici-
pacin de los trabajadores en la empresa.

Participacin de los Trabajadores en la Empresa

a) En la direccin de la empresa.
b) En los beneficios de la empresa.

Una vez realizado el contrato de trabajo y el trabajador se inte-
gra a la actividad productive, la empresa, se dice que se conforma una
comunidad entire trabajadores y empresa, en la que ambos van a ser
titulares de derechos y obligaciones. Esta integracin del trabajador a
la clula productive no se reduce hoy da a slo cumplir con su labor
y en cambio recibir una paga, sino que ste exige una mayor partici-
pacin.

Esta participacin a que nos referimos, se dirige en dos vertien-
tes: Una participacin intellectual, en el sentido de que el traba-
jador desea participar de las expectativas e inquietudes que se respi-
ran en la empresa; y la otra participacin es material, esto es, en las
utilidades o beneficios que obtiene la empresa. A la primera lo con-
duce las necesidades orientadas a "conducir", a "dirigir", "a ejercer
el poder", etc., stas son algunas de las motivaciones que los siclo-
gos industriales ms destacan en este sentido.2 A la segunda lo lleva,
una razn muy sencilla, la necesidad econmica, la conciencia de que
el salario no es suficiente, y que en consecuencia ellos son acreedores
a una parte de los resultados financieros de la empresa.

Pero ambas participaciones no son tan sencillas como acabamos
de enunciarlas, su comprensin, sobre todo a la luz del Derecho,
require de un studio ms detallado.

a) En la Direccin de la Empresa

En nuestro derecho en principio, el que tiene la propiedad de
los bienes incorporados a la empresa, es al que le est atribuido la
direccin de sta. Este es un principio que nos viene de tiempo
pasado. Este poder de decision internal, despus de haber pasado, en
el .siglo XIX, de los propietarios de las tierras a los propietarios de
capital, en las ltimas dcadas ha pasado a los gestores de capital, es
decir, quienes dirigen en la actualidad, en la generalidad de los casos

2. Vase: Sicologa del Trabajo, Arnulf Russel, Eds. Morata, S.A. Madrid 1968, Pg. 281
y SS; Direccin Administrativa Eficaz. james, J. Cribbin. Ca. Editora Continental,
S.A. Mxico 1973. Pgs. 165 y SS y otras.








donde el movimiento empresarial ha alcanzado un cierto auge, son
los mandatarios de los propietarios. Es preciso decir que este process
est apenas iniciado en Repblica Dominicana.

De todas maneras, es el empresario el que rene los capitals,
escoge el lugar, agrupa la mano de obra, utiliza un presupuesto y un
plan, en fin rene los elements y los coordina, tomando en cuenta
las condiciones de mercado y original' de este modo, la empresa. Estas
razones econmicas apuntalan ser derecho de direccin, y en auxilio
de stas vienen otras de ndole jurdicos. Krotoschin afirma que "este
poder de direccin del patrono es el corolario de la dependencia
personal en la cual el trabajador se ha colocado",3 en efecto, la
caracterstica distintiva del contrato de trabajo es la relacin de
subordinacin del trabajador respect del patrono en la ejecucin de
sus funciones.

Sin embargo, desde un tiempo relativamente reciente, en
algunos pases se ha hablado de cogestin o colaboracin en la direc-
cin de la empresa, como medio de participacin de los trabajadores
en la direccin de la empresa. El movimiento tiene su cuna en
Alemania hacia 1849 llegando a cristalizarse en leyes ms adelante.
All se sugera que se formarn comits de establecimiento los cuales
estaran destinados a mediar entire el asalariado y el empresario en
caso de controversial. Hacia 1890 en Francia, sobre todo, en las
empresas mineras, surgeon inquietudes similares a las vividas por
Alemania 50 aos atrs. Pero son las dos grandes guerras las que van a
conseguir desarrollar una mayor colaboracin entire trabajadores y
empresarios, la razn fue, la necesidad de aumentar la produccin,
sobre todo en aquellos sectors ms ligados a la produccin de arma-
mentos y accesorios para la contienda. Como se advierte existan dos
razones muy peculiares: la necesidad de defense y ataque y un sen-
tido de patriotism exaltado por las circunstancias. As se sent, el
precedent, dando origen en various pases y manifestndose en dis-
tintas formas, a la colaboracin de los obreros en la direccin de la
empresa.

Hacia 1951 la O.I.T. toma carta en el asunto de un modo defi-
nido recomendando dicha colaboracin en el plano de la direccin de
la empresa.

En estas recomendaciones se especifica que las medidas a tomar

3. Krotoschin, Ernesto. Tratado Prctico de Derecho del Trabajo, Vol. I, Eds. Depalma,
Buenos Aires 1965, Pg. 194.








para favorecer dicha colaboracin poda ser fruto de la iniciativa
privada o del legislator, tomando en cuenta las caractersticas de las
diversas empresas.4

Las formas que adoptan para permitir esta participacin vara
de un pas a otro, formndose organismos que "van desde la simple
consult hasta la cogestin total".5

Pero hagamos un parntesis para hacer una aclaracin de lugar:
Entre estos organismos y los sindicatos se ha establecido una ntida
distincin respect de sus funciones. Los primeros no son rganos de
reivindicacin, aunque en ocasiones obtengan esos resultados; en
cambio, el sindicato es el instrument de lucha, "de fuerza", de los
trabajadores para exigir y obtener, antes que nada, sus reivindica-
ciones econmicas. De ninguna manera ambos organismos son anta-
gnicos, sino que en ocasiones se prestan su colaboracin.

Pero volvamos a los caracteres de los instruments de colabora-
cin o cogestin en la direccin de la empresa. Decimos que stos
varan de un pas a otro e igualmente se da el caso de que stos
varan hasta de una empresa a otra, an dentro de un mismo pas;
esto imposibilita una clasificacin de estos organismos.

Algunos de los nombres adoptados por ellos son: Consejo de
Empresa, Comits de Empresa, Jurados de Empresa, Comits Profe-
sionales, Representacin de Establecimientos, Comisiones Mixtas,
etc. Estas denominaciones no slo envuelven diferencias formales en
cuanto al modo de eleccin de los miembros que la conforman, el
nmero de obreros y representantes de los patrons, etc., sino que
ocurre que existe diferencia en cuanto al grado de extension de las
funciones. As, refirindose a ellos, algunos autores hablan de que su
objetivo en la direccin es de codeterminacin o cogestin y otra de
colaboracin. Es important no pasar desapercibida estas diferentes
denominaciones, ya que ellos implican una mayor o menor ingerencia
en la direccin de la empresa por parte de los trabajadores.

Codeterminacin y cogestin dan la idea de Co-direccin en los
mandos superiores."La Cogestin -dice Ballester Hernndez- es una
intervencin del obrero en la empresa, en sus organismos directivos

4. O.I.T. "La colaboracin en la industrial. Ginebra 1951. Estudios y Documentos,
"Nueva Serie" No. 26. Pg. 5-6.
5. Contreras, Machiavello-Colaboracin y Cogestin de la Empresa. Edit. Jurdica de
Chile 1968, Pg. 68.








con poder de decision y en los organismos deliberantes con voz y
voto";6 en cambio-colaboracin da la idea de rganos que provienen
del personal tambin, pero con el objeto de exponer sugerencias, dar
a conocer su punto de vista, former equipos de trabajo o de accesoria
y consult, todo ello con el fin de hacer ms efectiva la realizacin de
las tareas.

De todos modos la pregunta surge: Hasta dnde debe llegar la
ingerencia de los obreros en la direccin de la empresa?

Entendemos, Cue atendiendo a las mismas funciones, en los
diferentes niveles la empresa, stas sirven de pautas para establecer
prerrogativas y limitaciones. La empresa realize funciones tcnicas,
puramente econmicas y sociales. A nivel tcnico, la cogestin no
parece admisible ya que stas son funciones altamente calificadas que
no se prestan a improvisaciones, ni la generalidad del asalariado la
domina. Respecto de las funciones econmicas, no se puede favo-
recer una participacin abierta y general, ya que al igual que el ante-
rior es de la exclusive competencia no slo del jefe de empresa sino
de un grupo select de asesores economistsa, abogados, publicistas,
etc.). En el aspect en que si favorecimos la participacin amplia, no
slo porque favorece la empresa, sino sobre todo al trabajador, es en
el social. En este aspect es que el trabajador se siente til y no ajeno
a la empresa.

Ya vimos que hay dos formas de iniciar esta colaboracin:

Por iniciativa de la direccin de la empresa, pero... por qu no
POR INICIATIVA DE LOS TRABAJADORES? y por impulso del
legislator. Aunque la segunda forma ofrece uniformidad y rompe el
hielo en caso de que ambas parties se negaran a iniciarla, la primera,
por iniciativa de las parties es la ms fructfera; en sta s pueden
adaptar de mutuo acuerdo esa colaboracin a las caractersticas parti-
culares de la empresa. En nuestro medio los convenios colectivos
intervenidos entire las parties pueden realizar un papel eficaz
estableciendo medios de colaboracin interpretando as el principio
II del Cdigo de Trabajo que "consagra el principio de la cooperacin
entire el capital y el trabajo como base de la economa national".

Participacin en los Beneficios

Hemos insistido en descubrir en la empresa tres factors, el
capital, la direccin y el trabajo. El capital, que lo domina
6. Ballester Hernndez-Lecciones de Derecho Laboral, Santo Domingo, 1966, Pg. 108.








regularmente la direccin, es que asegura la retribucin a los restantes
factors, asume el riesgo y percibe el excedente que se produce por
diferencia entire el product total y los gastos totales. Es esto ltimo,
lo que se discute; el trabajador, adems de procurarse su salario
quiere tambin parte de los beneficios. Ello ha originado la
institucin denominada: La participacin obrera en las ganancias de
la empresa. De los elements que la integran hemos visto, la empresa
y el obrero en su relacin con sta a travs del contrato de trabajo,
veamos ahora los concepts de ganancias o beneficios y partici-
pacin.

Segn Ren Savatier, entire el capital y ganancia hay una
estrecha vinculacin "ya que el capital, en sus orgenes, se defina
como "el dinero productor de beneficios".' Aclaremos qu es y
cmo se obtiene este beneficio. Beneficio es la diferencia entire los
products totales de la empresa y los gastos necesarios efectuados
por sta para obtenerlo; un poco ms en detalles, los products
totales son los ingresos de la empresa recibidos a cambio del precio
pagado por ellos; los gastos totales los componen, entire otros, el
costo de la material utilizada para elaborar esos products, la
retribucin a los trabajadores a cambio de su esfuerzo, las amortiza-
ciones, gastos fijos; los gastos que le restan a los products totales,
cuando el saldo es positive se obtuvo un rendimiento fruto del
capital, si este saldo es negative, se liquid con cargo al capital, sin
afectar el otro factor de la produccin de la empresa; y lo que es ms
el empresario est obligado a retribuir este factor an cuando la
empresa haya quedado en la ruina; ahora bien, cuando el saldo es
positive, hay posibilidad de que la empresa haya obtenido beneficios,
y entonces los trabajadores, como otras de sus reivindicaciones,
exigen una participacin. i

En nuestro pas, esta participacin tiene carcter obligatorio,
aunque limitado, as lo especfica la ley 288 (del 23 de marzo de
1972 que aparece en el apndice No.34 de nuestro Cdigo de Trabajo
edicin de 1974, pgina 226). Sobreellaseguiremos hablando ms
adelante. Veamos ahora el otro concept, la participacin, que no es
ms que un porcentaje que el trabajador exige y que la ley, en
algunos casos como es el nuestro, le acuerda, de las utilidades que
obtuvo la empresa durante un determinado perodo de ejercicio,
normalmente annual, es preciso no confundirla con la participacin
que en calidad de socio tiene un accionista en una empresa, ya que
aqulla tiene el carcter de complement del salario.

7. Savatier, R. "El Derecho Contable al Servicio del Hombre. Editorial IES, Espaa,
1976, Pg. 287.








Pero veamos con mayor cuidado algunas de estas afirmaciones,
Del Contrato de Trabajo, como sabemos, se desprenden dos
obligaciones principles, la prestacin de servicio para el trabajador,
pagar este servicio para el patrono, existen otras obligaciones
subsidiaries. La participacin en los beneficios no es el salario por
definicin, como hemos dicho es un complement del salario que en
nuestro derecho positive, al principio, estuvo sujeto al libre acuerdo
de las parties (ver artculo 194 del C.T.D.) y que ms tarde mediante
Ley No.288 ya mencionada se hace obligatorio. Esta ley establece un
porcentaje fijo para las empresas de un 10% de sus beneficios a
repartir anualmente. El artculo 2 de esta ley excluye de esta
obligacin a las empresas establecidas en las zonas francas y que
segn la ley 299 de incentive y proteccin industrial de 1968 son
clase A; tambin excluye a las personas fsicas o morales indicadas en
el artculo 56 de la ley 522 de Promocin Agrcola y Ganadera cuyo
capital no exceda de RD$75,000.00, y por ltimo, las empresas
instaladas al amparo de la ley No.153 de Promocin e Incentivo del
desarrollo turstico de 1971.

Nuestra jurisprudencia reconoce el carcter complementario del
salario de esta participacin en los beneficios (S.C. J.Cas. 7 de Agosto
1956, B.J. No.553, Pg.160).

Aunque la ley limita este porcentaje, las parties podran acordar
uno mayor.

Independientemente de las crticas y alabanzas que ha recibido
esta figure jurdica, ella tropieza con algunas dificultades, como son,
el problema del clculo que aunque en nuestro medio el Secretario de
Estado de Trabajo estableci, a travs de la circular No.91 de 1973,
la forma de dicho clculo, esto conlleva operaciones complejas para
el comn de los trabajadores, por lo que se ve obligado a aceptar el
ofrecido por el jefe de empresa, lo que provoca la suspicacia de los
crticos de la empresa; otro inconvenient, es que en nuestra
legislacin no estn protegidos con esta participacin todos los
trabajadores, sino aqullos que lo son de modo permanentes,
quedando excluidos, los trabajadores "ocasionales, eventuales,
mviles o a prueba, incluso los ligados por contratos de trabajo por
cierto tiempo".8 Y un ltimo problema desagradable para la empresa
es la intervencin en los libros de sta que autoriza el artculo 194 de
nuestro Cdigo de Trabajo. Con toda probabilidad son estas algunas
de las causes que han llevado a los estudiosos de esta institucin a


8. Hernndez Rueda. Op. Cit Pg. 501.









reconocer que para su xito es necesario una larga tradicin
empresarial en que se haya hecho possible un mayor grado de
tolerancia entire capital y trabajo. "De hecho, dice Solari Yrigoyen, el
sistema de participacin en los beneficios no se puede considerar
como primer element de un plan de relaciones de trabajo; es ms
bien uno de los ltimos".9


BIBLIOGRAFIA:
Contreras, Machiavello. "Colaboracin y Cogestin de la Empresa". Editorial luridica,
Chile, 1968.
O.I.T. La Colaboracin en la Industria. Ginebra, 1951. Estudios y Documentos. Nueva Serie
No.26.
Hernndez Ballester. Lecciones de Derecho Laboral. Santo Domingo, 1966.
Bentez de Castro, Cecilio. Poltica de Participacin, Editorial Universitaria de Buenos Aires,
1969.
Savatier, R. "El Derecho Contable al Servicio del Hombre". Editorial lES, Espaa, 1976.
Solaris Yrigoyen, Hiplito. "Participacin Obrera en las Ganancias de la Empresa". Editorial
jorge Alvarez, S.A. Buenos Aires, 1969.
Hernndez Rueda, Lupo. Manual Dominicano del Derecho del Trabajo 1. Reeditado por
UCMM, 1976, Santiago.
Cdigo de Trabajo de la Repblica Dominicana. Editora Educativa Dominicana, 1974, Santo
Domingo.
S.C.J. Casacin, 7 de Agosto 1956, B.J. No.553.


















9. Solari Yrigoyen, Hiplito. "Participacin Obrera en las Ganancias de la Empresa.
Editorial Jorge Alvarez, S.A. Buenos Aires. 1969. Pg. 69.
















SUMARIO DE SENTENCIAS
DICTADAS POR TRIBUNALES DE SANTIAGO

Por Victor Jos Castellanos



INSTANCIA.- RECHAZAMIENTO DE MEDIA CIVIL

ATENDIDO: Dr. R.M.Z. abogado solicit a la Cmara Civil,
Commercial y de Trabajo de la Primera Circunscripcin del Distrito
judicial de Santiago la autorizacin para inscribir una hipoteca
provisional para gravar inmuebles de la propiedad de los esposos
P.M.Z. y C.A.T. casados bajo el rgimen de la Comunidad de Bienes.

ATENDIDO: A que conforme a la Ley No.5119 le acoger la
solicitud cuando a juicio de tribunal se consider fundada en motivos
serious y atendibles, esto es, que la present acreencia no ofrezca duda
alguna acerca de su veracidad legal; que en el caso contrario procede
denegarse la solicitud.

CONSIDERANDO: que el document constitutivo del poder
mencionado no permit considerar como seria y legtima la preten-
dida acreencia de $3,000.00 mxime que, el ser otorgado para la
sustanciacin del divorcio y habiendo sido cancelado dicho procedi-
miento, ya que indudablemente la comn intencin del poderdante y
mandatario sera pagarle honorarios conferidos en caso de sustan-
ciarse, cabal y legalmente el procedimiento de divorcio y ulterior-
mente procederse a la particin y liquidacin de los bienes
constituidos del acervo de la comunidad matrimonial.

RECHAZA: por improcedente la solicitud precitada ya que el
poder de representar al esposo demandante en divorcio, no entraa la
pretendida obligacin subsidiaria de pagar $3,000.00 que slo
hubiera podido tener pertinencia legal si el divorcio se hubiera








sustanciado a cabalidad y posteriormente se hubiera procedido a la
particin de los bienes comunitarios.

PRESUNCION DE COMITENCIA.- RESPONSABILIDAD CIVIL

CONSIDERANDO: que, como consecuencia de las disposi-
ciones legales Art. 1384 (P.3 C. Civil y Art.1 Ley 4117), cuando el
propietario o el poseedor de un vehculo de motor cuya circulacin
es fuente de peligros, lo confa a otra para su manejo o conduccin,
es preciso admitir que para los fines de responsabilidad civil y del
seguro, el propietario o el poseedor debe presumirse como comitente
de esa persona, salvo prueba en contrario, a su cargo y siempre que se
establezca que el conductor del vehculo ha cometido falta. Cmara
Penal de la Segunda Circunscripcin del Distrito Judicial de Santiago,
1976.

RESPONSABILIDAD CIVIL. PACTOS DE NO RESPONSABILI-
DAD EN MA TERIA DELICTUAL

En material delictual se deben considerar como imperantes los
pactos de exencin de responsabilidad anteriores a la ocurrencia de
casos concretos, y que an en los contratos deben sufrir la misma
suerte las estipulaciones de esa especie que no estn quilibrados por
obligaciones razonables de la parte a quien beneficie la exencin o la
limitacin de la responsabilidad. (Cmara Penal de la Primera
Circunscripcin del Distrito Judicial de Santiago, 1977)..

CONTRATO DE TRABAJO: Salario diferido.- La regala
pascual tiene, en virtud de la ley el carcter de un salario diferido,
por lo cual el trabajador despedido, no pierde el derecho a reclamar
dicho salario diferido, si ya lo tena ganado todo en virtud del
artculo 6 de la Ley No.5235.

DECLARATION JUDICIAL DE A USENCIA

'CONSIDERANDO: que, en fecha 10 de octubre del ao en
curso fue sometida por ante este tribunal una instancia por la cual
solicitar los familiares de quien en vida responda al nombre de
P.J.T.T. hecfo preso durante la tirana de Trujillo en 1960.

CONSIDERANDO: que, no obstante las constantes diligencias
para obtener conocimiento acerca de su paradero no lo han podido
lograr desde esa remota poca.








CONSIDERANDO: que, se trata de una persona desaparecida
definitive e indudablemente asesinada durante dicho rgimen o
fallecido en una annima mazmorra o calabozo; que procede
conforme esas circunstancias considerarse como fenecido el precitado
seor P.J.T.T.

Falla Vista la Ley 5832

CONSIDERAR Y DECLARAR, de acuerdo con las circunstan-
cias preindicadas que el Seor P.J.T.T. es persona fenecida.

ORDENAR al Oficial del Estado Civil de la Primera Circunscrip-
cin del Municipio de Santiago, transcribir la present sentencia y
como consecuencia de ello, expedir a los interesados o uno de ellos
acta de defuncin de quien en vida respond al nombre de P.J.T.T.
(Sentencia Civil de la Cmara Civil Comercial y de Trabajo de la
Segunda Circunscripcin de Santiago).












EDICIONES DE LA UCMM


Cmo se vive en un barrio de Santiago, por Csar Garca.

Los pintores de Santiago, por Danilo de los Santos.

La Repblica Dominicana frente a la integracin econmica, por Clara Ravelo,
Manuel Jos Cabral, Bernardo Vega, R. Prez Minaya y Julio C. Estrella.

Poltica y gobierno en la Repblica Dominicana, 1930-1966, por Howard J.
Wiarda. (Edicin en ingls y espaol).

La moneda, la banca y las finanzas en la Repblica Dominicana, por Julio C.
Estrella (Dos tomos).

El pueblo dominicano: 1850-1900. Apuntes para su Sociologa Histrica, por
H. Hoetink (Segunda edicin).

La Espaola en el siglo XVI, (Trabajo, Sociedad y Poltica en la Economa del
Oro), por Frank Moya Pons (Segunda edicin).

La Dominacin Haitiana, por Frank Moya Pons (Segunda edicin).

La Sociedad Taina, por Frank Moya Pons.

Bonao, una ciudad dominicana, por Eduardo Latorre, Julia Bison, Manuel ios
Cabral Henry Christopher, Felpa F. de Estvez y Radhams Meja (Dos
tomos).

Ms all de la bsqueda, por Ivn Garca.

Didrio de la guerra y los dioses ametrallados, por Hctor Inchustegui Cabral.

Los humildes, por Federico Bermdez (Con un studio de Joaqun Balaguer).

De Literature Dominicana 60, por Ramn Francisco.

Antologa panormica de la poesa dominicana contempornea, por Manuel
Rueda y Lupo Hernndez Rueda (Primera parte: Los movimientos literarios.
(Primer tomo).

Cultura, teatro y relatos en Santo Domingo, por Marcio Veloz Maggiolo.

Poesa popular dominicana, por Emilio Rodrguez Demorizi (Segunda edicin).








Santos de palo y santeros dominicanos, por Carlos Dobal.

Historia colonial de Santo Domingo, por Frank Moya Pons.

Lenguay folklore en Santo Domingo, por Emilio Rodrguez Demorizi.
PorAhora (Antologapotica, 1948-1975), por Lupo Hernndez Rueda.

La problemtica econmica dominicana, por Bernardo Vega (Segunda edicin
aumentada).

Manuel del Derecho Dominicano de Trabajo, por Lupo Hernndez Rueda
(Segunda edicin).

Anadel La novel de la Gastrosofa, por Julio Vega Batlle.

El gran pesimismo dominicano: Jos Ramn Lpez (Con un studio de Joaqun
Balaguer).

La poesa dominicana en el siglo XX. (Modernismo, Vedrinismo, Postumismo y
Los Trilogos). (1883-1943), por Alberto Baeza Flores (Primer tomo).

De Literature Dominicana siglo XX, por Hctor Inchustegui Cabral (Segunda
edicin).

La UCMM: Un nuevo estilo universitario en la Repblica Dominicana, por
Monseor Agripino Nez Collado.

Manual de Historia Dominicana, por Frank Moya Pons.

Antigedades, arte y tradicin en Santiago de los Caballeros, por Carlos Dobal.
Santiago de los Caballeros Imperecedero legado hispano-colombino, por Julio
G. Campillo Prez.

El Distrito de la Real Audiencia de Santo Domingo, por Javier Malagn Barcel
(Segunda edicin aumentada con un Catlogo de los fondos del archivo de la
Real Audiencia de Santo Domingo que se conservan en el Archivo Nacional
de Cuba. (1768-1800).

La vida escandalosa en Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII (Seleccin de
documents de la Coleccin Inchustegui).

La Universidad Catlica en el mundo de hoy, por Theodore Hesburgh.

Visin general de la Historia Dominicana, por Valentina Peguero y Danilo de los
Santos.

Lo popular y lo culto en la poesa dominicana, por Bruno Rosario Candelier.

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COLABORARON EN ESTE NUMERO

Lic. Marino Diaz Almonte, egresado del Departamento de Ciencii
Juridicas de la Universidad Catlica Madre y Maestra.

Lic. Jos Daro Surez, Profesor del Departamento de Ciencias j
rdicas de la Universidad Catlica Madre y Maestra.

Bchrs. Rosa Batlle, Carmelina Gil y Wardes Tabar, estudiantes d91
sptimo semestre de la Carrera de Derecho en la Universidad Catlica
Madre y Maestra.

Lic. julio Gustavo Olivo Veras, egresado del Departamento de Cieg
cias jurdicas de la Universidad Catlica Madre y Maestra.

Lic. Vctor jose Castellanos, Profesor del Departamento de Cienci
jurdicas de la Universidad Catlica Madre y Maestra.

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